ARBIGAY MOLINA, Juan Agustín

II.- TÍTULO DE ABOGADA/O:

Universidad: Universidad Del Salvador

Fecha de culminación de estudios: 20/10/2006

Fecha de expedición: 01/12/2006

Legalización de Universidad. Fecha: 06/12/2006.

Legalización de Ministerio de Educación de la Nación. Fecha: 07/03/2007. (conforme reglamento, el título debe encontrarse legalizado por la Universidad que lo expidió y por el Ministerio de Educación de la Nación)4

Copia certificada agregada a fs. 3 a 5 (Concurso: 115).

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III.- ANTECEDENTES:

Los antecedentes serán evaluados de acuerdo con las pautas y puntajes máximos establecidos en los incisos del art. 42 del Reglamento de Concursos, conforme se indica en cada caso. El puntaje máximo que se podrá obtener por los antecedentes laborales es de treinta (30) puntos más quince (15) puntos adicionales por especialización funcional o profesional con relación a la vacante.5

Los antecedentes no declarados no serán evaluados aún cuando se haya presentado documentación que se refiera a ellos. Tampoco se considerarán los antecedentes declarados pero carentes de la documentación respaldatoria.

Conforme lo establecido en el art. 41 del Reglamento de Concursos, la evaluación de los antecedentes se efectuará una vez concluidas las pruebas de oposición escrita y oral.6

ANTECEDENTES LABORALES Y/O PROFESIONALES (art. 42, incs. a) y b) del Reglamento de Concursos):

Los antecedentes laborales previstos en los incs. a) y b) del art. 42 del Reglamento de Concursos, podrán ser evaluados hasta con un máximo de treinta (30) puntos. Asimismo podrán asignarse hasta quince (15) puntos adicionales por “especialización funcional o profesional con relación a la vacante”7.

Al completar el formulario, indicar los cargos desempeñados desde la obtención del título de abogada/o y/o matriculación, en orden cronológico inverso a partir del actual o más reciente.

En el supuesto de invocar más de un antecedente correspondiente a este inciso, reproducir el ítem del formulario las veces que sea necesario.

En el supuesto de tratarse de “cargos de empleados” inherentes a la “carrera judicial”, desempeñados en la misma dependencia, consignarlos en el mismo ítem, en “cargo desempeñado”, uno a continuación del otro, desde el actual o más reciente (por ej. oficial mayor, oficial, escribiente).

En igual sentido, completar el ítem “período de actuación”, consignando los mismos uno a continuación del otro, unificando en el ítem “total” el tiempo de desempeño resultante de la suma de todos.

Al completar los campos correspondientes a “Experiencia en la gestión” y “Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo” acordes con la responsabilidad del cargo concursado, como así también el correspondiente a “Especialización funcional o profesional con relación a la vacante”, consigne —en un máximo de treinta (30) renglones por ítem, interlineado sencillo, con letra garamond 13— las actividades que considere más relevantes y/o ilustrativas en relación con las materias y funciones inherentes al cargo concursado.

Marque con “X”, la opción que corresponda.

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ANTECEDENTES LABORALES EN EL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL:
(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)
Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
Jurisdicción:
Nacional CABA
X Provincial

Período de actuación. Desde: 22/12/2015 Hasta: actualidad.
Naturaleza de la designación:

Directa
Por Concurso
Efectivo
X
Interino
Contratado
Ad-Hoc
Ad-Honorem
Adjunto
Subrogante
Otro (describir):

Licencias extraordinarias por razones: Sí.
X
Científicas Culturales Particulares Período. Desde: 25/06/18. Hasta 26/06/18.
Con X sin goce de haberes
*Se aclara que fui invitado por la Agencia Noruega de Cooperación a participar de la 25va reunión del grupo “Cazadores de Corrupción” que tuvo lugar en la ciudad de Oslo, noruega los días 25 y 26 de junio del corriente año (Cfr. Res. LIC nro. 291/18; fs. 7 Concurso 115).

X
Científicas Culturales Particulares Período. Desde: 21/02/18. Hasta 23/02/18.
Con X sin goce de haberes
*Se aclara que fui invitado por la Universidad de Viena a disertar en el marco de la conferencia “‘Individuos de Gran Patrimonio: el desafío que implica para las administraciones de impuestos, las unidades de información financiera, y las agendas de investigación estatal” llevada a cabo en la Ciudad de Viena, Austria, durante los días 21 a 23 de febrero del corriente (Cfr. Res LIC nro. 9/18; fs. 8 Concurso 115).

Sanciones disciplinarias: no
Motivos del cese: no
Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115).

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Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Durante los últimos cuatro (4) años he ejercido la función de coordinador de área operativa en la PROCELAC (cfr. el alcance de las funciones inherentes al rol mediante la lectura de la res. PGN 914/12 y de las res. PER 278/14, 1680/2014, y 1492/2015). La designación del PGN me llevado a liderar los equipos de trabajo que conforman las áreas operativas de “Mercado de Capitales”, “Concursos y Quiebras”, y “Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo” dentro de la estructura de Procuraduría.
Respecto de las funciones específicas de los coordinadores de áreas operativas, por resolución PGN y bajo la dirección de los fiscales titulares de la Procuraduría, ellos deben: (i) intervenir como fiscales ad hoc en los casos que versen sobre hechos de la especialidad de sus áreas, en todas las instancias; (ii) diseñar estrategias de investigación para el esclarecimiento de hechos de criminalidad económica y el recupero de los activos involucrados; (iii) prestar asesoramiento técnico y brindar la colaboración necesaria a las Fiscalías que intervienen en la investigación.
Concretamente, en ejercicio de las funciones asignadas, participé en el trámite de casos judiciales en todas las instancias procesales. Ello abarca desde la tramitación de investigaciones preliminares (cfr. res. PGN 121/06), la redacción de denuncias judiciales, la interposición de remedios recursivos, el trámite durante la etapa de instrucción como así también durante la etapa de juicio. He proyectado dictámenes técnicos y jurídicos para asistir a fiscalías, diseñado estrategias para la litigación de casos complejos, elaborado todo tipo de presentaciones judiciales (i.e. pedidos de indagatoria, requerimientos de elevación a juicio, diversos recursos, etc.) e, incluso, he participado en la celebración de audiencias de juicio en casos de competencia específica como asistente del fiscal interviniente.
A su vez, las funciones de coordinador de área operativa incluyen: (iv) elaboración de registros y bases de datos, con el objeto de detectar patrones de criminalidad; (v) presentación de informes sobre el estado de los procesos; (vi) coordinación entre fiscalías y (vii) desarrollo de enlaces interinstitucionales con organismos especializados en el ámbito de criminalidad de competencia de cada coordinador. Estas funciones me han permitido relacionarme e interactuar con las distintas fiscalías que componen el MPF como así también con funcionarios de diversos organismos públicos y fuerzas de seguridad (i.e. Unidad de Información Financiera, Banco Central de República Argentina, Ministerio de Seguridad de la Nación, Ministerio de Justicia de la Nación, etc), y formarme una clara visión de los problemas, oportunidades, desafíos y ventajas en la gestión del trabajo llevada a cabo por las diferentes dependencias del MPF.

Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
He coordinado tres (3) áreas operativas de PROCELAC (i.e. las áreas de “Mercado de Capitales”, “Concursos y Quiebras”, y “Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo”). La tarea propia de la función asignada me ha presentado desafíos profesionales muy distintos entre sí puesto que involucraba liderar equipos de trabajo de diferente tamaño como así también ejercer distintas responsabilidades asociadas a la labor especifica de cada área. Los flujos de trabajo de las distintas áreas operativas fluctúan bastante evidenciándose una marcada diferencia en la cantidad de trabajo a procesar. El área de Lavado de Activos es, desde la creación de la Procuraduría, la más relevante en este sentido pues se ocupa de analizar los informes de inteligencia remitidos por la Unidad de Información Financiera (cfr. Ley 25.246), iniciar investigaciones y/o llevar los casos a conocimiento de la justicia.

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Actualmente, como coordinador, lidero un equipo de trabajo compuesto por doce (12) agentes, entre empleados y funcionarios, que integran exclusivamente el área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Para tener un orden de magnitudes, esta área operativa se ocupa de, aproximadamente, un 40% del trabajo total de investigación, asistencia y/o análisis de la Procuraduría (cfr. Informe de gestión PGN 2017)
Esta estructura organizacional replica, en cierta medida, la estructura de trabajo de una Fiscalía y, en lo que hace concretamente a mis tareas como coordinador, a la labor diaria de un fiscal. En este sentido, las tareas de coordinación implican organizar y llevar adelante con éxito las tareas que se asignan al área (i.e. investigar y/o colaborar con fiscalías en sus investigaciones). La tarea desarrollada en este sentido importa llevar registros actualizados de los fenómenos analizados, generar enlaces interinstitucionales para mejorar el abordaje a la temática, recibir y dar capacitaciones respecto de las temáticas de competencia específica de la Procuraduría.

Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:
La competencia específica del área operativa actualmente a mi cargo involucra el análisis de delitos de competencia federal, como lo son el lavado de activos (art. 303, CP; en función de los dispuesto en “Olivetto, José Luis y otro s/ infr. Art. 303 inc. 2 A del CP”, rta. el 10/05/2016, CSJN 3441/2015/CS1) y el financiamiento de terrorismo (art. 306, CP). Ahora bien, es también cierto que, generalmente, la investigación de delitos de esta naturaleza conlleva el análisis conjunto de delitos precedentes diversos. Los más usuales son narcotráfico y trata de personas, pero también se han investigado casos de lavado de activos generados a partir de secuestros extorsivos, evasiones tributarias, entre muchos otros. Este tipo de manifestaciones delictivas exige analizar los fenómenos delictivos de forma integral y a desarrollar mecanismos necesarios de interactuación entre el área operativa a mi cargo y otras procuradurías especializadas como fiscalías federales. Por otro lado, corresponde destacar que las intervenciones de la Procuraduría se prestan en todas las instancias procesales. Es por esta razón, que he tenido oportunidad de participar de audiencias de debate, asistiendo a los fiscales intervinientes, en casos de gran envergadura. Entre ellos, es importante mencionar la causa vulgarmente conocida como “Clan Alé”, de la Provincia de Tucumán (cfr. https://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/tucuman-condenaron-al- denominado-clan-ale-con-penas-de-hasta-diez-anos-prision-por-lavado-de-activos-y- asociacion-ilicita/) , y la causa “Rodríguez” de la provincia de Córdoba (cfr. https://www.lanacion.com.ar/2118005-fue-condenado-por-lavado-y-recibio-una- multa-de-158000000). Ambos casos representaron un gran desafío profesional en tanto involucraban problemas dogmáticos importantes a resolver (i.e. la evasión como delito precedente de lavado, la punibilidad del auto-lavado, la teoría de la confusión patrimonial, etc.) y, en ambos, el Ministerio Público Fiscal logró sentencias condenatorias. En el caso “Rodríguez” se dispuso la sentencia condenatoria más severa hasta el momento para operaciones de lavado de activos. Actualmente, coordino el trabajo de asistencia y colaboración con la fiscalía interviniente en la causa “Báez Lázaro s/ 303”, que por su volumen y relevancia institucional, constituye el desafío profesional más importante del área a mi cargo.
Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115).

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Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
Jurisdicción:
Nacional CABA
X Provincial

Período de actuación. Desde: 29/05/2015. Hasta: 21/12/2015.
Naturaleza de la designación:
Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante
Por Concurso Interino X Ad-Hoc
Adjunto
Otro (describir):

Licencias extraordinarias por razones:
Científicas Culturales Particulares
Período. Desde: / / . Hasta / / .
Con sin goce de haberes

Sanciones disciplinarias: no
Motivos del cese: no
Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115).

Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
En atención a que se corresponde al cargo y función descripto previamente, me remito a lo dicho.
Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
En atención a que se corresponde al cargo y función descripto previamente, me remito a lo dicho.
Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción: En atención a que se corresponde al cargo y función descripto previamente, me remito a lo dicho.
Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115).

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Cargo desempeñado: Prosecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Concursos y Quiebras
Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
Jurisdicción:
Nacional CABA
X Provincial

Período de actuación. Desde: 22/12/2015. Hasta: 26/02/2016. Naturaleza de la designación:

Directa
Por Concurso
Efectivo
X
Interino
Contratado
Ad-Hoc
Ad-Honorem
Adjunto
Subrogante
Otro (describir):

Licencias extraordinarias por razones:
Científicas Culturales Particulares
Período. Desde: / / . Hasta / / .
Con sin goce de haberes

Sanciones disciplinarias: no
Motivos del cese: no
Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115).

Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Me remito a lo dicho previamente en cuanto a la descripción de las funciones y responsabilidades asignadas como coordinador de área operativa.

Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
He coordinado tres (3) áreas operativas de PROCELAC (i.e. las áreas de “Mercado de Capitales”, “Concursos y Quiebras”, y “Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo”). La tarea propia de la función asignada me ha presentado desafíos profesionales muy distintos entre sí puesto que involucraba liderar equipos de trabajo de diferente tamaño como así también ejercer distintas responsabilidades asociadas a la labor especifica de cada área. Los flujos de trabajo de las distintas áreas operativas fluctúan bastante evidenciándose una marcada diferencia en la cantidad de trabajo a procesar. El área de Concursos y Quiebras se ocupa de analizar diversos tipos de fraude llevados a cabo en el marco de procesos falenciales. Esto significa analizar procesos de naturaleza no penal para identificar artificios finalizados a licuar pasivos y a afectar

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derechos de acreedores. El tipo de maniobras delictivas analizadas involucran, generalmente, delitos previsto en el Capitulo V “quebrados y otros deudores punibles” del título VI del Código Penal, y diversos tipos de estafa como así también se han verificado casos de lavado de activos.
Como coordinador del área de Concursos y Quiebras lideré un equipo de trabajo compuesto por cuatro (4) agentes, entre empleados y funcionarios.
Esta estructura organizacional replica, en cierta medida, la estructura de trabajo de una Fiscalía y, en lo que hace concretamente a mis tareas como coordinador, a la labor diaria de un fiscal. En este sentido, las tareas de coordinación implican organizar y llevar adelante con éxito las tareas que se asignan al área (i.e. investigar y/o colaborar con fiscalías en sus investigaciones). La tarea desarrollada en este sentido importa llevar registros actualizados de los fenómenos analizados, generar enlaces interinstitucionales para mejorar el abordaje a la temática, recibir y dar capacitaciones respecto de las temáticas de competencia específica de la Procuraduría.

Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:
La competencia del área de Concursos y Quiebras tiene por objeto especifico el análisis de los delitos previsto en el Capitulo V “Quebrados y otros deudores punibles” del título VI del Código Penal como así también de estafas de diversa índole. Sin perjuicio de ello, los casos que analiza el área son, generalmente, de gran complejidad y exigen de conocimientos avanzados en cuestiones no penales como lo es el derecho privado.
El novedoso abordaje propuesto para el tipo de casos analizados por el área de Concursos y Quiebras exigió desarrollar enlaces institucionales entre fiscalías no penales/comerciales y fiscalías penales. De la misma manera, el área de Concursos y Quiebras se ha ido convirtiendo en un efectivo canal de recepción de denuncias de delitos de su competencia, detectados por juzgados criminales y comerciales de la CABA. Esta circunstancia le ha permitido a los agentes que conforman el equipo de trabajo del área obtener una genuina especialización en la temática que posibilitado comprender a los fenómenos delictivos enmarcados en procesos falenciales de una manera distinta a la tradicional y obtener resultados superadores en cuanto al desarrollo y avance de las investigaciones.
Dentro de las tareas propias de la función, he tenido oportunidad de asistir a fiscalías federales durante la etapa de debate oral. Puntualmente, quiero destacar la colaboración técnica prestada por el entonces área operativa a mi cargo en la causa nro. 1411, “Liporace, Carlos Alberto y otro s/art. 261 CP” donde se debatía el alcance de embargos dispuestos en el marco de un proceso falencial. En tal oportunidad, se asistió al fiscal interviniente, Dr. Diego Luciani, y el Ministerio Público Fiscal obtuvo sentencia condenatoria a partir del trabajo conjunto entre la fiscalía y la procuraduría especializada.
Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115).

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Cargo desempeñado: Subsecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Concursos y Quiebras
Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
Jurisdicción:
Nacional CABA
X Provincial

Período de actuación. Desde: 07/08/2014. Hasta: 21/12/2015. Naturaleza de la designación:
Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante
Por Concurso Interino X Ad-Hoc
Adjunto
Otro (describir):

Licencias extraordinarias por razones:
Científicas Culturales Particulares
Período. Desde: / / . Hasta / / .
Con sin goce de haberes

Sanciones disciplinarias: no
Motivos del cese: no
Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115).

Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Me remito a lo descripto ut supra.
Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Me remito a lo descripto ut supra.
Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:
Me remito a lo descripto ut supra.
Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115)..

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Cargo desempeñado: Subsecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Mercado de Capitales
Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
Jurisdicción:
Nacional CABA
X Provincial

Período de actuación. Desde: 30/05/2014. Hasta: 22/12/2015. Naturaleza de la designación:

Directa
Por Concurso
Efectivo
X
Interino
Contratado
Ad-Hoc
Ad-Honorem
Adjunto
Subrogante
Otro (describir):

Licencias extraordinarias por razones:
X
Científicas Culturales Particulares Período. Desde: 31/08/15. Hasta 04/09/15.
Con X sin goce de haberes
*Se aclara que fui invitado por el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica (GAFILAT) a participar de la capacitación como Evaluador. El evento tuvo lugar en las fechas indicadas en la ciudad de Lima, Perú

Sanciones disciplinarias: no
Motivos del cese: no
Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115).

Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Me remito a lo dicho previamente en cuanto a la descripción de las funciones y responsabilidades asignadas como coordinador de área operativa.

Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
He coordinado tres (3) áreas operativas de PROCELAC (i.e. las áreas de “Mercado de Capitales”, “Concursos y Quiebras”, y “Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo”). La tarea propia de la función asignada me ha presentado desafíos profesionales muy distintos entre sí puesto que involucraba liderar equipos de trabajo de diferente tamaño como así también ejercer distintas responsabilidades asociadas a la labor especifica de cada área. Los flujos de trabajo de las distintas áreas operativas fluctúan bastante evidenciándose una marcada diferencia en la cantidad de trabajo a procesar. El área de Mercado de Capitales se ocupa de analizar los delitos específicos

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previstos en el Título XIII del Código Penal (Art. 307, 308, 309, 310, 311 y 312 del CP) como así también diversas modalidades de estafas que afectan al mercado.
Como coordinador del área de Mercado de Capitales lideré un equipo de trabajo compuesto por tres (3) agentes, entre empleados y funcionarios.
Esta estructura organizacional replica, en cierta medida, la estructura de trabajo de una Fiscalía y, en lo que hace concretamente a mis tareas como coordinador, a la labor diaria de un fiscal. En este sentido, las tareas de coordinación implican organizar y llevar adelante con éxito las tareas que se asignan al área (i.e. investigar y/o colaborar con fiscalías en sus investigaciones). La tarea desarrollada en este sentido importa llevar registros actualizados de los fenómenos analizados, generar enlaces interinstitucionales para mejorar el abordaje a la temática, recibir y dar capacitaciones respecto de las temáticas de competencia específica de la Procuraduría.

Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:
La competencia específica del área de Mercado de Capitales comprende el análisis de los fenómenos delictivos previstos en el Título XIII del Código Penal. Este tipo de delitos son de competencia federal y, por lo tanto, desde el área se ha prestado asistencia técnica a distintas fiscalías del país en la investigación de este tipo de casos. La experiencia en esta temática me ha permitido alcanzar un conocimiento avanzado en cuestiones extra-penales que resultan dirimentes a la hora de analizar la relevancia jurídico penal de casos de este tipo.

Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115)..

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Cargo desempeñado: Subsecretario Letrado PGN – Coordinador del área operativa de Mercado de Capitales
Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
Jurisdicción:
Nacional CABA
X Provincial

Período de actuación. Desde: 28/02/2014. Hasta: 29/05/2015. Naturaleza de la designación:
Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante
Por Concurso Interino X Ad-Hoc
Adjunto
Otro (describir):

Licencias extraordinarias por razones:
Científicas Culturales Particulares
Período. Desde: / / . Hasta / / .
Con sin goce de haberes

Sanciones disciplinarias: no
Motivos del cese: no
Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115).

Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Me remito a lo dicho previamente.
Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Me remito a lo dicho previamente.
Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:
Me remito a lo dicho previamente.
Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115)..

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Cargo desempeñado: Subsecretario Letrado PGN
Dependencia: Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)
Jurisdicción:
Nacional CABA
X Provincial

Período de actuación. Desde: 10/10/2013. Hasta: 28/02/2014. Naturaleza de la designación:
Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante
Por Concurso Interino X Ad-Hoc
Adjunto
Otro (describir):

Licencias extraordinarias por razones:
Científicas Culturales Particulares
Período. Desde: / / . Hasta / / .
Con sin goce de haberes

Sanciones disciplinarias: no
Motivos del cese: no
Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. 6 a 8 (Concurso: 115).

Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Me remito a lo dicho previamente.
Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Me remito a lo dicho previamente.
Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:
Me remito a lo dicho previamente.
Documentación respaldatoria agregada a fs. 9 a 43 (Concurso: 115).

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ANTECEDENTES LABORALES EN EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA:
(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)
Cargo desempeñado: Dependencia: Jurisdicción:
Nacional Provincial CABA

Período de actuación. Desde: / / . Hasta: / / . Naturaleza de la designación:
Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante
Por Concurso Interino
Ad-Hoc Adjunto
Otro (describir):

Licencias extraordinarias por razones:
Científicas Culturales Particulares
Período. Desde: / / . Hasta / / .
Con sin goce de haberes

Sanciones disciplinarias: Motivos del cese:
Certificado/s de servicios y de sanciones, expedido por el empleador. ( No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs.
. (Concurso: )

Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:
Documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: )

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ANTECEDENTES LABORALES EN EL PODER JUDICIAL:
(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)
Cargo desempeñado: Dependencia: Jurisdicción:
Nacional Provincial CABA

Período de actuación. Desde: / / . Hasta: / / . Naturaleza de la designación:
Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante
Por Concurso Interino
Ad-Hoc Adjunto
Otro (describir):

Licencias extraordinarias por razones:
Científicas Culturales Particulares
Período. Desde: / / . Hasta / / .
Con sin goce de haberes

Sanciones disciplinarias: Motivos del cese:
Certificado/s de servicios y de sanciones, expedido por el empleador. (No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs.
. (Concurso: )

Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:
Documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: )

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ANTECEDENTES LABORALES EN OTROS CARGOS PÚBLICOS:
(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)
Cargo desempeñado: Dependencia:
Período de actuación. Desde: / / . Hasta: / / . Naturaleza de la designación:
Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem Subrogante
Por Concurso Interino
Ad-Hoc Adjunto
Otro (describir):

Licencias extraordinarias por razones:
Científicas Culturales Particulares
Período. Desde: / / . Hasta / / .
Con sin goce de haberes

Sanciones disciplinarias: Motivos del cese:
Certificado de servicios y sanciones expedido por el empleador. (Deberá constar cargo/s y período de ejercicio. No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación, ni de certificación de haberes, ni aportes jubilatorios etc. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. . (Concurso: )
Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:
Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:
Documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: )

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LABOR EN ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES VINCULADOS AL SISTEMA JUDICIAL:

(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)

Actividad desarrollada: Especialización: Organismo:

Período de actuación. Desde: / / . Hasta: / / . Sanciones disciplinarias:

Motivos del cese:

Certificado de servicios y sanciones expedido por el Organismo. (Deberá constar cargo/s y período de ejercicio. No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación, ni de certificación de haberes, aportes jubilatorios, etc. En caso de corresponder a certificación de cargo y/o función desempeñada en la actualidad, la misma deberá ser de fecha reciente), agregado a fs. . (Concurso: )

Experiencia en la gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:

Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde

con

responsabilidad del cargo concursado. Descripción:

Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:

Documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: )

Página 19 de 39

LABOR EN INSTITUCIONES PRIVADAS VINCULADAS AL SISTEMA JUDICIAL:

(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)

Actividad desarrollada: Especialización: Institución:

Período de actuación. Desde: / / . Hasta: / / . Sanciones disciplinarias:

Motivos del cese:

Certificado de servicios y sanciones expedido por el Institución. (Deberá constar cargo y período de ejercicio. No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación, ni de certificación de haberes, aportes jubilatorios etc. En caso de certificación de cargo y/o función actual, la misma deberá ser de fecha ser de fecha reciente), agregado a fs. . (Concurso: )

Experiencia en gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:

Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde

con

responsabilidad del cargo concursado. Descripción:

Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:

Documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: )

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EJERCICIO PRIVADO DE LA PROFESIÓN:

(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)

Actividad desarrollada: Ejercicio profesional – Inscripción al T°95 F°967 CPACF

Especialidad: Derecho penal

Período de actuación. Desde: 13/06/2007 Hasta: 10/10/2013.

Sanciones disciplinarias: no

Certificado/s de Matrícula expedido/s por el/los colegios respectivos, (constancia de inscripción, su antigüedad, estado de la matrícula y respecto a la existencia o no, de sanciones disciplinarias. En caso de ser esta la actividad actual del concursante la certificación deberá ser de fecha reciente), agregado/s a fs. . (Concurso: )

Experiencia en gestión acorde con la responsabilidad del cargo concursado. Descripción:

Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo acorde

con

responsabilidad del cargo concursado. Descripción:

Especialización funcional con relación a la vacante. Descripción:

Documentación respaldatoria agregada a fs. 44 (Concurso: 115).

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SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES DECLARADOS: (formulario

simplificado de antecedentes laborales)

Después de completar los campos precedentes de antecedentes, también se solicita al concursante que a continuación formule una síntesis de sus antecedentes profesionales correspondientes a los Incisos a) y b) del Art. 42 del Reglamento de Concursos con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 36 del mismo. Se deberán consignar cada antecedente por fila, ordenados cronológicamente a partir del más actual o reciente, respetando las siguientes pautas:

Dependencia: Deberá individualizarse por su respectivo número o letra y secretaría, sin detallar la resolución que lo designa, ni el nombre del magistrada/o y funcionaria/o a cargo.

Período de actuación: En cada caso indicar: desde (día, mes y año) hasta (día, mes y año).

Cargo: Indicando si es efectivo, o si se desempeñó de manera interina.

Dependencia:(Ejemplo: Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 5, Secretaría N°1)	Período de actuación: (Ejemplo: Desde 24/05/2007 hasta la actualidad)	Cargo: (Ejemplo: Secretario de 1ra. Instancia efectivo.)
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos	Desde: 22/12/ 2015 Hasta: actualidad.	Prosecretario Letrado PGN efectivo – Coordinador del área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos	Desde: 29/05/2015. Hasta: 21/12/2015.	Prosecretario Letrado PGN interino – Coordinador del área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos	Desde: 22/12/2015. Hasta: 26/02/2016.	Prosecretario Letrado PGN efectivo – Coordinador del área operativa de Concursos y Quiebras
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos	Desde: 07/08/2014. Hasta: 21/12/2015.	Subsecretario Letrado PGN interino – Coordinador del área operativa de Concursos y Quiebras
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos	Desde: 30/05/2014. Hasta: 22/12/2015.	Subsecretario Letrado PGN efectivo– Coordinador del área operativa de Mercado de Capitales
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos	28/02/2014. Hasta: 29/05/2015.	Subsecretario Letrado PGN interino – Coordinador del área operativa de Mercado de Capitales
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos	Desde: 10/10/2013. Hasta: 28/02/2014.	Subsecretario Letrado PGN interino

(Reproducir cada fila tantas veces como sea necesario)

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ANTECEDENTES ACADÉMICOS (art. 42, incs. c), d) y e) del Reglamento de Concursos):

ANTECEDENTES DE FORMACIÓN ACADÉMICA:

En este apartado se evaluarán los títulos de doctor, master o especialización en Derecho; los cursos realizados como parte de una carrera de doctorado, master o especialización incompleto o restando la expedición del título; otros cursos de actualización o de posgrado con evaluación y cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal, aunque no requiera evaluación:

Estos antecedentes podrán ser calificados hasta un máximo de doce (12) puntos.

A los fines de la evaluación se tendrá en cuenta la materia abordada y su relación con la materia del concurso; la universidad que lo expidió; la calidad y cantidad de cursos previos exigidos en la currícula de la carrera para acceder al título; las calificaciones obtenidas en tales cursos así como en el examen de tesis, tesina o trabajo final, o bien en sus defensas; y la calidad del tribunal examinador8.

En el supuesto de invocar más de un antecedente correspondiente a este inciso, reproducir el ítem del formulario las veces que sea necesario, agrupándolos por institución y ordenándolos cronológicamente a partir del más actual.

Marque con “X”, la opción que corresponda.

Doctorado/s concluido/s:

(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)

Título obtenido: agregado a fs. .- (Concurso: )

Rama del Derecho: Universidad:

Fecha de culminación de los estudios:

Programa de la carrera agregado a fs. .- (Concurso: ) Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Certificado analítico agregado a fs. .- (Concurso: ) Cantidad total de horas cursadas presenciales:

Cantidad de horas cursadas no presenciales Título y materia de la Tesis:

Calificación:

Tribunal examinador (integrantes):

Acreditación CONEAU al momento de la cursada: SI (_) NO (_). Categorización: A (_), An (_); B (_), Bn (_); C (_), Cn (_).

Otra documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: )

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Maestría/s concluida/s:

(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)

Título obtenido: Magistrum Utriusque Iuris /Master of Laws (Thesis)/Maestría en Derecho c/ tesis agregado a fs. 45 (concurso 115)

Rama del Derecho: Derecho general

Universidad: McGill University

Fecha de culminación de los estudios: Febrero/2014

Programa de la carrera

Detalle y calificación de materias y/o cursos aprobados: Certificado analítico agregado a fs. 46 a 51 (Concurso: 115). Cantidad total de horas cursadas presenciales:

Cantidad de horas cursadas no presenciales

Título y materia de la Tesis/Tesina: The phenomenon of trade mispricing: untying the knot for a legal analysis / El fenómeno de la manipulación de precios: desatando el nudo para un análisis legal.

Calificación: satisfactory/ satisfactorio

Tribunal examinador (integrantes): Prof. Anna Walsh

Acreditación CONEAU al momento de la cursada: SI (_) NO (X). Categorización: A (_), An (_); B (_), Bn (_); C (_), Cn (_).

Otra documentación respaldatoria agregada a fs. 52 a 113 (Concurso: 115) (**tesis y página de publicación)

Especialización/es concluida/s:

(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)

Título obtenido: agregado a fs. .- (Concurso: )

Rama del Derecho: Universidad:

Fecha de culminación de los estudios:

Cantidad de horas cursadas no presenciales

Título y materia de la Tesis/Tesina/Trabajo Final: Calificación:

Tribunal examinador (integrantes):

Acreditación CONEAU al momento de la cursada: SI (_) NO (_).

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Categorización: A (_), An (_); B (_), Bn (_); C (_), Cn (_).

Otra documentación respaldatoria agregada a fs. .- (Concurso: )

Cursos aprobados como parte de un Doctorado, Master ó Especialización en Derecho, incompletos:

Corresponde consignar en este ítem los cursos realizados como parte de carrera/s de doctorado/s, maestría/s o especialización/nes incompleta/s o estando pendiente de aprobación la tesis, tesina o trabajo final, o que por cualquier otra causa no se hubiera expedido aún el título.

En el supuesto de haber aprobado cursos correspondientes a distintos doctorados, maestrías y especializaciones, reproducir el ítem las veces que sea necesario; agrupándolos en su caso, en el siguiente orden: en primer lugar los correspondientes a doctorados, luego de maestrías y finalmente los inherentes a especializaciones. En su caso, agruparlos por institución y ordenarlos cronológicamente, a partir del más actual.

Título de la carrera que cursa: Maestría en Derecho y Economía

Rama del Derecho: Derecho y Economía Universidad: Torcuato Di Tella Duración de la carrera: 18 meses

*Se aclara que abril de 2018 se me concedió una prórroga para finalizar la maestría.

Programa de la carrera agregado a fs. .- (Concurso: )

Cantidad de horas de la totalidad de la carrera: 544

544

Presenciales No presenciales

Detalle	de cursos o materias aprobada/s, calificación/nes y fe			cha/s:
Código	Materia	Calificación	Acta	Fecha
DE20	Microeconomía	A	13030	04/08/14
DE03	Análisis financiero	C	13094	11/08/14
DE01	Análisis económico del derecho civil y comercial	B	13349	15/10/14
DE15	Economía de la regulación	A-	13548	01/12/14
DE129	Seminario de derecho, económica y políticas de innovación	AP	13625	16/12/14
DE25	Debates sobre análisis económico	A	13996	07/04/15
DE37	Concursos y quiebras	B-	14143	26/05/15
DE110	Aspectos legales de los derivados	B	14303	01/06/15
PP75	Gestión y transparencia en las organizaciones públicas	B	14364	15/06/15
DE118	Lectura y análisis de los mercados financieros	A-	14822	07/08/15
PP77	Políticas de Seguridad y justicia	A-	14981	21/09/15
DE84	Futuros, opciones y swaps	A-	15252	18/11/15
PP91	La agenda de política económica en américa latina	A-	15339	09/12/15
DE100	Derecho societario	B	17080	01/11/16
DE79	La responsabilidad penal tributaria de la empresa como sujeto colectivo	A	17484	01/02/17
DE103	Taller de trabajo final	AP	17839	22/05/17
DE66	Contabilidad gerencial	B-	18029	03/07/17

Cantidad de horas aprobadas.

Presenciales No presenciales Fecha de inicio de los estudios: 2014

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Fecha de la última materia aprobada: 03/07/2017

Certificado agregado a fs. 114 (Concurso: 115).

Acreditación CONEAU: SI (x) NO (_).

Categorización: A (_), An (_); B (_), Bn (_); C (_), Cn (_).

Otra documentación respaldatoria agregada a fs 115 a 121 (Concurso: 115).

Cursos de actualización o de posgrado evaluados:

Corresponde consignar en este ítem los cursos de actualización o de posgrado no incluidos en los ítems anteriores, siempre que se acredite que la/el postulante ha sido evaluado. En el supuesto de más de un curso, reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Universidad y ordenándolos cronológicamente, a partir del más actual.

Título del curso: Programa de Actualización en Mercado de Capitales Rama del Derecho: Derecho económico / derecho penal Institución: Universidad Torcuato Di Tella

Cantidad de horas aprobadas.

Presenciales Calificación: Aprobado. Fecha: 31/10/2017

No presenciales

Certificado agregado a fs. 122 (Concurso: 115).

Título del curso: Juicio Simulado en Financiación de Terrorismo

Rama del Derecho: Derecho penal / Litigio

Institución: Oficina de la Naciones Unidas contra la droga y el delito/ Unidad de Información Financiera.

Cantidad de horas aprobadas.

104

Presenciales Calificación: Aprobado. Fecha: durante 2015 y 2016

No presenciales

Certificado agregado a fs. 123 (Concurso: 115).

Cursos dictados por el Ministerio Público Fiscal, aunque no requiera evaluación:

En el supuesto de más de un curso, reproducir el ítem las veces que sea necesario y ordenándolos a partir del más actual.

Título del curso: Rama del Derecho:

Institución: Ministerio Público Fiscal

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Cantidad de horas aprobadas.

Presenciales No presenciales Calificación:

Fecha:

Certificado agregado a fs. .- (Concurso: )

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DOCENCIA E INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA O EQUIVALENTE Y OTROS CARGOS ACADÉMICOS NO COMPUTADOS EN INCISOS ANTERIORES. DISERTACIONES, BECAS Y PREMIOS OBTENIDOS. :

En este apartado se evaluarán los antecedentes de docencia. Se tendrá en cuenta la institución donde se desarrollaron las tareas, las materias o cursos dictados y su relación con la especialidad del cargo vacante, los cargos desempeñados en grados o en postgrados, la naturaleza de las designaciones y las fechas de su ejercicio; así como la participación como disertante, panelista o ponente en cursos y congresos de interés jurídico.

Estos antecedentes podrán ser calificados hasta un máximo de nueve (9) puntos9.

En el supuesto de más de un cargo, trabajo de investigación, beca o premio reproducir el ítem las veces que sea necesario, agrupándolos por Universidad y ordenándolos cronológicamente, a partir del más actual.

Marque con “X”, la opción que corresponda.

Docencia universitaria o equivalente: Universidad/Institución:

Título de la Carrera: Rama del Derecho:

En su caso, indicar y/o transcribir la normativa de la que resulte su equivalencia con la docencia universitaria:

Materia o curso dictado:

Grado Posgrado

Presencial

No presencial

Cátedra:

Cargo desempeñado:

Profesor titular J.T.P.

Asociado Ayudante de 2da Ayudante

Adjunto Invitado Ayudante de 1ra Otro (describir):

Período de ejercicio. Desde: / / . Hasta: / / . Designación:





Documentación Respaldatoria: Certificado expedido por la Universidad o Institución (deberá constar cargo/s desempeñado/s, materias o cursos dictados y período de ejercicio. No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación o de documentación expedida por profesores a cargo de las cátedras y/o cursos. Respecto del ejercicio docente actual, la certificación deberá ser de fecha reciente)

Directa Efectivo Contratado Ad-Honorem

Por Concurso Interino Rentado

Otro (describir):

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Certificado respaldatorio agregado a fs. .- (Concurso: )

Relación de la materia o curso dictado con la especialidad del cargo vacante. Descripción:

Participación en carácter de disertante, panelista o ponente en cursos o congresos de interés jurídico:

Corresponde consignar en este ítem los cursos o congresos de interés jurídicos en los que la persona postulante participó en carácter de disertante, panelista o ponente. En el supuesto de más de una actividad, reproducir el ítem las veces que sea necesario, ordenándolas cronológicamente, a partir del más actual.

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Asociación de Abogados de Buenos Aires

Tema: Programa de Actualización en Derecho Penal Económico

Fecha: 1/07/2018

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a Archivo1-Programa de Actualización en Derecho Penal Económico (Concurso: 120).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Instituto Conjunto de Conducción Estratégica

Tema: Gestión Estratégica Conjunta en Seguridad

Fecha: 8/06/2018

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 1 (Concurso: 119).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Universidad de Viena / Naciones Unidas / Banco Mundial

Tema: Impuestos y buen gobierno corporativo

Fecha: 21/02/2018

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Página 29 de 39

Certificado agregado a fs. 124 a 132 (Concurso: 115).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: ITEPSUR

Tema: Introducción a los delitos contra la administración pública y lavado de activos

Fecha: 4, 5, y 6 de diciembre de 2017

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 133 (Concurso: 115).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Instituto Conjunto de Conducción Estratégica

/Ministerio de Seguridad de la Nación

Tema: La investigación criminal y los delitos complejos en la formación policial

Fecha: 14/11/2017

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 135

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Ministerio Publico Fiscal

Tema: Financiamiento de Terrorismo: investigación y Evaluación Nacional de Riesgo de FT

Fecha: 17/10/2017 (Concurso: 115).

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 138

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Instituto Conjunto de Conducción Estratégica

/Ministerio de Seguridad de la Nación

Tema: Gestión estratégica de respuesta al delito complejo

Fecha: 11/10/2017 (Concurso: 115).

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Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 134

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Ministerio de Seguridad de la Nación

Tema: lavado de activos procedentes del narcotráfico

Fecha: 24/04/2017 (Concurso: 115).

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 136 (Concurso: 115).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Ministerio de Seguridad de la Nación

Tema: lavado de activos procedentes del narcotráfico

Fecha: 30/03/2017

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 137 (Concurso: 115).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Ministerio Público Fiscal de la Nación Tema: El delito de lavado de activos de origen ilícito y los bitcoins Fecha: 5/12/2016

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 138 y 139 (Concurso: 115).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Ministerio de Seguridad de la Nación Tema: Investigación del lavado de activos y financiamiento de terrorismo Fecha: 22/11/2016

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Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 140 (Concurso: 115).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Ministerio Público Fiscal

Tema: Bitcoins y lavado de activos. Criptomonedas y delitos informáticos.

Fecha: 08/06/2016

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 141 (Concurso: 115).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: FORUM

Tema: Congreso sudamericano sobre prevención de lavado de activos y financiamiento de terrorismo

Fecha: 17/03/2016

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 142 (Concurso: 115).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Universidad Nacional de Villa María / Unidad de Información Financiera

Tema: Diplomado en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Fecha: 27/03/2015

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 143 (Concurso: 115).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

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Institución/es organizadora/s: Ministerio Público Fiscal

Tema: Autoregulación regulada, actividad empresarial y delito de lavado de activos.

Fecha: 22/08/2014

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 144 (Concurso: 115).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Consejo de Participación Ciudadana de la República de Ecuador

Tema: Experiencias y buenas prácticas de participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción en Latinoamérica.

Fecha: 2/12/2014

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 145 (Concurso: 115).

Carácter:

Disertante Panelista Ponente Rama del Derecho: Derecho penal

Institución/es organizadora/s: Ministerio Público Fiscal Tema: Lavado de activos desde un enfoque regional Fecha: 23/09/16

Documentación Respaldatoria: No resulta suficiente para la acreditación del antecedente la presentación de invitaciones, programas, etc.

Certificado agregado a fs. 138 y 146 (Concurso: 115).

Investigación universitaria o equivalente: Universidad/Institución:

Rama del Derecho:

En su caso, indicar la normativa de la que resulte su equivalencia con la investigación universitaria:

Cargo: Designación:

Directa Por Concurso

Período de ejercicio. Desde / / . Hasta: / / .

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Documentación Respaldatoria: Certificado de servicios expedido por la Universidad o Institución (deberá constar cargo/s desempeñado/s, y período de ejercicio. No resulta suficiente la presentación de resoluciones de designación. En caso de ejercicio actual de la actividad, el certificado deberá ser de fecha reciente)

Certificado respaldatorio agregado a fs. .- (Concurso: )

Copia del proyecto original o documento equivalente a fs. .- (Concurso: )

Copia del informe final o documento equivalente a fs. .- (Concurso: )

Relación con la especialidad del cargo vacante. Descripción:

Otros cargos académicos no computados en incisos anteriores:

(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)

Universidad/Institución: Cargo desempeñado: Rama del Derecho: Designación:

Directa Por Concurso

Período de ejercicio. Desde / / . Hasta: / / . Naturaleza de las actividades desarrolladas: Normativa que regula su actividad:

En caso de ejercicio actual de la actividad, el certificado deberá ser de fecha reciente)

Certificado respaldatorio agregado a fs. .- (Concurso: )

Becas y premios:

(Reproduzca el ítem las veces que sea necesario. Completar en orden cronológico inverso, comenzando por el actual o más reciente al más antiguo)

Institución: GAFILAT

Rama del derecho: Derecho penal

Fecha de otorgamiento de la beca/premio: 31 de agosto al 4 de septiembre de 2015

Descripción de la beca/premio: subvención recibida para realizar en Lima, Perú, el seminario de Evaluadores GAFI (XV Seminario de Evaluadores. Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFILAT). La oportunidad me permitió recibir la capacitación como evaluador-GAFILAT y formar parte del plantel nacional de evaluadores capacitados para evaluar el estado de situación de la aplicación de las recomendaciones de GAFI en materia de prevención y sanción del lavado de activos y financiamiento de terrorismo en otros países.

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Motivo del otorgamiento de la beca/premio: (Se considerarán sólo aquéllos que fueron otorgados en razón de antecedentes personales y/o valía intelectual y que guarden relación con las materias involucradas en la función a la que aspira)

Documentación en la que consten los datos consignados anteriormente, agregada a fs. 147 (Concurso: 115).

Página 35 de 39

PUBLICACIONES CIENTÍFICO-JURÍDICAS Y TRABAJOS PENDIENTES DE PUBLICACIÓN O BAJO PROCESO DE ARBITRAJE

En este apartado se evaluarán las publicaciones. Se tendrá especialmente en cuenta a los fines de la evaluación, la calidad, extensión y originalidad de cada trabajo; y la relación de su contenido con la especialidad del cargo vacante.

En el supuesto de más de una publicación reproducir el ítem las veces que sea necesario, ordenándolas cronológicamente a partir de la más actual. En el mismo sentido se deberá proceder en el supuesto de trabajos pendientes de publicación o bajo proceso de arbitraje con la correspondiente nota de la editorial.

Estos antecedentes podrán ser calificados hasta un máximo de nueve (9) puntos10.

Publicaciones científico-jurídicas:

Título: Desafíos para la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en contextos de corrupción

Rama del derecho: derecho penal Carácter de la obra:

Libro

Artículo de doctrina

Nota / Comentario a fallo Reseña de jurisprudencia

Carácter de autoría:

Capítulo de libro X

Nota / Comentario bibliográfico Reseña Bibliográfica

Otro (especificar) :

Autor	X	Coautor
Coordinador		Colaborador
Traductor		Otro (especificar) :

Relación de su contenido con la especialidad del cargo concursado. Descripción: Análisis del diseño de la Procuraduría de Criminalidad Económica. Problemas y desafíos en la investigación de delitos económicos en contextos de gran corrupción.

Fecha: Diciembre 2016

Editorial: Eudeba

Documentación respaldatoria agregada a fs. 148 a 153 (Concurso: 115). Trabajos pendientes de publicación o bajo proceso de arbitraje: Título:

Rama del derecho: Carácter de la obra:

Libro

Artículo de doctrina

Nota / Comentario a fallo Reseña de jurisprudencia

Capítulo de libro

Nota / Comentario bibliográfico Reseña Bibliográfica

Otro (especificar) :

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Carácter de autoría:

Autor		Coautor
Coordinador		Colaborador
Traductor		Otro (especificar) :

Fecha de entrega a la editora o jurado evaluador:

Editorial:

Nota de editor agregada a fs. (Concurso: )

Relación de su contenido con la especialidad del cargo concursado. Descripción:

Documentación respaldatoria agregadas a fs. (Concurso: )

y/o como anexo .-

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Declaración Jurada

La presentación y/o envío del Formulario de Inscripción con los datos requeridos y de la documentación respaldatoria de los antecedentes allí invocados, con la cual se perfecciona la inscripción al concurso, importará por parte de la persona aspirante el conocimiento de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación N° 27.148, así como el conocimiento y aceptación de las condiciones fijadas en el Reglamento para la Selección de Magistradas/os del Ministerio Público Fiscal de la Nación, aprobado por Resolución PGN N° 1457/17, rectificada parcialmente mediante Resoluciones PGN N° 1962-17 y PGN N° 19/18, y normativa aplicable a la materia, como también su consentimiento para la publicación en el sitio web institucional de los antecedentes y de los escritos y registros audiovisuales correspondientes a la etapa de oposición, ello en función del principio de transparencia del procedimiento (conf. art. 2 del Reglamento citado).

Conforme lo dispuesto en el art. 18 del Reglamento citado, todo el contenido de la documentación presentada o enviada tendrá carácter de declaración jurada y cualquier inexactitud que se compruebe en ella, habilitará a no considerar el antecedente erróneamente invocado y, según la magnitud de la falta, el Tribunal con noticia al/ a la

P.G.N. podrá resolver la exclusión de la persona del concurso, sin perjuicio de las demás consecuencias que pudiere general su conducta.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 26 del Reglamento, las personas inscriptas tienen el deber de poner en conocimiento de la Secretaría de Concursos toda circunstancia anterior o sobreviniente vinculada con las causales de exclusión previstas en el artículo 25 del Reglamento, las que a continuación se transcriben:

tuvieran condena penal por delito doloso, con arreglo a los límites temporales establecidos en el artículo 51 del Código Penal;
estuvieran procesados/as por delito doloso, con auto de procesamiento firme, o auto de mérito equiparable;
se encontraran inhabilitados/as para ejercer cargos públicos, mientras dure la inhabilitación;
estuvieran excluidos/as de la matrícula profesional, por decisión firme del tribunal de disciplina del colegio correspondiente;
hubieran sido removidos/as, mediante acto firme, de los cargos de magistrados/as del Ministerio Público o del Poder Judicial, Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
hubieran sido exonerados/as, mediante acto firme, en el ejercicio de cargos públicos de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Ministerio Público o del Poder Judicial, Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que no hubieran obtenido la correspondiente rehabilitación.
hubieran sido removidos/as del cargo de profesor/a universitario/a por concurso, mediante juicio académico, por decisión firme;
hubieran sido declarados/as en quiebra y no estuvieren rehabilitados/as;
hubieran sido eliminados/as de un concurso celebrado en el ámbito del Ministerio.

Por último, las personas inscriptas estarán obligadas a informar respecto de la existencia de nuevos antecedentes disciplinarios, lo que será certificado por el organismo pertinente ante la Secretaría de Concursos.

Informe de discapacidad de carácter confidencial (descripción con el objetivo de allanar cualquier dificultad que pudiera presentársele en el momento de rendir la pruebas de oposición)11:

Página 38 de 39

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Fecha: 28 de agosto de 2018

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Argibay Molina Juan Agustín

FIRMA ACLARACIÓN

Página 39 de 39

R E P U B L I C A A R G E N T I N A

Asocioció11 de Abogados de Buenos Aires

Entidad Fundada en 1QJ4

Por Cuanto

Juan Argibay Molina

haparticipado en esta lns1i1ució11 en calidad de

Expositor

e11 en Curso

Programa de Actualización en Derecho Penal Económico

Se extin1de lapresenteco1istanci11 en Bue11os Aires,a los 11 dlas del mes deju lio de 2018

Gabrie!o l't'osstfr

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Sec"ltJrfoGeneral Presfdenlo

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' UNIVERSI DAD DEL SALVADOR

Y .;¡/ /(/1,,

NRO.R¡:GISTRo' LrnP. FOLIO --

' .MIN!STElUO DE cm;rtfu.A y EDUCACIÓN

JUAN ALEJANDRO TOBÍASyI'ABLO GAllRIEL VAJ.UllA

Ccrtifieoqo.e ·. · ban en el ca.cie quo

'·h de e=ed.iclón dd prc..tcntc diploma, rcv1si:a

a la ,.e a --.- d=n ardo.n similirud invoean preix.dc:nto:ro.imtc y <J.llC tas fir1n 9. ant>:ce gu

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BUENOS

en n11estro$ registros.·

GILSERTO LÓPéZ CABAi'/lllAS

;"PER rso

D\'ti:ot:MlOMl.I. P!<>mi6r< Ulililll«!"

AREA CONTROL ADMINIST. TITULOS, CERT. Y EXAM.

REGISTRO Nº 8'f -,,zoof

CODIGO UNIVERS. 02

HERi-bl- A PITE

MINl RIO DEL IN IOR

Qpolletti, !r de - d-.I 2u:FJ i11scripto al 1olio7.."':'.1 de.i libroJm" N\;.;\rícu! tº .99 '1

JORGE A, GOMEZ

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COUlilO OE .O.BOGAOOS ALTO VALl.li: OESTE

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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR4

N R EGISTR0. --1 . UBR-:J't#. lFOuol':I..(/.

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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

El que suscribe, Práxedes M. Sagasta, Decano- - - - --- ---- ----------- de la Facultad de Ciencias Jurídicas------ - - - ----- -------- - - --- - ---------- de la UN VERSIDAD DEL SALVADOR. certif ica que ARGIBAY MOLINA Juan Agustín- - - - - - - - - - - - -

nacido en Capital (Provincia de Corrientes)---- -- ---------- - -- ------ -----------

el 6 de Abril de 1983, DNI 30.141.774, egresado el año 2000 con el título

de Bachiller------------ ----- - --------- - --------------- -------- - ---------------

otorgado por el Colegio "CARPE DIEM 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - -

-------- --------------------- ---------- - --------------- ----------- --------------

localidad Neuquén (Provincia del Neuquén)-------------- ha cursado y aprobado las

asignaturas que se detallan y que: corresponden al Plan de Estudios de la carrera de Abogacía haciéndose acreedor al título de Abogado

ASIGNATURAS CALIFICACION FECHA FOLIO LIBRO

PRIMER AÑO:

Derecho Penal I 10 diez 22/11/01 .32 214

Seminario I 7 siete 16/11/01 171 176

Filosofia 8 ocho 14/11/03 45 222

Introduceion al Derecho 8 ocho 23/02/04 55 220

De+echo Romano 8 ocho 12/11/01 175 164

:r,..,recho Civil I 8 ocho 04/12/01 105 206

-. recho Politice 8 ocho 19/02/02 3 228

SEGUNDO AÑO:

Derecho Civil II 7 siete 13/11/02 26 225

Derecho Penal II 5 cinco 25/09/03 114 214

Historia y Derecho Constitucional 9 nueve 10/12/02 96 195

Economía Politica 7 siete 11/11/02 159 181

Derecho Internacional Publico 8 ocho 20/11/02 58 192

!' Teologia 8 ocho 10/11/03 74 193

Practica Forense I 7 siete 30/10/02 136 191

TERCER AÑO :

Derecho Civil III 7 siete 19/11/04 61 232

Derecho Procesal I 9 nueve 12/09/05 187 239

Derecho Comercial I 4 cuatro 05/12/03 142 231

Sociologia 8 ocho 24/11/03 86 209

EtiCa Profesional 9 nueve 17/11/03 133 174

Practica Forense II 6 seis 12/11/03 171 191

r "1'.:'e cho Canonice y Eclesiastice 7 siete 27/11/03 143 202

f-c.-/

CUARTO AÑO:

Derecho Civil IV 8 ocho 24/11/04 179 200

Derecho Procesal II B ocho 15/09/05 191 239

Derecho Comercial II 8 ocho 17/11/05 75 255

Derecho Administrativo 6 seis 12/12/05 85 238

Derecho Laboral y de la Seguridad Social 8 ocho 26/11/04 189 207

Regimen Jurídico de los Recursos

Naturales 6 seis 01/12/04 19 252

Practica Forense III 8 ocho 11/11/04 21 247

Seminario II 8 ocho 30/11/04 46 236

QUINTO AÑO :

Derecho Civil V 9 nueve 22/02/06 149 227

Derecho Procesal I 8 ocho 20/12/05 20 264

Derecho Comercial III 9 nueve 21/11/05 79 255

Derecho Internacional Privado 6 seis 06/06/06 77 251

Finanzas· y Derecho Financiero 7 siete 14/12/05 112 235

Filosofía del Derecho 8 ocho 20/10/06 58 254

Derecho Aeronautico y Espacial 9 nueve 18/11/05 98 226

Practica:,,Forehse·. IV 8 ocho 10/02/06 104 247

HiSto·rí·a.·\:der -- .Drecho 9 nueve 24/11/05 29 250

Ingles :Nivl I 9 nueve 19/02/04 57 237

Ingles Nivel II 9 nueve 24/02/05 104 237

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!vl;\r;BE.1 t: NOTAR!.&.L ------- ·- ,---

FOLIO Nº •.•.. -······-··""·----·-·

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ASIGNATURAS CALIFICACION FECHA FOLIO L. IBRO

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' FacuJWri ci11

C1enr· 1 "Jidica!!

PROMEDIO GENERAL

FECHA DE GRADUACION

7.72 (siete con 72/100 )

20 de Octubre de 2006

OBSERVACIONES : El titular ha cumplido con los requisitos legales, estatutarios

y reglamentarios vigentes .-------------------------- ------ --------- ----- - - - - - --

----- --::

Este certificado se extiende a los 1 días del mes de Diciembre de 2006 para ser presentado a las autoridades de la Dirección Nacional de Ge tión Univ rsita-

· . - ;.-------- ---------------------------- _ _ _ ---

Secretario Académico

Buenos Aires '

------ /

Secret

General

PABL GAS JE VARELA

S RETARio G ERAL

A l1: 1&

•1POiJ.&Uf .Cllr.N,J

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

CERTIFICADO PERTENECIENTE A AR.GIBAY MOLINA Juan Agustín

DNI 30.141.774

con el título de Abogado

AAEA CONTROL ADMINiST. TITULOS. CERT: Y EXAM.

REGISTRO w.Nfil-o<wr'

CODIGO UNl9ERS. 02

GILBERTO LÓPE ABANILlAS

SUPERll!SOR

DIREGCléoll ACKi AL DEllESTl H UlllVlRSII.IRl!.

CERTIFICO en mi carécter de Notaria Titular del Registro "J9 39, 91.. . ni v.:-•sente y las ..-- que anteceden, que firmo / ullo, son fotocopia fiel de sus respectivos

,..,riglnales que para este acto tengo a la vista, doy fe.

Cipollettl, Bio Negro. Z"\ de .::.c....,,..bíc. el Zo k

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Ministerio Público

,.,,, '.;..f:ocuración General de la Nación

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CERTIFIC; Oi"É]l to ha lugar por derecho que según surge del Sistema SIU

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Mapu¿)i:e \y 11%'i?i1jfrsonal de ARGIBAY MOLINA Juan Agustín, D.U. Nº

\ , - ·-- -:.--., ' - lf

-,,:··- j Sr acto tengo a la vista, al nombrado se le autorizó una
contrat.aci&{:&_?ción de dependencia en un cargo equivalente a Subsecretario Letrado de la Procuración General de la Nación, para prestar funciones en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -PROCELAG, desde el 10 de octubre de 2013 hasta el 29 de mayo de 2014; ello mediante Resoluciones PER: 2032/ 13, 2629/13 y 1043/14.------------------------------------------------------------
Por Resolución PER 278/ 14, a partir del 28 de febrero de 2014, se lo designó como Omrdinador del Área de Mercado de Capitales de la citada Procuraduría.----·--·------- A partir del 30 de mayo de 2014, mediante Resolución PER 1043/14, se rescindió su contrato autorizado por Res. Per. 2629/13 y se lo designó en un cargo vacante de Subsecretario Letrado de la Procuración General de la Nación, para continuar prestando funciones en la mencionada Procuraduría.---------------------------------------- Por Resolución PER 1680/14 del 7 de agosto de 2014, se lo designó como Omrdinador del Área de Concursos y Quiebras de nombrada Procuraduría.----------- A partir del 29 de mayo hasta el 21 de diciembre de 2015, se lo promovió interinamente a un cargo de Prosecretario Letrado de la Procuración General de la Nación y se lo designó como Coordinador del Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos -PROCELAC, ello sin perjuicio que continuara desempeñándose como Coordinador del Área de Concursos y Quiebras; todo según lo dispuesto por Resoluciones PER: 1492/ 15 y 4220/ 15.-------·--·--·--·-·---·---·--·-------·----------·------
Mediante Resolución PER 4220/15, a partir del 22 de diciembre de 2015; se lo designó en una plaza de ProsecretJlrio Letrado de la Procuración General de la Nación, para continuar prestando :· funciones como Coordinador de las Áreas Operativas de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo y Concursos y Quiebras, ambas de la Procuraduría mencionada, y en consecuencia se cesó su designación interina dispuesta por Resolución PER 1492/ 15.-----·----------------------- Asimismo certif ico que el nombrado, conf orme surge de su legajo gozó de
licencias extraordinarias sin percepción de haberes, como así oco recibió sanci.ones w"'sc1.plinan.as.--------------------------------------------------- -----

JAVI ER E UAROO HElOU
Prosecreta ·o Letrado
l'ROCURAQON DElANACl(ff

En fe de ello, se expide el presente para ser presentado ante quien corresponda, que firmo y sello en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio del año 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------

Wfl?OTV;; .JL:ZACI ON
CHA: .iJÁ.L..

FRANCISCO
SECFIETAlll AAOCORACIOH

OSE U
LET
l OE LA
LOA
Dff
' .... .

Resolución LIC Nº 2 qj /18.

Buenos Aires, 5 de a,,(/",./ de 2018.

VISTO Y CONSIDERANDO QUE
El doctor Juan Agustín Argibay Molina, Prosecretacio Ler.rac]o de la Procuración General de la Nación con desempeño en el -Áréa Operativa- Li:rado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PROCELAC), solicitó licencia exr.raordinaria con goce de haberes por motivos acadénlicos para los días 25 y 26 de junio del año en curso, en virtud de haber sido invitado a partiopar de la u25va. &111Zidn de la Red de Cazadores d Corrupci6n", organizada por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norwegian Agency for Development . CooperatiOn/NORAD), en Oslo,
Noruega.
En sustento de su requenrruento, adjuntó la documentación reglamentaria exigida a tal efecto.
El doctor Gabriel Eduardo Pérez Barbera, magisr.rado a cargo de la dependencia, prestó confonnidad.
Corroborado el efectivo cumplimiento de los requisitos eiigidos en la normativa aplicable, se concederá la licencia en los témtlnos requeridos.
Por ello, lo dispuesto por el artículo 27 inc. 2 del Régimen de Licencias del I\1inisterio Público Fiscal de la Nación -Resolución PGN 615/13-, y en uso de las facultades conferidas por Resolución PER 3518/17;

SE RESUELVE
1. CONCEDER licencia extraordinaria con goce de haberes por motivos académicos al doctor Juan Agustín ARGIBAY MOLINA, Prosecretario Letrado de la Procuración General de la Nación, para los días 25 y 26 de junio del año en cw:so.

\ JI. Protocolicese, hágase saber y archívese.

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PABLO H. GLANIVER

SECRETARIO LETRADO

OClJAACitfl G&Jffil.! 115 1A 111\C

e¡

Resolución RL Nº

/18.

l)uC!l<lS ,\Íres, 3 Ll('. e ()e rO Je 21) 18.

VISTO Y CONSIDERANDO QUE

[:,\ d<)Ctor J uan ...:\gusrín .;\tgibay J\Iolina, ProsccrctarÍ<) J ,ctraJu <le la Procuración General Je la Nació11 co11 dcscn1peñ<} en la Pll0C2EJ. \C -\rea Opcrati'\·a de J ,a'\·<ld.o Je 1\ctiYOS y P'ina11ci;uni1.'nto Lle! 'f crtorismrl-, solicitó licencia extraorJi11:11:iol con goce Je haberes por m<)fi\·os acaJénlicos a fi.n de asisrir a u11a con ferencia S()bre ''/11dirid110J· di:. (;ran f latri!Jlf"/Hio: el dr:.•·qf/o qHe 11nplú·,:r puru !11!" ad1;;itt1Jfnta 11Jlr:s di! i11iplfe.rfff.•, !u.1 unic/,1rle.r ¿fe ll!f0,1v,;,irJn ./f ¡¡an,i,,ri.l, .J' las a.._P,_en,a.r de in11t:.rl{i.11t"ó11 l'.1lal<1I': e11 c:l marco dc:l

pt()yccro "7'u......·¡JtJd c;()()d (,'of!(J11oil1ú' in / 1/i-1:·1./', organizad o p()f la I,'acultad de EC{}n(Hnía y

:\legncios de la l'f ni\-ctsída<l Je \ricna en CO< >]>eración con la OficinJ contra el Crimen y las l)rogas de 11 N:1cioncs lJn1daLl (UN()[)(:) y el Banc(> i\ Iun<lial (\'(b), entre otras entidades, en .\ustria.

P,11 sustento Je su t'Clj\lct111uent<>, adjuntf) la d1lcu1ncnc1ción reglamentaria

c:-dida a tal efccro y la decla ración jurada C<)trcs p()nJicn rc.

El tloctur c;abricl P.dt1ardo Pérez 8atbcrri, n1;\.¡.,.ÓstraJ0

i>rr JcuraJuria, prestó confo1,niJa d.

a cargo de la

(orrobira<lo el cfccti>:o curnplimicnt< > di: los tC'{UlSH < lS ex1g1dos en la

nortnati\'a aplicable, se c<)t1cc<lerá la licencia en l<>S ténni11os tCljllCrid<}S.

Por ello, }¡) Jis1)ucstu por el arúculo 27 inc. 2 Je] lléi1ncn de I.iccncias 1.icl I\linistcrío 1)úhlicn Fiscal Je la Nación -llcsolución l)(;N (¡ 15/ 13-, y c11 u.so Je 1:1s fac ulrai:\es conferidas p< )t lZC.'<()!ucÍ()n PFJl 3518/ 1 7;

SE RESUELVE

I, c:oNc:r:DEll licencia cxtraorJinaria con g<)CC Je l1:1bercs por nt<H.iYC )S académicos al Joctor J u:ln _ \gusón ,\]\.( J J)_-\l' i\l()J ,LN.\, J>rosecretario 1 _errad<) de la Prucuración

PARL.C :-i. Gl.Jf\JIV::·R

sEcq:orfa( {:L:O:;'i>. DC

! PROTOC OLIZA CION

'· FECHA:.&il.J.! ?,.JJ.

''°"

Resolución PGN N" 91'1 / 12.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2012.-

VISTO:

•

El artículo 120 de la Constitución Nacional, las funciones encomendadas por la Ley Orgánica 24.946 (arts. 30 y 33) y lo dispuesto por las Resoluciones PGN 1/98, 38/98, 41/98, 2/00, 07/00, 23/00, 36/00, 60/00, 85/00, 9/01, 59/01, 58/03,

104/03, 61/04, 130/06, 168/06, 76/07, 31/09, 86/09, 119/09, 128/09, 129/09,

/!0, 81/10, 106/10, 119/10, 49/11 y 57/ ll.

134/09,47/10, 61/10, 64/10, 67

Y CONSIDERANDO :

•

Que una de las funciones asignadas a la Procuración General de la Nación por la Ley Orgánica es la de díseñar la política criminal y la persecución penal del Ministerio Público Fiscal (art. 33, inc. e). En ese marco, el Ministerio Público Fiscal ha trabajado en el desarrollo de estrategias que, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, mantengan vigente la acción penal pública y eleven los índices de eficacia del sistema de administración de justicia en hechos de trascendencia institucional e impacto socioeconónúco.

Que esas iniciativas incluyeron la creae10n, en suceSJ.vos momentos y

la criminalidad económica

contextos, de espacios institucio:nales destinados a abordar

organizada, en particular de aquellos eventos que afectan de mane.ra relevante al Estado nacional, a sus rentas y. en consecuencia, a la sociedad en su conjunto: la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) para los delitos tributarios, aduaneros, tráfico ilícito de bienes culturales, marcas, patentes y propiedad

.intelectual; la Unidad Fiscal de Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDINIBR) para los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo; y la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contta la Adroinisttación Pública (OCDAP), para los casos de corrupción y fraude contra el Esta.do.

Que, como es sabido, el maoco económico mundial varió su anterior

tendencia expansiva hacia una desaceleración del ritmo de crecimiento de las economías

centrales, merced a la creciente influencia del monetarismo, la concentración económica, el funcionamiento especulativo de los mercados ínternacionales y la· proliferación de fraudes financieros y bancarios, potenciados por un proceso global de desregulación y flexibili.zación de las estructuras de conttoL La alteración del contexto, sumada al incremento constante de las hetta.tnientas de prevención y represión de la delincuencia tt:ansnacional, detenrrinaron a su vez una mayor complejidad de los delitos de naturaleza económica y la utilización de sofisticadas herramientas financieras y societarias para cometer los hechos, encubrir a quienes se benefician y realizar el producto en la econonúa legal.

•

Que algunas de esas manifestaciones delictivas, como el uso de información privilegiada u otros delitos vinculados a los valores negociables e instrumentos financieros-recientemente incorporados al Código Penal-, amenazan los esfuerzos de nuestro país por regular el mercado de capitales y consolidar una plaza segura pata la canalización del ahorro y la inversión. También se verifica la irrupción, en el tcimite de concursos y quiebras. de complejos artificios destinados a licuar pasivos en pe:tjuicio de los derechos de los/as acreedores/ as y de las sentencias con autoridad de cosa juzgada. Otras formas de fraude repercuten también sobre las relaciones societarias o el marco regulatorio de la competencia, desencadenando efectos tanto sobre los factores que concu.tten en el mercado como sobre los derechos de consumidores/as y usuarios/as. En el terreno impositivo se perciben otras manifestaciones de este proceso, como el afloramiento de refinadas maquinaciones de fraude y elusión, con el consecuente impacto sobre la recaudación y la inversión social Similat situación en el ámbito de la ad.ministración pública. donde los actuales marcos regulatorios, más proactivos y específicos, incuban formas comísivas avanzadas tanto de los delitos funcionales como

de las tradicionales formas de afectación del patrimonio estatal. Otras modalidades (

delictivas impactan, finalmente, tanto sobre la solidez del sistema financiero como

sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del tettorismo, incrementando el riesgo de profesionalización de este servicio delictivo o la instalación del crimen organizado.

Que el refinamiento y sofisticación del delito económico implica, pues, un renovado riesgo para el marco normativo que regula el sistema económico y el objetivo social que debe cumplir, al provocar el descrédito del tráfico mercantil y sus instr11mentos, la pérdida de confianza en agentes económicos y financieros. el perjuicio a las reglas de competencia, la desestabilización del mercado de capitales y la dificultad para implementar políticas que impacten sobre la economía real, entre otros efectos datnente sealados por 1a doctrina, .y a cuya salvaguarda se ha comprometido la República Argentina mediante la rúbrica de instrumentos como la "Convención Interamericana contra la Corrupción", Caracas, 1996, ley 24,759 (RO, 17/1/1997); la "Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales" (OCDE), Paris, 1997, ley 25.139 (B.O, 18/10/2000); "Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo", Nueva York, 1999, ley 26,024 (B.O, 19/4/2005); la "Convención de las

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PROTOCOLIZA CION

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Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", Palermo, 2000, ley

25.632 (B.O. 30/8/2002); la "Convención Interamericana contra el Terrorismo'', Bridgetown, 2002, ley 26.023 (B.O. 28/4/2005) y la "Convención de las Naciones Unidas contra la Cormpción'', Nueva York, 2003, ley 26.097 (B.O. 9/6/2006). El mismo compromiso fue asumido por nuestro país a través de su participación directa en diversos foros internacionales, como el Grupo de los 20 (G-20) y el Grupo de Acción Financiera (GAFI), entre otros.

•

III

Que has1'l hoy no se ha logrado revertir el sesgo selectivo del sistema penal y se verifica un bajo impacto en la persecución de los casos complejos de criminalidad económica --en particular, de aquellos estructurales, intta-sistérnicos, altamente organizados, con efectos socio-económicos relevantes y capacidad para pennear el dispositivo de prevención- con un notable déficit en la obtención de respuestas judiciales efectivas en tiempo razonable.

•

Que el cambio de contexto global, la complejidad de las modalidades delictivas, los compromisos internacionales asumidos, como así también los propios infonnes de desempeño de las Unidades Fiscales y Oficina de Coordinación mencionadas, revelan la necesidad de adoptar nuevas estrategias, desattollos y arreglos institucionales que potencien la capacidad investigativa y la eficacia de la persecución penal en la materia, colocando a este Ministerio a la alrura de los desaffos que, en el presente, afi:onta nuestro país.

Que,. en este sentido, de conformidad con el rol fundamental que la

Constitución Nacional (att. 120), la Ley 24.94-0 y los códigos procesales le asignan,

el :Ministerio Público Fiscal asuma un papel protagónico en el

resulta esencial que

:impulso de la acción y la orientación de las investigaciones por hechos de crim.irutlidad económica, en particular aquellos que revisten trascendencia institucional e impacto socioeconómico.

Que la interrelación y dependencia exhibida por estos delitos aconsejan, a su vez, la aplicación de una estrucrura institucional comprehensiva, que facilite el intercambio de información y la adopción de estrategias convergentes, de modo de centtalizar las tareas de intervención, asesoramiento de fiscales, coordinación y seguimiento de casos. Así, con el objetivo primordial de mejorar la actividad persecutoria en la materia, se dispondri la creación de la "Procuraduria de Criminalidad Económica y Lavado de Activos", que quedará a cargo de un/una Fiscal General que coordinará y dirigirá la actuación de seis áreas operativas.

Que cada una de las áreas abarcará las manifestaciones más relevantes de criminalidad económica, descriptas en los puntos previos, según su especificidad típica o ámbito de afectación, como así también de sus delitos determinantes o conexos,

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cuando ello sea necesario para el sosterurmento de la acaon penal pública o el esclatecimiento del caso: 1) "Lavado de activos y Ftnanciamiento d.el Te:ttorismo", 2) "Fraude Económico y Bancario", 3) "Mercado de Capitales", 4) "Delitos Tributarios y Contrabando", 5) ''Delitos contra la Administración Pública", y 6) "Concursos y Quiebras",

Que, más allá de las competencias señaladas, las distintas áreas operativas JX>drán comprender también la actuación del :rvfinisterio Público en procesos no penales vinculados con la temática especifica de cada una de ellas (artículo 41 de la Ley Orgánica del Ministerio Público),

•

Que para el correcto desempeño de su cometido operativo, la Procuraduria también se encontrará dotada de un '"Área Administrativa" y un "Área de Asistencia Técnica" (ver organigrama anexo).

Que, a su vez, para alcanzar una afinada especialización y capacitación de los/as agentes del Ministerio Público dedicados/as al ámbito de la criminalidad económica es necesaria la afectación plena de fiscales y funcionarios/ as a las tateas pertinentes, profundizando y extendiendo asi la linea sugerida por las Recomendaciones

30 y 31 del Grupo de Acción Financiera lntetnacional (GAFI-FATF), del cual la

República Argentina es miembro pleno.

funciones:

-A- ',

Que el/la Fiscal General a catgo de la Procuraduría tendrá las siguientes

Coordinar el funcionamiento de las áreas operativas de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.
Intervenir como fiscal principal o coadyuvante en los casos que versen sobre hechos de la competencia de las áreas operativas de la Procuraduría, en todas las instancias.

e) Intervenir cuando la Administración solicite la realización de actos que requieran autorización judicial y así corresponda.

Rectbir denuncias y, cuando el caso lo requiera, realizar -junto con quien coordine el área operativa respectiva- las medidas necesarias para determinar los extremos de los articulas 174 y ces. CPPN. En caso de
considerarlo necesario podrá remitir estas denuncias al/a la fiscal que
corresponda
Realizar> junto con quien coordine el área operativa respectiva, investigaciones preliminares respecto de hechos que revistan trascendencia

,'.

i P R OTOCOll iA CI ON_

i ECHA:..\?Q••/••ll.J.. .

•

institucional e impacto socioecononnco, con el fin de requerir la

instrucción del sumario (artículos 181y ces. CPPN).

f) Establecer la prioridad de las intervenciones de los/las fiscales ad hoc que componen la Procuradutía en los casos que, a raíz de su trascendencia institucional e impacto socioeconómico, resulte conveniente reforzar la representación del :Ministerio Público.

Proponer a la Procuradora General de la Nación programas de capacitación, proyectos de reformas legislativas, protocolos de actuación, celebración de convenios de cooperación con organismos del Estado Nacional, Provincial o Municipal u Organismos Internacionales, como así también toda atta iniciativa que consideren necesaria pata el ejercicio de sus funciones.
1. Elevar a consideración de
  la Procuradora General de la Nación propuestas
  vinculadas con la creación de estructuras que repliquen la actuación de las áreas operativas de la Procuraduría en las distintas regiones del país, con las que se coordinarán acciones y elaborarán estrategias de investigación ajustadas a las caxacterlsti.cas del lugar de que se trate.
2. Elevar perióclicam.ent.e a la Procw:adoi:a General de la Nación informes de gestión que den cuenta de la actividad y funcionamiento de la Procuraduría.
  1
  - funciones:

-B-

Que los/as Coordinadores/ as de las áreas operativas, bajo la dirección y

superv:isión del/de la Fisc.J. Genexal a cargo de la Pro=duria, tendrán las siguientes

Intervenir como fiscales
ad hoc en los casos que versen sobre hechos de
la especialidad de sus áreas operativas, en todas las instancias -segón los requisitos exigidos por la resolución PGN 104/03-.
Llevar un registro completo y actualizado de las diferentes
manifestaciones de la delincuencia económica, para lo cual deberán solicitar la información necesaria a las dependencias correspondientes del Ministerio Público Fiscal
Elaborar una base de datos sobre las causas de referencia, con el objeto de detecw: patrones comunes que pennitan anticipar ámbitos de riesgo institucional y orientar otras investig'aciones.

Elaborar infonnes periódicos sobre el estado de los procesos, los
avances y las dificultades observadas.
Diseñar esttategias de investigación para el esclarecimiento de hechos de criminalidad económica y el recupero de los activos involucrados.

f) Efectuar un seguimiento y estudio permanente de la jurisprudencia nacional e internacional que pueda tenet incidencia en el trámite de estas causas.

Prestar asesoramiento técnico y brindar la colaboración necesaria a las
Fiscalías que intervienen en la investigación de los hechos de
referencia.
Realizar tareas de coordinación entre las distintas Fiscalías que intervienen en casos de su especialidad y efectuar el seguimiento de los procesos que incluyan hechos del ámbito de su incumbencia.

•

i) Disponer enlaces y acciones interinstitucionales con organismos especializados en la materia, con el propósito de mejorar las

.investigaciones y el juzgamíento de los casos de la especialidad.

Presentar ante las autoridades que correspondan los informes
confeccionados por el Area de Asistencia Técnica de la Procuradw:ía.

-C-
Que el Área de Asistencia Técnica, dependiente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, tendrá por función asistir técnicamente al/a la Fiscal General y a los/as coordinadores/as de las áreas, en las distintas ramas y aspectos de su conocimiento experto.
Que tanto para las investigaciones tealizadas por la Procuraduría como paca aquellas en las que ésta preste su asistencia y colaboración se creará un "Cuerpo de Investigadores" y una "Consultoría Técnica" que auxiliarán en esas labores al/a la Fiscal Genffill y a los/las cooxdinadores/ as de las áreas operativas.
Que, por su parte, el registro y la sistematización general de la información emergente de la actividad de cada área operativa de la Procuraduria quedarán a cargo del grupo de trabajo "Apoyo Info.onático''del Área de Asistencia Técnica..
Que, a su vez, desde el Área de Asistencia Técnica se trabajarán los dispositivos necesarios paca asegurar el recupero de activos de origen ilícito. El grupo de trabajo de "Recupero de Activos.. de esta Área se encargará de anafuar, desarrollar e implementar políticas de aplicación gene:tal y medidas especificas orientadas a evitar la frustración del recupero de esos bienes.
Que en el contexto general de los dispositivos que procurarán implementarse desde este ámbito con miras al efectivo decomiso de los bienes vinculados a la criminalidad económica, será una labor prioritaria la del fortalecimiento de la actuación del Ministerio Público tanto en lo referido a la intetposición sin dilaciones en expedientes penales de medidas cautelares que aseguren ese resultado, como al trámite de los procesos no penales en los que se pongan en juego los mismos objetivos.

P R OTO COll lA C I ON FECHA: !lc.l..(.ZJ.l"-

Que esto último resulta una forma de adecuar la actuación del Ministerio Público a compromisos internacionales que el Estado argentino asumió en la rna.teria (ver último párrafo del punto II)-

Que, en suma, el Á.rea de Asistencia Técnica se encuentra facultada, a través de sus distintos grupos de trabajo y entre oteas tareas que pueden serle solicitadas. a:
1. Desattollat las tareas periciales que le fueran encomendadas, con apego a los dictados de su arte, ciencia o técnica.
  •
2. Asesorar al/a la Fiscal General y a los/as coordinadores/as mediante el aporte de conocimiento específico.

e) Auxiliar a la Procuraduria y a las áreas operativas en las tareas de consulta de bases de datos, incotporación, sistematización y comwtlcación inteligible de la información de naturaleza económica.

d) Auxiliar a la Procuraduría y a las áreas operativas en las iniciativas

dirigidas al recupe.co de activos vinculados a hechos de delincuencia. económica.

e) Desarrollar y aplicar, cuando le sea solicitado, estrategias y

metodologías útiles pata la investigación de hechos complejos de

, criminalidad económica

•

f) Detectar pattones recurrentes sobre el empleo de técnicas o artificios especiales aplicad.os en su área de conocimiento para la comisión de delitos económicos, que resulten útiles para la detección de fututos hechos.

g) Diseñar y administtar un sistema de registro infonnático de las

actividades de la Procuraduría y de las bases de datos que sirvan de apoyo a su actuación. estableciendo los parámetros de seguridad adecuados.

-D-

Que el Área Administrativa, también dependiente de la Procutaduria de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, tendrá a su cargo la atención del público, la gestión de la "mesa de entradas y salidas", el sistema de registro de la prueba producida en el ámbito de la Procuraduría y el archivo documental. En concreto, su labor estuá circunscripta a la organización e implementación de las tareas vinculadas al soporte estructural y manejo administrativo de la dependencia.

Que la estructura, funciones y competencias de la Unidad Fiscal de

Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO), de la Unidad Fiscal de

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Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDINTER) y de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) quedarán absorbidas y ajusta.das a las áreas operativas correspondientes a la temática de cada una de ellas.

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•

Que a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos se designará a un/a Fiscal General con antecedentes, formación profesional y académica, y experiencia en el campo de su IDcumbencia.

Que tanto el/la Fiscal General como los/as coordinadores/as -a excepción del/ de la correspondiente al ámbito de Concursos y Quiebras, en razón de las particulares necesidades del área a su cargo- se desempeñarán en los roles asignados con dedicación plena.

Por todo lo expuesto, en uso de las facultades previstas en el art 33, incs. d), e) y g) de la Ley 24.946,

LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACION

RESUELVE:

Artículo 1: DISPONER la creación de la PROCURADURIA DE CRIMINAIJDAD ECONOMJCA Y LAVADO DE ACTIVOS.

Artículo 2:DISPONER la creación de las siguientes áreas operativas, dependientes de la Procurad.u.tía de Criminalidad Económica y Lavado de Activos: "Lavado de activos y Ftnanciamiento del Terrorismo" ' raude Económico y Bancario", "Mercado de Capitales" ''Delitos Tributarios y Aduanetos", ''Delitos contra la Administtación Pública", «Concursos y Quiebras" (cf. el organigrama que se anexa a la presente).

Artículo 3: DISPONER la c.teación del Área Admi:aistrativa y el Área de Asistencia Técnica, dependientes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (cf. elorganigrama que se anexa a la presente).

Artículo 4: DISPONER que la estructuta y competencias de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UF TCO), de la Unidad Fiscal de Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UFILAVDINTER) y de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (OCDAP) queden absorbidas y ajustadas a las áreas opetati.vas correspondientes a la temática de cada una de ellas.

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Artículo 5: DEROGAR, en lo pertinente, las resoluciones anteriores dictadas sobre la

materia que resultan contradictorias con lo dispuesto por la presente.

Artículo 6: Protocolícese, notifiquese, publíquese y, oportunamente, archívese.

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ANEXO

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Act_ivos

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Area Operativa · .1

Lavado de Activos y ..; Flnanciam¡ento det; ·

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.Registra de Prueba :·

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Archivo documental ·.

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Delitos Contra la

·Administración Pública ,

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Cuerpo de

Investigadores

_.Recupero de Activos

,,Area Administrativa

Area de Asistencia ..::

MINISTERIO PÚBLICO

FISCAL

PROCVR'-Cll>N <;¡¡NERAC 0E U. ""Cl"N

R E P Ü C I C A A R C. E N T H• A

·------------·\- ------·

De instrucciones g enerales

Dictado del Nuevo Reglamento de la PlA (propuesto por su titular) mediante Res. PGN 757/16, de acuerdo a lo establecido por la L.O., generando un cambio de impronta a la gestión y actuación del organismo, a su forma de trabajo interno y relación con el entorno.

Propuestas de capacitación

El FNIA y un equipo de colaboradores brindaron varios cursos en la PGN sobre delitos cometidos por funcionarios públicos y estrategias de investigacíón, y sobre el Rol de la PIA en orden a la Nueva Ley Orgánica y su Reglamentación, a través del Web Campus, que se propone reeditar el año próximo.

Por otro lado, se gestionó con la SIGEN el dictado de la segunda parte del curso sobre Financiamiento del Terrorismo y Lavado de Dinero en el marco de! Convenio suscripto.

Y en orden a los cambios legislativos introducidos en materia de arrepentido para los casos de corrupción será vital contar con capacitación específica sobre la materia, así como respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas, y a todo lo vinculado al entrenamiento de los abogados en litigación oral en procesos de carácter económico y/o complejos.

Procu rad u ría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

Pérez Barberá, Gabriel - Roteta, Morfa lauro

Diagnóstico general

Balance general de la dependencia

Área Administrativa. Esta área establece la estructura y procedimientos necesarios para atender al público y gestionar la mesa de entradas y salidas, el registro de la prueba (aspecto aún no implementado) y el archivo documental (hoy gestionado por cada área operativa) y es el soporte del trabajo coordinado y de gestión de todas las áreas de PROCELAC. Durante 2016, se mejoró la celeridad y eficiencia en el ingreso, registro, análisis y derivación de los casos a las áreas operatívas. Para un cabal logro de este objetivo de eficiencia sería deseable que la PROCELAC funcione en una sola y no en dos sedes.

El área administra el sistema informático de gestión de PROCELAC, que registra el trabajo, la circulación de información entre áreas y el estado de avance de los casos. Permite establecer vinculaciones y conexidades entre los casos y extraer reportes estadísticos. Durante 2016 fue perfeccionado para maximizar sus beneficios. Se l o vinculó con la base de datos SAIPRA del área Técnica, creada para la gestión y tratamiento reticular de datos recolectados en las investigaciones, lo que retroalimenta a ambos sistemas.

El área continuó a cargo de los asuntos de cooperación internacional suscitados en investigaciones preliminares, pedidos de colaboración y coadyuvancias, en un sostenido crecimiento del uso de los mecanismos de cooperación (formales e informales). Asistió a las áreas operativas y fiscalías, asesorando sobre la vía de cooperación más adecuada en el caso y cursando las solicitudes de cooperación formuladas por vías informales.

A través del área, la PROCELA( es punto de contacto en la Red de Recuperación de Activos de {RRAG) del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica {GAFI LAT), un sistema ágll y seguro de transferencia de información patrimonial entre los países de GAFI LAT, útil para asegurar el decomiso de bienes, que también permite vincularse con redes similares de otras regiones del mundo: CARIN, Asia Pacífico, etc. En la RRAG la PROCELAC es punto de contacto para todo el país, por lo que canaliza solicitudes tanto para fiscales como jueces. Se cursaron

106 Ministerio Público Fiscal de la Nación ! Informe de Gestión 2016

numerosos pedidos de colaboración vía RRAG y el incremento puede deberse, en parte, a la capacitación dada al respecto por el área.

También es punto de contacto en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (lber@), formada por Autoridades Centrales y puntos de contacto de los Ministerios Públicos, de Justicia y Poderes Judiciales de los países de la Comunidad lberoam ricana de Naciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

A su vez, por intermedio de la UIF y en el marco del Convenio de Cooperación entre ésta y PROCELAC, se obtuvo información de una unidad de inteligencia financiera extranjera a través de la Red Segura Egmont, red compuesta por unidades de información financiera de los países del GAFI. La información había sido solicitada por PROCELAC a pedido de la PROCUNAR en un caso de narcotráfico.

El área canalizó con celeridad y calidad las respuestas a las solicitudes de cooperación recibidas por Argentina por cauces informales y por exhortos internacionales derivados por el área de Cooperación de PGN. Se contestaron dos requerimientos formulados por Ecuador vía exhortos y vinculados con un caso de fraude y corrupción y uno de lavado de activos. Se trabajó en la respuesta a un pedido por exhorto proveniente de Alemania. En muchos casos, al recolectar la información precisa para contestar las solicitudes, el área descubrió la existencia en Argentina de bienes propios de las personas investigadas en l os países requirentes, lo que derivó en investigaciones preliminares por lavado de activos en PROCELAC.

En total,el área trabajó en 49 solicitudes de cooperación enviadas vía RRAG a países de América latina, España, Estados Unidos, Francia, China y Hong Kong y en 10 pedidos recibidos por ese cauce de Ecuador, Chile, México, Colombia, Guatemala, Francia y Paraguay. En el caso de lber@ trabajó en 8 solicitudes dirigidas a España, Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá, Brasil y Bolivia y en 3 solicitudes provenientes de Bolivia, Paraguay y Perú.

Aumentó en cantidad y relevancia la cooperación mediante INTERPOL, sobre todo por solicitudes provenientes de Alemania. La Importancia de los casos objeto de ese flujo se evidencia en la decisión de PROCELAC de iniciar investigaciones preliminares a partir de la información brindada por ese país y en la reciente celebración de una videoconferencia con la participación de los cotitulares de PROCELAC y personal del área, de la Dirección de Cooperación de PGN y de un fiscal alemán, destinada a coordinar las tareas de cooperación.

En el marco de la evaluación sobre la ímplementación en el país de la Convención de OCDE sobre soborno de funcionarios públicos extranjeros, el área colaboró en la confección de los informes respectivos, coordinadamente con el área de Delitos contra la Administraci ón Pública y el área de Cooperación de PGN, y participó en la evaluación de la Fase 3 bis {Buenos Aires, octubre) junto con los cotitulares de PROCELAC y las áreas de Delitos contra la Administración Pública y de Lavado de Activos.

La titular del área asistió a la XIII Reunión de puntos de contacto de la RRAG

{Guatemala, mayo) y, junto con los cotitulares de PROCELA(, participó del XXXIII Pleno de Representantes de GAFILAT {Buenos Aires, agosto) y en las reuniones convocadas por la Coordinación y Representación Nacional ante el GAFI y GAFILAT (Ministerio de Justicia).

Como punto de contacto de la RAGG, colabora con los países de GAFI LAT en la elaboración de un documento sobre la factibilidad de generar equipos conjuntos de investigación.

A través del área, la PROCELAC participa en el Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, instancia de actuación coordinada de varios organismos estatales -entre ellos, la PGN a través de PROCELA(- competentes en la protección del

Ministerio Público Fiscal de la Nación 1 Informe de Gestión 2016 107

patrimonio cultural y en la prevención y persecución del tráfico ilícito de esos bienes. Participó de las reuniones del Comité. Allí fomentaron programas de capacitación y la creación de comités técnicos provinciales. Hizo observaciones y sugerencias a un proyecto de convenio bilateral entre Argentina y Paraguay. Participó en el diseño de un curso virtual sobre tráfico ilícito, organizado por el Instituto Ítalo-Latino Americano y dictado actualmente, y, junto con INTERPOL y el Ministerio de Cultura, colaboró en la selección de los participantes de la actividad, garantizando una integración plural. Su titular disertó en mayo en el Curso sobre Protección del Patr'1mon'10 Cultural, organizado por INTER POL, en la Reun'1ón Técnica sobre Informes Periciales de Bienes Culturales (Santiago de Chile,agosto) y en un evento de difusión y capacitación recientemente realizado organizado por el Comité en la ciudad Salta.

El área asistió a los cotitulares de PROCELAC en la definición y ejecución de acciones de

política criminal, como el convenio con el INAES ya suscripto entre éste y el MPF, un proyecto de acuerdo con la AFIP y la elaboración de documentos de soporte sobre diversas problemáticas jurídicas (alcances del instituto del secreto, competencia en materia de delitos económicos).

El personal del área asistió a múltiples actividades de capacitación. En el ámbito de PGN, dictó el curso I ntroducción al Régimen Penal Tributario. ey 24.769 (a distancia) y el Taller de Capacitación en el uso de la RRAG (presencial), que se reiterará en 2017 junto con el área de Cooperación de PGN.

Área de Concursos y Quiebras. En el año 2016 se registró un aumento de un 75 % en la

cantidad de legajos que ingresaron en el área Operativa de Concursos y Quiebras, en comparación con el año anterior. Este aumento implicó prácticamente la duplicación tanto en la cantidad de denuncias recibidas como en la cantidad de colaboraciones con otras dependencias del MPF.

El área formuló un total de 17 denuncias o judicial"l zaciones en el año, de las cuales 8

fueron consecuencia de investigaciones preliminares. Esto muestra un aumento considerable con respecto a las 4 denuncías que habían sido formuladas el año anterior.

En cuanto a las colaboraciones, se recibieron de los fueros de instrucción, correccional, penal económico y federal de CABA. Asimismo, se recibieron por primera vez pedidos del fuero criminal y correccional federal del interior del pals, en pa rticular, de Entre Ríos y

Santiago del Estero.las colaboraciones consistieron en la sugerencia de líneas de investigación, calificaciones y medidas de prueba y cautelares y análisis de documentación, así como en la elaboración de presentaciones como pedidos de indagatoria y apelaciones.

Es interesante señalar que en el marco de los legajos tramitados por el área, se identificaron distintas vinculaciones con organizaciones relacionadas con el narcotráfico. Así, la Procuraduría formuló dos denuncias que involucraban a sociedades sometidas a procesos concursales vinculadas con investigaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico. A su vez, se realizó una colaboración con la PROCUNAR en un caso en el que se investigaba la utilización de una sociedad quebrada para operatorias de tráfico de precursores químicos.

Cobra particular relevancia resaltar que en numerosos casos, sin perjuicio de los fraudes

concursales, se denunciaron y/o se colaboró en la investigación de conductas tipificadas por otros delitos,como por ejemplo, intermediación financiera no autorizada o lavado de activos de origen delictivo o estafas, que habrían quedado expuestas a partir de los trámites concursales. En particular se detectaron distintas operatorias ilícitas llevadas adelante por cooperativas de crédito, así como diferentes casos en lo que se advirtió ta introducción de

108 Ministerio Público Fiscal de la Nación [ Informe de Gestión 2016

cuantiosas sumas de dinero en procesos concursales, cuyo origen era desconocido y no se condecía con la situación económica de los aportantes.

En cuanto a las problemáticas detectadas por el área, guarda particular relevancia la detección tardía de las maniobras fraudulentas en el ámbito concursa!. En este sentido,tanto en el caso de denuncias como de colaboraciones, se advirtió que los casos llegan al fuero penal con demoras de años con respecto a !as fechas en que ocurrieron los hechos. Estas circunstancias limitan la posibilidad de persecución y condena por !os ilícltos perpetrados. Las demoras advertidas obedecerían a distintas causas y en los próximos apartados se expondrán

los cursos de acción que propone el área con la finalidad de mejorar la efectividad en la persecución de estos delitos.

Por otra parte, en el transcurso del 2016, el área de concursos y quiebras brindó una

capacitación virtual a través del web campus y una presencial. Dado que !a temática abordada por el área es ínterdisclplinaria, y abarca tanto derecho comercial como derecho penal, las capacitaciones se plantearon desde esa óptica. Así, la primera se orientó a aspectos técnicos tanto concursales como penales y la segunda a aspectos prácticos y al análisis de casos en particular tanto vinculados con fraudes concursales como con otros delitos que pueden detectarse a partir de los procesos concursales.

Finalmente, cabe destacar que el área continuó los estudios de campo iniciados en el año 2015. Se detectó que el notable aumento en la cantidad de causas penales por fraudes concursales advertida en el ámbito de CABA en el año 2014 -de más del 1000 %- se sostuvo en el año 2015 (fuente: FiscalNet). Se conoció también que en el período 2010-2015 se elevaron a juicio un total de 23 causas y que en el año 2015 no se dictaron sentencias condenatorias (fuente: Dirección de Desempeño Institucional del MPF). Sin duda, estos resultados ameritan extremar los esfuerzos institucionales para revertir la tendencia.

Se tomó conocimiento, asimismo, a partir información relevada de FiscalNet y brindada por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, de que más de la mitad de las causas por delitos concursales se iniciaron por denuncias de los juzgados comerciales. A su vez, a partir de información proporcionada por los distintos juzgados, se advirtió que !a mayoría de las causas fueron comunicaciones efectuadas en virtud del imperativo legal del art. 233 de la ley de concursos y quiebras. Esta cuestión se vincula con el desfasaje temporal existente entre la realización de las conductas con relevancia jurídico-pena! y las pertinentes denuncias, señalado en párrafos precedentes y que se abordará en siguientes apartados.

Área de Delitos contra la Administración Pública. Se presenta a continuación el informe anual 2016 correspondiente al área Operativa de Delitos Contra la Administración Pública de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

A título introductorio se hace saber que las tareas y actividades desarrolladas durante el corriente año estuvieron en lo sustancial orientadas a consolidar este espacio institucional, delimitar las competencias del área para lograr una actuación coordinada con otras dependencias de la institución y en base a aquellas premisas, desarrollar en plenitud las funciones asignadas a la dependencia desde el momento de su creación el día 20 de diciembre de 2012, mediante la Resolución PGN nQ 914/12, re-jerarquizada tras la sanción de la l ey 27.148.

Respecto de! balance general de funcionamiento, el trabajo realizado a lo largo del período analizado se estima satisfactorio y eficiente, resaltando en ese sentido las múltiples colaboraciones brindadas a Fiscales Nacionales y Federales de todas las instancias y de las más diversas jurisdicciones del país en el marco de causas complejas relacionadas con la especialidad de esta área operativa de la Procuraduría.

Ministerio Público Fiscal de la Nación ! Informe de Gestión 2016 109

Además es dable advertir que se han continuado promoviendo investigaciones preliminares sobre hechos de nuestro ámbito de competenci as que, en buen número, culminaron con la formalización de denuncias ante las autoridades judiciales competentes (conf. Ley 27.148 y Resoluciones PGN nº 121/06 y 914/12). Sobre esas investigaciones es preciso hacer una mención aparte de aquellas relacionadas con el delito de soborno transnacional {Artículo 258 bis del Código Penal) para cuya Iniciación se tomó como fuente válida la información proporcionada por un organismo internacional.

Con relación al mismo tópico, los integrantes del área operativa organizaron durante el mes de junio una actividad de capacitación a la que se la denominó "Aproximaciones al Delito de Soborno Transnacional" y que contó con la participación de magistrados, funcionarios y empleados del MPF.

En otro orden, la PROCELAC junto con otras agencias estatales {tales como la UlF, OA, AFIP, MINJUS, etc.) fue parte de la representación argentina ante los evaluadores internacionales del Grupo de Trabajo sobre Soborno (GTS) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el marco de! proceso de evaluación llevado a cabo durante el pasado mes de noviembre.

Finalmente en el plano funcional y administrativo no se ha registrado problema relevante alguno en este período.

Área de Delitos Tributarios y Aduaneros. El año 2016, con la coordinación de la Dra.

Mariela Palese, asumida en el año 2015, el área continuó e intensificó el trabajo realizado durante el año anterior, poniendo el acento en la realización de denuncias de alto impacto socioeconómico y en la colaboración con Fiscalías de todo el país en causas complejas, varias de éstas, iniciadas a instancias del área Operativa. También se fortalecieron lazos interinstítucionales con organismos clave para el desarrollo de las investigaciones del área (principal mente AFIP, tanto DGI como DGA) y con las Fiscalías Nacionales en lo Penal Económico.

Se realizó un pormenorizado análisis de los legajos iniciados y continuados por el área en el período 2016, a partir de lo cual se obtuvieron resultados muy favorables. Así, se destaca que en el período analizado se iniciaron en el área, hasta el día de fecha, un total de

88 legajos. Este número se corresponde a 30 presentaciones o denuncias recibidas en PROCELAC, una investigación propia iniciada a través de una noticia periodística y 57 pedidos de colaboraciones de Fiscalías de distintos puntos del país. Se destaca que el 10% de las colaboraciones provinieron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires {aumentando sustancialmente en comparación con el año anterior), el 33% de la Provincia de Buenos Aires (principalmente Lomas de Zamora, La Plata y Mar del Plata), y el restante 57% de las solicitudes de colaboración provienen del interior del país. De mayor a menor, las colaboraciones se originaron en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Mendoza, San Luis, Santa Cruz, Tucumán, Catamarca, Chaco, Formosa, Paraná, Santa Cruz, Salta, San Juan y Santiago del Estero.

Se destaca este punto particular que reafirma e! rol que tiene esta Procuraduría. Considerando el alto grado de especialización de la materia que el área analiza, los pedidos de colaboración han versado principalmente en el análisis pormenorizado de causas complejas o muy complejas, que, en muchos casos, incluyeron documentación secuestrada, en gran volumen. Tras la realización de esa tarea, se produjeron informes (que se remitieron a los Fiscales a cargo de las respectivas investigaciones) referidos al posible encuadre jurídico, con sugerencia de medidas de prueba conducentes al avance del proceso, asistencia en la elaboración de requerimientos de instrucción, recursos, vistas, requerimientos de elevación a

110 Ministerio Público Fiscal de la Nación ! Informe de Gestión 2016

juicio, etc. A su vez, se han respondido múltiples consultas sobre la materia del área y leyes en distintos períodos temporales. A su vez, se remitió jurisprudencia y doctrina al respecto y se respondieron numerosas consultas en cuanto a la correcta aplicación en el marco del proceso penal de las leyes de blanqueo y regularización en materia penal tributaria y penal aduanera ( 27. 260 y 26.860).

En lo que refiere a las presentaciones realizadas ante PROCELA(, se destaca que durante el año 2016 se realizaron 40 denuncias y diversas remisiones, en base a !a investigación con origen en lo recibido, de las cuales: 17 consistieron denuncias penales, 15 remisiones a la justicia por conexidad con una causa existente y 8 remisiones a organismos administrativos (principalmente, AFIP).

Dentro del universo de casos del año 2016, se destaca como más significativo una denuncia realizada por el área el mes de abril ante el Fuero Nacional en lo Penal Económico

{registro nº 529/16 del Juzgado Nº 6, con la intervención de la Fiscalía Nº 6), tras menos de dos meses de investiga ción. La misma se refiere a la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado y asociación ilícita en la que luego se solicitó colaboración, que se presta a la fecha. En el marco de esta causa, se realizaron múltiples allanamientos que tuvieron como consecuencia una investigación que abarca una gran cantidad de operaciones de contrabando atribuidas a diversas personas (físicas y jurídicas), incluyendo a funcionarios

públicos de alta jerarquía. Actual mente el área se encuentra aboca da al análisis del expediente (que al día de la fecha supera los sesenta cuerpos) y, asimismo, a gran cantidad de documentación secuestrada por el Juzgado y !a Dirección General de Aduanas, con el fin de asistir para circunscribir los hechos y establecer cuáles son las pruebas que refuerzan la imputación. En el mes de noviembre se presentó un informe en ese sentido ante la Fiscalía Nacional N 6 del fuero, sugiriéndose, además, la producción de diferentes medidas y se encuentra en proceso de elaboración un segundo Informe de idéntico tenor.

Respecto de las problemáticas registradas durante el año, se destaca la ocurrida durante muchos de los años precedentes, referida a !a imposibilidad de este MPF de obtener información fiscal y aduanera por parte de la AFIP, en atención a la imposición que realiza el organismo del secreto fiscal en el marco de investigaciones preliminares.

Con relación a las actividades de capacitación, se realizaron diferentes actividades en modalidad WEB y presencial: 1) Curso denominado La participación en los delitos tributarios a través de conductas pretendidamente neutrales, con modalidad presencial, dictado el 6/05/2016 en la Escuela de Servicios de Justicia, trató la temática de la imputación de conductas aparentemente neutrales en ámbito penal tributario, con la finalidad de proporcionar herramientas teórico-conceptuales orientadas a lograr un abordaje dogmático estratégico desde la perspectiva del MPF; 2) El curso denominado Persecución Penal de transporte transfronterizo y tenencia injustificadas de Instrumentos monetarios y dinero en efectivo. Edición 1 , bajo la modalidad de curso web, Fiscal dictado en ambos semestres 2016

{dos ediciones), por la titular del área Operativa {Dra. Marlela Palese); 3) E! curso denominado "Contrabando Documentado", bajo la modalidad de Curso Web, de la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal dictado en el primer semestre de 2016

{Resolución PGN 138/16, curso nº 70) por los Dres. Mariela Palese y Juan Francisco Paiva; 4) El

curso denominado Introducción AL Régimen PENAL TRIBUTARIO. LEY 24.769, bajo la modalidad de Curso Web, el cual fue dictado en dos oportunidades: módulo 1: mayo y junio de 2016 y módulo 1 1 : agosto y septiembre de 2016, dictados por las Ores. Mariela PALESE, Evelina SARRATEA, Nicolás RODRIGUEZ LAMAS y Carolina TORRES.

Ministerio Público Fiscal de la Nación j lnform de Gestión 2016 111

Área de Mercado de capitales. De conformidad con la Res. PGN 914/2012, el área Operativa de Mercado de Capitales de la PROCELAC se creó con el objetivo primordial de potenciar la capacidad investigativa y la eficacia en la persecución penal de los delitos cometidos a través de operaciones o mediante Instrumentos del mercado de capitales, que amenazan contra los esfuerzos de nuestro país por regularlo y consolidarlo como una plaza segura para la canalización del ahorro y la inversión. Frente a un sector del sistema financiero tradicionalmente caracterizado por no ser alcanzado por el sistema pena!, el mayor desafío para el área consiste en revertir ese sesgo selectivo mediante la detección de delitos y la provisión a las dependencias del MPF de herramientas adecuadas para su investigación.

En esa línea, durante el 2016, el trabajo ha tenido por objetivos centrales la profundización de la tarea de judiciallzación de casos y de la asistencia técnica a Fiscalías. De ese modo, además de haberse mantenido la significativa incidencia de la Procuraduría en las tasas de denuncia de los delitos específicos del mercado de capitales, se han logrado los primeros avances en su investigación en sede judicial.

l. Investigaciones preliminares y denuncias. Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, las tareas de monitoreo y detección de conductas que puedan afectar al orden económico y financiero y su investígación en sede pre-judicial son especialmente importantes, a efectos de permitir que los casos lleguen a la instancia judicial y reúnan un estándar probatorio y argumental que otorgue solidez al posterior desarrollo de la acción penal.

En tal sentido, la actuación del área ha conseguido que, solo en este año, se haya duplicado el número total de causas judiciales por delitos del mercado de capitales que habían sido iniciadas ante la justicia federal y nacional desde la entrada en vigor de la ley 26.733.

Al respecto, cabe destacar que el 95 % del total histórico de denuncias formuladas por

los mencionados delitos tuvo como origen a la PROCELAC y que, con relación a aquellas realizadas en 2016, esa cifra asciende al 100%.

Asistencia técnica a fiscalías. A su vez, dado el carácter novedoso del ámbito de actuación del área, el seguimiento y la participación en los casos, una vez judicializados, constituye una tarea fundamental para garantizar el avance de las investigaciones y evitar que estas se detengan por causas atribuibles, por ejemplo, al déficit de conocimientos técnicos y/o a la excesiva carga burocrática de las dependencias del sistema judicial. A partir de 2014, entonces, la cantidad y alcance de las intervenciones del área en causas judiciales ha venido aumentado ininterrumpidamente.
En el 2016, en sintonía con las metas fijadas a partir de la nueva conducción de la Procuraduría, el área recibió un 85 % más de solicitudes de asistencia técnica que durante el año anterior. Este dato numérico fue, además, acompañado por progresos hasta entonces no ocurridos en las causas seguidas por los delitos específicos del mercado de capitales introducidos por la ley 26.733. Por primera vez, las autoridades judiciales dispusieron allanamientos en el marco de investigaciones por el delito de captación de ahorro no autorizada en el mercado de valores. Asimismo, se lograron los primeros pedidos de indagatoria en causas por intermediación bursátil no autorizada y manípulación del mercado de valores mediante la difusión de información falsa.
En todos los procesos en !os que se verificaron esos avances, ha intervenido el área prestando colaboración.
Interacción con entidades del mercado de capitales. Como organismo regulador del
mercado de capitales, la Comisión Nacional de Valores (CNV), especialmente a partir de la

112 Ministt:rio Público Fisca l de la Nación ! Informe de Gestión 2016

sanción de la ley 26.831, se encuentra en una pos1c1on privilegiada para la detección de irregularidades y, en consecuencia, constituye un engranaje esencial para la lucha contra la comlslón de delitos en ese sector.
Es por ello que, a partir de la designación de las nuevas autoridades de la CNV, se realizaron diversos encuentros de trabajo con cuadros directivos y técnicos del organismo, con el objeto de generar sinergias y profundizar el enlace interinstitucíonal.
En ese contexto, en el marco del Convenio de Cooperación suscripto entre aquel organismo y la Procuración General de la Nación (res. PGN 2174/2014), se consensuaron lineamientos para el intercambio de información y se dispuso cumplir con la designación de funcionarios de enlace allí prevista, para facilitar el vínculo. En función de ello, se designó como tal a la Coordinadora del área.
Iniciativas de capacitación. Durante el 2016, el área organizó dos actividades propias de capacitación que alcanzaron a un total de 75 participantes de distintas dependencias de! Ministerio Público Fiscal.

En la sede de la Escuela del Servicio de Justicia, se dictó el curso "Los delitos en el mercado de capitales: tipologías delictivas y herramientas de investigación" mediante el cual, a través de un debate participativo, se presentaron casos prácticos referidos a cada uno de los delitos de competencia del área. A raíz del interés manifestado por los asistentes, para el año entrante se espera poder ampliar las actividades de tipo presencial, con más jornadas y con la participación de técnicos especializados en el mercado bursátil.

Asimismo, en función del agotamiento de las vacantes en su anterior edición, en el 2016

se rea lizó nuevamente el curso web ""El Mercado de Capitales: nociones fundamentales y herramientas de investigación"" cuyo objetivo principal es extender a las dependencias del MPF de todo el país conocimientos acerca de la estructura del mercado de capitales argentino y de los instrumentos más útiles para la investigación de conductas delictivas cometidas en él. En función del enlace interinstitucional con el Instituto Argentino de Mercado de Capitales del Mercado de Valores de Buenos Aíres, nuevamente se habilitó en forma exclusiva para los participantes el simulador de operaciones bursátiles del Programa de Difusión Bursátil (PRO.DI.SUR).

Área de Fraude Económico y Bancario. El área está destinada al abordaje de las

problemáticas de la delincuencia económica compleja que se presentan en el sistema financiero formal e informal y que generan importantes perjuicios al orden socio-económico.

En ese sentido, se orientó la actuación en forma prioritaria a dar repuesta a los casos que presentan una modalidad de criminalidad compleja y a brindar la colaboración requerida por las Fiscalías que intervienen en la investigación de hechos de competencia del área, en particular delitos cambiarios (ley 19.359) y financieros {art. 303 y 310 del CP). En esa dirección puede mencionarse la activa participación del área en uno de los casos emblemáticos de la jurisdicción de Mar del Plata, en el que se realizaron múltiples allanamlentos en dicha localidad a los que personal de esta Procuraduría concurrió y se decretó el procesamiento de importantes actores del sector financiero formal e informal de esa ciudad por asociación ilícita e intermediación financiera no autorizada. Asimismo, se continúa prestando colaboración en uno de los casos de delitos financieros de mayor importancia en el cual una reconocida sociedad de bolsa habría defraudado a cientos de personas de la región litoral mediante operaciones de intermediación financiera no autorizada, con el consecuente delito de lavado de activos tras esa maniobra en el que se ha decretado procesamientos con prisión preventiva en orden a los delitos de defraudación, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen delictivo. A ello puede sumarse también la intervención en un

Mioi>tecio P0blioo Fi•o.I de '' N•cióo [ lofocme de Ge>tióo 2016 p3

caso de una asociación ilícita financiera en pleno centro de la ciudad de Córdoba, entidad que realizaba operaciones de intermediación financiera no autorizada, manejando un caudal significativo de dinero de procedencía ilícita y una importante movimiento de cheques de manera irregular, respecto de los cuales se instó el procesamíento de los imputados y se solicitaron medidas cautelares con fines de decomiso.

Este año se profundizó la labor vinculada con el lavado de activos de origen delictivo y la actividad de intermediación financiera no autorizada (303 y 310 del CP) por parte de entidades cooperativas y mutuales, obteniendo como resultado la formulación de una significativa cantidad de denuncias en sede judicial que involucran la circularización de casi 9 mil millones de pesos, monto cuyo origen se desconoce. Asimismo, se prosiguió con las investigaciones de los fenómenos criminales relacionados con las comúnmente llamadas cuevas financieras y su protagonismo en un mercado marginal de circulación de activos de origen desconocido, postulando en los casos concretos un enfoque basado en riesgo e hipótesis amplias de investigación de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-.

A su vez, se continuó la articulación de trabajo con ATAJO y con la Unidad Fiscal para la

Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social -UFISES-.

Para mejorar la eficacia en el abordaje de todas estas problemáticas se procuró fortalecer los enlaces institucionales con todas !as agencias estatales de control vinculadas a los delltos de competencia del área y en particular, con e! Banco Central de la República Argentina y el INAES.

En este sentido, !a PROCELAC ha celebrado este año un convenio marco de colaboraclón con el INAES que permitirá una mayor coordinación y eficiencia en la investigación de la los delitos vinculados con el fenómeno de las mutuales y cooperativas.

Área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El trabajo del área de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo (LAyFf), medido en cantidad de legajos asignados a cada área operativa, representa aproximadamente un 37% del trabajo total de PROCELAC. Esta información revela un nuevo incremento de la incidencia relativa del área respecto del año 2015.

Sin perjuicio de ello, a partir del cambio autoridades que experimentó la Unidad de Información Financiera (UIF) durante 2016, el flujo de trabajo del área demostró algunos cambios cuantitativos y cualitativos de importancia. Así, por ejemplo, los casos recibidos en el área que provinieron de la UIF representaron sólo el 12% del total mientras que en 2015 los casos recibidos de UIF representaron aproximadamente el 83% de los casos asignados al área. Por otro lado, según delito precedente, entre diciembre de 2014 y octubre de 2015, el

54 % de los casos iniciados en la PROCELAC por informes de la UIF tenían al narcotráfico como delito precedente del lavado de activos, seguido por la trata de personas (16%). En tanto, entre diciembre de 2015 y octubre del corriente año, la intervención de la PROCELA( en casos originados en !a UIF tiene a la intermediación financiera no autorizada {33%) y la a evasión tributaria (16%) como los principales delitos precedentes, mientras que el narcotráfico, en este último período, representa el 8 % de los casos, y la trata de personas el O

%. Sin perjuicio de la disminución en la incidencia de UIF respecto de otras fuentes de ingreso

de casos, durante 2016 existieron varias comunicaciones de lnterpol respecto de operaciones sospechosas de lavado de activos vinculadas con la cobertura periodística de los Panamá Papers. Estas comunicaciones representaron cerca del 30% de los casos iniciados por el área durante e! corriente año.

,,. Ministerio Público Fiscal de la Nación ! Informe de Gestión 2016

El área de LAyFT realizó un total de 87 denuncias por lavado de activos durante 2016. Este dato refleja que el área logró aumentar y sostener la cantidad de casos de lavado de activos llevados a conocimiento de la justicia, especialmente si se lo compara con las estadísticas de la ex UF!LAVDINTER.

Durante 2016 se realizaron 67 investigaciones preliminares por maniobras que podrían constituir el delito de lavado de activos. Ello revela un incremento, con relación al año anterior, de un 346%. Por otro lado, durante 2016 se mantuvo estable la cantidad de colaboraciones prestadas por el área en comparación con el año anterior. Estas representaron el 31% de los casos asignados al área durante este año.

El área de LAyFT realizó diversas actividades de capacitación para empleados y

funcionarios del MPF. Corresponde destacar las Jornadas Internacionales de Dialogo sobre Registro Público de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas y su Vinculación con el Lavado de Activos, la Corrupción y la Evasión Fiscal. Este evento se realizó, por segundo año consecutivo, en el Salón Bosch del Banco Central de República Argentina y contó con la asistencia de más de 200 personas como asistentes y con la intervención de disertantes nacionales e internacionales de marcada trayectoria.

Por otro lado, durante 2016 se continuó dictando el curso sobre tipologías regionales de lavado de activos (cfr. avado de Activos desde una Perspectiva Regional). Esta actividad está orientada a compartir experiencias y buenas prácticas de investigación a partir de casos reales, que funcionarios de las fiscal ías de las distintas províncias exponen y que son

analizados por funcionarios de PROCELAC. Este año esta actividad se realizó en Santa Cruz y

en Sa lta.

En Córdoba, por su parte, el área tuvo participación en el Tercer Encuentro Nacional de Unidades Fiscales Especializadas en Delitos Económicos (UFEOE).

A su vez, en CABA, se dictó un curso presencial sobre nuevas tipologías de lavado de activos orientado a avanzar con la investigación patrimonial en casos de secuestros extorsivos y secuestros virtuales. También se dictó, en dos oportunidades, un curso criptomonedas

{Bitcoins) y lavado de activos. Esta capacitación estaba orientada a identificar las vulnerabilidades que presentan estos sistemas de intercambio respecto de la prevención del lavado de activos.

Finalmente, el área de LAyFT participó de actividades de capacitación a diversas fuerzas

de seguridad de la nación en lo que respecta a la investigación del delito de lavado de activos. En este sentido, participó de la Jornada de Capacitación en Materia de Investigación Criminal del Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, organizado por el Ministerio de Seguridad en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina y también, por segundo año consecutivo, en los cursos organizados por Inteligencia Criminal de !a Prefectura Naval Argentina.

Por otro lado, el área de LAyFT participó del Juicio Simulado en Financiación del Terrorismo organizado por Naciones Unidas en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Poder Judicial. El evento finalizó en agosto del corriente después de realizarse el debate oral en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal de Casación Penal.

Propuestas

Propuestas legislativas y reglamentarias del área administrativa

El área colaboró con la Secretaría General de Coordinación Penal de la PGN en la formulación de observaciones y sugerencias a un proyecto de ley de reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) aprobado por la ley 27.063, que fue

Miliisterio Público Fiscal de la Nacióli ! Informe de Gestión 2016 115

presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y por la Jefatura de Gabinete de Ministros, y que se encuentra actualmente a estudio de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesa! Penal de la Nación.

Por otra parte, el área se encuentra a la espera de la sanción del nuevo Código Penal de la Nación, teniendo en cuenta que en el año 2014 participó del análisis que la PROCELAC hizo respecto del Anteproyecto de Código Penal de la Nación Argentina {elaborado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, designada por el decreto PEN Nº 678/2012). En su dictamen, el área había opinado acerca de las implicancias de la eventual aprobación y puesta en vigencia del anteproyecto en lo concerniente a las figuras penales que involucran objetos del patrimonio cultural, formulando las propuestas que en cada caso se estimaron como adecuadas. Expectantes ante la futura sanción del Código, se proyecta analizar los nuevos tipos penales sancionados y la coherencia de su texto con el resto de las leyes vigentes en la materia.

Además de trabajarse en las observaciones al proyecto de ley antes mencionado, que incluye propuestas de reforma al nuevo CPPN, durante este período, y en el marco de las tareas realizadas por el Comité de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, el área realizó aportes y sugerencias para la redacción de un Convenio de Cooperación entre la República del Paraguay y la República Argentina en materia de restitución de bienes culturales, que fue remitido por la embajada de ese país.

En 2016 el área elaboró, conjuntamente con el área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, y se elevó a la PGN un proyecto de disposición por la cual se delimitarían las funciones propias de dicha área operativa y las de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que fue finalmente aprobada por la Procuradora General de la Nación.

Se planea confeccionar un protocolo de actuación que sirva para proveer a los fiscales

de herramientas de trabajo para una más ágil investigación y persecución de hechos de tráfico ilícito de bienes culturales. El documento versaría también acerca de las cuestiones de cooperación internacional vinculadas con la restitución de bienes culturales robados o exportados ilícitamente.

Mediante su difusión entre los fiscales competentes en la persecución de los delitos que involucran bienes del patrimonio cultural {los fiscales federales de todo el país), este documento se representaría una herramienta de trabajo que facilitará la tarea de valorar jurídicamente las distintas situaciones de hecho hipotéticas que puedan plantearse en la realidad, y que pondrá a disposición de los magistrados toda la información que resulta necesaria para llevar adelante investigaciones ágiles, eficientes y completas.

La experiencia adquirida a través de la participación del área en el Comité Argentino de Tráfico !licito de Bienes Culturales y a través del trabajo que aquélla víene desarrol lando en materia de cooperación internacional pasiva y activa en investigaciones y causas penales seguidas por esta clase de hechos ilícitos merece ser compartida y difundida por medio del protocolo.

Propuestas de capacitación del área administrativa

Ante la futura implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación {ley 27 .063), cuya vigencia se encuentra actualmente suspendida, y con el fin de facil itar y proveer a una correcta puesta en práctica del nuevo modelo acusatorio en el ámbito de la PROCELAC, entendemos que es imprescindible poner en marcha actividades de capacitación de los agentes que la integran, entre ellos, quienes se desempeñan en el espacío del área

116 Ministerio Público Fiscal de la Nación [ Informe de Gestión 2016

Administrativa. Los programas de formación básicamente deberían versar sobre las nuevas formas de gestión de las oficinas del MPF; el rol de los fiscales, de los órganos judiciales y de la oficina judicial; la desformalización de las investigaciones; la oralidad durante el proceso; la teoría del caso; los mecanismos de recolección, producción, registro e Incorporación de la prueba y la relación con la pollcía judicial; y las vías disponibles de cooperación internacional, entre otros ejes no menos importantes.

Propuestas legislativas y reglamentarias del área de concursos y quiebras

la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación ha acentuado aún más el desfasaje preexistente entre la redacción los tipos penales contenidos en el Capítulo V del

libro VI titulado "Quebrados y otros Deudores Punibles" del Código Penal de la Nación, y las

figuras comerciales que deberían quedar comprendidas por aquellos delitos.

En ese sentido, las sucesivas reformas legislativas que impactaron en la normativa concursal no fueron receptadas en !a tradicional formulación de los tipos penales, de manera que el derecho penal no logró acompañar la evolución en materia comercial. A modo de ejemplo, el art. 176 CPN, que contempla la figura del quebrado fraudulento,requiere para su configuración típica que la persona física investigada sea "comerciante". E! antiguo Código de Comercio hacía alusión a ese término, que fue eliminado a partir de la reforma. Si bien a nivel doctrinario se ha planteado una simetría con la figura actual del "empresario", lo cierto es que inconsistencias entre la normativa comercial y la penal obstruyen la configuración de estos tipos penales que, de por sí,son complejos.

Algo similar sucede con el art. 179 primer párrafo CPN, que refiere al "... deudor no comerciante concursado civilmente...", puesto que además de la figura del no comerciante, hace alusión a la de concursado civil, que también dejó de existir hace años. En cuanto al concurso preventivo (proceso actualmente vigente y distinto del concurso civil}, no existe figura penal que aluda a este tipo de procesos. En consecuencia, para perseguir conductas tipificadas para los procesos falenciales que pueden reproducirse en proceso concursa les, se hace necesario recurrir a la vía de figuras penales alternativas en orden a que pueda prosperar una acción criminal.

Otro aspecto a reformular resulta la expresa incorporación del "administrador de hecho" en el tipo contenido en el art. 178 CPN, que contempla la figura de quiebra impropia (quiebra fraudulenta de personas jurídicas}. El tipo consagra la posibilidad de perseguir penalmente al administrador de la sociedad fallida en caso de haber actuado fraudulentamente pero no aclara si incluye a la figura del administrador de hecho.

los ejemplos ofrecidos no pretenden agotar los aspectos a modificar de la legislación penal, sino simplemente servir como ejemplos de algunos de los conflictos cotidianos que se enfrentan al momento de calificar las maniobras ilícítas llevadas adelante en el marco de procesos concursales. Así, a criterio de la Procuraduría la actualización de los tipos penales permitiría ampliar y facilitar la persecución de muchas conductas que hoy en día podrían quedar impunes.

En función de la necesidad de lograr una intervención temprana de la justicia penal en los casos de fraudes concursales a efectos de que prospere su persecución criminal, podrían elaborarse instrucciones generales/protocolos de actuación para las fiscalías con competencia no penal con la finalidad de brindar herramientas para la detección de irregularidades que podrían tener relevancia desde una perspectiva jurídico penal e incentivar la formulaclón de las pertinentes denuncias en los casos en los en que procediera.

Propuestas de capacitación del área de concursos y quiebras

Ministerio Público Fiscal de la Nación ! Informe de Gestión 2016 117

En el ámbito de la criminalidad económica en general, y en el área de concursos y quiebras en particular, es necesario un abordaje técnico interdisclplinarlo. Para ello resultaría de utilidad que !os integrantes del área contaran con herramientas contables básicas que faciliten y mejoren la lectura e interpretación de informes de las sindicaturas de los procesos concursales, así como de estados contables. Por otra parte, y con relación a las modificaciones que podrían entrar en vigencia con respecto al Código Procesal Penal de la Nación, resultaría de interés una capacitación sobre el sistema acusatorio y métodos de litigación. También resultarían de interés para el personal del área recibir capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para la investigación y evidencia digital.

Propuestas legislativas y reglamentarias del área de delitos contra la administración pública

Con respecto a las propuestas de reformas legislativas, resulta adecuado remitirnos a Jos comentarios oportunamente elevados a !a Procuradora General de la Nación en ocasión de efectuar la evaluación del Anteproyecto del Código Penal, en particular a la parte relativa a Jos Delitos contra la Administración Pública.

En el Anteproyecto se destacaron como importantes las siguientes modificaciones, a saber: a) La incorporación del delito de concusión a través de la redacción de los verbos típicos "exigir" y "solicitar" en e! mismo tipo penal que el delito de cohecho pasivo -cfr. art. 261 ACP-. Actual mente el delito de "concusión" se encuentra previsto junto a las exacciones ilegales en el art. 266. Ello es objeto de gran crítica por parte de la doctrina ya que mientras el

cohecho -que sólo protege el funcionamiento normal, ordenado y legal de la administración

pública- prevé una pena máxima de 6 años de prisión, el delito de concusión -que no sólo protege el funcionamiento normal, ordenado y legal de la administración pública sino también el patrimonio de la víctima- prevé una pena máxima de 4 años de prisión. Esta contradicción es solucionada en el Anteproyecto ya que ambos delitos prevén la misma escala punitiva (de 2 a 8 años de presión); b) La incorporación del "principio universal" en el art. 2º del ACP, lo que permitirá que se aplique nuestro código penal a hechos cometidos en el extranjero como suelen ser los sobornos transnacionales (circunstancia que no se encuentra prevista, en principio, en el Código Penal actual); c) La tipificación de un nuevo delito: peculado de uso (cfr. art. 268 ACP). La redacción del elemento normativo "bienes" crea esta nueva figura que no estaba prevista en nuestro ordenamiento jurídico y generaba lagunas de punibilidad; d) La incorporación del término "aunque no existiere perjuicio particular para la administración pública" al tipo penal de "negociaciones incompatibles", lo que permite sentar posición respecto a la cuestión tan debatida en doctrina y en jurisprudencia, para considerar o no, al perjuicio contra la administración pública como requisito esencial del tipo penal. Sin embargo, actualmente la jurisprudencia sostiene que no es necesario ese requisito; e) La posibilidad de que las personas jurídicas sean sancionadas por su participación en los delitos previstos en el Título XI denominado "Delitos contra la Administración Pública". as sanciones podrían ser las siguientes: 1} Multa, 2) Cancelación de la personería jurídica, 3) Suspensión total o parcial de actividades, 4) Clausura total o parcial del establecimiento, S} Publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a su costa, 6) Prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido, 7) Suspensión del uso de patentes y marcas,8) Pérdida o suspensión de beneficios estatales, 9} Suspensión para participar en concursos o licitaciones estatales, 10) Suspensión en los registros estatales.

Consideramos fundamental que en el menor plazo posible se implemente definitivamente y para todas las jurisdicciones del país la Ley 27.063 (Nuevo Código Procesal Penal de la Nación).

118 Ministerio Público Fiscal de la Nación j lnfurme de Gestión 2016

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69.0ficina de Derechos Humanos de San uis

Sin Informe Anual presentado.

70.Dficina de Derechos Humanos de Salta

Sin Informe Anual presentado.

CRIMINAllDAD ECDNÓMICA V LAVADO. DE ACTIVOS

71.PROCELAC -Área Administra tiva- Mesa de Entradas

PEREZ BARBERA, Gabr;el y ROTETA, Laura

Diagnóstico general

Balance general de la dependencia

El área Administrativa gestiona la atención al público, la mesa de entradas y salidas y da soporte al trabajo de todas las áreas de PROCELAC En 2017 se mejoró la eficiencia en el registro, análisis y derivación de casos a las áreas operativas, en gran parte debido al desarrollo de los sistemas informáticos utilizados en la gestión de casos y legajos y la mudanza de toda la dependencia a una sede única.

Desde esta área se administra el sistema informático de gestión {SIG) de PROCELAC que, hasta que comenzó a implementarse el sistema MPF Coirón -el 1º de junio- se utilizó para registrar los avances y distribuir las tareas, permitiendo extraer reportes estadísticos. Aun así,los casos Ingresados previos al lanzamiento de Coirón continúan registrándose en el SIG. Objeto de un constante perfeccionamiento, se conecta con el sistema SAIPRA del área Técnica, una base de datos para detectar y describir vínculos entre personas físicas y jurídicas destinada al análisis reticular en las investigaciones, lo que ha retroalimentado a ambos sistemas. Por e\ importante volumen de información que conserva, es útil para relevar antecedentes de determinadas personas y conexidades entre casos.

Se continuó a cargo de los asuntos de cooperación internacional suscitados en investigaciones preliminares, colaboraciones y coadyuvancias, en un sostenido crecimiento del uso de los mecanismos de cooperación formales e informales. Asistió a las áreas operativas y fiscalías, asesorando sobre vías de cooperación adecuadas, cursando las solicitudes de cooperación formuladas por vías informales y respondiendo pedidos de cooperación recibidos.

A través del área, la PROCELAC es punto de contacto en la Red de Recuperación de Activos de GAFILAT (RRAG), un sistema ágil y seguro de transferencia de información patrimonial entre los países miembros, eficaz para asegurar el decomiso de bienes y que enlaza con puntos de contacto de redes similares de otras regiones del mundo. En la RRAG, la PROCELAC es punto de contacto para todo e! país, por lo que canaliza todas las solicitudes tanto de fiscales como de jueces. También es punto de contacto en la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (!ber@), formada por

-163-

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59.0ficina de Derechos Humanos de Resistencia

Sin Informe Anual presentado.

60.0ficina de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay

Sin Informe Anual presentado.

61.0fkina de Derechos Humanos de Córdoba

Sln Informe Anual presentado. Sin Jnforme Anual presentado.

62.0fidna de Derechos Humanos de Reconquista

Sin Informe Anual presentado.

63.0ficina de Derechos Humanos de San Nicolás

Sin Informe Anual presentado.

64.0ficina de Derechos Humanos de Santa Fe

Sin Informe Anual presentado.

65.0ficina de Derechos Humanos de Santa Rosa

Sin Informe Anual presentado.

66.0ficina de Derechos Humanos Fiscalía Federal 6

Sin Informe Anual presentado. s·1n Informe Anual presentado. Sin Informe Anual presentado.

67.0fidna de Derechos Humanos de Paraná

Sin Informe Anual presentado.

68.0ficina de Derechos Humanos Fiscalía Federal 3

Sin Informe Anual presentado.

autoridades centrales y referentes de los Ministerios de Justicia, Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

En el marco de la evaluación sobre la implementación en el país de la Convención de OCDE sobre soborno de funcionarios públicos extranjeros, se colaboró en la preparación de la participación del MPF en la evaluación de la Fase 3 bis -en París, marzo- y en el workshop para fiscales realízado en junio en la misma ciudad. La titular del área participó en las reuniones de coordinación de la delegación argentina _

La titular asistió a la XIV Reunión de Puntos de Contacto de la RRAG -Panamá, en mayo- y al Seminario Internacional de Recuperación de Activos, organizado por el gobierno español y el Proyecto CEART 11 de la Unión Europea - España, en noviembre-. También, y junto con otra funcionaria del área y los fiscales cotitulares de PROCELAC, participó del XXXV Pleno de Representantes de GAF!LAT y en !a Reunión Plenaria Conjunta de GAFl-GAFILAT -Buenos Aires, julio y noviembre- y en las reuniones de la Coordinación y Representación Nacional ante GAFI y GAFILAT, en el Ministerio de Justicia. También se suministró a dicha Coordinación la información solicitada para cada reunión plenaria: los listados de expertos de PROCELAC para GAFILAT y de condenas de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Asimismo, se elevó un proyecto de cuestionario dirigido a las autoridades competentes de los países de GAFI LAT sobre los alcances de la confidencialidad de la información en poder de las UIFs.

El área es parte del Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico !lícito de Bienes Culturales, instancia de actuación coordinada con otros organismos en la protección del patrimonio cultural y la prevención y persecución del tráfico ilícito de esos bienes. Allí se analizaron proyectos de convenios con otros países, aprobándose el convenio con Ecuador por la reciente ley 27.409. Se acordó asistir a la Comisión para la Reforma del Código Penal en la redacción de los artículos del anteproyecto de reforma que versen sobre tráfico ilícito. Se colaboró en la respuesta al cuestionario de la implementación en el país de la Res. 2347/17 del Consejo de Seguridad de ONU, cuya versión final fue enviada a la ONU por Cancillería. Además, la titular del área disertó en dos tal leres sobre tráfico ilícito: uno, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y el gobierno de Salta, en abrll, y el otro, organizado por el gobierno de Chile -Valdivia, en agosto-. La Prosecretaria Letrada expuso en un curso sobre Protección del Patrimonio Cultural organizado por INTERPOL -Buenos Aires, en junio-

En la actualidad, el área dirige un relevamiento de las causas penales que abordan el fenómeno del transporte transfronterizo de dinero en efectivo que estén radicadas en el Noreste y Noroeste argentino. Puesto en marcha en 2017 por la Dirección de Análisis Crimina! de PGN ( DAC) y PROCELAC, el proyecto, en ejecución, busca determinar si el dinero es el producto, instrumento u objeto de algún hecho de criminalidad económica u organizada -contrabando, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, trata de personas, etc.- y así,conocer el flujo del dinero y la estructura de las organizaciones, para planificar estrategias de persecución.

Por otra parte,se interviene actualmente en un proyecto realizado por la PROCELA(, la DAC y un grupo de fiscales del MPF, destinado a conocer el mercado clandestino de autopartes a nivel

MINIS!'ERIO ?ÜSUCO

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FISCAL [;;forme de Gestiór. del .oirlo 2017

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nacional. Una vez identificados !os operadores de ese mercado, la Procuraduría indagará si éstos han conformado o no, -y en qué medida- organizaciones criminales dedicadas a lavar activos provenientes de esos delitos o a cometer otros delitos económícos.

La PROCELAC colaboró durante 2017 con la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Actívos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia, con motivo de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo encabezada por dicho organismo, cuyo fin es identificar en el país !as actividades o fenómenos que involucren riesgos de financiamiento del terrorismo y defi nir en funcíón de ello políticas públicas.

Además, se asistió a los cotitulares de PROCELAC en la elaboración de un proyecto de acta complementaria al convenio existente entre el MPF y 12 Corte Suprema de Mendoza, referida al intercambio de información registra! sobre bienes inmuebles.

El personal asistíó a múltiples actividades de capacitación. En el ámbito de PGN, !a Prosecretaria Letrada participó como docente en el curso "Financiamiento de terrorismo: casos, investigación y Eva luación Naciona l del Riesgo de Financiamiento del Terrorismo".

Propuestas

Propuestas legislativas y reglamentarias

Sustantivos

Una vez designadas las autorid<ides a cargo de la Comisión para la Reforma de! Código Penal de la Nación ( Dec. PEN Nº 103/17), a través del área se comunicó a dicha Comisión nuestro interés y el de! Comité de Lucha contra el Tráfico !lícito de Bienes Cultura les -en el que se participó- de realizar un aporte en el estudio y la redacción de aquellas disposiciones del anteproyecto de ley de reforma que se vinculen con el tráfico ilícito de bienes culturales y a l<i protección de esta clase de bienes. Luego de la favorable recepción de esta iniciativa, se elaboró un proyecto de reforma que contempló la incorporación de agravantes a una serie de delitos comunes -hurto, robo, daño, contrabando, incendio, explosión e inundación y estrago- y la introducción de un nuevo título destinado a los delitos contra el patrimonio arqueológico y paleontológico, que propone modificaciones a los tipos penales de la vigente ley 25.743 y añade nuevas figuras no previstas en esa ley. El proyecto ha sido recientemente remitido a la Comisión y a la vez compartido y difundido entre todos los integrantes del Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

Así,el área se encuentra a la espera de la conclusión del anteproyecto de Código Penal,que según hemos sido informados por la Comisión a carg:J de su elaboración- circulará entre los organismos públicos competentes y los distintos actores del sector público y privado interesado para que realicen las observaciones pertinentes. Ante ello, se Jroyecta analízar los nuevos tipos penales propuestos y la coherencia de dichas normas con el resto de las disposiciones del código.

Procesales

Se remite a las propuestas realizadas en informes anteriores.

De instrucciones generales

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En octubre de este año, a través del área, la PROCELAC elaboró y compartió con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) un proyecto de disposición por la cual se delimitarían las funciones propias del área operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y las de la PROCUNAR en los casos de lavado de activos provenientes del narcotráfico. El proyecto -que será eventualmente elevado a la PGN- está actualmente a estudio del titular de esta última dependencia.

Propuestas de capacitación

Ante la posible implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nacíón (ley 27.063), cuya vigencia se encuentra actualmente suspendida, y con el fin de facilitar una correcta puesta en práctica del nuevo modelo acusatorio en el ámbito de la PROCELAC, es imprescindible poner en marcha actividades de capacitación de los agentes que la integran. Los programas de formación deberían versar sobre las nuevas formas de gestíón de las oficinas del MPF; el rol de los fiscales, de los órganos judiciales y de la oficina judicial; la des formalización de las investigaciones; la oralidad durante el proceso; la teoría del caso; los mecanismos de recolección, producción, registro e incorporación de la prueba y la relación con la policía judicial; y las vías disponibles de cooperación internacional,entre otros ejes relevantes.

PROCELAC-Área de Asistencia Técnica- Consultoría Técnica

PEREZ BARBERA, Gabriel y ROTErA, Laura

Diagnóstico general
Balance general de la dependencia
El área Técnica de PROCELAC -en adelante AT- es un equipo interdiscip!inario de profesionales que engloba seis materias diferentes -contabilidad, economía, administración, derecho, sociología y antropología- y trabaja de manera coordinada para tratar los casos desde una perspectiva amplia e interdisciplinaria, en consonancia con los objetivos propuestos para las Procuradurías especializadas. De esta manera, optimiza los recursos técnicos, humanos y económicos disponibles abordando el fenómeno de la criminalidad económica de manera integral.
En la actualidad, su línea de actuación principal se encuentra vi nculada a la asistencia técnica a los Fiscales Generales de la Procuraduría y a los coordinadores de las áreas operativas, así como al desarrol lo de peritajes contables en ca usas de relevancia institucional e impacto social. Así, se aporta un conocimiento especializado y sistemático en la investigación de los aspectos económicos del delito, detectando y explicitando operatorias de crimina lidad que complementan la interpretación jurídica y donde el trabajo en equipo con diferentes saberes resulta imprescindible. Este tipo de intervenciones requirieron del análisis de grandes volúmenes de información de diversa naturaleza, utilizando técnicas innovadoras en la materia y, en caso de haber sido solicitado, la sugerencia de medidas de investigación ad hoc para cada caso en concreto y por etapas. Por último, se cuenta con dos abogados que asesoran a todas las áreas operativas de PROCELAC en la determinación de la

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FISCAL Informe d2 Gestión Ce! año 2017
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calificación jurídica de los hechos investigados y en el análisis de doctrina y jurisprudencia aplicada en casos compl ejos con cuestiones controversia les que requieren de un estud'10 pormenorizado.
Respecto a las intervenciones del área, durante el último año se intervino mayoritarlamente a pedido de otras áreas operativas de PROCELAC y de fiscalías de diversos fueros de la Ciudad de Buenos Aires y del interior, en este marco, ha actuado como perito de parte del MPF y ha prestado asistencia técnica a otros organismos del Estado. Asimismo, se asesoró a otras dependencias del MPF como PROCUVIN *en una causa relativa a la compra directa de alimentos para el Servicio Penitenciario Federal* y la Dirección de Análisis Criminal *en materia de análisis reticular y en el diseño de relevamientos cualitativos y cuantitativos en fenómenos de criminalidad compleja, como el transporte transfronterizo de divisas.
Si bien una parte de las tareas de asistencia técnica se refleja en su actividad de soporte especializado dentro de la investigación penal, durante este año se desarrolló también la definición y reordenamiento de las estadísticas internas de la Procuraduría, así como un proceso de depuración y sistematización de la información existente en este sentido.
El área se encuentra reformulando sus pautas de trabajo desde su creación hasta la actualidad, confeccionando un protocolo con criterios unificadores que permitan organizarlo eficientemente y cuantificarlo en términos objetivos. Este protocolo permitirá que cualquiera de !os miembros de! área pueda incorporarse ágilmente e intervenir en cualquier instancia de las investigaciones de larga duración temporal, extensivas en materia de datos y con Intervenciones de diferentes equipos de trabajo. Para ello, se estandarizarán las estructuras de las carpetas y archivos donde se guarda la información y se confeccionarán informes de progreso con apoyos visuales como gráficos, infografías, líneas de tiempo,punteos y cuadros, entre otros.
Por último, más allá de la intervención directa en causas penales, el área tiene la capacidad para proponer y/o servir de soporte en la elaboración de guías, protocolos y análisis -estadísticos o no* sobre diversas problemáticas vlnculadas con la materia de actuación de la Procuraduría, así como en la planificación de capacitaciones internas y externas brindadas por este área y de las que lo sol'1 citen. Tamb'1én se proyecta e! envío de un newsletter dig'1tal o repositorio ·interno para d'1fundir novedades y herramientas referidas a información de acceso público que arrojen los sitios web de organismos estatales o privados y otros recursos útiles para !a investigación financiera.
En cuanto a las dificultades que se han detectado, se relacionan principalmente con el gran caudal de datos con que cuentan las investigaciones en las que participa el AT y la falta de adecuación de Jos recursos tecnológicos para abordarlo,lo que obliga a la incorporación de técnicas innovadoras para su procesamiento. Por ejemplo, la digitalización de la información, el uso y desarrollo de software acorde con las necesidades del área y la utilización de técnicas de muestreo.
En relación a las actividades de capacitación, se participó de una Jornada de Redes en ta UNTREF donde se presentaron resultados del trabajo realizado. A su vez, se asistió a múltiples jornadas de capacitación organizadas la Dirección General de Capacitación y la Escuela de Servicio de Justicia, así como también a capacitaciones internacionales con referentes internacionales de la temática de la Procuraduría, como Stuart Green, Andrea castaldo e lñigo Ortíz de Urbina.

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Propuestas
Propuestas legislativas y reglamentarias
Sustantivas
No aplica a la actividad del área.

Procesales
No aplica a la actividad del área.

De instruccíones generales
Se sugiere trabaíar en la realización de convenios con distintos organismos estatales para facilitar el acceso a la información de manera online, imprescindible para simplificar y reducir los tiempos en la investigación. Respecto de la información pública, se propone realizar un convenio con
AFIP a !os fines de poder efectuar búsquedas en una base de datos estructurada -que incluya !a
información que actualmente AFIP brinda de manera abierta en lo que se denomina "data fiscal"
tanto de personas físicas como jurídicas.
Con respecto a la información a la que el MPF accede mediante clave, se recomienda gestionar ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios la posibilidad de consultar información histórica de titularidades y la digitalización de fojas reales de inmuebles y formularios 08 de a utomotores. En ambos casos, dichos documentos permiten conocer entre otros datos los montos declarados de las operaciones por las personas que intervinieron. Finalmente, se propone un convenio tanto con AGJP como con ARBA para acceder a la nomenclatura catastral de un inmueble a través de la búsqueda de un domicilio.

Propuestas de capacitación
Se recomienda díctar una capacitación interna en la que el AT describa las tareas que realizar o puede realizar de manera interdisciplinaria en una investigación de criminalidad compleja, con el fin de fortalecer la colaboración y abrir nuevas perspectivas de investigación, atendiendo a la complejidad de los casos que recalan en PROCELAC. En este sentido, sería deseable capacitar a las áreas para que procesen la información en un formato determinado de manera previa a la solicitud de colaboración, optimizando los tiempos posteriores de análisis.
A su vez, los miembros del equipo del AT podrían especializarse en cada una de las áreas operativas de la Procuraduría, a los fines de contar con un referente en cada una de ellas; con este objetivo, se propone asistir a cursos y capacitaciones con expertos en cada una de las temáticas, en organismos o institucíones especializadas tanto públicos como privados.

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PROCELAC -Área Operativa- lavado de Activos y Fina ncia miento del
Terrorismo

PEREZ BARBERA, Gabriel y ROTETAJ Laura

Diagnóstico general
Balance general de la dependencia
Hasta diciembre de 2017, se asignaron al área de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo -en adelante, LA y FT-un total de 119 legajos. El 53% de los casos correspondió al in!clo de investigaciones preliminares por conductas que podrían constituir el delito de lavado de activos y/o financiamiento de terrorismo, mientras que el 47% restante corresponde a solicitudes de colaboración de fiscalías y/o juzgados en causas complejas de competencia específica del área. Esta distribución se mantuvo estable con respecto a! ai'lo anterior.
En relación con los delitos de nuestra competencia, dentro del universo de investigaciones prel!minares se iniciaron 3 investigaciones por hechos que podrían encuadrarse como financiamiento de terrorismo (Art. 306, CP.), y el resto, como lavado de activos de origen ilícito (Art. 303, CP].
En cuanto a los ingresos de actuaciones, este año la Unidad de Información Financiera -en adelante, UIF-, hasta la fecha de realización de este informe, remitió a Procelac un total de 44 informes de inteligenc·1a proven·1entes, de los cuales 15 se derivaron a esta área y !os demás se distribuyeron en las otras áreas operativas. Todos !os que se recibieron en esta área motivaron el inicio de investigaciones preliminares. Dichos informes de inteligencia remítidos por la U!F representaron el 23% del total de las investigaciones preliminares iniciadas en este período.
En total, durante el período relevado el área realizó 60 denuncias por conductas de lavado de activos y 1denuncia por posible financiamiento de terrorismo. Este dato revela que se logró sostener
-con relación al año 2016- el flujo de casos l levados a conocimiento de la justicia.
En cuanto a otras fuentes de casos, cabe indicar que durante 2017 se recibieron numerosas comunicaciones de INTERPOL respecto de operaciones sospechosas de lavado de activos vinculadas con la cobertura periodística de los Panamá Papers y relacionadas con ciudadanos argentínos con activos financieros en el exterior. Estas comunicaciones dieron origen a investigaciones preliminares que representaron cerca de un tercio de las investigaciones iniciadas por el área durante este año, superando la proporción que representaron estas comunicaciones en el año 2016. Esta circunstancia debe interpretarse como un indicador positivo de la confianza que generó el área operativa en INTERPOL, a partir de la metodología de trabajo implementada para i nvestigar estos casos.
Finalmente, respecto a las intervenciones del área en virtud de solicitudes de colaboración de fiscalías y/o Juzgados -en causas complejas de su competencia específica- debe destacarse que, en cuanto a su origen, durante el año en curso se recibieron pedidos de colaboraclón de 17 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 25% de dichos requerimientos provinieron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 15% provinieron de la provincia de Corrientes y el 14% de la provincia de Buenos Aires.

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La incidencia relativa de la provincia de Corrientes en el escenario global de colaboraciones se explica por los sucesos de trascendencia institucional que transcurren en la localidad de Paso de los Ubres, como así también a partir del gran número de colaboraciones con fiscalías de esa provincia en casos, principalmente, de lavado de activos originados en narcotráfico.
En otro orden de ideas, durante 2017 se formó parte del grupo de trabajo dedicado a la Evaluación Nacional de Ríesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, dirigido por la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del Minísterio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En ese marco, además de participar de diversas reuniones de trabajo con otras agencias gubernamentales integrantes de la evaluación, se efectuaron dos informes oficiales que detallan diferentes cuestiones relativas a la temática, requeridas para la evaluación. Entre otros abordajes, fueron consideradas las debilldades, limitaciones legales y amenazas en materia de financiamiento de terrorismo; trabajos de campo, técnicas especiales de investigación -acuerdos de colaboración, agente encubierto, agente revelador, informante, entrega vigilada y testigo de identidad reservada-, estrategias de persecución criminal efectivas para el abordaje de los fenómenos criminales de mayor complejidad y relevancia social, uso de equipos interdiscipllnarios para el anállsis de casos, mecanismos de cooperación interinstitucional con agencias del estado nacional y provinciales, mapas de riesgo y protocolos de actuación vigentes.
Durante el segundo semestre de 2017 se brindó una capacitación específica, dirigida al personal del Ministerio Público Fiscal de la Nación,titulada " Financiamiento de terrorismo: casos, investígación y Evaluación Naciona l de Riesgo de Financiamiento de Terrorismo". El abordaje integró el marco conceptual de otras capacitaciones también dictadas por el área que poseen vinculación directa con la materia. Entre ellos se destacan " Herramientas para investigar casos con bitcoins " y " Persecución penal del transporte y tenencia i njustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo". Todo ello se integra con diversas preparaciones y coordinaciones practicadas con integrantes de las fuerzas de seguridad, como la intervención del coordinador del área en el curso de "Introducción al Terrorismo", organizado por la Dirección Unidad de Investigación Antiterrorista
{DUIA) de la Policía Federal Argentina.

Propuestas
Propuestas legislativas y reglamentarias
Sustantivas
A la luz: del aná lisis del universo de casos que tramitan en el ámbito del área de lavado de activos de esta Procuraduría, una de las propuestas de reforma !egislatíva relativas a! derecho sustantivo radica en !a derogación del inciso 4º del artículo 303 del CP.
Como señala la doctrina, esta regulación amplía la incriminación más allá lo que es político
criminalmente necesario y conveniente, e impide que !os recursos disponibles hagan foco en los lineamientos postulados en la resolución PGN 914/2012, que obligan a enfocar las líneas de acción en Ja persecución de los casos de criminalidad económica compleja, en particular de aquellos

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F_IS_CAL inf0r;i1e ce G2st!Or1 ciel ai"ío 20i7
MIN!Sl'ERIO PÚBLICO

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estructurales, intra-sístémlcos, altamente organizados, con efectos socio-económicos relevantes y ca pacídad para permear el d·1spos·1r1vo de prevención.
Asimismo, a efectos de incrementar la eficacia en la protección del orden económico y financiero, se propone la inclusión de la modalidad imprudente del delito de lavado de activos. El desarrol lo de las razones para esta iniciativa escapa a las posibilidades de este informe.
Por otro lado, y a partir de la intervención de esta área en numerosos casos de transporte transfronterizo de medios de pago -monedas metálicas, billetes de banco, cheques bancarios, etc. como así también en casos de transporte interno de cuantiosas sumas de divisas, se propone sugerir una reforma reglamentaria que vincula directamente con los casos de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Se sugiere una regulación que establezca un régimen de declaración jurada para la entrada y salida del territorio nacional de medios de pago por un importe igual o superior a 10.000 dólares, como así también para el movimiento por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 dólares.
El esquema regulatorio que se propone resulta similar al establecido por la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales del Reino de España, que dispone un régimen de declaración Jurada previa para el portador de los medios de pago -persona física o jurídica de naturaleza privada, tanto por cuenta propia como de terceros-, con excepción del transporte profesional de caudales.
Finalmente, en línea con el proyecto de "Transparencia Activa'' del MPF, se sugiere la publicación en el sitio oficial del Ministerio Público del listado de funcionarios y/o empleados que ostenten la calldad de personas expuestas políticamente (en adelante, PEP's), como de sus familiares directos, quienes resultan también PEP's. Esta iniciativa podría generar un impacto positivo en otros organismos del Estado que podrían replicar la iniciativa y facilitar así la identificación de los PEP's conforme exigen los estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiamíento de terrorismo.
Procesa/es
La resolución mediante la cual se crea la PROCEL.A,C establece dentro de sus facultades la de instruir investigaciones preliminares, conforme lo normado por la Res. PGN 121/06. En este sentido, se sugiere una modificación de esta última resolución en lo que respecta a la forma en que debe instrumentarse una investigación prelíminar. La norma ha quedado desactualizada a partir de la sanción de la ley 27.148 (que no las contempla), y una reforma profunda de las facultades y alcances de la resolución PGN 121/06 resulta imprescindible para otorgar a los fiscales herramientas efectivas de investigación.
La PROCELAC y, particularmente, el área de LAy FT es -o,por lo menos, debería ser de acuerdo con lo establecido por !a legislación vigente- la destinataria natural de los informes de inteligencia que rem·1te la UIF al Ministerio Público Fiscal, en función de lo d·1spuesto por la ley 25.246. Ahora bien, si !a PROCELAC decide íniciar una investigación con la ínformación remitida por la UIF, fa respuesta y alcance de cua!quler requerimiento de información complementaria tanto a esa Unidad como a otros organismos estatales {AFIP, CNV, entre otros) se ven, en los hechos, frustrados por la oposición de restricciones legales. Por tal razón, una nueva resolución podría fijar nuevas facultades, a partir de una interpretación de las leyes vigentes, que favorezcan la posibilidad de obtener la información

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complementarla que se niega. Así, se evitaría la judicialización innecesaria de casos de lavado de activos o financiamiento de terrorismo para conseguir en sede judicial información relevante para deslindar responsabilidades y evitar judicializaciones innecesarias, lo que redundaría en beneficio de los justiciables quienes verían disminuido el costo reputacional que trae aparejada cualquier investigación de este tipo. A su vez, podrían establecerse mecanismos modernos para intercambiar información a través de correos electrónicos o canales de comunicación seguros dejando sin efecto los tradicionales oficios que, además de lentos, son vul nerables a la filtración de !as investigaciones llevadas adelante por la Procuraduría.

De instrucciones generales
Muchas cuestiones relacionadas con la tipicidad del delito de lavado de activos están siendo objeto de viva discusión en el país. De hecho, durante 2017 el área ha recibido múltiples consultas sobre distintos temas, como, entre otros, la posibilidad de que la evasión tributaria sea delito precedente del lavado, la posibilidad de la tentativa en este delíto, Ja cuestión de su consumación, \o relativo al grado de contaminación de los bienes subrogantes, la posibilidad de que en alguna de sus acciones típicas pueda ser delito permanente, etc. Sobre algunas de estas cuestiones sería muy útil, por tanto, contar con una instrucción general.

Propuestas de capacitación
El equipo de trabajo del área está compuesto en su totalidad por abogados. Sin embargo, la especificidad de la temática abordada exige conocimientos de otras disciplinas como economía, ciencias contables y, cada vez más, de análisis de datos y meta datos. Por esta razón, los requerimientos de capacitación se orientan hacia el análisis económico del derecho, fi nanzas para abogados y análisis de datos.
Asimismo, sería de utilidad recibir capacitación externa -y cruzada- por parte de las fuerzas de seguridad en cuestiones de terrorismo y financiamiento de terrorismo. Si blen la Procuraduría ha adquirido cierta expertise en estas investigaciones, conocer más en profundídad la temática del terrorismo internacional es imprescindible para contextualizar las amenazas en relación con estos delltos. También resultaría interesante contar con capacitaciones dictadas por fuerzas de seguridad extranjeras, mediante embajadas de otros países, a fin de incorporar nociones, herramientas y experiencias actuales.
En lo que respecta a las capacitaciones a otros miembros del MPF, se ha focalizado en las temáticas de actualidad y de relevancia internacional como la identificación de los beneficiarios finales, el uso de !os bitcoins, el transporte transfronterizo de divisas y !a investigación del financiamiento del terrorismo. En total, durante 2017, las capacitaciones realizadas por el área contaron con la participación de 417 empleados y funcionarios del MPF, tanto en jornadas y cursos de actualízación presenciales como virtuales. Se destaca la realización de !as " 111 Jornadas internacionales sobre registros de beneficiarios finales y su vínculo con el lavado de activos, la evasión y la corrupción". El evento contó con disertantes y asistentes nacionales y extranjeros y la participación de 200 asistentes en la sede del BCRA.

complementaria que se niega. Así, se evitaría la judícialización innecesaria de casos de lavado de activos o financiamiento de terrorismo para conseguir en sede judicial información relevante para deslindar responsabi!í dades y evitar judicial izaciones innecesarias, lo que redundaría en beneficio de los justiciables quienes verían disminuido el costo reputacional que trae aparejada cualquier investigación de este tipo. A su vez, podrían establecerse mecanismos modernos para intercambiar i nformación a través de correos electrónicos o canales de comunicación seguros dejando sin efecto los tradicionales oficios que, además de lentos, son vulnerables a la filtración de las investigaciones l levadas adelante por la Procuraduría.
De instrucciones generales
Muchas cuestiones relacionadas con la tipicidad del delito de !avado de activos están siendo objeto de viva discusión en el país. De hecho, durante 2017 el área ha recibido múltiples consultas sobre distintos temas, como, entre otros, la posibilidad de que la evasión tributaria sea delito precedente del lavado, !a posibilidad de la tentativa en este delito, la cuestión de su consumación, lo relativo al grado de contaminación de los bienes subrogantes, la posibilidad de que en alguna de sus acciones típicas pueda ser delito permanente, etc. Sobre algunas de estas cuestiones sería muy útil, por tanto, contar con una instrucción general.

Propuestas de capacitación
El equipo de trabajo del área está compuesto en su totalidad por abogados. Sin embargo, la especificidad de la temática abordada exige conocimientos de otras disciplinas como economía, ciencias contables y, cada vez más, de aná lisis de datos y metadatos. Por esta razón, los requerimientos de capacitación se orientan hacia el análisis económico del derecho, finanzas para abogados y análisis de datos.
Asimismo, sería de utilidad recibir capacitación externa -y cruzada- por parte de !as fuerzas de seguridad en cuestiones de terrorismo y financiamiento de terrorismo. Si bien la Procuraduría ha adquirido cierta expertise en estas investigaciones, conocer más en profundidad la temática del terrorismo internacional es imprescindible para contextualizar las amenazas en relación con estos delitos. También resultaría interesante contar con capacitaciones dictadas por fuerzas de seguridad extranjeras, mediante embajadas de otros países, a fin de incorporar nociones, herramientas y experiencias actuales.
En lo que respecta a las capacitaciones a otros miembros del MPF, se ha focalizado en las temáticas de actualidad y de relevancia internacional como la identificación de los beneficiarios finales, el uso de los bitcoins, el transporte transfronterlzo de divisas y la investigación del financiamiento del terrorismo. En total, durante 2017, las capacitaciones realizadas por el área contaron con la participación de 417 empleados y funcionarios del MPF, tanto en jornadas y cursos de actualización presenciales como virtuales. Se destaca la realización de las " 1 11 Jornadas internacionales sobre registros de beneficiarios finales y su vínculo con el lavado de activos, la evasión y la corrupción". El evento contó con disertantes y asistentes nacionales y extranjeros y la participación de 200 asistentes en la sede del BCRA.

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MINISTERIO Piieuco
-FISCAL lnforrri.e de- Gestión del año 20i7
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Asimismo, por primera vez en la historia de la Procuraduría, esta área brindó una jornada sobre financiamiento de terrorismo junto a m·1embros del MPF y funcionarios de la Dirección un·1 dad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. Allí,se focalizó en la investigación de los casos de financiamiento del terrorismo como también en la intervención de PROCELAC en la reciente Evaluación Nacional del Riesgo, encabezada por el Ministerio de Justicia.
Con el fin de unir la experiencia en la investigación de los delitos económicos con análisis teóricos provenientes de Ja dogmática penal, la crimlnología y la filosofía de! derecho contemporáneas, PROCELAC viene desarrollando un seminario de capacitación para los funcionarios de la Procuraduría y del MPF, donde exponen sus trabajos académicos profesores extranjeros y nacionales de reconocida trayectoria. Hasta el momento participaron, entre otros, Chrlstoph Burchard,Frank Zimmermann, EugenioSarrabayrouse, Ramón Ragués i Valles, ll'iigo Ortiz de Urbina, Stuart Green y Andrea Castaldo. La idea es que los trabajos discutidos formen parte de una futura publicación.
PROCELAC -Área Operativa- Mercado de Capitales

PEREZ BARBERA, Gabriel y ROTETA, Laura

Diagnóstico general
Balance general de Ja dependencia
Durante el año 2017, el área operativa de Mercado de Capltales mantuvo como objetivos centrales de su actuación la profundízación del trabajo de judicia!ización de casos y de asistencia técnica a fiscalías. De ese modo, además de haberse mantenido la fundamental incidencia de la Procuraduría en las tasas de denuncia de los delitos específicos del mercado de capitales, se han logrado ulteriores avances procesales en sede judicial que representan una novedad para la persecución penal de este tipo de criminalidad.
Teniendo en cuenta la alta selectividad del sistema de justicia penal con relación a la delincuencia financiera, las tareas de monitoreo y detección de conductas que puedan afectar al orden económico y financiero y su posterior investigación en sede pre-judicial son especialmente importantes para el accionar del área, a efectos de permítír que los casos !leguen a la instancia judicial munidos de un grado de convicción probatoria y de un análisis jurídico que otorgue solidez al posterior desarrollo de la acción penal. En tal sentido, cabe destacar que, durante el 2017, se realizaron 11denuncias por delitos específicos del mercado de capitales, manteniendo de ese modo la tendencia del año anterior, durante e! cual se había logrado duplicar el número histórico de causas judiciales iniciadas en orden a esos tipos penales, incorporados al Código Penal por la ley 26.733, sancionada en diciembre de 2011. En virtud de ello, al día de la fecha, los casos originados en PROCELAC representan el 88 % del total de investigaciones por ese tipo de delitos. Además, se realizaron otras 2 denuncias por los delitos de administración fraudulenta y violaciones a! régimen penal tributario.

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Por las razones expresadas, el seguimiento y la participación en los casos, una vez judicializados, constituye una tarea fundamental para garantizar el avance de las investigaciones y evitar que se detengan por causas atríbuibles, por ejemplo, al déficit de conocimientos técnicos y/o a la excesiva carga burocrática de las dependencias del sistema judicial. A partir de 2014 la cantidad y alcance de las intervenciones del área en causas judiciales ha aumentado ininterrumpidamente. En el 2017, en sintonía con las metas fijadas, se colaboró en un total de 17 causas, de las cuales 7 corresponden a asistencias iniciadas en años anteriores en !as que se siguió acompañando a las fiscalías a medida que fueron avanzando las investigaciones.
En ese contexto -y con la colaboración del área- se alcanzaron nuevos progresos en las causas seguidas por los delitos específicos del mercado de capitales introducidos por !a ley 26.733. Así, se produjo el primer allanamiento en el marco de una investigación por ofrecimiento fraudulento de valores negociables, y continuaron realizándose nuevos allanamientos en causas en las cuales se investiga e! delito de captación de ahorro no autorizado en el mercado de capitales.
Entre los logros obtenidos se destaca el primer llamado a indagatoria del país por el delito de captación de ahorro público no autorizado y la imposición de medidas cautelares por un total de
$150.000.000. En la misma línea, se logró el primer procesamiento en una causa de manipulación del mercado de valores mediante la difusión de información falsa.
Respecto la Interacción con entidades del mercado de capitales, se han producido avances en el trabajo conjunto con el organismo regulador de! mercado de capitales, la Comisión Nacional de Valores (CNV). Especialmente a partir de la sanción de la ley 26.831, la CNV se encuentra en una posíción privilegiada para la detección de irregularidades y, en consecuencia, constituye un engranaje central para la lucha contra la comisión de delitos en ese sector. En el marco del convenio de cooperación suscripto entre aquel organismo y la Procuración General de la Nación {Res. PGN 2174/2014), durante el transcurso de este año y como producto de las reuniones mantenidas con el área, la CNV cumplió con la designación de un funcionario enlace que facilitó el intercambio de información entre los organismos. Sin perjuicio de ello, el afianzamiento de las relaciones entre ambos organismos es un objetivo a perseguir durante el año próximo, con el objetivo de lograr un aumento de la tasa de comunicación de hechos presuntamente ilícitos a la Procuraduría.
En relación a las iniciativas de capacitación, durante 2017 el área organizó dos actividades propias que alcanzaron a un total aproximado de SO participantes de distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal. En la sede de la Escuela del Servicio de Justicia, se dictó el curso "Los delitos en el mercado de capitales: tipologías delíctivas y herramientas de investigación" que se realizó en dos jornadas que tuvieron una duración de 2 horas cada una, a raíz del interés manifestado por los asistentes durante el año anterior. Durante el curso, luego de explicar el funcionamiento del mercado de capitales y exponer las principales tipologías delictivas en su ámbito, se abrió un debate participativo a partir de la presentación de casos prácticos referidos a cada uno de los delitos de competencia del área.
Asimismo, se realizó nuevamente el curso web "El mercado de capitales: nociones fundamentales y herramientas de investigación" cuyo objetivo principal es extender a las dependencias del MPF de todo el país conocimientos acerca de la estructura del mercado de capitales

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FISCAL Informe cie Gestión de! ario 2017
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argentlno y de los instrumentos más útiles para la investigación de conductas delictivas cometidas en él. En función del enlace '1 nterinstitucional con el Instituto Argenti no de Mercado de Capitales del Mercado de Valores de Buenos Aires, nuevamente se habilitó en forma exclusiva para los participantes el simulador de operaciones bursátiles del Programa de Difusión Bursátil (PRO.DI.SUR) que permitió a los participantes del curso simular algunas de las operaciones del sistema bursátil argentino estudiadas a lo largo del curso web.

Propuestas
Propuestas legislativas y reglamentarias
Sustantivas
En lo que respecta a los delitos específicos del mercado de capitales,la redacción de los tipos penales incorporados a l CP por la ley 26.733 plantea algunas dificultades de interpretación que ya han comenzado a manifestarse en la praxis.
Entre ellas, se destaca la inclusión del complemento circunstancial "en el mercado de valores" en la descripción de la conducta típica de captación de ahorro no autorizada (art. 310 CP), cuya estricta interpretación litera l haría que la conducta incriminada se superponga con la de intermediación no autorizada, o bien se reduzca a ofertas públicas de negociación en un mercado de valores autorizado por la CNV, !o que sería fácticamente imposible.
En función de ello, si bien la doctrina ha planteado que dicha expresión debe ser entendida como una referencia al mecanismo normal de captación de recursos financieros (Le., la realización de actos jurídicos sobre valores negociables), se propicia su reforma a los efectos de hacer explícita la voluntad del legislador, en el máximo respeto del principio de legalidad.
Por otra parte, el artículo 309, inc. a), del CP también presenta diversas dificultades. La redacción del tipo exige una combinación de elementos típicos que deberán acontecer para que la conducta sea punible objetivamente. En una apretada síntesis, la figura requiere: i) la realización de una transacción u operación, ii) que la transacción produzca una suba, baja o mantenimiento del precio del valor negociable y iii) la realización de alguno de los medios comisivos previstos por el artículo -utilización de noticias falsas, negociaciones fingidas y reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie-.
La principal dificultad que presenta el artículo es interpretar si lo que debe generar la alteración del precio de negociación de los valores negociables es la realización de transacciones u operaciones; o bien, una de las modalidades comisivas previstas por la ley, en particular, en lo que refiere a la utilización de una noticia falsa.
Una posible solución a estas dificultades, podría ser que, a! igual que en otros países como ltal"la, se t1 p·1fique separadamente las conductas: por un lado, se sancione a quien realice operaciones u transacciones que hicieren subir, bajar o mantener el valor de la especie y, por otro lado, a quien difunda noticias falsas que genere también una modificación del precio de la especie.
En otro orden, a partir de los casos en los que el área ha trabajado durante el 2016 y 2017, se
advierte un creciente fenómeno de la captación de ahorro del público a través de contratos de inversión [los investment contracts del derecho anglosajón incluidos dentro de la noción de valores

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negociables {art. 2 ley 26.831)]. En función de la enorme difusión que su ofrecimiento ha tenido recientemente, resultaría deseable la emisión por parte de la CNV de una regulación específica tendiente a evitar que estas actividades sean realizadas sin su autorización_
Procesales
En primer lugar, cabe destacar que, en el ámbito de competencia del área, se celebra la reciente reforma del art. 41 ter del CP, a partir de la cual la reducción de pena allí contemplada para quienes brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles para las investigaciones ha sido ampliada a los delitos del títúlo XI!! del código de fondo.
Al respecto, entendemos que esta herramienta será de gran utilidad para el desarrollo de investigaciones en los delitos del mercado de capita les,en las que la figura del whistle-b!ower resulta especialmente necesaria para superar la opacidad que caracteriza a las maniobras llevadas a cabo en ese sector.
En otro orden, ante las modificaciones en la regulación del levantamiento del secreto bursátil planteadas en e! actual proyecto de reforma a la Ley de Mercado de capita les, sería deseable para e! mejor desenvolvimiento de la tarea encomendada a esta Procuraduría que el concepto de "proceso pena l" allí contenido abarcara a las investigaciones llevadas a cabo en sede pre-judicial por el Ministerio Público Fiscal. En efecto, sería necesario que, acaso con algún requisito adicional -por ejemplo, en !a especificación de la información solicitada-,se dotara al Ministerio Público Fiscal de los medios necesarios para poner en práctica acabada mente las facultas investigativas que le fueron reconocidas por el ordenamiento.
Al respecto, cabe destacar que la restricción de aquella facultad excl usivamente a los órganos jurisdiccionales tiene como correlato, en la práctica, la necesidad de !levar a la instancia judicial casos que, a partir de la información protegida por ese secreto, podrían ser descartados en instancia pre judicial.

De instruccíones generales
A partir del creciente número de causas por delitos en el mercado de capitales y en función de las dificultades planteadas por las distintas dependencias de! Ministerio Público Fiscal, podrá ser de suma utilidad la creación de una guía de pautas para la actuación de fiscales en casos relativos al mercado de capitales, así como también, instrucciones generales tendientes a exponer los principales problemas identificados con relación a la aplicación de los tipos penales vinculados al mercado de capitales -los cuales, en parte, fueron identificados en el punto 1de esta sección "Propuestas legislativas y reglamentarias"- y las distintas alternativas para superarlos_

Propuestas de capacitación
Los agentes asignados al equi po de trabajo del área poseen formación jurídica centrada tanto en derecho penal como comercíal. Dada la naturaleza técnica de las operaciones financieras, a través de las cuales se lleva a cabo su trabajo, resulta fundamental su capacitación específica en materia de mercado de capitales.

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Asimismo, resultaría de utilidad que los integrantes de! área cuenten con herramientas contables bás·1cas que les permitan la lectura e ·interpretación de estados contables, sin perjuicio de! asesoramiento que al respecto puede brindar el área Técnica de la Procuraduría.
PROCELAC -Área Operativa- Delitos Tributa rios y Ad ua neros

PEREZ BARBERA; Gabriel y ROTETA; Laura

Diagnóstico general

Balance general de la dependencla

En 2017, se intensificó la colaboración con fiscalías de todo el país en causas de criminalidad económica compleja, algunas de ellas iniciadas a través de denuncias de esta área. Se fortalecieron lazos interinstitucionales con organismos clave como AFIP -DGI y DGA-, la Subdirección General de Control Aduanero y e! Ministerio de Seguridad de la Nación, como con Fiscalías y Juzgados Nacionales en lo Penal Económico.

Las colaboraciones prestadas consistieron principalmente en el análisis pormenorizado de causas complejas con gran volumen de documentación secuestrada. Tras su análisis, los informes se remitieron a los fiscales a cargo de las investigaciones, refiriendo al posible encuadre jurídico y con sugerenc·1a de medidas de prueba conducentes al avance del proceso, la elaboración de requerimientos de instrucción, recursos, vistas, requerimientos de elevación a juicio, etc. Además, se respondieron múltiples consultas, muchas respecto a !a correcta aplicación de la ley de "blanqueo y regularización" en materia penal tributaria y penal aduanera.

Durante el año se iniciaron 22 investigaciones preliminares, se recibieron 50 pedidos de

colaboración y se trabajó en 7 coadyuvancias, provenientes de todos los puntos de! país. Las judicializaciones realízadas alcanzaron un total de 31, incluyendo 17 denuncias penales, 2 remisiones a la Justicia por conexidad una causa existente y 12 remisiones a organismos administrativos por posibles infracciones al régimen tributario y/o aduanero (principalmente, AFIP).

Entre los casos más significativos trabajados durante el año se encuentra una causa originada a raíz de una denuncia del área -por contrabando agravado y asociación ilícita-,donde se interviene activamente a pedido de los fiscales en todas las instancias y del juez. Actualmente cuenta con más de 100 cuerpos en la etapa de instrucción, 32 en etapa de juicio oral y 474 incidentes y legajos de investigación. Se participó de 36 allanamientos y se desintervino, sistematizó y gestionó la digital!zación de lo secuestrado para su posterior análisis. 40 personas fueron objeto de investigación patrimonial, recopilando información pública y privada, plasmada luego en un anoí lisis técnico jurídico, y se dictaron prohibiciones de salida del país a 167 personas. A su vez, se remitió un informe en respuesta a los planteos efectuados por Jos imputados -con el objeto de que se liberen los contenedores bloqueados- con un análisis integral de las personas involucradas en las cargas.

Se realizaron 53 declaraciones indagatorias, 37 de ellas solicitadas por PROCELAC. El 5/10,

PROCELAC presentó un nuevo pedldo de indagatoria para 109 personas físicas, muchos de ellos funcionarios aduaneros y algunos de elevada jerarquía, por 532 hechos de contrabando agravado y

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asociación ilícita; el 17/11se realizó una audiencia en la CSJN, por la que se dieron a conocer a los funcionarios los hechos que se imputaron en el dictamen.

Se encuentran detenidas 8 personas con prisión preventiva. La causa está parcialmente elevada a juicio por 10 de los 12 procesados, habiéndose colaborado con la Fiscalía de Juicio en el primer ofrecimiento de prueba realizado. Hay embargos dictados por $348 millones.

La segunda ca usa de alta relevancia fue iniciada por la Dirección Genera! de Aduanas (DGA) y se investiga a personas físicas y jurídicas que se habrían beneficiado económicamente a partir del giro de divisas al exterior mediante ímportaciones simuladas. Se realizó un primer informe identificando a 51 personas -4 escribanos y 3 abogados- y sociedades radicadas en el extranjero - China, Corea, México, Panamá, Taiwán, Hong Kong,entre otras- beneficiarias de las transferencias, estableciéndose vinculaciones y la cantidad de operaciones de comercio exterior detectadas en cada una, sugiriendo medldas de prueba. También identificaron sociedades radicadas en EE.UU., beneficíarias directas de las transferencias -101 personas jurídicas y 105 físicas-. PROCELAC participó en allanamientos y detenciones y cooperó en la acumulación de causas que tramitaban separadamente, optimizando la investigación. En la actualidad hay 17 procesados y se dictaron embargos por $5.000 millones.

Entre las capacitaciones brindadas por la coordinadora del área se destacan las rea lizadas en las ciudades de Río Gallegos y El Calafate, del 24 al 27 de mayo. Invitada por Gonzalo Miranda, Fiscal General ante el TOF de Río Gallegos, Palese expuso sobre la normativa y dogmática de! contrabando documentado y la relación de este delito con el lavado de activos y las maniobras realizadas con mercaderías en tránsito de importación y exportación, apuntando a la problemática regional. Asimismo, se intercambiaron experiencias con los asistentes y se abordaron canales alternativos de investigación. La actividad estuvo destinada a funcionarios y empleados del Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación y la provincia, fuerzas de seguridad,Dirección General Impositiva {DG!) y DGA, Dirección Nacional de Migraciones y abogados.

Luego, la coordinadora expuso en las jornadas "Una mirada binacional en materia de persecucíón penal", en El Calafate, organizadas por la Comisión Jurídico-Pena! del Comité de integración Austral y la Escuela de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz. Allí, Palese conformó el panel denominado "Herramientas para una persecución penal estratégica en materia de criminalidad organizada en la Patagonia Austral", y luego el panel "Problemática delictiva en la región Patagónica", sobre contrabando documentado y contrabando de divisas. También participó en una mesa de debate sobre el diseño organizacional del Ministerio Público con miras al sistema acusatorio, con la presencia de fiscales de Argentina y Chile, jueces provinciales, funcionarios de fuerzas de seguridad y divisiones especializadas en delitos complejos. Los funcionarios del área participaron del seminario de actualización profesional "Misión, función y organlzación del organismo", dictado en el Centro de Capacitación en Inteligencia e Investigación Criminal de la Prefectura Naval Argentina con la asistencia de 120 alumnos.

Entre las capacitaciones brindadas a empleados y funcionarios del MPF a través de la Escuela de Capacitación, en modalidad presencial se encuentran las siguientes: "Participación de profesionales en delitos tributarios. Conductas neutrales y conocimientos especiales", durante el mes

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de abril,y "La evasión como delito precedente del lavado de activos", en el mes de mayo. A través del webcampus se dictó el curso '' Persecuc·1ón penal del transporte transfronterizo y tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo. Relación con el lavado de activos", durante el mes de abril, y "Régimen de Sinceramiento Fiscal (ley 27.260): aplicación de sus beneficios en el ámbito penal", en octubre de 2017.

Propuestas

Propuestas legislativas y reglamentarias

Sustantívas

El Sr. Fiscal General de Distrito de la Prov·1ncia de Misiones sollcitó la em·1s·1ón de un d"1ctamen técnico con el fin, en primer lugar, de "gestionar la actualización de los montos contenidos en el art. 947 del Código Aduanero", conforme lo dispuesto por el art. 953 del C.A. y, en segundo lugar y mientras ello no ocurriese, obtener instrucciones frente a posibles planteas de la defensa por dicha falta de actualización.

En primer término, se hizo saber de la existencía del proyecto legislativo de modificación presentado el 09/05/2017 (Expte. Nº 2398-0-2017) que se encuentra en trámite parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación, que propone la actualización de los montos que delimitan la infracción de contrabando menor del delito de contrabando -llevándolos de $100.000 a $500.000 para la mercadería en general, y de $30.000 a $160.000 cuando se tratare de tabaco- y que propone que los montos establecidos sean actualizados anualmente conforme el índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadístíca y Censos (INDEC].

Respecto a lo mencionado en segundo lugar, en relación a las potenciales objeciones de la defensa por la falta de actualización de !os montos, se instruyó en base al criterio sostenido por la Cámara Nacional en lo Penal Económico (cfr. lncidente de Apelación,Expte. Ne CPE 1366/2012/2/CA2 Orden Ne 25.972. Sala "B"), sugiriéndose que los planteas contrarios a esta postura no deberían tener una recepción favorable, pues se fundarían en la aplicación de una norma que se encuentra derogada.

En consecuencia, según el marco normativo referenciado y la interpretación jurisprudencia!, se sostuvo que mientras no ocurra efectivamente la actualización de la ley de manera taxativa se debería continuar dándole trato a los hechos que se presenten en razón de lo expresamente establecido por el vigente art. 947 del CA. Durante 2018, se efectuará el seguimiento del trámite parlamentario del citado proyecto, dado que es de gran interés para los fiscales en el marco de las investigaciones de contrabando. Asimismo, se estudiará la elaboración de un proyecto de reforma legislativa que contemple la actualización de las condiciones objetivas de punibilidad establecidas por la ley penal tributaria y prev·1sional ( 24.769).

Procesales

Se remite a las propuestas realizadas en informes anteriores.

De instrucciones generales

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Durante 2018 se finalizará el relevamiento ya iniciado para determinar la cantidad de procesamientos y condenas dictadas en todo el país en materia penal tributaria y aduanera, con el fin de evaluar la incidencia de este tipo de delitos y la elaboración de políticas públicas para su persecucíón. Se profundizará en la elaboración de guías de actuación y/o capacitaciones destinadas a empleados y funcionarios del MPF que aborden temáticas complejas como la aplicación de nuevas leyes especiales a casos existentes -por ejemplo, ley 27.260 en razón de la 24.769·. También se elaborará la subsunción jurídica de maniobras delictivas típicas de la criminalidad económica en materia penal y aduanera, produciendo criterios unificados que se transmitirán a los fiscales.

Por otra parte, realizaremos el seguimiento del trámite iniciado en la PGN por el expediente MPF Nº 451/2017, donde PROCELAC dictaminó en 2017. A raíz de una presentación del Dr. Gutiérrez de la Cárcava, Juez de Cámara ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2, el área se pronunció respecto del secreto fiscal opuesto por la AFIP frente a pedidos concretos realizados por representantes del Ministerio Públíco Fiscal. En líneas generales, se señaló que tal denegatoria de la AFIP encontraba fundamento en una instrucción inválida -la Instrucción General 8/06- o cuanto menos inaplicable a las distintas dependencias de este organismo, y que por tanto debía ser revisada con miras a lograr mayor eficacia no sólo en relación con la problemática específica de la suspensión del juicio a prueba, sino en general en la persecución y juzga miento de los delitos económicos. No obstante, hasta que ello ocurra, expresamos que tanto jueces como fiscales cuentan con mecanismos procesales para plantear o declarar, según el caso, la nulidad o inaplicabilidad de una resolución administrativa que consideren contraria a !a Constitución, y sugerirnos diversos argumentos de fondo que podrían fundamentar una petición en tal sentido. Asimismo, nos pronunciamos en cuanto a la aplicación de la suspensión del proceso a prueba en causas de estas características, que pueden cooperar con el díctado de una instrucción general al respecto, que se incentivará desde esta PROCELAC.

Propuestas de capacitación

El alto grado de especificidad de estos delitos -delitos tributarios, aduaneros, infracciones a la ley de marcas y propiedad intelectual, infracciones a la ley de patrimonio cultural,etc.- tornan muy relevante el rol de la PROCELAC como capacitador. Así,forma parte de los objetivos conti nuar con las capacitaciones, tanto presenciales como en modalidad web. Tanto !os resultados de las encuestas completadas por los asistentes a los cursos corno los comentarios informales dan cuenta de su utilidad y trascendencia para !os distintos miembros del Ministerio Público de todo el país.

A su vez, se continuará con el dictado de capacitaciones intra-área, por parte de la Coordinadora, referidos al conocimiento integral de los tipos penales de la ley 24.769, el contrabando de divisas, el contrabando documentado en general, de mercaderías-, y cuestiones de procedimiento relativas a este tipo de causas, con la determi nación y el abordaje técnico adecuado para la investigación de las distintas variantes delictivas.

Por otra parte, sería muy útil para la totalida d del personal del área recibir capacitación externa, principalmente de parte de la AFIP -DGI y DGA- que refiera a aspectos operativos del organismo en la detección y prueba de hechos de contrabando,así como en materia penal tributaria,

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puesto que la criminalidad económica organizada muta sus modalidades en el juego estratégico de adaptación desde el momento de su detección y juzgamiento por parte de las agencias estatales de persecución penal.

76.PROCELAC -Área Operativa- Concursos y Quiebras

PEREZ BARBERA Gabriel y ROTETA, Laura

Diagnóstico general

Balance general de la dependencia

El área operativa de Concursos y Quiebras de PROCELAC se creó con el objetivo de contribuir al aumento en los índices de eficacia en la persecución de los delitos cometidos en el marco de concursos y quiebras.

Con esta premisa, desde el año 2015 el área realiza estudios de campo con el fin de contar con un mapa de situación que permita realizar diagnósticos y proponer estrategias de abordaje para las problemáticas de la materia. En ese sentido, se tomó conocimiento de que en los años 2014, 2015 y 2016 se iniciaron un total de 489, 481 y 429 causas, respectivamente -esto es, un total de 1399 causas- solo por los delitos previstos en el Capítulo V del Libro VI titulado "Quebrados y otros Deudores Punibles" del Código Penal de la Nac·1ón (cfr. información relevada de FiscalNet). No obstante, en igual período, fueron elevadas a juicio 3 causas en 2014, 5 en 2015 y 6 en 2016. En cuanto al dictado de sentencias condenatorias no se registra ninguna en los años 2015 y 20161 según la información aportada por la Dirección de Desempeño Institucional.

En función de ello, los objetivos centrales del área se dirigen a !a profundización de las tareas

de judicia!ización de casos y de la asistencia técnica a fiscalías

con especial atención a los aspectos

técnicos comerciales -y en lo posible contables- que faciliten la comprensión de las maniobras investigadas y sus efectos y la interpretación de la documentación, a la luz de los distintos tipos penales de competencia del área. De esta forma se intenta contribuir al sostenimiento de la acción penal.

Previo a analizar detalladamente las cifras registradas del área para el año 2017, es importante

señalar que este año se consnlirló 1.:i ti>nrlenria del aumento de casos con relación a los años anteriores. Los legajos se duplicaron: de 21 iniciados en 2015 a 37 y 38 iniciados en 2016 y 2017, respectivamente.

En relación a las investigaciones preliminares y denuncias, los esfuerzos del área en este aspecto se dirigen, principalmente, a la judicializaclón de casos que reúnan un estándar probatorio y argumental que otorgue solidez al posterior desarrollo de la acción penal.

Con esa dirección, en el transcurso del 2017 se formalizaron un total de 14 denuncias y

ampliac!ones de denuncia, de las cuales 7 se originaron a partir de investigaciones preliminares iniciadas entre fines de 2016 y 2017. Además, se encuentran en trámite otras 7 investigaciones preliminares, del total de 11iniciadas en el año. Se realizaron también 6 judicializaciones de distintos hechos puestos en conocimiento de la Procuraduría. En definitiva, se alcanzó un total de 20

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judicializaciones en el transcurso del año, incluyendo denuncias, amplíaciones y otras judicializaciones. Así,se sostuvo el significativo aumento en la cantidad de denuncias formuladas en los últimos dos años y en relación a 2015, donde sólo se habían formulado 4 denuncias, a la vez que se incrementó la cantidad de investigaciones preliminares comparadas con los años anteriores.

Durante e! 2017 se recibieron 12 pedldos de asistencia técnica de fiscalías, principalmente del fuero Criminal y Correccional Nacional, y se continuó con las asistencias iniciadas en otros 5 legajos iniciados en 2016. El objeto de las colaboraciones se dirigió, en general, a la sugerencia de líneas de investigación,de encuadres jurídico-penales, medidas de prueba y al análisis de prueba recolectada en las investigaciones, así como también a la elaboración de presentaciones como pedidos de indagatoría.

Respecto de !os resultados judiciales, durante este año se inició un seguimiento de las causas iniciadas por denuncias formuladas por el área entre 2015 y 2017. Se tomó conocimiento de que en 3 casos las fiscalías intervinientes solicitaron la citación a prestar declaración indagatoria de los imputados. En uno de ellos, el pedido se formuló a partir de un informe de colaboración elaborado por PROCELAC en un caso de intermediación financiera no autorizada de una cooperativa; en otro caso, se trató de una estafa procesal por simulación de pasivos de una empresa vinculada a una red de narcotráfico y lavado de activos; y el último se trata de !a quiebra fraudulenta de una persona física. Además, el 70% de las causas se encuentran actualmente en trámite, y se dictaron 3 sobreseimientos y 3 prescripciones.

Con relación a las prescripciones, es oportuno señalar que -al igual que en 2016- una de las problemáticas más relevantes detectadas refiere a la detección tardía de las maniobras fraudulentas en el ámbito concursa!. En este sentido,tanto en el caso de denuncias como de colaboraciones, se advirtió que los casos llegan al fuero penal con demoras de años con respecto a las fechas en que ocurrieron los hechos. Estas circunstancias limitan la posibilidad de persecución y condena por los ilícitos perpetrados. Las demoras advertidas obedecen a distintas causas y en !os próximos apartados se expondrán los cursos de acción propuestos con la fi nalidad de mejorar la efectividad en la persecución de estos delitos.

Si bien no se ha realizado un seguimiento de los pedidos de asistencia formulados por fiscalías con competencia penal, es oportuno señalar que en 2017 se confirmó en Cámara el procesamiento de Roberto Giordano,cuya investigación y pedido de indagatoria fueron realizados en conjunto por la Fiscalía Naciona l en lo Criminal y Correccional NQ 49 y la Procuraduría.

Por otra parte, es interesante seña lar que, además de los fraudes concursales, en distintos casos se denunciaron y/o se colaboró en la investigación de conductas tipificadas por otros delitos, como por ejemplo intermediación financiera no autorizada, lavado de activos de origen delictivo y estafas, expuestas a partir de los trámites concursa!es.

En lo que refiere a capacitaciones, durante 2017 se brindó una capacitación virtual a través

del webcampus. Allí, retomando pedidos de años anteriores, se optó por orientar la capacitación hacia Jos aspectos técnicos de los procesos concursales con un enfoque práctico que aporte a los agentes herramientas útiles para la investigación de estos delitos.

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Propuestas

Propuestas legislativas y reglamentarias

Sustantivas

Como se señaló en e! informe anterior, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación ha acentuado aún más el desfasaje preexistente entre la redacción de los tipos penales contenidos en el Capítulo V del Libro VI titulado "Quebrados y otros Deudores Punibles" del Código Penal de la Nación, y las figuras comerciales que quedan comprendidas por aquellos delitos.

En este sentido, las sucesivas reformas legislativas que impactaron en la normativa concursal no fueron receptadas en la tradicional formulación de los tipos penales, de manera que el derecho penal no logró acompañar la evol ución en materia comercial. A modo de ejemplo, el art. 176 CPN - que contempla la figura del quebrado fraudulento- requiere para su configuración típica que la persona física investigada sea "comerciante". El antiguo Código de Comercio hacía alusión a ese término, pero fue eliminado a partir de la reforma. Si bien a nivel doctrinario se ha planteado una simetría con la figura actual del "empresario", lo cierto es que inconsistencias entre la normativa comercial y la penal obstruyen la configuración de estos tipos penales que de por sí son complejos.

En cuanto al concurso preventivo -proceso actualmente vigente y distinto del concurso civil no existe figura penal que aluda a este tipo de procesos. En consecuencia, para perseguir conductas tipificadas para los procesos falencia les que pueden reproducirse en procesos concursales, se hace necesario recurrir a la vía de figuras penales alternativas para que pueda prosperar una acción criminal.

Otro aspecto a reformular resulta la expresa incorporación del "administrador de hecho" en el tipo contenido en el art. 178 CPN, que contempla la figura de quiebra impropia (quiebra fraudulenta de personas jurídicas). El tipo consagra la pos"1bilidad de persegu·1r penalmente al administrador de la sociedad fallida en caso de haber actuado fraudulentamente, pero no aclara si incluye a la figura del administrador de hecho.

Los ejemplos ofrecidos no pretenden agotar los aspectos a modificar de la legislación penal, sino simplemente servir de ejemplo de algunos de los conflictos cotidianos que se enfrentan al momento de calificar las maniobras ilícitas l levadas adelante en el marco de procesos concursales. Así,a criterio de la Procuraduría, la actualización de los tipos penales permitiría ampliar y facilitar la persecución de muchas conductas que hoy podrían quedar impunes.

Procesales

A partir de los inconvenientes señalados con relación a la presunción de fraude establecida en el artículo 233 de la ley 24.522, sería importante promover la modlficación o eliminación de dicho artículo. En este sentido, se debe considerar que la sola carencia de bienes aislada de todo otro elemento de juicio no puede erigirse en una presunción de fraude en sentido jurídico-penal y constituye un obstáculo para la eficiencia del sistema penal. Además, la circunscripción de que la

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presunción de fraude aluda solo a la falta de activos excluye del ámbito de investigación a la mayoría de los casos relevantes que ocurren, por ejemplo, en procesos concursales en los que los fallidos -o sus representantes, en el caso de personas jurídicas- reducen fraudulentamente el activo a liquidar.

De instrucciones generales

En función de !a necesidad de lograr una intervención temprana de la justicia penal en los casos de fraudes concursales podrían elaborarse instrucciones generales y protocolos de actuación para las fiscalías con competencia no penal. Su finalidad sería brindar herramientas para la detección de irregularidades que podrían tener relevancia desde una perspectiva jurídico-penal e incentivar la formulación de las pertinentes denuncias en los casos en los en que proceda. Los mismos documentos podrían ponerse en conocimiento del fuero comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con idénticos objetivos.

Propuestas de capacitación

En el ámbito de la criminalidad económica en general -y en el área de concursos y quiebras en particular- es necesario un abordaje técnico lnterdlsciplinarlo. Para ello, resultaría de utilidad que los integrantes del área contaran con herramientas contables básicas que faciliten y mejoren la lectura e interpretación de informes de las sindicaturas de !os procesos concursa!es, así como de estados contables.

PROCELAC -Área Operativa- Delitos contra la Administración Pública

PEREZ BARBERA, Gabriel y ROTET Laura

Diagnóstico general
Balance general de la dependencia
Las tareas desarrolladas durante 2017 estuvieron en lo sustancial orientadas a desarrollar las funciones asignadas al área operativa mediante la Resolución PGN N 914/12, teniendo en cuenta la delimitación de competencia acordada entre los titulares de esta Procuraduría y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, ratificada por decreto de la Procuradora General de la Nación,a fin de evitar superposiciones y con el objetivo de maximizar la eficacia del trabajo.
De este modo, una de las actividades centrales del área fue brindar colaboración y asistir a los
fiscales en la investigación de hechos de competencia del área así como llevar a cabo investigaciones preliminares vinculadas con esos delitos.
Un eje central de trabajo fue el a bordaje y la colaboración en hechos vinculados a la comisión
del delito de soborno transnacional en cumplimiento de los compromisos internaciona les asumidos por nuestro país al ratificar la Convención sobre Soborno Transnacional de la OCDE y en función de
!as recomendaciones efectuadas por el grupo evaluador en la fase de evaluación que atraviesa nuestro país. En este sentido, se promovieron investigaciones preliminares que culminaron con la forma lización de denuncias ante las autoridades judicia les competentes (conf. Ley 27.148 y Resoluciones PGN Nº 121/06 y 914/12) y se brindó colaboración y asistencia a los fiscales en estos

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casos. A su vez, el personal que ínterviene directamente en este tipo de procesos se capacitó en la materia a lo largo del año, con expertos nac·1onales e internac·1onales, y se br'1 ndaron capacitaciones por a integrantes del MPF.
Entre las funciones atribuidas a esta área operativa de la PROCELAC está la de representar al Ministerio Público Fiscal en las reuniones organizadas por la OCDE en el marco del Grupo de Trcibajo sobre Soborno Transnaciona l, como así también ser e! nexo con las distintas fiscalías en las que tramitan causas vinculadas a este hecho ilícito, llevando a cabo el seguimiento y registro de cada una de el las. Por esta razón y a fin de dar acabado cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por el grupo evaluador, se participó en mesas y reuniones de trabajo y se articuló el trabajo con distintos organismos estatales que intervienen en esta temática -Cancillería, Ministerio de Justicia, Oficina Anticorrupción, U.l.F., A.F.l.P, l.G.J., Banco Centra l, Comisión Nacional de Va lores, etc.- con el fin de afianzar, perseguir y combatir de manera más eficaz este delito, conforme con las recomendaciones
·internacionales.
Para cumplir con estos estándares se elaboró un sistema de alarma web para la posible detecclón de casos de soborno trasnacional. En virtud de esta implementación se logró judicializar un caso previo efectuar una investigación preliminar, más allá de los que se judicia!izaron en función de la información suministrada por el Grupo de Trabajo de Soborno Transnacional y/o por otras fuentes que motivaron e! inicio de investigaciones preliminares. Las características particulares de este tipo de casos requiríeron coordinación con la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, para atender no sólo los requerimientos en !as investigaciones preliminares, sino a las solicitudes de las fiscalías en aquellas causas en que se prestó colaboración.
El personal del área asistió a cursos y seminarios vinculados con la especialización, tanto en las ca pacitaciones internas para la PROCELAC organizadas por los titulares de !a Procuraduría como en otras de interés.
A su vez, en relación al soborno transnacional, se participó en diversas capacitaciones vinculadas a la investigación de este ilícito. Por ejemplo, la tltulada "Estrategias para una investigación eficiente en casos de soborno trasnacional,corrupción y lavado de activos" a cargo de David Green, Director de la Oficina de Fraudes complejos del Reino Unido; "Criminalidad de empresa y compliance ", dictada por Ramón Ragués; "Lavado de Activos proveniente del Narcotráfico", por Dan Zambrano; "Herramientas de investigación aplicables a la persecución penal trasnacional, instrumentos multilatera les y prueba en el extrcinjero"; "Evolución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Argentina. Balance y perspectivas", a cargo de Eugenio Sarrabayrouse; "Responsabilidad de las Personas Jurídicas para delitos de Corrupción", en UCEMA; "Lineamientos genera les y particulares de la ley de responsabilidad empresarial por delitos .de corrupción", por el Centro de Estudios Anticorrupción de la Universidad de San Andrés; y la conferencia UBA-NYU sobre responsabilidad empresaria por corrupción, brindada por destacados académicos y funcionarios nacionales e internacionales.
También se participó de capacitaciones dictadas por otras áreas, Procuradurías o direcciones del MPF, como la PIA, en la titula da "Derecho penal y administrativo como parcidigma para la

-185-
42-

investigación de casos de corrupción, y la "Jornada Internacional de diá logo sobre registros públicos de beneficiarios finales y su vinculación con la corrupción, el lavado de activos y la evasión fiscal" ( M PF/BCRA).
Por último, como parte del plan de capacitación del Ministerio Público Fiscal se organizaron dos cursos: uno sobre soborno transnacional y responsabi lidad penal de las personas jurídicas y otro sobre delitos cometidos en el ámbito de las contrataciones públicas de !a Ciudad de Buenos Aires.
Propuestas
Propuestas legíslativas y reglamenta rias
Sustantivas
Se remite a las propuestas realizadas en informes anteriores.

Procesales
Se remite a las propuestas realizadas en informes anteriores.

De instrucciones generales
Se remite a las propuestas realizadas en informes a nteriores.

Propuestas de capacitación
Frente a la reciente sanción de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y considerando que esta ley tendrá una directa aplicación en la investigación y sanción de hechos de corrupción y de soborno transnaciona!, es imprescindible que el persona! que presta funciones en e! área de Delitos contra la Administración Pública se capacite intensivamente en la temática; no sólo con relación a la atribución de responsabilidad sino a institutos novedosos para nuestra legislación como el compliance. A su vez, dada la especificidad de la materia de i ntervención de la Procuraduría y los constantes cambios del mercado, es imprescindible continuar con las capacitaciones internas, tal como se desarrollaron durante el año 2017 con expertos nacionales e internacionales.
Para el año 2018 se ofrecerán nuevamente cursos vinculados a las áreas de nuestra incumbencia. Se proyecta e! ofrecimiento de un curso de técnicas de investigación en soborno transnaciona l, haciendo hincapié en la utilización de herramientas de cooperación internacional. Se replicará un curso sobre delitos en las contrataciones públicas en la Ciudad de Buenos Aires y se planificarán capacitaciones relacionadas a la ley de responsabilidad pena! de las personas jurídicas.
PROCELAC -Área Operativa- Fraude Económico y Bancario

PEREZ BARBERA Gabriel y ROTETA Laura

Diagnóstico general
Balance general de la dependencia
El área se especializa en el abordaje de las problemáticas de la delincuencia económica compleja que se presentan en el sistema financiero formal e informal, como así también en la

F_IS_CA_L ir:forms d·Gesti6r• deí ano 2017
MINISTERIO PÚBLICO
,,,...
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investigación de maniobras defraudatorias a gran escala, que generan importantes perjuicios al orden socioeconómico. En ambas d'1recciones, se or'1entó la actuación en forma prlor"1taria a dar repuesta a los casos que presentan dichas aristas y a brindar la colaboración requerida por las Fiscalías que intervienen en la investigación de hechos de competencia del área, en particular delitos contra el orden económico y financiero (art. 303 y 310 del Código Penal de la Nación), infracciones cambiarias ( Ley 19.359) y estafas [a rt. 172 del CP).
En cuanto al primer eje, puede mencionarse la actíva y continua intervención en uno de los casos emblemáticos de criminalidad compleja de la jurisdicción de Mar del Plata que involucra a importantes actores del sector financiero formal e informal, habiendo solicitado la titular de la acción penal del caso la coadyuvancia de PROCELAC. En este legajo se intervino tanto en la etapa de instrucción como ante e! Tribunal de Apelaciones y la instancia de Casación.
Asimismo, se continúa prestando colaboración en uno de los casos de delitos financieros de mayor envergadura del litoral de nuestro país, en el que se ha requerido la elevación a juicio de 9 imputados por haber administrado fraudulentamente -a través de una sociedad de bolsa reconocida en la región- los bienes confiados en custodia de al menos 408 víctimas, ocasionando un perjuicio patrimonial global denunciado por un monto superior a los $250.000.000, y !a captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil agravada por el uso de medios de difusión masiva. Asimismo, desde PROCELAC se está evaluando la participación en los hechos de los responsables del mercado de valores local y la posibilidad del lavado de activos origínados en dicho ilícito.
A ello se suma la reciente designación como coadyuvantes en un expediente judicial de importante magnitud donde se investiga a una asociación ilícita destinada a cometer diversos tipos de delitos; entre ellos, centenares de estafas, lavado de dinero y evasión tributaria, en los que estarían involucradas -hasta el momento- unas 15 personas físicas y decenas de personas jurídicas. Se estima que a través de dicha maniobra se habría perjudicado a miles de víctimas. En este caso,el área ha realizado un profundo análisis de las actuaciones y junto con la fiscalía del caso ha sugerido la producc·1ón de diversas medidas de prueba y solicitado la adopción de med"1das cautelares. En virtud del requerimiento efectuado por la PROCELAC y la fiscalía, el Juzgado Federal decretó el embargo preventivo con fines de decomiso de bienes por 4,6 millones de dólares y 18,9 millones de pesos, así como sobre automóviles y embarcaciones.
Del mismo modo, se continúa coadyuvando en el juicio oral y público por el vaciamiento, a finales de los años '90, de una importante entidad bancaria de esta plaza en el que declararon cientos de testigos, donde en los próximos meses ocurrirá el alegato del MPF con la asistencia jurídica de personal del área.
Asimismo, se prosiguió con las investigaciones de los fenómenos criminales relacionados con las comúnmente llamadas cuevas financieras y su protagonismo en el mercado marglnal de circulación de activos de origen desconocido, postulando un enfoque basado en riesgo e hipótesis amplias de investigación,de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

-187-

A su vez, se continuó la articulación de trabajo con ATAIO, DATIP y la Dirección de Recuperación de Activos y Decomisos de Bienes, Para mejorar la eficacia en el abordaje de todas estas problemáticas se procuró fortalecer los enlaces instituciona les con agencias estatales de control vinculadas a los delitos de competencia del área y, en particular, con el Banco Central de la República Argentina, el INAES y el Ministerio de Seguridad de la Nación. En este sentido, la PGN protocolizó el convenio marco de colaboración suscripto con el INAES que permitirá una mayor coordinación y eficíencia en la investigación de los delitos vinculados con el fenómeno de !as mutuales y cooperativas.
Además, en e! área se elaboró un informe interno sobre el mercado financiero local relevando 75 denuncias formuladas por esta Procuraduría y 150 allanamientos practicados -en los que se secuestraron casi SO millones de pesos en moneda extranjera- como así también la judicialización del fenómeno criminal de los denominados "caleros", en el que están involucradas casi 800 personas. Asimismo, se confeccionó otro informe -junto con otras áreas de PROCELAC- en el que se analizan particularmente las modalidades de circulación marginal de dinero cometidas con Ja fachada de entidades cooperativas y mutualistas, por el que se formularon decenas de denuncias penales contra
38 entidades por un monto de más de $18.000.000.000 por los delitos de lavado de dinero, intermediación financiera no autorizada y evasión impositiva.
Por último, el equipo del área ha asistido a numerosas jornadas, seminarios brindados por juristas nacionales y extranjeros, cursos y eventos de capacitación interna y externa referidos a la criminalidad económica compleja y ha brindado capacitación a personal de las fuerzas de seguridad nacional.
Propuestas
Propuestas legislativas y reglamentarias
Sustantívas
Se remite a las propuestas realizadas en informes anteriores.

Procesales
Se remite a las propuestas realizadas en informes anteriores.

De instrucciones generales
Durante el 2018, se propondrá la realización de una guía o protocolo de actuación para delitos de intermediación financiera no autorizada; en particular, para los delitos ocurridos en el ámbito de cooperativas, mutuales o las denominadas "cuevas" para que los representantes del MPF tengan una herramienta con que les facilite la investígación del caso y brinde un detalle de los elementos que deberían buscar y secuestrar en los allanamientos para poder comprobar los hechos. Por otra parte, se delineará una base de datos a nivel nacional sobre el delito de intermediación financiera no autorizada según el art. 310 de! Código Pena! de la Nación.

Propuestas de capacitación

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F_IS,CAL lnforrne Ce Gestión de! ano 2017
MIN!STE!'l.10 rueuw
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Frente a las constantes modificaciones de las reglamentaciones del BCRA vinculadas al sistema financiero y al Rég'1men Penal de Cambios creemos necesa(10 profundizar la capac·1tación del personal en este aspecto. También sería interesante contar con expertos del BCRA que capaciten en relación con el manejo del mercado financiero y las operaciones realizadas por las entidades bancarias y financieras, así como en los mecanismos de control en materia de lavado de activos y los procesos de solvencia y liquidez de dichas entidades. Asimismo, sería necesario contar con capacitación sobre la actividad cooperativa y mutualista, con la participación de personal del INAES que actualice al área sobre las mecánicas delictivas detectadas en dicho organismo.
Se sugiere poder contar con una capacitación relacionada con la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y con especialistas en sistemas acusatorios para poder afrontar eficientemente -y en caso de que suceda durante el 2018- la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal de la Nación.
En relación a los cursos brindados, el área se propone dictar dos capacitaciones dirigidas a miembros del MPF consistentes en "Delitos económicos cometidos bajo el ropaje de mutuales y cooperativas de crédito" y "Los delitos contra el orden económico y financiero: intermediación financiera no autorizada y figuras conexas". En estos cursos se intentará transmitir la experiencia de PROCELA.e y del área en la investigación de estos casos, explicar los tipos penales derivados de tales maniobras y las medidas probatorias que se aconsejan para comprobar la materíalidad de los sucesos y la participación de los involucrados.
Por último, se propondrá realizar charlas de capacitación recíproca con tas distintas fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación de fraudes económicos y bancarios.

NARCOCRIMINALIDAD
PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad)

Diagnóstico general

Balance general de la dependencia

IGLESIAS Díego Alejo

Los objetivos de gestión formulados para el año 2017 aspiraban a sostener y profundizar el rol proactivo de esta Procuraduría en las investigaciones ya iniciadas, en línea con lo ya logrado durante 2016; así también apuntaban a diseñar y ejecutar políticas de intervención estratégica frente a la particularidad de los fenómenos en las distintas jurisdicciones del país {especialmente en la provincia de Corrientes), y por último, para alcanzar estos objetivos, se planteó fundamental seguir fomentando el trabajo mancomunado junto a organismos nacionales y extranjeros en la materia, incrementado los canales de intercambio de información con otros países.

En este sentido, se ha mantenido el volumen total de intervenciones iniciadas desde la Procuraduría que se había alcanzado en 2016, superando en un 105% a los tres años anteriores: 2013, 2014 y 2015, tanto en colaboraciones como en investigaciones preliminares.

-189-

iI:· '., ¡

4 11

CERTIFICADO

El Dr JUllN AGUSTIN 1\RGIBAY MOLINA------------, DU 3014177

solicitó constancia de inscripción en este Colegio Públicf ' de Abogados de la Capital Federal, su antiguedad y estado de la misma y la existencia de sanciones disciplinarias, par& ser presentado ante MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA NACION

lo que se CERTIFICA !

1.-Se encuentra inscripto al T0095 F 00967 desde el 13/06/20'):)7

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2 . -No fue sancionado disciplinariamente éticas.

por infraccione

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3.-Esta comprendido dentro de las inhabilidades estableci

1 ' · i

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en el Art.3 inc.A de la ley 23.187, desde el 30/05/2014.- !· 1

Expido el presente que firmo y sello en

de la República Argentina a los dos * ***

Julio del año dos mil diecioch ,''--:,-

ERENTE DE MATRICULA

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CORRIENTES 1441 .C1042.AAA • BUENOS. AIRES, - REP. ARGENTINA • TEL/ FAX : 4379-8700

NOS GUBERNATORES RECTOR SOCII

U N I V E R S I T A T I S M C G I L L

AD MONTEM REGIUM IN CANADA SITAE OMNIBUS AD QUOS HAE LITTERAE PERVENERINT SALUTEM.

NOS UNIVERSITATIS GUBEfilJATORES RECTRIX SOQI TESTAMUR NOS

Juan Agustí n Argi.bay M alina

CUM CURRICULUM STUDIORUM PRAESCRIPTUM CUM INDUSTRIA

CONFECERJT ET O:MNES EX.ERCITATIONES QUA.E El SINT INIUNCTAE RJTE PEREGERIT, CREAVISSE

MAGISTRUM UTRIUSQUE IURIS

ATQUE El OMNES HONORES IURA BENEFICIA QUAE AD ILI.UM GRADUM PERTINEANT CONCESS!SSE. QUOD AD CONFIRMANDUM HAS UTTERAS SIGILLO UNIVERSITAT!S CONS!GNANDAS ET NOMINA EORUM QUI RES ACADEMICAS ADMINISTRANT SUBSCRIBENDA CURAVIMUS. DATAE DIE XXVIII MENSIS MAil ANNI DOMINI MMXlV

SCIUBUS MAXlMU RECTOR HONORARJUS

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S1UDENTNo:

', No MAIRICl,!I.E:

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SlUDENT NAME INOM DE L'liruDWJT

Argibay Molina, Juan Agustin

2018/07/03

MO.'-'."rRf,\L. CA1'AD. DATE ISSUED:

DATE D'ÉMJSSJQN,

COURSE Nl!MBER

':°'TITLE

cR / .c;ELU

GRADE

EARNED

Cl.AS$AVG

NUMÉRO DE COURS

· -- TITRE

.- CR f' .U.E.C

NOTE

OBTENUS

MoY.llU

Gl'IOUPE

PREVIOUS EDUCATION

Univ/Coll outs1de Canada/US

Univ del Salvador M Other Degree

Fall 2012

Master of la>_: ,,,c.

Thesis Full-,:tíme

Law (ThesiS).-_:lñis

2006

CESL CMPL CMPL CMPL

,PUB2

64-0

61001 <>

612

641

502

Fund of Acad Writ for Grad St Legal Research Methodology Master's Thesis 1

Theoretical Approaches to Law lnternational Q:iminal Law

3 A E

2 p 2

3 p 3

4 B 4

--,3_ A· 3

Aclvanced Standin

_·Att cr EarnedCr GPA Cr Points

TERM GPA:

3.30 Transfer. Cr,eáris: Q_QQ

TERM TOTALS; -··15:00

--,:. 12._oo 7.00 23.10

M GPA:

3.30 TOTALCREDITS: 12.00

CUMTOTALS: '1'5.00 12.00 7.00 23.10

Winter 201,3 . .-

Master of Lavk·-._

Thesis Full"time

Law (Thesis) TheSis. ,

Standing: Satisfaclory

•

CESL CMPL CMPL CMPL

r - _t:i

690

604

610D2 -e>

613

614

Writing for Graduate Students lnternational Business Law Legal Research Methodology Master's Thesis 2

.. Master's Thesis 3

3 A E

4 B 4

2 p 2

3 p 3

p 3

··1..

TCEURMM GGPPAk:

Summer ld-1:3· Master of Li:íws Thesis Full-tiríiEi

501

AdVanced:stáÍldíng "Att-cr			Eamed Cr	GPA Cr	Points
3.12 Transfer Credits: 0.00	TERM TOTALS:	18.00	15.00	7.00	21.90
3.21 TOTAL CREDlTS: 27.00	CUMTOTALS:	33.00	27.00	14.00	45.00

Advanced Criminal Law

Standing: Satisfactory

5 B+ 3

r (Thesis) - Thesis

615 Master's Thesis 4

616 Master's Thesis 5

617 _Master's Thesi'.3 6

Advanced St.andírig

O.DO TÍ'ansfer:Crediís: O.DO

3.21 TÜTAL CREblTS: 48.00

/Att Cr

Eamed Gr

GPA Cr

Poinls

TERM TOTALS: 21,0Ó --21.0Ó ; 0.00 0.00

'CUM TOTALS: 54.00 48:00 14.00 45.00

Standing: Satisfactory

JUAN ARGIBAY MOLINA

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D{':NIEL ELIA

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IKCI biG :-,1 f' • " .J

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\ U N I V E R S I T Y

STUDENT NAME 1NOM DE J..'tfuDIANT

Argibay Molina, Juan Agustin

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MThes•is-Aodf dlaitional Session Law (Thesis) - Thesis

10KTRÉAL. C.'!AD·\

TITLE

TITRE

RE'ERENCE:

RÉFERENCE:

r u_e_c

CR f 'e.E.U

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GRADE NOTE

2018/07/03

PATE JSSUED:

DATE D'ÉMISSION:

-.·E..l RNED

OBTENUS

, .·.··.·

Standing: Satisfactory

'MastersTuesis·.1111e , _:: _ :' < The phenomenon of trade 19iSpi-iClng: untying the knot for-á. , legal analysis • - · • - -

Master of Laws Granted: February 2014

Law (Thesis) -Thesis

END OF TRANSCRIPT

Please do:not:remtfthÍs e«! to the student. To.pe .COidered-ffici.al, electroÍc (PDF) 1

tran·serlpts mtist be received d1rectly from th National student Cleannghouse. -. -

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Page 2 Final Page

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9í.c<1<C'i y wd•dhCo (M)

&v!:><: Gt.ell1,Jf,l/o;-SE;

4 f

McGill

Universidad

Fecha de nacimiento: Abril 06 Estudiante nro: 260521586

Referencia: Fecha de emisión: 2018/07/03

Nombre del estudiante

Argibay Molina, Juan Agustín

NUMERO TiTULO CRI C.E.U. NOTA COMENTARIOS

CURSO

EDUCACIÓN PREVIA

Univ. Fuera de Ganada/USA

Univ. Del Salvador - otro grado 2006

Otoño 2012

Master en Derecho Tesis a tiempo completo Derecho (Tesis) - Tesis

GANADO PROMEDIO GRUPAL

CESL 640	Fundamentos de escritura académica	3	A	E
	para
	estudiantes
CMPL	de grado Metodología	2	p		2
61001	de la
	investigación
	jurídica
CMPL	Tesis de	3	p		3
612 CMPL	master 1 Lineamientos	4	B		4
614	teóricos del
PUB2	derecho Derecho	3	A-		3
502	Penal internacional	Estado avanz	ado		Cr por	Ce	Cr por	Puntos
Promedio	3.30	Créditos	0.00	Totales del	asistencia 15.00	ganados 12.00	promedio 7.00	23.10
del		transferidos		período

periodo

Promedio 3.30 Créditos 12_00 Cum totales 15.00 12.00 7.00 23.10

de-CUM totales

Estado: satisfactorio

Invierno 2013 Master en Derecho

Tesis a tiempo completo Derecho (Tesis) - Tesis

CESL Escritura

690 académica para estudiantes grado

CMPL Derecho

604 comercial internacional

CMPL Metodologia

61002 de la investigación juridica

CMPL Tesis de

613 master 2 CMPLP Tesis de 614 master 3

PUB2 Derecho

501 Penal avanzado Estado avanzado

Promedio 3.12

del

pe"riodo

Promedio 3.21

de CUM

3 A E

4 B

3 p

3 B+

Cr por Cr ganados asiste

ncia

Créditos 0.00 Totales del transferidos período

Créditos 27.00 Cum totales totales

Estado:

satisfactori

Cr por Puntos promedio

18.00 15.00 7.00 21.90

33.00 27.00 14.00 45.00

Verano 2013 Master en Derecho

Tesis a tiempo completo Derecho (Tesis) - Tesis

CMPL 615 CMPL	Master de Tesis 4 Master de	6 12	p p		6 12
616 CMPL	tesis 5 Master de	3	p		13
617	tesis 6
	Estado		Cr por	Cr ganados	Cr por	Puntos
	avanzado		asiste		promedio
			ncia
Promedio	0.00	Créditos	0.00	Totales del	21.00	21.00	0.00	O.DO
del		transferidos		período
periodo
Promedio	3.21	Créditos	48.00	Cumtotales	54.00	48.00	14.00	45.00
de CUM		totales
		Estado;
		satísfactori o

Otoño 2013

JUAN ARGIBAY MOLINA

Página 1 ...

Anna Walsh, Profesor registrado

McGill Fecha de nacimiento: Abril 06 Estudiante nro: 260521586

Universidad Referencia: Fecha de emisión: 2018/07/03

Nombre del estudiante

Argibay Molina, Juan Agustín

NUMERO TITULO CR I e.e.u. NOTA COMENTARIOS

CURSO

GANADO PROMEDIO GRUPAL

Master en Derecho Tesis a tiempo completo Derecho (Tesis) - Tesis

Estado: satisfactorio Título de tesis de master

El fenómeno de la manipulación de precios: desatando et nudo para un análisis legal

Master en derecho obtenido: Febrero

de 2014

Derecho (Tesis) - Tesis FIN DEL CERTIFICADO

Por favor no remitir este certificado al alumno. Para ser considerado oficial, los certificados electrónicos (PDF) deben ser recibidos directamente de la National Student Clearing House.

Página 2 Página final Anna Walsh, Profesor registrado J

Declaración jurada

Declaro bajo juramento que el escrito que antecede corresponde a la traducción que he realizado del contenido del documento titulado «McGill Universi!J Oj]icial Transcrip in PDF Format On!J "correspondiente a los antecedentes de la realización de la maestría en Derecho en la Universidad McGill (Montréal, Canadá), invocada como antecedente en el ítem "Maestrías concluidas", del idioma inglés en que fuera elaborado, al castellano.

Buen s Aires, 04 de julio de 2018.

OtA_)

Juan gibay Molina

Í.

•

The Phenomenon of Trade Mispricing: Untying the Knot for a Legal

Analysis ·

Juan A Argibay Malina

August 2013

Faculty of Law McGill University, Montreal

A thes·1s submitled to McGill University in partial fulfilment of the requirements of!he degree of LLM

---------·-·------- -

TABLE OF CONTENTS

Abstract. ...................................................................................................•..5

Résumé 7

Acknowledgements 9

CHAPTER 1: INTRODUCTION ..............................,.....................................

1.1. lntroduction 11

1.2 State, taxes and duties 19

Globalization, international trade and economy growth 29
How it is done matters 32

1.5Thesis structure 38

CHAPTER 11: CONCEPTUALIZATION OF TRADE MISPRICING ..........

2.1. lntroduction 41

2.2. Definitions of trade mispricing.............:·············································.43 2.3 Distincve elements of trade mispricing 53

CHAPTER 111: HYPOTHETICAL SCENARIOS .......................................... .

3.1. lntroduction 77

3.2. An example of a legitimate export transaction between an Argentinian corporation and a US corporation 78

3.3 An example of a non-legitimate export transaction between an Argentinean corporation and a US corporation: Under-invoicing the export of commodities 80

3.4 An example of a non-legitimate transportation transaction between an Argentinian corporation ·and a US corporation: Over-invoicing the freight. 82

3.5.FOB vs. CFR/CIF 85

Organizational structure 87
Communicalions 92

- ¡-- .

CHAPTER IV: SHAPING CORPORATE BEHAVIOUR.............................. .

lntroduction 97
Tax avoidance and tax evasion 98
Detection vs. severity of punishment. 103
Incentives 109
Pasquantino 112

CONCLUSJON 118

Abstrae!

This thesis evaluates the phenomenon of trade mispricing from a criminal law perspectiva. In particular, this research explores trade misplicing as a business practica performed within the intemational exchange of goods and services. The main contributlon is to understand whether trade mispricing is a plausible phenomenon in the world of business; then, to discover whether it has been legally categolized incorrectly, that is, whether trade misplicing could involve criminal conduct and, consequently, a need far a different approach to propase an effective solution to deter this practice.

The thesis propases the analysis of hypothetical scenarios to illustrate how trade mispricing can be ·carTied out and to discuss whether it can be conceptualized as a crime. The evaluation will, first, involve reviewing the previous academic work on the tapie to assess the conceptualization of the phenomenon. Then, the thesis will explain how trade mispricing can hypothetically be done. This example will illustrate not only what mispricing exports involves, but also how transportation rates, as an accessory transaction, can be mispriced. The ana!ysis of these examples will reveal trade mispricing as a business practica that causes harm to the public interest. Therefore, the thesis will desclibe!he negativa effects of trade misplicing, which may have been, thus far, unduly ignored in legal scholarship. The difficulties to monitor or control trade mispricing may have shifted attention away from its legal considerations. However,

!he relevance of this study cannot be neglected, especially regarding !he criminal law perspective. This thesis illustrates how complex but curren! the issue of trade misplicing is and, by doing so, demonstrates why is important to consider it seriously.

This thesis assesses !he implications that trade mispricing has in the fields of tax evasion, fraud, perjury and money laundering. These multiple perspectives need to be scrutinized, since most of the work already done on trade mispricing focuses on the economic effects or the

way to measure trade mispricing, but there has been no legal

conceptualizaf1an of trade mispricing.

Résumé

Cett.e thése propase d'apprécier le phénoméne de falsification des prix de transaction depuis un point de vue juridique. Plus particuliérement, ce projet de recherche envisage l'étude de la falsification comme étant une pratique commerciale effectuée dans le cadre des échanges internationaux de biens et services. L'apport principal de la recherche porte sur la question de savoir si la falsiflcation des prix de transaction est admissible dans la sphere commerciale. Pour cela, la question est posée de savoir si cette notion n'est pas légalement mal interprétée, c'est-é.-dire, qu'elle sembleralt impliquer un comportement crimine!; et qu'ainsi, il faille approcher la notion d'une maniere alternative afin de proposer une solution efficace pour dissuader ce genre de pratique.

Cette thése propase d'analyser plusieurs scénarios hypothétiques, afin d'illustrer la mise á exécution de la falsification des prix, puis d'argumenter si cette prafique peut étre conceptualisée comme étant un crime. Pour cela, l' étude impliquera premierement la revue des travaux académiques précédemment effectués sur le sujet, afln d'évaluer la conceptualisation de ce phénoméne. Par la suite, la thése proposera une explication sur l'hypothése de réalisation de la falsification des prix de transaction. Cet exemple il!ustrera, non seu!ement ce que la falsification

des prix sur les exportations implique, mais également la fa!sification des taux de transport, en tant qu' accessoire a la transaction. L'analyse de ces

exemples révélera que la falsification des prix de transaction, en tant que pratique commerciale, est préjudiciable á l'intéret public. Ainsi, cette thése décrira les effets négatifs de la falsification des prix de transaction, qui ont été, jusqu'a maintenant, excessivement ignorés par la doctrine juridique.

La difficulté pour détecter et contróler la falsification des prix de transaction a probablement été a !'origine de l'absence d'étude juridique

sur le sujet. Cependant, la pertinence d'une !elle étude ne doit pas étre laissée á l'abandon, spécialement du point de vue du droit pénal. Cette thése démontrera a quel point le probléme de falsification des prix de

- -"------ --·--- -- ---··-- ··-·

transaction est complexe et actuel á la fois. Elle démontrera á quel point il

est importan!d'examiner ce probléme sérieusement.

Enfin, cette these mesure les conséquences de la falsification des prix de transaction en matiére d'évasion fiscale, de fraude, de parjure et de blanchiment d'argent. Ces multiples idées doivent etre examinées minutieusement. En effet, pour le moment, la majorité des études effectuées sur la falsification des prix de transaction s'est orientée sur les effets économiques de cette pratique, ainsi que les méthodes pour la quantifier, mais aucune ne porte sur une conceptualisation de cette pratique depuis un point de vue juridique.

Acknowledgements

1 want to express my sincere gratitude to Mr. Raymond Baker from Global Financia! lntegrity far taking the time to meet with me, but especially for opening my eyes and interest to the phenomenon of trade mispricing. His masterpiece, Capitalism's Achil/es Heel, struck me deeply because 1 had, like Baker, the opportunity to work as a businessman in the field of cross-bordar transactions far a small company in Argentina, my homeland.

However. having had the opportunity to work as a criminal lawyer before trudging through business mud helped me to ask in this thesis sorne difficult questions that real businessmen would never dare ask. They would never ciare because sometimes the line between legal and illegal is too blurry to be defined.

Be that as it may, rt was only due to the given order of these two facts in my own life (my criminal law adventure and ·my business experience) that trade mispricing was brought so intensely to my attention. Whether it had been otherwise, 1 would probably still be giving up my ideas and dreams far those of a greedy businessman, who seeks only to get as rich as possible, as long as he does it anonymously and in the shadows.

Paradox·1cally, when 1 worked as a criminal lawyer 1 dealt with moral questions about what 1 was doing. Now, after knowing what business can be, 1 am grateful to PRAM, who led my first steps in the world of criminal law, but also to EKO, who made me go back to niy path alter showing me a wortd that 1 did not want.

1 would like to thank my supervisor. Professor Allison Christians, far her thoughtful comments and far her patience during the process of defining my ideas. Similarly, 1 am thankful to Thomas Etienne for helping to translate into French the abstrae!of this thesis and to Richard Cooper for his proofreading.

..----------

Finally, 1 am grateful to Maria, my wife. As Mario Benedetti once

said "in the street, ann in arm, we are many more than two."1

1 Mario Banedetti, Inventario Uno, Una Poesia Completa 1950-198$ (Bueno.i; Aires, Espasa Calpe, 1997), al 316. TOO tranation ts by

the present authw.

Something is rotten in the state of Denmark.

- Hamlet (1.4.90), Marcellus to Horatio

Chapter 1

1.1 lntroduction

In 2008, the Republic of Zambia exportad hallof its copper to the Swiss Confederation. However, the copper never arrived at its destination.2 Curiously, the price by which the copper was exportad was six times lower!han the intemational market price. Zambia's GDP for that year was approximately 14 billion dollars and the probable loss facililated by this pricing structure was around 11 billion dollars.3

At the beginning of June 2013, Neymar da Silva Santos Junior, known as Neymar, a twenty-one-year-ol d ·Brazilian football player was transferred from the Santos Futebol Clube (Sao Pablo, Brazil) to the

For a properunderstariding ofthe role of $Wltzeriand in \he rn-export of commodities, see: Atex Cobham, Petr JanskY & Ale>.: Prats, "Swiss.PklUsüon?The Swiss Role in Commodity Trade·,Christian Aid Occasional Paper Number 10, (May. :2Cl13), online: Christian Ald
<http://www.christlanaid.org. uklimages/caw-swissploitat!on-may-2013.pdl>. (lut visitad 12fAug/2013) • Cobham. Jansk9 & Prats maintaln thet" ...develop;ng countries could have Jost more than$SOO bl!lion ·,ri'Sw'•ss-ploltaUort: capital shifts to Swltmriand over 2007-2010, hidden In tl1e manlpulated priclng of commodity trade. For conte><t. this woufd exceed the entlre official development a!d budget o\/'erlhe
period. O\lrmostconseovative esUmate$ suggasta loosof around a tenth ofthis sca!e, but lmpty that there is systematle illicit capital fiowing lnto Switzertand through over-priclng of (ra-)e>qiorts." [Cobham, Jansky & Prats]
Khadlja Sharil'e, "'Transparency' hidesZambla's !ost billionS" Aljezeera (18 June2D11) online: Aljazeera
<Mp:llwww .aljazeera.comflndepth/úpi n'1on/2011/Q6/201161 68244589715.html>. Qast visited 12/Aog/2013). This e;i;ample came thl'O\Jgh
duling a convernatlon with Rayrrwnd Bakerin the Washlhgton DC ollices ol Global Flnancial lntegrity, In May 2013.
The article asserts the following:
Zambja's government acknowladged that the country missed cashing in on the 2004-2008 commodity boom, when copper prices more than tripled. Sut compan1es like MCM don't have to ¡:.ay the new royalty rates of three per cent - as 20 year stabílfly cl.auses lfom secretive development agreements issued soon after privalisation provided the company wfü¡arg<Albfy the world"S lowest royalty rate at 0.6 per cent. This agreement will remain ;n force until the year 2020. WCl'Se st'ill, had these agreements not been leaked, it
would never have come to Hght that corporate tax rates were effecijvely zero, thanks to deferments end
royalt«is.
MCM rs the largest copper mining operation in Zambia • and Glencore certa!nly stands to benefJt from locking down tha capper market. not simply becaL1Se copper U11derwires the modem wOfld, but also because '1t is fundamental te renewable energy. In rect. shortages are estimeted te dr!ve up the prica of copper from current hislaric h;gh at $9,GOO per tonne, ta!ha! ofabolJI 11,000 by 201J, eliwated in large
parts by the demands or emsrglng naijons such as Chirl<l, the world's largestconsumer.

11
\

Futbol Club Barcelona (Barcelona, Spain).4 Days alter the transaction became public, the vice Presiden\ of FC Barcelona announced that the Neymar's transfer cost $57 million euros.5 Surprisingly, the Board of the Brazilian football organization informed the public that they received only
$17 million euros, from which $8 million were to be paid to the two ccrporations that owned par! of the player's rights.6 The question now is, where did the rest of the money go?7
A recent empirical study on China and Norway's mutual exchange demonstrated that there was a remarkable difference between the 2009- import/export data from both ccuntries.•The Chinese data shows that the exports to Norway were estimated to be 2.6 billion dollars; paradoxically, the Norwegian data estimated the imports from China .to be 5.3 billion dollars.8
"Neymar: !want to make my mar!; al Barqa• AFP {6 June 2013) online: FlFA
.:http:l/www .ftfa.eomfworldfoat'oall/ciutlfootballl news/newsid=2103455,htl'!'ll> {last visited 12/Aug/2013).
Anna Segura, "Bartomeu: 'Neymar cost 57 mrruon euros·• onllne: FC Barcelona <http:l www.fcbarcelona.com/footballlllrst ·

team/deta!Varticielbartomeu-neyma....,.ost-57-million-<luros> (las! visited 12!Aug/2C13).

"Documenl shows Santos eamed just9m from Neymar transfar' (10 July 2013) online: AS.com
<http-J/as.comldiarioos/2013107 11Olengli$1'1/1373467340_620194.html> (lasl vislted 12/Aug/2013).
Tariq ?arja, "Neymar lnvestor Meeting Salltos for Ariswers on Ban;elona Mova" (12 July 2013) online: Bloornberg

<http://www.bloomberg. com/news/2013-07-11/ne¡imar-investor seeks-G<:lntract-a er-collecting-3-9-ml mon-lee.html"' (last Yisited 12/A<.tg/2\113) ,The Artlcle malnral l1S that

Barcelona vice presldent JO$ep Maria Bartomeu said at a Jul'\e 3 news conference he oouldn't disclo»e the breaL1ow" of the Spanish champiorl's fil mimon euro outlay, cltlng a confidentialily egreement. Folha de Sao Paulo reported 40 mlllion euros was paid to Neymar as a signing fea. Whare \ha moooy went la "a good qusstion," Hase said. "Because lt didn't go to Santos."

B Darja Olsevakaja, "Trade M;spricing and Mlsreportlng, a Study of China's Foreign Triide 1998-2008"( Master'a Thesls rn Ph1l osophy of Economics, University of Oslo 2013) Universitetat 1 Oslo, online:

<https:l/www-duo.uio. nolbitstreamlhandle/108S2/S4591/olse\1$kaja-darja.pdf?sequence=2;> (last vlslted 12/Aug/2013). The abslract of Olse"1!l<aja'swt1rk asserts tl1e following,

Accordlng to eommon sansa, China"s exports to Norway should be the same as Norway's imports from

China. Howeer, if we loo!< at the data reportad by China and NOtWay, we find a huge gap. Comparlng reported ex¡mrts and lmports, we hava what is called mirror data on lntemattonal trade. Looklng al such data for many counlries, we find a shocldng diapersion of values. In thls thes;s, wa review tha theotalical and ampirical líterature ratevant for the

analy$l$ of mirror data, and wa undertaka .an empirieel study Qf mirror data on China's trade wlth 147 countrles In the wortd durlng 1998-2009. We use a new approach of deGQmpos1ng the bilateral value of

!he C1F-.FOB ratio ;rltO a C!F'-FOB price inde:x aOO a quanUty ratio for eaclilrade partner. The main finding of!ha paper Istr.at price effect, wi1icl1 is related to trada mispricing, is an lmportant factor e:xplaining mirror data vm ation Incase of Chinase exports.

Whlle quanLity effeci, whlch Is related to m!sreportíng of origin, e"Platns the larger part of variation in m;nur data forChinese imporis.

The above examples revea! a shocking event: there is something obscura going on ·,n the way business is carried out nowadays. At f1rst sight, !he examples evidence a certain discrepancy between !he real

prices9 of the goods or services traded and what is later stated in!he

documentation that supports !he transactions. These kinds of inconsistencies can ·be grouped within a phenomenon called trade mispricing ar trade mis-invoicing, which involves the deliberate over invoicing of imports or under-invoicing of exports, generally, for illegal ends such as tax evasion, capital flight, fraud, etcrn The examples lead one to think that this practice may oe more widespread !han these isolated cases.

The deliberate price divergence ·is, in fact, evident in the case of the Zambian copper that was so!d far six times less than the international

market price for that commodity, bu!tt can be also inferred from !he case

of Neymar. 11 is importan!to no! that only 17 million euros were received in Brazil when 57 billion were transferred out of Spain for !he same transaction. There is still not enough information available as a result of

!he confidentially agreements, but this example could revea! how!he same

transaction can be under-invoiced from one side and over-invoiced from

!he other.

In the case of !he data concerning !he commercial exchange between China and Norway, the discrepancy reflects a difference of approximately $2.5 billion. Essentially, half of!he total amount exchanged between both countries was lost somewhere. This example should be considered as an alarm bell because it inclines one to think that trade mispíicing can reach unbelievable levels.

These cases probably are no! enough to argue whether or not what

is going on within intemational trading in goods and services is reflected

9 A real prlce mea.ns here a fuir market price.

10 See lnfra, Chapter 2.

. ·-----

bylhese examples; whether ar no! it is detrimental to!he public good; ar even whether ar no! it is worth paying attention to.

Therefore, the first methodological warning that needs to be issued is that this thesis does not aim to empirically gauge or measure the extent of trade mispricing. That challenge remains open far economists who devale time and resources to finding a proper method far estimating trade mispricing. lnstead, this thesis seeks to show that trade mispncing is a plausible phenomenon; and, therefore, it supports the assumption that there is sufficient reason to devote a legal analysis to it.

The theoretical framework from which this thesis will assess the legal analysis of the phenomenon of trade mispricing will follow the new lega! realism approach to law, as Professor Macaulay proposes.11 In this sense, "the goal [of this thesis] is not to produce certain fixed truths about human society. Rather, [it will] seek to understand the present and anticipate the tuture with a greater probability of accuracy, understanding

that our knowledge can be only tentative." 12 The key here, and within

Macaulay's scope, is to gel the greatest evidential support of "what is going on in· view of what is being studied."13 However, this '1s a complicated task when dealing with analysis trade mispricing, since there is a logical,

,_ -"

11 Victoria Nourse & Gregory Shaf!er, 'Var'leties of New Legal Realism: Can a New World Order Prompt a New Legal Theory?" (2010) 95:1 Cornell LJ 61 at 79. [Nourse & Shaf!er] Nourse & Shaffer enoompass Maca\!lay·s approach withln a "contextual!st" legal raalism. They maintaln there that

Macaul;¡iy has deployedlile term "law ln aetlon" to t:apture WiscoflSin's variety of new legal realism that emphasizes the importanea of an emp;rlcism that adopts anlhropologlcal and socioklgica! approacl1es, !n which academies leave their univarsities and ln'A!sllgate the wortd_ Statlstlcal studles are oot en<>ugh for this worsioo of "new tegal realism"; '1rideed, sucll $1Udles can b sorely mislead'1ng !f used wlth<>ut proper caveats and care. What many (although not ali) contexuallst& rec¡uire is sorne varlant of syrnpatheUc engagemenl ln the subject matter akín to ethnography-what Max Weber called Verstehen. Maeaulay's canonical study af how buslnes!lmen make bargaíñs (largely ln eomplete dlsregard oflhe law) Js the startlng bl.t not the ending polnt of this modal. In a relatad vain, Mert::, a leadlng new legal realist in !he contextuallst veln, has argued that law's tanguage depends on ce>ntextualintlon to oonvey its meaning. Building on researeh Jn anthropologiral lingulsties, she has ciosely ana!yzed !he langLSage used in law scilools.. We call this work, f<lr purposes of dlstlnguishlng it fi"om other f<lrms of empiricism, 'action Sl\Jdies," relteci:ingthe sub}ect of study-lhe law In action.

12 Stewart Macaulay, "The New Versus the Cid Legal ReaHsm: 'Things Ain't What Tuay Used to Se'" (2005) Wís L Rev365, note 3. Clting Roseoe F'ound inthe Spirit of lhe CommOll Law 213-14 (1921), Macaulay a$$E!rtsthat "[b]efore we have sound theorles here we need fscts onwhic!\ to build them_ Even afterwe get sound theories, we sllall need factsto enable us to apply them:

13lbidat396.

and-unfortunately-unavoidable lack of information regarding the elements of this phenomenon.

Generally, the information available regarding commercial transactions, for the authorities and for the public, is incomplete, and sometimes excludes details on!he components of the agreement!ha! may revea] intricate moral or legal dilemmas. The dichotomy arises from what is reported about !he business transaction, and what then really happens. This dichotomy cannot be diminished. This gap between reported business transactions and real business transactions allows recalling Macaulay·s c!aim regarding what is known as "law in action" and/or "living law". He acknowledges that:

The living Jaw is that law which ls not imprisoned in rules of law, but which dominates life itself. The sources of its knowledge are above all the modern documents, and also immediate study of life itself, of commerce, of customs and usage, and of ali sorts of organizations, including those which are recognized by the law, and, indeed, those

which are disapproved by the law.14

Then, Macaulay identifies the difference between "law in action" and "living law" by saying that:

Professor David Nelkín untangles sorne confusion between Professor Roscoe Pound's idea of "the law in action" and Ehrlich's "living law." "Law in action," far Pound, focuses on the gap between the law in the books and the actual practices of legal officials and the public in cases of disputes. The living law" refers mainly to the norms recognised as obligatory by citizens in their capacity as members of associations." Law in action pushes us toward studies of gaps between what we teach in law schools and what goes on in the world. Living law would take us toward the norms, sanction systems,

and institutions that actually exist in various groups in socíety. 15

Basically, this thesis will adopt what Professor Macaulay asserts in his paper regarding the assessment of the truth under the realist approach to law. Macaulay is right when he says that "[o]ften, the bes! we can offer is a provisional and qualified piclure of the world as our best guess of what

14 Eugen Ehfch, Fundament<il Prir1Cipies{Jf /he Scicio/<Jgy r>f l.aw (1936) dled In /bkf at 36S. 15 lb.id. at 385-386.

---_ ---- -- ---- --'-- -.------ -·"'

- --- -.' -------

others would find if they looked at what we examined."16 The goal of this thesis, as stated above, is to show that trade mispricing is a plausible phenomenon; and if that is true, then it would be worthwhile to assess this phenomenon legally, because lt might be of harm to the public good. Therefore, the analysis will assume that there is something wrong. happening that needs to be discussed legally. Achieving this goal will require demonstrating that businesses in the real world do not conclude what contracts or documents supporting business allocate. There is a bigger sphere, a shadow that needs to be explorad.

Legal realism, then, seems to be the best approach to navigate these turbulent waters and to start a discussion from the assumption that there ·1s something wrong happening in the real world of business that needs to be taken seriously by legal academia:

[s]ometimes a new legal realism will not be.able to claim to be only a disinterested, neutral, nonpartisan pursuit of the facts. Sometimes look"1ng at the law ·1n action will carry a political message. Looking at law from the bottom up will often show that things are not as most people think they should be. Sorne studies may serve a muckraking function whether this is the intention of the researcher. Even the best

studies may draw retum fire.17

There is certain ambiguity, though, in what the term legal realism refers to, or even where to identify Macaulay's legal realism (whether it is a new ar old version of legal realism). A clear distinction among new and old legal realism was drawn by Tracey E. George, Mitu Gulati and Ann C. McGinley. They have recently asserted that:

[t]he Legal Realists' orlgina1 idea was to understand law by looking at how it worked in the real world. The Old Realisrn was premised on the idea that legal scholars should go out into the field and collect data (although the original scholars often included more arguments far empirical work than actual examples of it). In recent years, building en the increasing influence of both political science and economics en legal scholarship, a New Legal Realism has emerged whose proponents are often skilled empiricists and whese focus is

16 /bid, al 396.

17 fbid, at392.

on how lawyers and judges in fact operate in context. New Legal Realists look at Jawyers and judges in context and seek to test rnodels of judicial behavior, the most cornmon being that judicial behavior is driven by judges' policy preferences. Broadly speaking, the New Legal Realism generally has a top-down feel to it: the scholars posit models based on theory and then collect data to test ttie model. [...] The Old Realism was more oriented toward studying law frorn the bottom up: the researcher looked to the actions and perspectives of individuals to help understand how law operated. lt was not about understanding judicial behavior and courts in context

but rather about the operation of law in context.18

This thesis adopts !he old version of legal realism. However,!he scope of the approach needs to be understood as Nourse and Shaffer's "contextualisf' form of legal realism. They believe t.hat:

contextualists ground their theory on the JamesianJDeweyan pragmatist insight that theory must come from the world; that only theory that works has established its truth; and that there is no way to divorce theory from fact: indeed, this is a false dichotomy, as John Dewey once ínsisted. What stands out in much of the work under this variety of new legal realism is the combination of empirlcal engagement with recursivity: scholars study a real problem in the world (they do not start wtth a theory or a norrnative agenda), and as they encounter the problem, scholars emerge with different ideas and new strategies, learning from those who must deal wíth the problem (the legal subjects"). In the view of many scholars who take tl1is approach (including ourselves), the measure of the success of many studies is not "prediction"· and verification {indeed, ·it can be viewed as the· opposite of prediction). Rather, the measure is discovery-finding something that; in theory, was not thought, ncir perhaps even •thinkable,"' within the existing paradigms of legal scholarship. These scholars stress, and provide numerous examples of, how "[l]eaving one's office and venturing into the field transforms one's core assumptions regarding one's subject of study" a

rnethodology that we call "emergent analytics."'19

What Nourse and Shaffer maintain is exactly what this thesis proposes to do: to uncover a social phenomenon and to initiate a discussion on the legal perspecr1ve of such a phenomenon-something that has not been done so far. The examples that work as the starting point of this thesis revea! only that something is going on in the way business is done nowadays. These examples may well not be representative of the global

18 Tracey E. Goorge, Mitu Gulati & Ann C. McGinley, 'Tue New óld Legal Realism"' (2Cl11) 1ClS:2 Nw UL 689 at 6914192. 19 [Nourse & ShatlW] S!lprn note 11 at84-65.

exchange of goods and services, but they are enough to show striking components of a business practica.

Logically, it is not reasonable to conclude that the particular circumstances of the.transfer of Neymar, for example, are to be replicated in every footballer's transfer.20 However, it is still important to consider

what can be learned from the case 'in point, especially when, in the football business a!one, there are over 2 billion dollars and over than 11 thousand transactions a year at stake.21

The same can be said about the Zambian case and the transactions with commodities. 11 would be not logical to infer from the example that similar situations occur in other countries or with other commadities; the question, however, remains open. Is the Zambian case an exception? Are the parties involved in the "Zambian case" extracting or

2{1 Interms of logical reasoning, without more lnformaHon of the facls of!he <;ase, assum!ngthat Neym!lr's case is only \lle tlp of tlle Iceberg would be the sama as assumingthatlt is only an lsolate([ case; we cannot be certsin_

lt isimportant to consider in tha evaluation, though, what reeently happenect with the Royal Bank of Canada, RSC, in Uruguay, Tha RBC has announeed that lt will CI0$9 its branch ln MontEvideo, Uruguay, bY the end of October of 2013 aftsr havlng e raid on thelr own offi(;lls due to alleged conneciiofl$with a monay launde 119 schema related to footllall p\ayerstransfars in Argentina. The Bank lrlformed ta the publio that it was Jeavi119 Urug<.1ay di.le to a restructuration of its strategy in Latln America; however, ctmñdential information may have been oompromised during!he raid. See "Canadian bank abamk.ins Uruguay fol!owing raid on !ts office on request from Argantirm judge• Merce>press {16 August 2013) Online: Mercopress -<httP:f/en.mercopress.coml201 3JG811SJcanadlan-bank-abandons-uruguay-following raid-on-lts-office-on-raquest· from-argentine-judge,. (last llised 12/Aug/2013).

See alsa, Nelsón Femlindez. "Por Oyarbide, un banoo deja Uruguay" La Nación (17 All!JUsl 2013) online: La Naci6n

-:htlp:l/www .lanacion.oom.arf1611480-par-oyarb"tde-un-banco-deja-uruguay> (last V1s"1ted 12/Aug12013). Feméndez states that tha Royal Bank of Canada is lealling Un.guay since the judge running the lnvestigatlon seited ali the lnformation avallable about ali !he customers afthe bank in Uruguay, and not only the ones relatad to thefootball playerstransfers, maldng itlmpossible forlha bank m guarantee the expec:ted secreoy of the aciivity.

Mora ínformation can be found in Charl9$ Parklnson. "Argentina Soccer at Cenler of Major Moneylaunderlng Network" [17 June 2013) onllne; lnslght Crime <http: lwww.insightcrlme.orglnews--brlefs/argentine-soocer-at-oenler-of-major-money-laundering-network".

There Parkinson the following is asserlad .

Around 150 slmultaneous raids last week targeted ofl!ces of majar clubs and players" representatlves and homes of club offlclals ln Al'Q<'lnlína al"ld !he affices of four major fina ricial instutions, including the R.oyal Sank of Cenada, In Uruguay. Judicial sources told newspaper La Nacion that the raids uncoVEred the "central affice'" for money laundering In Argentina soccer, allegad to have handled transfers worth tens of

millions of dollars in recen! years. Accordlng to La Nacion, !he otfi<:es belong to Alhac Group, a finance

company which oparates in ArgenUna, Chlle, and Uruguay and has handled meny !lales of Argentine playersto forelgn dubs. Ten people were arrested"1nArgentina, "1nciucfmg two pubflc officia1s, one of wtiom was thelns¡:¡ector Geniaral of Currency Control.

21 FIFA. News Ralease "TMS annual review gives new insight lnto globalir'l'lnsfermatkef (16 April 2013) online: FlFA

<httpol www.flfa.com/a!:>outfifa/ocganlsationlnews/newsi d2Cl.5921.5/lnde:<.html> (last \llslted 12/Aug/2013). To giVE a magnitude on:l91", the

!ntemaUonal Fe<1eratian of Football Associations ;nformedlhat during 201Z tnere ware 11.SSZ transactlons fl'.lr a total value of USD 2.53 billions. These figures rew;aled an 11 per cent decrease in oomparisonwith thetransactionsof201 1.Aocording tolhe informatlon . available, !he most actlve countes deallng wHh football transacüons were Brazll and Portusal. Howevar. the country wíth the most importan! number of naUonals being transfarrad was Srazil.

trad·1ng copper from any other country? Are they working with other commoditles in the same way?22

Evidently, ali of the examples above are based on legitimate dea!ings; that is, simple or complicated business transactions between private enterprises or individuals, on a cross-border basis. The problem, then, is related to the legal implications al this type of business, which though initially legif1mate, has consequences that might well not be. This thesis assesses the legal considerations that can be drawn through the analysis not only from factual examples such as those mentioned above,

but also from the hypothetical scenarios that are described below.23

1.2 State,laxes and duties

Almost everyone would agree with the statement that mainlains that in arder to provide education, health care, justice, or any other public

necessity, the state needs to collect taxes. Taxation, then, should be

considered as a means to provide for social needs.24 At first sight, there is no problem with such a proposition. However, the problem arises when one thinks about how to meet social needs in the modem wor1d where

22 See, for instance, what happened in the Democralic: Republic:of Congo. The Tax Justice Netw<irio; (30 July 2006), orlline: Tax Justie Netwi;rk«http .fltaxjuslice.blogs!)Otca/20081071oonning-congo-15-bllllon-in-ea pltal.html:> (last Yisi\ed 12/Aug/20 1:3.) Kar mairitains there that ••.•[p]ervasive c:mrupUon, and trede misplicing in goods and services led to a per annum loss af nearly $1300 million donara from !he DRC economy {•.•) With that money, the DR.C could have paid off ils entlre extemal debt. whk:h is $11.2 billion_

:23 See /nfra, ci1apter 3.

24See also, Amson Christlans, '"SoverlOignty, Taxation andSocial Contra et"" (2009) 18 M'1nn J INT'L L 99 a! 104-105.

Chrlstians asserts \he following:

[s]ince taxation is typicaJ¡y !he rna!n means by whlch govemments support themselves and provide public goO<ls, the abllity and need af lhe state to tall is easily conflated with he concept of sovereignty- lt is dlfficult to eonceive of a modem nation-state that co1.1ld sustain itself and pmlect lts people fi"om physical or economtc harm wilhout raisirig revenue through taxatlon of sorne kind. As a result, taxatlon seems plausib¡y ldentifiable as an inherent light or.entitlement attachlng to soverelgn status. Further, sorne argue thal taxatlon is so essentlal to sovere1gntylhal autonorny \n óes\gning !he tall system deserves greater

protection than autonomy in other regulatory arnas. The confiation ofautonomy in designiílll the regulatory machinery of taxatlcm with the pol!tlcal institl.ltion o! soverelgnty !tself may not be universally supported by theory or hislorical faci, but t11e principie is generally accepted in \he 11\er.ltl.lre: sovereign statl.ls seems to 1nclude a light to tax In sorne forrn, so that infríngiílg on the right of taxatlon is an infringemenl on sovereignty itself.

cross-border transactions keep increasing. Christians, Dean, Ring and Rosenzweig argue in this respect that:

[c]ertainly no single state can exist as a going concern without raising revenues, and just as certainly it cannot raise revenues without sorne plausible connection to persons and property as revenue sources. Further, states cannot raise revenue effectively or fairly in the modern intemational economic regime without interacting with other states, and other citizens, as people, goods, services and

borders.

capital increasingly cross global 25

This thesis will not define how states should conduct their tax collection within this globalized context. lnstead, far present purposes, it is worth noting that such a context requires from states a certain cooperation with each other. Ideas on the extent of such cooperation will be presented later in this thesis. What is importan! to consider here is that if it is true that states need to callee! axes in arder to support social needs, then, states cannot undermine the possibility of other states providing for such needs by not cooperating with their tax collection. This becomes more importan! when we acknowledge that there are states with different levels of development that would suffet in various ways from the neglected cooperation.

Recently, Álvaro de Vita argued in lnequa/íty and Poverty in Global Perspective 26 whether there is such a thing as international social cooperation as a means of "international distributive justice". 27 The re!evance of his work cannot be diminished since he makes an argument

Dlane M, Rlng, Allison Christians. Steven Dean & Adam Raseneig,-'Taxalion as Global Socio-Legal Phenomenon" (2000) 14:2 ILSAJ Inri & Comp L 31)3 at 4..fi. They propose that
Approachlng intemational ta)(l!tion as an inherently global socio·legal phenomenon would requira a departure from this approach, one ln whlch the inlernatlonal tax ragime is analyzed as th interaction of people, eapltal, business, a!J-.er !nstltLltlons, and states, rether than purely as a cost of global capltal '1rwestment. Such an approach woiid req\lire both a broaderUng of the scope ofthe literature lncorporeted 1n !he !ax law scholarship and a departure from the traditional basellnes for ana1ys;s. ror example, the
literahxe oould beginto'incorporate the lessons fr<om multiple areas of scholarsllip, lncluding ¡ntBmatlona! relirtíons themy, soverelgnty thecry, poliücal philosophy, politieal eeonamy, and behallloral 9ame theory, so as to begin to understand the ehanging pressures on taxation that are emerglng as a result of the
increasingly complex relatlonship between states, rnarkets, and peeple in the globalized wortd.
Álvaro de Vita, "lnequalltY and Poverty in Global Perspective• in Thomas Pogge & UNESCO eds, Freedom om Poverty as a Human fllght, Who Owes Wh11t to Very Poor? (Ol<ford: Oxford unlveraity Press, 2007) at 103-132.

27 lbfrl at 125.

reviewing, essentially, what Rawls and Beitz discussed before on this tapie. The main idea behind international social cooperation is related to the heart of this thesis because the collection of axes, which are related to cross-barder transactions, requires cooperation among states. In fact, de Vita quotes Beitz to describe what the latter thinks about intemational social cooperation. Beitz said:

"The world is not made up of self-sufficient states. States participate in complex international economic, political, and cultural relationships that suggest the existence of a global scheme of social cooperation. As Kant notes, international economic cooperation creates a new basis far '1nternational moral'lty. lf social cooperation is the foundation of distributive justlce, then one might think that international economíc interdependence lends support to a principie of distrlbutive

justice similar to that which applies within domestic society (1999c: 28

143-4)", -

De Vita thinks that Beitz is wrong when he says that !he wortd can be considered a scheme of social cooperation.29 To support that statement.de Vita analyses !he argument of Brian Barry, that "[ ]he wortd economy ... not only could not be viewed as a cooperative ventura but also, and more importantly, !he economic redistribution implied by a global difference

principie could not be shown to be advantageous to rich countries."30 As

de Vita acknowledges, Barry considers that there is no reciprocity or "mutual benefit" and that, therefore, there is no such thing as intemational social cooperation.

De Vita asserts in this respect:

The argument that the world ís a cooperative venture between five billion or so individuals, which is mutually advantageous because it produces benefits for all, ls not compelling. The prímary beneflciaries of intemational trade are multinational corporations, as Beitz himself notes, and through them the groups that comprise their stockholders. Economíc gains from trade are often concentrated in the upper income elites within each state.... Accordingly, lntemational trade and investment may not be a firm basis far regardlng humanity as a

,- ---., 28 //Ji(/ <!lt 125.

29 !bid at 12G. 30 /bld at127.

cooperative venture far mutual advantage. 1 thus share the view of those who deny the existence of a global cooperative enterprise sufficient to cal! for cosmopolitan duties of distributive justice

(Opesk'1n 1996: 30) 31

De Vita understands that inequality in distribution supports the existence of what he calis an "intemational basic structure", and that this structure is meant to correct or equalize the actual unfaimess" that societies experience. The argument is based on what de Vita calls the "duty of distributiva justice". This notion refers to the duty of reversing the initial unfaimess that affects society. Moreover, this notion can explain well why states should cooperate with each other to collectlaxes that will then equalize the given unfaimess.

In stark contradiction, de Vita considers What Walzer and Miller say in regard to international social cooperation. He asserts:

[t]he nation-state is the community relevant to justice. "T.he only alternative to the political community'', Walzer says in the chapter 1 of Spheres of Justice, "is humanity itself. the society of nations, the entire globe. But were we to take the globe as our setting, we would have to imagine what does not yet exist: a community that included all men and women everywhere. We would have to invent a set of common meanings far these people, avoiding if we could the stipulation of our own values." Later in in this book, he adds: "there cannot be a just society until there is a society" {1983: 29-30, 313). Miller argues along similar lineS. He thinks that duties of justice, corresponding to notions of equals rights and equal treatment, arise

only from membership of citizens in a nation-state (1999: 189).32

Following Henry Sue, de Vita believes that elther creating an intemational society and a just society is possible when there is a consensus on "matters of rights and justice". He is right when saying so since even when there are no institutions ar structures at the international leve! as there are at !he national leve!, everyone would agree that any given inequality or unfair distributlon needs to be somehow solved, somehow equalized.

31 !bid 127-8.

32 lbid at131.

lnstead, Millerand Oats consider taxation to be a system that makes public spending possible.33 This conceptualization of taxation supports the justification of taxation as a means to achieve further ends, which citizens delegate to the state (i.e. education, health care, security, among others). 34 Murphy and Nagel argue that !he purpose of taxation is not primarily public spending bu!!he implementation of an economic or distributive justice. They have established that:

Taxation has two primary functions. {1) lt determines how much of a

society's resources will come under the control of governrnent, far expenditure ·1n accordance wlth sorne collective decísion procedure,

and how much will be left in the discretionary control of private individuals, as their personal property. Call this public-private division. (2) lt plays a central role in determining how the social product is shared out among different individuals, both in the form of prívate property and in the form of publlcly provided beneflts. Cal!

this distribution. 35

Be that as it may, taxation relies on the idea of the duty of individuals or corporations to economically support the state through paying the taxes that are applicable to them. Thus, defining the extent of this duty is key far any further analysis of the legal consequences of failing to observe the general duty to support the state.

A first distinction was made by Orce and Trovato who established that 'hose who do not believe in the duty of supporting the state cannot

S:I See Angharad Mlller & Lynne oats, PrÍllc/ples of lntemationaf Taxation (Haywards Heath, W9$\Sussex: Bloomsbury Professiorial, 2012). (Millar & Oat.s]

They believethat

lñere are generally considered to be three categories of govemmemt fimction that result in the need to

imposela><es, \he provisiQn of publlc goods, the distrfbution ol resources and economio stabilisation.

The term public good, refers to goods and servioes that are riat provided by the prlvate market, usually because it 1s not efficient for them to do so. They are thlngs that people want in thelr society. and so the government is left with the job of supplying them. Examp!es ere protection ol property rlghts through the pollee foice and the legal system, utilities such as power, roads and street lights. These are often thir'\9s that peeple are ootprepared to pay for direcUy, and so the govemment must supplylhem free of eharge.

See also Grant Riehardson, "The lnHuence of Culwre cm fisoa! Corruption: Evldeoce Acro$s Countnes• in Miranda Stewart ed., Tax
Law and Po/11ir.:<il lnstitvtions (Australia: The Federatlon Press, 2000) 1:24-142 al 124 Richarson assert5 the f!>llowing:
The colleetion aftait revenue is al the centre of govemmentactivity because itallows 9ovemmenl to meet is rnspol'l!llbilitles 111 terms of tlle provisian of publlc goods and servl<:es in SOciety (Musgrave and Musgrave, 19S4.; Bowles. 1998). lf a govemment l\ails to provide a safisfactory 1evel of public goOOs and
services, tihen lhe quality of l!fe of the communities thal it serves can be badly affected. This Is ¡;articulay
the situation in many developlng courrtries (Frampton,1993; Toye and Moore, 1998).
Liam Murphy& Thomas Nagel, The Mylh o!Ownersllip: Taxand Juslice (Ox!ord; Oxford Universify Press, 2002.) !ti 76. [Murphy &
Nagel]

23

rationally pretend to ensure any of their own rights since the state is !he only frame by which !hose rights exists." 36 Orce and Trovato use the
comparison between filial duty and!he duty to economically support!he state in arder to illustrate sorne differences between them. In this sense, Orce and Trovato specify that !he duty to support !he state is restricled only to supporting the state econam·1cally. Therefore,lhis duty does no! extend to informing the state of any mistakes concerning the determination of a particular tax or to preventing someone from defrauding the state. They acknowledge that !he latter element is partlcularly different in !he case of filial duty, where a father has the duty to preven! others from
defrauding his son.37 These considerations will be analysed below when
assessing· the duties that apply primarily to businessmen within !he habitual commercial exchange they practice.
Is importan!to consider that only alter defining the nature of the duty of supporting the state economically, will it be possible to ascertain
the effects of!he infringemenlof this duty. Thus, as Orce and Trovato say, the duty to support the state economically is a positive duty.38 Both the conceptualization of !he state and the duty to support it economically tie
!he enforcement of the right to a prior recognition of the state as its main source. Even citizenship, and ali the rights that it entails, depends on the existence of the state as such. 39 This assertion becomes particularly
importan!when trying to define the extent alprivate property as a right, and whether there can be such a thing as private property withoula state or independently of !he state. lt is importan! to consider this argument when discussing the legitimacy of the slate's controlling ar moniloring price structures in private transactions.
Orce and Trovato relied on!he previous work of Murphy and Nagel to provide a philosophica! framework far their argumentation. In fact,
Guillermo Orca & Gustavo Trovato, Dltos triburarios. &;lud/o anali/lco del régimen penal de la ley 24.789 {Suenos Aires: Ai>eledo

Perrot, 2008) at 21 [Orre & Trovatoj ['translated by author]

/bid.
lbkJ.
/bid_

24
64--

Murphy and Nagel understand private property as a legal convention that cannot be considered something independent of the tax system. They state that:

The conventional nature of property is both perfectly obvious and remarkably easy to forget. We are ali born into an elaborately structured legal system governing the acquisition, exchange, and transmission of property rights, and ownership comes to seem the most natural thing in the world. But the modern economy in·which we earn our salaries, own our homes, bank accounts, retlrement savings, and personal possessions, and in which we can use our resources to consume or invest, would be impossible without the framework provlded by government supported by taxes. This doesn't mean that taxes are beyond evaluation---only tllat the target of evaluation must be the system of property rights that they make possible. We cannot start by taking as given, and neither in need of justification nor subject to critical evaluation, sorne initial allocation of possessíons-what people oríginally own, what is theirs, prior to
government interference.40

This argument is relevan\ since the debate regarding the extent to which the state can possibly interfere (control ar monitor, question ar examine) in the decisions made by private enterprises in terms of price structures in international trade requires a clear definition of the role that private property as a right plays within the tax system.
In his famous book Anarchy, State and Utopia, Robert Nozick raises important questions in regard to the state. He wonders whether or not the state should exist at ali, and whether ar not the monopoly of the use of force by the state and the redistribution through a compulsory tax
system are immora!.41 Nozick issues an early warning in the preface of his
book:

Our main conclusions about the state. are that a minimal state, limited to the narrow functions of protection against force, theft, fraud, enforcement of contracts, and so on, is justified; that any more extensive state wHI violate person's r"1ghts not to be forced to do certain things, and is unjustified; and that the minimal state is inspiring as well as right. Two noteworthy impllcations are that the state may not use its coercive apparatus far the purpose of getting

40!Murphy & Nagelj, Supra note 35 at 8_
41 RobertNozlck, Anarchy, Srate and Utopia (New York: Basic Beok, 1974).

protection.
sorTie citizens to aid others, ar in arder to prahibit activities to peaple far their own good ar 42

Nozick's argumentation is interesting since he argues in favour of a minima! ar µltra-minimal state and questions the compulsory tax system as the financia! source of such state. Reviewing his thoughts on both ideas may well help to draw the boundaries of private properiy, the expected role of the state, and the subsequent need for collectinglaxes.
Basically, Nozick argues that only the members of a society who "purchase" the protection given by the state should receive its protection. The key distinction here is that Nozick introduces "freedom of choice" in arder to decide whether anyone wants to receive the protection of the state. Theretore, Nozick is not real!y arguing against taxes as a legitimate source to finance the state, but rather in favour of the free choice of being protected, which may well be affected when the tax system is set on a compulsory basis, that is, when there ·;s no other choice but to comply with the fixedlaxes.
This thesis does not seek to answer whether Nozick's reasoning is right lnstead, Nozick's standpoint can help to understand to what extent there is the need for a state to achieve the public good and also to what extent achieving the public good requires the contribution of the members of the society. The analysis on the importance of the explicit or tacit "consent" of the members of the society will be given when discussing Marc Fleurbaey's work. Now, we will discuss two of Nozick's main ccnclusions: first, that there is a need for a state. We will not argue whether the state shoúld be minimal or extensive, but rather whether there is a need of any state al ali. Seccnd, and without considering the extension of such a state, Nozick questions whether there is a need to finance the state's mission through sorne kind of taxation. Nozick seems to lend more importance to the voluntary choice of the members of the society to receive the protection of the state. Here, we will consider only

42 lbkf at IX,

26
65

the fact that the state, voluntary or compulsory, needs somehow to be financed.
For Nozick utopia means that everyone can envisage the "best world imaginable'' to live in and that everyone could decide whether or not to stay in such a world. The essential componen!of Nozick's utopia is that we can decide to stay in or leave the world we ar others have imaginad as
"the best world". 43 This is to be remarked since under this scenario
everyone is capable of deciding what to do; everyone can decide whether to stay here or to stay in other possible worlds imagined by others.44
Nozick then introduces the idea of an "association"' to refer to this world in which people decide to stay. He analyses how individuals would be related with the association. He asserts that:

No association will admit me if 1 take more from the association than 1 give to it: they will not choose to lose by admitting me. What ! take from the association is not the same as what ·1 get from it; what 1 take is how much they value what they give me under the arrangement,
p.
what 1 get is how much 1 value my membershi 45

The key here is to understand that Nozick believes that accepting such an association requires the acceptance of a "central authority" or "minimal state'" which will provide the framework far Nozick's utopia. As he argues,

The minimal state treats us as ínviolate indíviduals, who may not be used in certain ways by others as means or tools ar instruments or resources; it treats us as persons having individual rights with the dignity this constitutes. Treating us with respect by respecting our
rights, it allows us, individually or with whom we choose, to choose
our life and to realize our ends and our conception of ourselves, insofar as we can, aided by the voluntary cooperation of other
individuals possessing the same dignity.46

Nozick's claim seeks to respect the dignity of everyone in the society. The idea behind not considering individuals as instruments or
1. /bid at 298.
2. /bid at 299.

45 /bid at :301.

46 /bid at 3:33-3:34.

resources to achieve any end (even the public good) seems to be based on the expected choice of the individuals to cooperate. Thus, it would be wrong to consider in Nozick's utopía that any taxation (in arder to achieve

!he public good) would be unfair if the individuals did not "consenf' it. lnstead, it seems more logical to consider that if anyone decides to be part of a society, there is an implicit cansen!to the mechanisms d"1splayed in order to finance such an assoclation. Nozick is right when he is putting as

!he heart of !he society the "choice" of its members to be a part of it. This is so since respecting !he "choice" of !he individuals is the only way to recognize their dignity. However, and insofar as this thesis is concemed, Nozick"s work cannot be considered as a theoretical framework to disqualify the need of a state or to support it. Rather, he could no! argue in depth the extent to which the individuals who decide to stay in a particular society need to support !he central authority. That is precisely the discussion this thesis proposes to develop since the state (extended or minimal), whether or not we freely decide to be par! of a particular society, helps to accomplish !he collective goals and to equalize any unfair distributio.e that might affect the society.

lt is importan!to point out what Marc Fleurbaey stated recently in regard to the legal consideration of poverty. 47 He questions whether poverty can be consideréd as a violation of human rights, and he seeks a

theoretical answer to the economic inequalities in society. One might well ask why this discussion would be interesting far this thesis; but as will be described below, Fleurbaey reveals a tension between individual projects and collective projects. This discussion is relevant far the purposes of this thesis since the same tension appears when arguing in favour of or against the existence of the state and its financia! support through a compulsory tax system. The prcblem far Fleurbaey is the conceptualization of poverty and fundamental human rights. However, if

47 Marc Fleurbaey, "Poverty as a Form of Oppreslorl", in Fraedom from Poverty as a H11m/lf1 Right, Wlro Owes Whal to /lle Vary Poor?,

(O><ford: O><ford University Press, 2007). '

we think of poverty as only one among other issues that people need to deal with collectively, it is possible to make a comparison and to use Fleurbaey's arguments in the context of this thesis. lf what Fleurbaey says in regard to poverty is true, we can then argue that!hose cons'1derations could be applicable to other social issues that need to be approached collectively.

In fact, in the assessment of !he libertarian approach to fundamental rights, Fleurbaey maintains that for libertarians "the only legitimate rights are purely negative." 48 This means, for .Fleurbaey, that "they never make it possible to access to the resources of others without their consenr. He believes that to reach!he libertarian ideal, a state needs

to be established and financed through compulsorylaxes. 49 Fleurbaey

maintains that the libertarian state consists of

[a] soclety in which a!l ·the material resources are allotted in fuU property to single owners and these individuals are free to trade, give, or bequeath the'ir property as they see f1t. The only way to

tt.

come into possession of someone else's property ls thus to obtain his consent, either for trade or simply as a voluntary gi 50

Fleurbaey is right when he says that for the libertarian institutions are based on !he explicit or tacit cansen!of the members of the society.51 As he explains, the rights of poor people would not be violated unless they were subject to '1heft or. violen! aggression".52 Therefore, far libertarians, there is no such thing as a duty to compulsorily assist the poor, and any assistance would be determined by the consent of the individuals giving.53 According to Fleurbaey !he main problem with the libertarian ideal

is that it, "ignores the existence of public goods and of externalities."54 He

believes, instead, that the members of the society could well be interested

/bid al 134.
/bid at 135.
!bid at 134.
/bici at 136.
/bid at 134.

/bid.

54 /bid at 135.

in supporting with a "compulsory contribution" !he generation of public good. 55 Therefore, the key to understanding the legitimacy of !he institutions !ha! libertarians would create in arder to achieve the public

good depends basically on the consent among the members of the society. Fleurbaey defines why the libertarian ideal is attractive:

[lt is] the possibility far individuals to meet and sign contracts or any other form of agreement, without having to submit to the control of a third party, and without having to give part of their jolnt profit to a third party. This possibility is indeed a real freedom, not only a formal one, which is curtailed by the intervention of the state. lt is precisely because ít infringes the ordinary freedom of owners to use their property as they wish that the state requires a spec'1al justlfication, as

the arm implementing the collective projects of the population.56

He finally realizas that the tensions between individuals and the state reach extraordinary outcomes because "[t]his tension does no! only pu! individua!s and the state into opposition; it also resides within individua!s who, far instance, can at the same time wish to reduce poverty and seek to pay fewer taxes."57

Later, Fleurbaey analyses what he describes as a "tension between rights of property and social rights"58 in Rawls. According to Fleurbaey, Rawls gives more relevance to !he property right !han to any inequality issue!ha! might affect the society. As Fleurbaey states,

.._ _ ,

One can see the limits of the relevance of a theory that outlines an ideal society but hardly guides us on the political priorities on the ordinary circumstances of a very imperfecf society. A right to subsistence would not be essential in an ideal society, but could well be essential to deal wíth the emergencies of a strongly unequal

society. Rawls's theory does not tell us anything on this subject.59

Fleurbaey's ideas on poverty become more interesting when he . analyses how the market-based exchange works within this tension.

/bid at 135.
lbki' at ,38.

57 /bki' al 138-

/bid at 138.
lbki' at 139.

30

Essentially, he claims, the market-based exchange by giving access to markets to the poor will help them to overcome their situation. Fleurbaey argues:

The description of the marketbased exchange that has been popularízed by economic teaching sínce Pareto insists on the fact that the agreement between the two conti"actors is voluntary, which guarantees that, in normal circumstances where the contractors are fully and correctly informed, and rational,the exchange is beneficia! far both. The universally beneficia! nature of the market-based exchange, in the absence of externa! effects on third parties, is a remarkable property. This property gives us an intuitlve understanding of why the market economy, in ideal conditions of information, rationality, competition, and absence of externalities, leads to an efficient distribution of resources. Any pocket of
inefficiency will be systematically located by potential contractors who will spontaneously eliminate it, thus improving their own lot. This property also contributes to justifying freedom of trade in view of the possible harmful effects of public intervention, which always has a tendency, by clocking certain potential exchanges, to artfficially
maíntain inefficient situations.60

Fleurbaey·s thesis challenges the assumption of the benefüs of the market-based exchange because of unequal distribution of wealth, which may well affect the freedom of the parties involved in the exchange. He argues that even adopting a '.'just price" transaction may not be voluntary since as a result of!he unequal distribution of wealth, the ·parties may be compelled to accept the offer al the other party in the exchange. This
analysis is interesting because it seems that Fleurbaey is arguing in favour of levelling out "the trader's wealth beforehand." 61 He understands this equalization as the "egalitarian ideal".
Fleurbaey then compares the libertarian ideal and the egalitarian ideal and establishes the main difference as the need to equalize the wealth of the parties involved in the exchange befare the transaction. This differs from the libertarian ideal, which only requires "consenf', the free choice of the parties.62
l/Jlri at 142.
//Jiri al 152.
l/Jiri al 152.

.31

What Fleurbaey is trying to demonstrate is that helping the poor may well require positive dulies, which contradicts the libertarians' idea of negative rights. Even when he acknowledges !he practica! difficulties involved in the equalizing mission, Fleurbaey is making an importan!point What he calls the ''personal duty of equalization" is not only morally relevan!, as he maintains; but Fleurbaey also demonstrates that there are certain social problems (or fundamental rights) that require more than a passive response from!he members of!he society. Personal dulies may arise; and if thal is the case, !he libertarian demand for voluntarism or freedom of choice would not be enough.

Fleurbaey's argumenlcan be extended to other fundamental rights, such as education or public health. And if what he says is true, one could reasonably argue that in arder to guarantee these fundamental righ s,!he society has to demand from its members the duty to support economically the state in order to providelools to "equalize" the wealth of the society. Then, by extension, it would be irrelevant whether or not the parties freely agreed to misprice a commerclal transaction, because beyond their will there are collective actions that require!ha!!he parties in a transaction be sincere and honest when reporting the transaction.

Probably, Fleurbaey did not fully realize the relevance of his work. He worries aboul poverty and clearly establishes the differences between the libertarian and!he egalitarian approaches. However, his work can also help to answer why !he state can be involved in the details of private transactions. Fleurbaey's majar achievement is that he demonstrates that property rights and the freedom of parties are not absolute. Both rights to property and freedom itself may well be relativizad in arder to achieve a higher ideal. Thus, this argumenlmay lead one to think that there are reasons, important reasons, which could allow the state to "interfere" in private transactions.

Globalization, intemational trade and economic growth.

32
According to the Financia! Action Task Force, the global exchange
of goods is worth approximately $9 trillion, and the global exchange of services is around $3 trillion.63 This report is based on the assumption that most commercial exchanges can be attributed to the financia! services that
banks and financia! institutions provide to individuals and corporations. Be that as it may, what is importan! to point out is that developed and developing countries have been more open to cross-barder exchanges.64 The steady increase in this type interaction across the world is not new. Miller and Oats recognize that the world has been experiencing an accelerated liberalizing process since the Second World War. 65 This liberalizing process is known as globalization and is marked by a notable increase in the international exchange of goods and services ali over the world. Habermas has defined globalization as

[t]he cumulative processes of a worldwide expansion of trade and production, commodity and financia! markets, fashions, the media and computer programs, news and communications networks, transportation systems and flows of migration, the risks generated by largescale technology, environmental damage and epidemics, as
sm.
well as otganized crime and terrori 66

In fact, according to the World Trade Organization, the explosion of global trade shows that, measured in terms of volume, the global exchange of goods and services doubled between 1995 and 2011.67 The benefits of the exchange increase cannot be neglected. In addition, the relationship between trade and economic growth is one the most essential
assumptions of modern economic theories. 68 However, there is no

63 US, United States Department oflli:i Treasury: Flnanclal Crimes Enforeement Netwrok, Trade Based Money Laundering (Paris: FAFT Sf!cretariat, 2()06) online: FATF <ht!pJ/www.ñncen_go1J/rtews_roomlrpJftle!llfatf_fypologles.pdt> (last visited 12/Aug/2013) al 2. [FAFT]
64 !bid.
1. [Mnler & Oats] S!lpll!I r.ote 33, at 21
2. Jurgen Habermas, The Divlrleri Weat(Cambridge, Mass.: PoHty Press, 2006) at 175_ 67 \lllTO, The F'uture of Trade; The Ch<J/ler1ges of Convergence {2013) at 17, online: WTO
<!ittp:ltwww.wto.org!englishlthewto_eldg_e/dfLpanel_e/Mura_of_trade_report_e.pdP (last visited 12/Aug/2013).
sa See also: Joseph E. SUglitz & Andrew Charoo. Falr Trad!f For Al/. Hov; Trade Can PrOmo/a Devek!pmer1t (New York: Oxford University Press, 2005) at 12. Stiglitzmaintalns that ".•.[l]he notíon that trade -free trade, unencumbered by go,,emment resttictions- Is welfarn-<Olnhancing Is one ofthe mostfundamental doctrines in modem e<;onomics, dating back at least to Adam Smlth (1776) end David Ricardo (1S16)."!Stiglitz& Charlton]

consensus regarding the truth of this statement. As Stiglitz and Charlton argue, '1he subject has always been marked by controversy because the issue facing most countries is not a binary choice of autarky (no trade) or
free trade, but rather a choice among a spectrum of trade regimes with varying degrees of liberalization."69 Stigliz and Charlton argue in favour of trade, but they do not forget about how trade should be done to the benefit of everyone.
In an earlier work, Stiglitz claimed that Western coúntries made developing countries remove trade barriers to increase the global exchange, bu!they did not do the same with their own.70 He believes that
this is essentially what makes globalization good for developed countries:

The critics·of globalization accuse Western countrles of hypocrisy, and the critics are right. The Western countries have pushed peor countries to eliminate trade barriers, but kept up their own barriers, preventing developing countries from exporting the·1r agricultura! products and so depriving them of desperately needed export
l
71
ncome.

Stiglitz complaints can be seen as a more general critique of globalization, or even as not related to the subject of this thesis. However, if what Stiglitz argues is true, that is, that there is a "disproportionate share of benefits"72 it is reasonable to say that the disproportionate share of benefits works as a strong reason to discuss the terms of trade. Stiglitz argues that:

Looking at the "terms of trade"-the prices which developed and less developed countries get far the products they produce-after the last trade agreement in 1995 (the eight), the net effect was to lower the prlces of sorne of the poorest countries in the world received relative
mports.
to what they paid for their i 73
1. lbid at 35 where Sti91itz & Charlton malntain that • [t]he rela!lonship belween trade liberanzation and growth is not simple. Pr<illmir.ary research belng conducted at CDlumbla Unlverslty, for lnslance, suggeststhat trade llberalizetion may have posifive effecis on countries wi!h low unemployment rates, bLJt negativa effect5 on GtJLintrles wlth h;gh unemplDyment rates. More generally, 1he empirical evidenee supports 1he vlew thetthe benefits oftrade liberalization depend on a ranse of olher factors whlch are difficult to Observe separetely
  because of measLUement problems and other aconometric 'fü!icultles."
2. Joseph E. Stigl!tz, Globaiization andlts Olscontents (New York: Norton &. Company, 2002) at7-6.
71 /bid.
72 /bid ata.
73 /bid ata.

34

What Stiglitz says can be only be understood as a broader reason to assess trade mispricing. He establishes that global prices between developed and developing countries differ. This makes the prices of the latter lower, so that !he assessment of practices that might involve a misrepresentation of prlces -which are already lower than they should be--worth analysing.
Recently, Mike Moore, the Director General of !he Wortd Trade Organization, diminishe.d !he importance of trade as a componen! of the economic growth of a country by saying that:

Trade is one component of a policy framework for growth, poverty reduction and development. Trade must be part of the equation, but it is only a part of that framework. Sound macroeconornic policies, debt reductíon, capacity buílding and good govemance are critica] to
reduction.
any programme of development and poverty 74

Trade is, however, a key component in the equation. In fact, economists try to measure the relevance of the assumption and to ascertain whether the international exchange of goods and services is pivotal far !he economic and financia! growth of any country.
Generally, economists use the Gross Domestic Product (GDP) as a measure of !he overall economic health of a country. This measure indicates that if !he net export of a country is positiva,!he GDP of that country increases. There are, however, sorne who diminish the value of this method. Far instance, Joseph Stiglitz criticizes the use of GDP as the so!e indicator, since the outcome can be misleading. He believes that
"GDP is a handy measure of economic growth, but lt is no! the be-all and end-all of developrnent." 75 In Fair Trade for Ali, Stiglitz and Charlton
1. Donatella Alessandrlnl, Oeveiopiflg CQuntries and /he Mu//1Jateral Trede Regfme (Oregon: HartPublishing, 2010) al 218, footnote 43, [Alessandrini]
2. Josepth E. Stiglitz, Makirlg G/oi,/l/ita/IM Work(London: Penguin Books, 2006), at 45. Stiglllzargues: 1.llhe trouble with this is that
  what we measure iswhatwe atrive for, Sometimes, increases in GDP are assoclated wlth poverty reducti(¡n, as was \he case ·m East Al;ía. Sllt that was not an acnident: governments designad po1;cies to make sura that the poor shared in the beneflts. Elaewhere, growth has n been accompanied by increased poverty and somemeseven lor ;neome fur inr:!ivlduals ln the m;dd1e:
  
  35 ('\,.\
  
  -------, .. ···---- -----
  \ \\
  
  · --------
  
  explain the essentials behind the idea of trade and development. They maintain that:
  
  The intuitlon behind the notion that trade is welfareenhancing is simple. Imagine two people exchanging goods with each other. They would voluntarily trade their goods if and only if they both benefit from doing so. Thus government íntervention to prohibit, restrict, or tax their trade restricts their ability to realize welfare gains from such
  mutually beneficia! exchange. 76
  
  Therefore, trade happens, as Stiglitz and Charlton explain, basically because the parties involved in the transaction benefü from it. lf we extend this idea, it is feasible to argue that nations indirectly benefit from the transactions carried out by its nationals. lndeed, Donatella Alessandrini explains in this respect that
  
  the theory of internaüonal specíalisation as forrnutated by Adam Smith posits that nations can mutually benefit from trade- by specialising in the production of certain goods when they differ in their cost ability to produce them. 77
  
  Alessandrini argues that the free-trade theory maintains that open markets are more efficient than states at allocating resources. She asserts,
  
  To put it simply, each country should specialise in the production of the good it produces at the lowest cost along its production possibilities
  frontier: as every country has a comparative advantage in producing something, in the international community will benefit equally from free
  78
  trade.
  
  In her analysis Alessandrini emphasizes that this theory would only work if "market prices mirror real prices". Her argument is backed by Bhagwati's proposal79 for allowing the intervention of the state in arder to restare the conditions for free trade when market prices differ from real
  prices. This is not !he place to discuss the benefits of a free or regulated
3. [Stiglitz & Charlton] Supra note 68, at 24.
n [Alessandrini] Supra note 74, at 222, footncte 60.
1e 1bkf.
79 S also Jagdish N. Bhagwatl, Free Trade Today {Pnceton. N.J. Princeton University Press, 2002).

36
market, but it is importan!to point out that free-trade theory is based on mirroring market prices with real prices since, as will be explained later, trade mispricing is a practice that involves over- or under-invoicing exports ar imports. Therefore, regardless of!he analysis of th'1s practice from the legal point of view, it is important to consider that trade mispricing can also affect the general principies of a free and market-based economy since they work under the expectation that individuals or corporations will remain truthful in!he description of!he transactions they carry out.
How it is done matters

The question that arises naw is, under what conditions can the economic theories based on international ru<change work? lntuitively, one could argue that this statement will only be true when the terms of the exchange are sincere, fair and transparent; when the goods and services are traded and documented at a proper price. This is because, while doing so the parties involved will be happy with a transaction that sincerely reflects!he agreement reached, but also because the related taxation can operate s¡noothly when the components of the transaction are well defined by the parties on!he documents that support !he transactions. Alter all, the state would be able to meet public needs through taxation if and only if enterprises or individuals remained truthful about the elements of the transactions they carried out.
Therefore, the idea that maximizing international trade is good far the economic and financia! health of any country needs to be revised in the light of what is really happening in international trade, that is, in light of how business is done. Consequently, to analyse how business is done
affects the law.80 From this point of view, it is importan!to consider that
most of the academic work on trade mispricing, so far, has focused on
how to measure the effects of this practice. The complexity of this task is

ao GresOfY Shaffer, "How Business Shapes Law: A Socio-Legal frameworkº (2009) 42 Conn LR:ev 147 42 CTLR 147.

not minar since there are still no effective tools to grasp data in real time that would allow the authorities to monrtor ar control the terms of the transactions. However, the advances that have been made in the assessment of the effects of trade mispricing are enormous. A cautious study, far instance, considered that during "the period 2000-2008, developing countries lost between US$725 billion- US$81Obillion per
annum"81 due to illicit business practices by which goods and services
were exported from them. Thus, it is relevan! to expand the legal considerations of trade mispricing to re-examine the statement regarding economic and financia! growth through the exchange of goods and services, far the manner by which that exchange is canied out can demonstrate its own inadequacy.
Recently, Kar and Freitas established that manipulation of plices is an importan! source of capital ftight from developing countries to developed countries. 82 In their analysis, they identify that the most important incentives far businessmen to resort to this practica are "maximisation of net, rather than gross, global profit (whether through tax
evasion or tax avoidance, in relatian to customs duties ar profit taxes, far example); or from the evasion ar avoidance of other regulations, for example on profrt reinvestment and repatriation or other fo1111s of capltal
control."83 The cited figures reveal the relevance of the topic _and reinforce
the need of more research to assert the legal perspectiva on trade mispricing.
Thesis structure

This thesis argues certain legal aspects al the business practice

known as trade mispricing. Specifically, it first reviews the

S1 oev Kar & Karly Curcio. "lllicit Finandal Flows from Developlng Countes; 2000-2009", (2011), onnne-. Global F1nanclal lnteglity

<http://www. gilntegrity.org/storagelgilpJ<fuoume nts/reportsl1FF201O/gfi_Jff_update_rnport-we b.pdf> (las! visited 12fAug.120 13J.

82. !Wd.

S3 !bid.

conceptualization of trade mispricing. Chapter 11, then, focuses on different definitions of this phenomenon. The challenge is to find the one definttion that grasps ali the elements of this practice. However, it is probably necessary to provide a deflnition from the legal perspective and to analyse the distinctive elements of trade mispricing.

Chapter 111 is devoted to describing hypothetical scenarios of how trade mispricing can be carried out through the export of goods and through the transportation rates related to those transactions. That chapter aims to shed light on the structure and levels of complexity that may be involved in trade mispricing schemes. The explanation may also be useful for further analysis of the topic, so as to develop the necessary tools to monitor and comba!this practice. Chapter IV comprises the analysis of ways that might help shape the behaviour of individuals and corporations in order to reduce mispriced transactions. lt is not intended to be the solution for trade mispricing, but it does provide a description of measures or cases that could lead to a better understanding of this practice and perhaps to a mechanism to reduce its effects. The key question that the thesis attempts to answer is, how can the .behaviour of businessmen be shaped? Finally, this thesis offers a conclusion.

Chapter 11

2.1 lntroduction

According to !he Cambridge Dictionary, trade refers to "!he activity of buying and selling, or exchanging, goods and/or services between people ar countries."84 Trade, in the broad sense, can embody numerous types of agreements and can adopt different forms; bu!, generally, it

involves the transfer of ownership of good and seivices of sorne kind from

one party to another.85

For this thesis, !he type of trade !ha! will be considered is intemational trade between non-related entities. That is, trade carried out on a crossborder basis between individuals ar corporations that are not linked ar re!ated in any sense.

Theoretically, the type of goods or services to be traded or!he particular characteristics of the agreement should make no difference in the analysis. lf !he proposition of this thesis is well structured, !he conclusion should be applicable to !he international exchange of copper, apples, or football players. lt should also be applicable if the agreement of the parties was settled on a verba! ar written basis, ar if the agreement was settled on a consignment or finn price basis. The essential element to analyse is the "pricing" process or, more precisely, the "mispricing" process, that is, the deliberate manipulation of prices in international trade.

In the same way, this thesis will analyse !he transactions that are carried out by indiv·1duals or corporations for whom commercial exchange is essentially their main business. Therefore, and even when it might be difficult to generaliza transactions that could vary in uncountable ways, there are sorne characteristics to remart<.. First, this thesis focuses on transactions between professionals, that is,!he exchange between pariies

84 Cambridge Dictionary, online : Cambridge Dictionaries Orlline 4lttp://dictlonary, mbrldge.01"9'dictíonaryl britishltrade_1?q"hde> (last

V1sited 12fAug/2D13).

85 Grady Miller, The Lsgal and Eoorromic Sasis Jnternatir:>fléll Trao'e (\l\lestport: OLJORlm 9ook$, 1996) al 9.

that base their business on such transactions. This leaves out of!he scope of the analysis occasional or infrequent deals and, on the contrary, demands a certain knowledge or expertise that guarantees that !he transactions are supported by legal documentation supporting the tenns and conditions of!he type of exchange perfonned.

In "Non-Contractual Relations in Business: A Preliminary Study", an old but interesting paper, Stewart Macaulay discusses whether businesses are based on non-contractual relations. His reasoning can be applied to this thesis far two reasons. First, trade mispricing needs to be analysed as a par! of a business relation, that is, as a practice that takes place in the context of commercial transactions. Second, a mispricing scheme, as is evident, will rarely be based on a contractual relation. Regardless of the type of commercial transaction, ihe specific agreement to misprice a transaction would probably involve certain criminal offences; and, therefore, it would be rare to find a contractual background far such agreement.

This thesis will adopt what Macaulay understands as "contrae!" as the same device that is behind trade mispricing. He considers that the term contract refers to "devices for conducting exchanges", and he adds that:

Contract is not treated as synonymous with an exchange itself, wtiich may or may not be characte(1zed as contractual. Nor is contract used to refer to a writing recording an agreement. Contract, as 1 use the term here, involves two distinct elements: (a) Rational planning of the transactlon with careful provision for as many fufure contingencies as can be foreseen, and (b) the existence or use of actual or potential legal sanctions to induce performance of the exchange or to

compensate for non-performance.86

Macaulay believes that the parties involved in "exchange relationships" can construct their relationships to a greater or lesser level of detail

96 StewartMacaulay, "Non-Contractual Relations ln Busíness: A Prelimínary StLJdy" {1963) Amerii;an Socicloglcal Review, Vol. 2B, No.

1., pp, 55-67.

depending on their own planning. 87 He understands that the parties involves in an exchange basically agree on the following: (1) '"what each is to do or refrain from doing";88 (2) '"what effect certain contingencies are to have on their duties"; 89 (3) "what is to happen if either of them fails to perform";90 (4) what constitutes 1heir agreement so that it is a legally

enforceable contract.''91 He believes that these agreements can differ on the level of planning and that they can be based on the following considerations: (1) '1hey may carefully and explicitly plan";92 (2) "they may have a mutual but tacit understanding about an issue";93 (3) "they may have two inconsistent unexpressed assumptions about an issue";94 (4) "they may never have thought of the issue."95

Macaulay considers that, in general, individuals and corporatlons tend to plan their business carefully. He believes that "[i]mportant

transactions not in the ordinary course of business are handled by a detailed contracf', 96 and that depending on !he importance of the transaction, the agreements may go through legal and financia! review.97 However, he asserts that:

More routine transactions commonly are handled by what can be called standardized planning. A firm will have a set of terms and conditions for purchases, sales, or both printed on the business documents used in these exchanges. Thus the things to be sold and the price may be planned particularly for each transaction, but standard provisions will further elaborate the periormances and

cover the other in srnall type on the back of the forms.98

2;2 Definitions of Trade Mispricing

lbid at 4.
/bid.
!bid. 90 /bid • . 91 /bid.

92 !bid.

ro !bkL 94 fbk/. IIB /bid_

lbid at 5.
/bid.

9{l /bid.

As stated earlier, the business practica under scrutir1y is known as trade mispricing, but it is also referred to as "abnormal pricing" 99 ar "misinvoicing. "100 Since most of the academic work on trade mispricing

has focúsed on the financia! ar economic aspect of this issue, there is little work on the legal aspect. Far the same reason, certain definitions of trade mispñcing lack precision and, in sorne cases, emphasize non-essential elements of this phenomenon.

lt is important. to take into consideration that trade mispricing involves different actions that trigger different consequences. That is why it is worth analysing the difieren! definitions available, in arder to get a deeper understanding of the conceptualization of this phenomenon. In this section, 1 will consider certain definitions of trade mispricing as a business practice between at least two non-related corporations or/and individuals.

The above distinction stands in stark contras\ to the conceptualization of transfer pricing, which refers to "prices in transactions between associated enterprises". 101 Transfer pricing will not be analysed in this paper. Nevertheless, it is perfectly possible that certain considerations regarding transfer pricing may be applicable or useful to

grasp a better understanding of trade mispricing. lf that is the case, the thesis will make use of those considerations.

·- ,'

A) Subjective

Sarah Freitas, an economist at Global Financia! lntegrity, argues that trade mispricing should be considered as "a phenomenon where

Mana E. de Boyrle, Stmon J. Pak &John S. Zdanowiaz, •estimatlng the Magnitude of Capital Fllght due to Abnormel Pricing 1n lntf!mational Trade: TOO Flussla-USA case" {200{;), Accounling Forum Vol. 29, lssue 3, Pages 24S--270, onl!ne: Solence Diract,
<http:tMww.sciencedirsctooml sclenceJarticle/pll/S0155998205000288> (1 ast v!site-d: 12/Aug/2013) [de Boyrle, Pak & Zdanowioz]: Samuel McSkímming, "Trade-Based Money Launder1ng: Responding to an Emerging Threar (2010) 1s Dealn LRev_ 37 2010, at 43.
{McSkimming]
Dev Kar & Sarah Freitas, "llfc Financia! Flows F'rom China and ihe Role ofTrade Mlslnvotclng'" (2012) online; Global Financial 1ntergrity <http://www.gftntegrity.orglstorage/gfipldocuments/reports/ChinaOct2012/gfi--china-oct20 12 report-web.¡x:lf> (tasi visited 12/Aug/2013),
Jens Wittndorff, Tnmsfef Prlcing amf the Arm·s Lengh/h Principie in lnternational Tax Law (The Netherlands: Kluwerlaw lnlemational, 2010).

44

individuals and smuggle money evasion." 1 02
corporations use fraudulent commercial invoices to
out of the country, usually in arder to facilttate tax
Freitas's work is devoted principally to measuring !he outflows of capital from the Philippines, though she has examined this phenomenon in other developing countries as well. 103 However, there is no empirical
evidence in Freitas's work regarding the motives that may underlie th'1s phenomenon. Particular attention must be given to Freitas's choice of words, as she uses !he adjective 'rraudulenf' to refer to the commercial invoices, but provides no further explanation far such an allegation. This is importan!to note because, as will be explained below, assuming that false statements in invoices can be considered a type of fraud is not free of theoretical complications.
On the other hand, Ann Hollingshead, also from Global Financia! lntegrity, has studied the tax revenue lost in developing countries as a result of mispricing. She points out that trade mispricing "refers to the deliberate overinvoicing of imports ar underinvoicing of exports, usually far the purpose of tax evasion. This practice is a significant component of illicit financia! outfows and a majar conduit through which residents of developing countries transfer money abroad illegally." 104Her work focuses on measuring the effects of this phenomenon. Thus, Hollingshead does not define ali !he elements of trade mispricing, nor does she provide any
Sarah Freitas, "?hilippines Lost $142. 6ilfion In llfüi1t Flnanc'1al Flows Betwaen 2000 And 2009" (2011), onllne: Global Finarcial lntegrity Finds <hltp:l www,financlaltaskforce.org/201 1112/12/philippineS· lost-142-billion-in-illicit-financial-flow&-l>e en-2000-and-2009- global-financial-integrity-flnds> (last vlsited 12/Aug/2013).

See Dt!v Kar & Sarah Freftas, "lllclt Flnant;lal Flows f rom Developing Counbies: 2001-2010" (201:2), para. V at 19, online: Global
Flnancial lntegrity -<http:/r.ff_gfintegrity.org/iff2012/2012report.html> [last-visited 12fAugl2013). Kar and Freitas colleluded therethat
The pnvate sector In developlng counllies transfers illictt capttal irrto the global shadow fülanclal system throush dilfererit channel'>, dependin an the country of orig'1n_ Forlnstance, while trade m1sprielng Is the preferred method of sending llllcit ft.mds out of China, the balanoe of payments (capturad b)I the HMN method) Is the major channel ror translel'ling unrecorded capital from oll exporters such as Nigeria, the
Russian Federation,Saudi Arab;a, and Indonesia. Mexloo and Malll)'Sia aie the orly 0·11 exporters where trade mispñelng Istlle preferred method of transferrlng JUlcit capital abroad.
Ann Halingshead, "The lmplied T Revenue Lass from Trade M!sprlcing" (201(}), online: Global Flnanclal lntegrity

<http:l/WWW .glirdegri\;l.orglstorage/gfip/documentsl reportslirnplied%20tax%20revanoo%201oss%20report_final ,pdf> 9$\ V1sited 12/Aug/2013).

evidence to support her arguments. The value of her findings cannot be diminished though.

De Boyrie, Pak and Zdanowicz also consider trade mispricing as a means to shift money abroad. In their empirical study of this phenomenon within the international trade between the US and Russia they argue that "Abnonmal trade pricing may be the least risky techn'1que far shifting capital across borders because many government agencies do not have the

capability to analyse systematically import and export transactions and determine abnormal pricing."105They believe that in arder to ascertain the actual motives far abnormal trade prices, further investigation on behalf of the government agencies is required. However, they suggest that two possib!e purposes could be money laundering or simply tax evasion.

Objective

Buehn and Eichler, two German economists, stipulate that "[t]rade
misinvoicing occurs if the true value of exports or imports deviates from the amount of exports or imports businesses report to the authorities."106Their definition does not focus on the alleged purpose of
this phenomenon, but on the objective divergence between the value of the exports ar imports and what is reported to the authorities. This defin.1tlon grasps the essential element of trade mispricing but does not aim to allocate a motive ar purpose, which indeed could not actually be deduced without further investigation and more information.
lt is likewise remarkable that Buehn and Eichler analyse the relevance of the risk of detection and the costs of punishment in arder to determine the incentives far trade mispricing. They suggest that "Another
1. [de Boyrie, Pak & Zdanowicz] Supra note 99, at 253.
2. Andreas Suehn & Slefan Eichler. "Trade Mislnvolcing: Tue DarkSlde of World Trade" {2ll11) Tñe World ecooomy, Vol. 34, lssue a. pp. 1263-1:2a7, onTina: SSRN, <http11ssm.comJabstract=1916505 or ttp/d .doi.org/'l0.1111/j.1467-9701.2011.01375.x>- (last visfted 12/Aug/2013).
46

way to increase the expected cost of misinvoicing is to lift the punishment cost directly, such as by raising fines or by decreasing corruption."107 ·
Even though this thesis does not aim to find a solution to trade mispricing, it is worth noting the idea that Buehn and Eichler introduce in their article. In fact, their analysis in this respect can be considered in the light of the economics of crime and punishment theory, which has been strongly developed by Gary Becker.108
The latter theory seeks to discover the outcome of the trade-off between the s·1ze of legal sancf1ons and the probability of detection. Recently, Alon Harel has observed that:

More generally, different legal ethos govem the size of legal sanctions and the probability of detection. The severity of the sanction reflects the seriousness of the offense; hence, the legal system is committed to consistency in infliction sanctions. Most importantly, it ís committed to providing "fair warning" to criminals with respect to the size of the criminal sanctions. The sentenc"1ng guidelines are perhaps the most evident manlfestation of the commitment to provide a fair and precise warning. On the other hand, the probabilíty of detection is a function of pragmatic cons'ideraflons, which change from time to time. The legal system rejects punishment roulettes and tries to . provide certainty and predictability with respect to the size of the sanction. !t does not, however, oppose detection roulettes where the probability of
detection is subject to uncertainty.109

This subject will be considerad more extensively in chapter IV.
By tts legal consequences

Trade mispricing has been considered a type of international trade fraud. For instance, McSkimming (2010) notes in this respect that "[a]bnormal trade pricing occurs when the import or export price tor a

!bid.
Gary Elecker et al, Essays in lh" fi!COflomics cir:tim!I and p<mishment(New Yorle Columbia Unl'fflrsity Pre:ss, 1974), at 3. [Beckef] 1011 Aloo Harel, ·econo míe Analysis of Crim;nal Law: a Suivey" in Alon Harel & Keith H. Hlton ed., Research Hanr!Oook oo the Economics of CríminaJ Law(Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2012). at 41.

·- - ------- --- --- ' -

particular good is invo·1ced at a leve! that either exceeds the market price (over- invoicing) or is below the market price (under-invoicing)."110

McSkimming argues that transactions, as such, may simultaneously revea! different crimes, such as tax fraud, smuggling, money laundering, capital flight, and others. 111 In his work, he also proposes taking into account the relationship between abnormal prices and the political or

economic turbulence that countries might experience. McSkimming implies that states withlight exchange controls are more capable af having trade mispricing. To illustrate how trade mispricing can be carried out, McSkimming says:

The exporter sells goods to the importer far a below-market, discounted price. On receipt of the goods, the importar resells them and pockets th,e difference between the invoiced price and the sale price. The exporter has successfully transferred value overseas, with both parties being able to point to an ostensibly legitimate trade to justify the transaction. The importer, in particular, ís able to explain the receipt of illicit funds by an actual market transaction with an unrelated third party.

This phenomenon ... has the following advantages, each party benefits from reduced taxation and, therefore, lower transaction costs. Lower revenue far the exporter will minimise its taxable

income (or even g'1ve it a tax loss) whereas the importer will reduce the import tariff (if any) levied on the .g_oods (although it may be liable

for income tax on abnormal profits).1

McSkimming also maintains that the same phenomenon (i.e. transferring va!ue) but with a different outcome can be achieved through over-invoicing imparts. As is described in his paper:

In an over-invoiced transaction, the amount transferred is the d'tfference between the market price in the import country and the invoice price. The taxation impllcations of the transaction are generally undesirable as the importing firm willf,ªY higher duties and

the exporting firm will pay higher income taxes. 13

110 ¡McSklmming) Supra note 99, at 10.

111 /bid.

Jbid, at 44.
!bid.

48

McSkimming sees as benefits af the afarementianed procedure the increments af the casi far the imparter and the Jogical reduction af the incame tax burden, and far the exporter the possibility to claim an illegal
tax credit.114 The essential element of trade mispricing, for McSkimming, is
that the invoice is "defective," 115 which means that the price reported on the commercial invoice is not representativa of the real price. HoweYer, his study lacks any further explanation about what happens alter the first transaction is concluded. McSkimming seems to leave to the reader's imagination the elucidation al what could happen with the profit made abroad and how the exportar might make use of that money.
A difieren\, but still interesting, approach can be found in Raymand Baker's Capita/ism·s Achilles Hee/. 116 Because of his non-legal background, the author fails to give a detailed and complete legal
consideration of trade mispricing. Nevertheless, Baker, who has dedicated his whole lile to the analysis of this practica, propases seeing the abusive transfer-pricing phenomenon as a crime under US Jegislation. His analysis could be evaluated as extremely imprecisa since the focus on the relevant US legislation is not followed by a strong analysis of how the Jaw relates to the scenario Baker describes. However, Baker's conclusion can help in understanding the phenomenon and sets the stage far a later comparison with ather legislation applicable to a similar scenario.
Baker offers an example and tries to demonstrate that this hypothetical scenario could revea! the vialation of certain US criminal legislation, such as a scheme to defraud, mail fraud, wire fraud, filing a false customs declaration, and general false statements. His example is reproduced below:

Suppose your company has an established manufacturing subsidiary in, for example, Malaysia. In connection with new products to be
/bid.
/bid_

116 Raymond Saker, CapitJJ/ISm's Achilles Heef: Dirty MDll Y snd How tc Renew /he Frel:-Marl<:at Syslem{Hoboken, NJ: John Wiley &

Sons, 2005). (Saker]

-·---- -

produced there, new materials are to be shipped from the United States. Operation profits are high 'tn the United States, and taxes are low in Ma!aysia, because you still have a couple of years to run on the tax incentives given to establlsh your business in Kuala Lumpur. Malaysian customs duties on the imports will be 15 percent. Glven these factors, a decision is· made to shave profits in the United States by selling the new supplies at a low price to the subsídiary. You and several colleagues meet to discuss tl'le matter and decíde on charging 60 percent of the price at which the ítems are sold to severa! other subsidiar·1es around the world. Th.1s price may not even cover all production costs in your U.S. plant. Commercial invaices are prepared, shipping documents drawn, the subsidiary is advised by telephone what the price will be, papers are rnailed to the parent company. These kinds of conversations, decisions, communications,. and financia! arrangements are common in thousands of companies

every day.117

Bakers example refers to transfer pricing, which, as stated earlier, is a commercial practice between related entities, and which is ruled by the arm's length principie. Although this thesis will not argue this matter, if whal Baker says is true, the validity of his argument could be perfectly suited to a similar situation between non-related entities. Therefore, it is worth analysing Baker's argument onlransfer pricing since, alfirsl sighl, there is no reason to believe that the conclusions he draws are not applicable to trade m·1spriying transactions between nonrelated entities.

First, Baker argues that any fraud involves a misrepresentation of a facl wi h knowledge oflhe false represenlalion, and that the case in poinl may be such an example. The misrepresentation here is relaled tolhe price reportad far the transaction, which differs from the real price. Then, Baker recalls the conspiracy statute, which states thal, "if two or more persons conspire e·1ther to commit any offense against the United States, or to defraud the United States, or any agency thereof in any manner ar far any purpose and one or more of such persons do any act to effecl the object of the conspiracy, each shall be fined underlhis ti le or imprisoned

not more than five years, or both." 118 Even though Baker does not

explicitly say so, the consideration of conspiracy- in regard to the example

117lbkl, at196.

118 lbfrf, at 197 referr1ng to the consr:lracy statute (18 U.S,C, §371)_

refers to the necessary agreement between two or more people behind a mispriced transaction.

Later, Baker considers that, under US legislation, it is a crime to use the US postal service to carry out a scheme to defraud.119 Such an offense is known as "mai! fraud" and, as Baker states, it involves, essentially, "whoever, having devised or intending to devise any scheme or artifice to defraud _ ._ places in any post office or authorized depository

for mailmatter. any matter or thing whatever to be sent or delivered by the Postal Service... 120 There is no further explanation on why this might be relevan!to the analysis of the example.

Baker, then, considers the wire fraud statute and establishes that the scope of tl1at offence includes "foreign commerce". He argues that this statute has been applied to cases that took place within the United States, outside the Untted States, and even to money laundering cases where

transactions were routed from the United States.121

Finally, Baker considers filing a false statement to customs as a possible crime under US legislation.- To do so, he describes how every impar! ar export in the US needs to be supported by a customs declaration that states the classification al the goods traded and their value.122 As Baker explains:

When a company has a normal Price of 1X and then trades overseas sometimes at 0.1X and sometimes at 10X, you would thlnk somewhere, someone is filing a false customs declaration. How can

$0.1, $1.00, and $10.00 all be accurately stated prices far the same

th .1ng?.123

Baker believes that there are three reasons that explain why this can happen without any control by the authorities. First, he considers that customs is more interested in imports than in exports, because of the

119 /bid, at 197.

/bid, at 197 referTing to \he rnall fraud (18 U.S.C. § 1341).
/bid, at 197 referling to!he wíre fr<iud (18 U.S.C. § 1343).

122 1bid, at198.

123 lbid, at 198.

\\'·

collec!ion of duties entailed by imports. Second, Baker understands that customs does not consider whether ttie price is the real price of the transaction, but whether it is "acceptable", where "acceptable" entails that '1he relationship between the buyer and seller did not influence the price actually paid or payable."124 Lastly, Baker considers that customs neglects certain export regulations designed 1o ascertain that "no person may make

any false or misleading representation, statement, ar certification in connection with export documentation".125

Baker also considers that the legislation concerning general false statements can be applicable to !he example he offers, which, even though it is not supposed to tackle false statements specifically in customs

declarations, rules against any false representation in general.126

The conclusion at which Baker arrives alter considering the example through these pieces of Jegislation is somewhat disappointing. He argues that even when the example may revea! that a felony was committed, US customs probably will not be interested in prosecuting it. Therefore, it would be up to individuals or corporations to run the risk of committing a felony, In spite of the fact that the authorities m·1ght not be interested in prosecuting it.

Baker's analysis seems to be too simplistic. By offering a hypothetical scenario and mentioning legislation that could possibly be applicable to that scenario, Baker seeks to illustrate the legal issues at stake in a mispriced transaction. Even though this analysis fails to consider seriously the legal implications of trade mispricing, Baker raises pertinent questions that need to be addressed. Can price be the subject of false statements? Is an "acceptable" price the same as the real price? How can a price be measured to ascertain whether ar not it is real? lf a mispriced transaction is carried out, who is the alleged victim of the transaction?

1:24 /bid, at198-

1:25 /bid, al 198.

125 /bid, at 198 refl:lrring to thefatse statement (18 U.S.C. §1001 ).

Altematively, trade mispricing has been considered a type of mechanism used to launder money, that is, "the process of disguising the

praceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illicit origin."127 In this sense, the Financia! Action Task Force (2006) has established that:

Money laundering through the over- and under-invoicing of goods and services, which is one of the oldest rnethods of fraudulently transferring value across borders, remains a common practice today. The key element of definition is the mlsrepresentation of the price of the good ar service in arder to transfer additional value between the importer and exporter. By invoicing the good ar service at a price below the "fair market" price, the exporter is able to transfer value to the importer, as the paymeot far the good ar service will be lower than the value that the importer receives when it is sold on the open market. Alternatively, by invoicing the good or service at a price above the fair market price, the exporter is able to receive value from

the importer, as the payment for the good ar service is higher than the value that the importer will receive when it is sold on the open

128

market.

,, --·

This definition needs to be highlighted, since for the first time there is an attempt to encompass the entirety of possible criminal conducts related to trade mispricing. However, as will be discussed below, there is a mistaken approach to the relationship between the conducts involved in trade mispricing. In this respect, the Financia! Aciion Task Force fails to explore, describe and analyse the link between the effects of trade mispricing and tax fraud and also neglects to consider the disguising of the proceeds of tax fraud through financia! institutions.

2.3 Analysis of the elements of trade mispricing

A) Scope

[FAFT] Supra rlQte 63, at 3S.
[FAFT] Supra rlOte 63, at 4.

The first distinction that needs to be made is that trade mispricing is a phenomenon that occurs within global trade. In particular, trade mispricing can be· considerOO a commercial practice that takes place between non related entities within intemational trade. This categorization leaves behind the considerations regarding the commercial transactions between related entities, which should be analysed wtthin a different frameWork (i.e. transfer pricing; arm's length principie, etc).

lt is also perfectly possible to misprice trade within the borders of a country, but far the purposes of this paper we will deal only with mispricing of trade in cross-border transactions. Trade, in this sense, needs to be considered as widely as possible since the practice under revision affects the exchange of goods and services of ali kind. As it will be shown later in this thesis, it is possible to misprice a commercial export of lemons. but it is also possible to misprice the transportation costs of the same transaction.

B) Legal framework

The second distinction that needs to be made is connected to the legal framework within which trade mispricing is analysed. The question worth asking here is whether it is necessary to take any particular legal system as a basis in arder to determine or define the essentia! elements of trade mispricing. An example may help to illustrate the complexity of the problem: do we need to know any Zambian law befare claiming that trading of copper at six times less its global market price can be encompassed as a model of mispricing commodities? The answer, prabably, is yes. lt is vital to know more about tax regulations in Zambia in arder to acknowledge the effects that trading mispriced copper might have on tax revenue. Similar!y, understanding how the misrepresentation of price on a commercial invoice is understood as a criminal act in Zambia, if such is the case, is also essential. However, this thesis is tiying to define

·-- ./

what trade mispricing is. That is, to conceptualize it and not to state whether trade mispricing in any particular instance was in fact verified or whether any crime was actually committed. Therefore, a.valid theoretical understanding of trade mispricing would be applicable to this phenomenon regardless of where i_t took place or between whom. Nevertheless, any attempt to analyse trade misprtcing through concrete cases would require relating the case facts to the applicable and relevan!laws.

Distinctive elements of trade mispricing
1. Misrepresentation of price and the "victim"
  
  The main characteristic of trade mispricing is the misrepresentation of price in a commercial transaction_ The two common a!ternatives far misrepresenting price are underinvoicing exports ar overinvoicing imports. By doing so the involved parties are able to transfer value abroad without going through the formal channels. This misrepresentation is a deception, a false statement.
  
  While analysing maritime fraud, Paul Todd remarks:
  
  Common to all definitions of fraud is that a representation is made (or at least initiated) by the fraudster, that is intended to be, and is in fact, relled upon by the victim to his detriment. [...] Ali frauds lnvolve a deception, and therefore a statement or representatlon which is incorrect, but which is relied upan. The idea of fraud also implies dishonesty, but the nature of this d'1shonesty varies depending on the action. [...] The most serious frauds involve representations which are made deliberately, in the knowledge that they are incorrect, with a motive which is known to be dishonest, which are intended to be and are relied upon by the victim, to the victim's detriment and to the
  fraudster's gain.129
  
  The problem here, though, is that trade mispricing is not intended to affect the parties in the commercial transaction. Both parties in the exchange
  
  129 Paul Todd, Marilime Prauri (london: MPG Books. 2003), at 2.
  
  55
  
  \
  
  agree on the price far the goods or services, bu!instead they state on!he commercial invoice a price that is not accurate. Therefore, the victim of the misrepresentation in trade mispricing is not one of the parties involved in the commercial transaction, but the authorities that rely on commercial invoices to determine conSequent taxes. Far instance, the tax revenue of
  !he country of the exporter will be affecied by underinvoicing exports. In the same way, the tax revenue of the country of the exporter will be affected by underpricing exports if there are established exportlaxes on the value of the exports. Using Todd's reasoning, the misrepresentation of the prtce involves the deliberate statement of something incorrect, in this case the price. This scheme affects !he state's capacity to collectlaxes since the agencies in charge of collection rely of the statements and documents (commercial invoices) presented by the taxpayers.
  The assessment of such scheme is what needs to be done now. Therefore, il is worth resorting to the analysis of Charles Clark on the conceptualization of schemes to defraud. Although Clark's paper focuses
  on the US legislation, it is possible to make sorne comparisons that will allow a better understanding of the m'1srepresentation of price in a commercial transaction. Charles Clark states that:
  
  This most important element {of the scheme to defraud] has been described as "a departure from fundamental honesty, moral uprightness, and candid dealings in the general life of the community." Genera.l!y, a scheme to defraud involves depriving a person of "something of varue by trlck, deceit, ch"1cane, or overreaching." Sorne courts have even found a scheme to defraud upon proof of conduct that is intended ar reasonably ca!culated to deceive ordinary people. The flexibility of this language, sim ly put,
  makes these statutes a favorite weapon of the government. 13
  
  130 Chaes Clarlo:, "Schemes to Oefraud ur.der the Federal Mail and Wlre F'raud Statutes: Development of a Worldng Dafü1itiOn" (2009- 2010), 4 Charli>s/on L Rev. 6711. at 684. Clark proposes the following detlnition:
  "Scheme or artifice to defraud" is to t>e judged by standards of morality. fundamental tioneoty, falr play and rlt deallng in the general end busin!>SS f1fe of members of society. All that ;s neceS$acy is that it be a scheme reasonably calcula\ed to deceive ordinary persons. loclud1ng the govemment or foreign g<>Vemments, In orderro oblEin tangible property or to deprivethem of horest sen.tices. Tha scheme need no! be based upon trie use ofthe mails or wlres, and need not be practicable or sucr::essful es lntertded by
  the perpetratorin its planning stages. lf the fraud i5 oompleted before the use of the mailsorwlres, it Is not QO\lerned by the statute.
  
  56
  
  A mispriced transaction, as mentioned above, stems from the agreement between the parties involved in the transaction. Therefore, the ultimate party affected by!he scheme in the transaction is the government that is affected in its capacity to collect taxes related to!he transaction because of the dishonesty of the parties.
  Recently, the United States Court of Appeals for the Fourth District asserted in the case of United States v. Errick Redmond, which discusses the application of the wire fraud statute that:
  
  Wire fraud under 18U.S.C. § 1343 has "two essential elements: (1) the existence of a scheme to defraud and (2) the use of . . . wire communícation in furtherance of the scheme." United States v. Curry, 461 F.3d 452, 457 {4th Cir. 2006). The scheme to defraud ncan be in the form of an assertion of a material falsehood with the intent to deceive ar active concealment of a material fact with the intent to deceive." United States v. Pasquantino, 336 F.3d 321, 333 (4th Cir. 2003) (en banc). To establish a scheme to defraud, the Government must preve beyond a reasonable doubt that Redrnond acted with the specífic intent to defraud, which "may. be inferred from the totality of the circumstances and need not be preven by direct evidence." United States v. Ham, 998 F.2d 1247, 1254 (4th Cir.1993). The specífic intent may be preven by circumstantial evidence and by inferences drawn from the facts and situations.
  United States v. Bales, 813 F.2d 1289, 1294 (4th Cir. 1987). 131
  
  The question that arises here is whether the prices can be subject to a "material falsehood", and also whether such falsehood is sufficient to be a scheme to defraud.132 The assumption here is that price, like any other
  
  121 US v ErrickRedm<!nd, 104523.U (4\h Cir 2()12)
  132 lt Is worth nong what hava t>een sa'1d in regard ro tha schemetD defraud so as to be able to reveal ife misrepresentation on prioo can be consldered a "scheme to defraud". In this respect, 1t is inleresting whet Charles Ooyle establishes.
  See US, US Libra.y of Congress, Congressional Research Sel"llice, "Meil and Wir<i Fraud: A Srlef OveNiew of Federal Crimina! Law' (2011), at 3, online: Congressional Research se.vice, <ht\p:llwww.fas.org/sgpJc:rslmisoJR41930.pdf>- (last \llsited 12/Aug/2013) Ha maintainsthere that
  The mail and wire fr<iud statutes "t;toth prohibit. In pertinent part, 'any scheme or artificatD defraud[,]' or to ob!a1n money or property 'by meens of false or fraudulent pretensas, representations. or promises," or deprive another of the ñghl to honest services by such means. From the beglnn·mg, cong«:ISISintended ro
  reach a wide range of schemes to defraud, and has expended tr.e concept whenever doubts arose. lt
  added the second prong- obtalning money or property by false pretenses, represen1at1ons, or promises after defendants l"lad suggested that \he term "scheme to defrauó" covered false pretenses cor.cernlng present oonditi<lns but not representations or promises of future cmlditions. More recently, it added Section 1346 to rnake lt arlhe term "scherne to defraud" encompassed schemes to defraud another of
  
  componen!of a transaction, can be subject to falsehood since there is no theoretical reason, al least at first glances, that penmits assuming the contrary. Any person can misrepresent the price for a transaction by reporting one that is not the real-Le. the fair market price-in the documentation that supports the transaction.
2. The empírica! difficull"les of assessing prices: Real prices vs. false prices
  
  lt is importan! to establish whether assessing prices, or the method used to evaluate, could be considered a matter of fact or evidence and, therefore, beyond the scope of the thes1s. lt is, consequently, of great significance to recognize the difficulties involved in this task.
  As noted earlier, the key componen! of trade mispricing is the misrepresentation of price in the documentation that supports the commercial transaction. The question, though, is how to determine when a price is being misrepresented. The answer to thls question seems to be intuitiva, especlally in cases like that of Zambian copper being sold at six times less than the market price. However, to discern a false price when the difference is not outrageous could be extremely complicated.
  The price for the same product can vary for difieren! reasons.
  Everyone would agree that according to the particular market, city or
  
  the nght to honest servioes. Even before that adommeni, iile W<lrds were underatood to •refer 1c wronging one in his property rights by dlshoriest methods or schemes,' and 'usually s!gnify the deprivatlon of someth1ng af value hy Me, deceit. chicana or overreachlng. ff/The staMes condemn schemes to defraud
  - both !he s1.mcessful and tha unsuccessful. Ne.,.,rtheless, there may be sorne question whether the
  statiJles reach those schemes desi!J1ed to deceive tlrn gullible though they could riot ensnare the reasonably prudenl lt is not uncommon furthe coutts to declare that to demonstrate a seheme to defulud
  the govemment needs to show that the derendanfs •eommunicetlons ware reasonably calrolated to
  deceiw persons of <:Jrdinary prudence el')(j comprehension: One court consfdered these statements oo more then en ldentlflcation ofe polnt at whlch the g<ivemment has satisfied lts burderi in a pertlrolar case, wíthQl.t addn:lsslng whather a le:sser quantum of evidence might suffice ln other cases. In any event, the qoostion m;iy be more clearly present in !he conte><t of !he defendanrs íntent and the materiaUty of deception, matters d!scussed below_n may be more clearly present in ttie coriext of the ctefe:ndanf s lntent and tha mateliality of deceptlon, matlers discussed below.
  
  ------
  
  58
  country in which items are traded the prices might vary. There are difieren! studies based on price comparison. Far instance, economists use the "Big Mac index as a method to compare currencies through the comparison of
  the price of the "Big Mac" burger in each country.133 Thus, it should be
  empirically possible to ascertain whether the price declared far the
  transaction differs from the real price of the goods ar services exchanged.
  In an interesting study done for the World Bank, Fuest and Riedel construe the difficulties that arise when analysing prices. 134 First, they observe that someflmes the difference in price reveals only a difference in
  the quality of the products. Fuest and Riedel think that the trend for developing countries is to export "low-end products at low prices" and for developed countries "high-end products at high prices". The warning they issue is perfectly valid: the prices to be compared need to be compared fairly. lf not, the outcome could be misleading. As they argue:
  [H]ow this affects the results of income shífting calculations depends on whether ar not the trade volumes of different countries in a given product group are considered jointly to identify mispricing. lf they are considered jointly and if the quallty pattern is as described above, the mispricing approach systematically overestimates income shífting from developing to developed countries. lf they are considered separately, this cannot happen, but, in this case, goods that are classified as overpriced in one country may be counted as underpriced in another country. This is inconsistent. As long as lt is not possible to disentangle quality differences and income shiftlng, the interpretation of numbers generated by the mispricing approach
  t.
  is difficul 135
  
  Following their analysis, any attempt to identify mispr1c·1ng through the recognition of the "highest and the lowest quartile of observed prices" could also be m·1sleading since it would demand taking into account every
  1. See also The Economlst, "The Blg Mac inda><', onHe: The Economfst -<http;J/www.eoonomlstcom/ nlent/big-mac-ónda><> (lest vislted 2()/0712013) The Big Mee index "Is based on thetheory of purchasing-powerpality (PPP), the notionthatin the long run exchange rates should move towards the rate that would equalise the plicas of an ldenfü el baset of goOOs and servlces fin thls ce.a burger) in any two countries. For e¡cample, the average prlce of a Big Mac in Americe in July 201Jwes $4.56; in China it was only $2.61 al market exchenge ratas. So !he·raw' Big Mee index says thatthe Y\Jan was undeivalued by 43% atthat tíme."
  2. Clemens Fuest & Nadine Riedel, "fax Evaslon and Tax Avoidance: The Role ol lntemaijorial Profil Sharing", ln PeterReuter ed,, Draini11g Development? C011troffing Flows of l/lir:;/I Funás /i"om Developing Countries, (Washington: The World Bank, 2012), at 109, onlioo: World Bank -<https:l/Openknowledge.wodd\!ank.orglbitstreamlhandle/10986/224216eB1 50PUS0EPI0007a48B09780821 388693.pdf> (last vislted 12/Aug/2013),
  135 lbir.f,
  
  59
  
  variation in price as a possible mispricing event, when the fluctuation could well be based on other reasons. For example, A could be more efficient
  !han B; and, therefore, A would be able to reduce the price for product X more!han B. Focusing only in the highest and lowest could lead one to think that A might be mispricing product X when he would only be making use of comparative advantage. As Fuest and Riedel state:
  
  Empirical analysis should normally allow far the JX1SSibility that a hypothesis-in this case, the hypothesis that incorne is shifted from developing to developed countries-is not supported by the data. This is excluded by assumption, unless all prices within a commodity
  group are ldentical.136
  
  Fuest and Riedel then argue that this methodology can be also misleading since it has no properly defined counterfactuaL They propase the following example:
  
  Assume that, in one period, there is only one transaction in the upper quartile price range and only one transacfion in the lower quartile price range. Ali other transactions are príced below the upper quartile price and above the lower quartile price. In this case, the
  counterfactual, which is a hypothetical situation without mispricing, should be that the two mispriced transactions disappear ar their prices are adjusted to within the inner quartile· price range. But now
  assume that, in the next period, the two transactions identffied as
  mispriced in the first period .take place at corrected prices, which are between the upper and lower quartile prices identified far the preceding period; everything else remains the same. In this case, the quartile price ranges far the second period would change, and transactions that were not identif1ed as mispriced in the previous period are now identified as mispriced. This inconsistency occurs
  because there is no well-defined counterfactuai. 137
  
  Fuest and Riedel complain about !he "price fil er method" that is sometimes used, because, as they acknowledge, .the method recognizes the "income shifting in two directions: into and out of the country under consideratlon." However, they believe that many studies use this method to consider only!he data "in one direction" and that, therefore, the results of such studies are incomplete since they disregard !he data regarding the
  1. /bid,
  2. /bk;J.
  60
  
  other direction. 138 The argument here goes without saying since even if it were true that the method used to gauge trade misprtcing was missing "one direction'', the logical implication al that statement would be that a second state was affected and that we missed the opportunity to measure it. At the end, if trade mispricing harms, it will also affect the state of this second "direction". Fuest & Riedel propase the following example to clarify their argument:
  
  Assume that there are three exporters of a good in country A. Firm 1 exports the good at a price of 4; firm 2 exports the good at a price of 8; and firm 3 exports the good at a price of 12. The mispricing approach would identify the transaction ·at a prlce of 4 as underpriced
  and the transaction at a price of 12 as overpriced. Assume, further, that al! firms have costs of 4 in country A that are deductible from the profit tax base in country A. The goods are exported to country B, where all three are sold at a price of 14 to consumers in country B. In this exarnp!e, the aggregate corporate income tax base in country A
  ·1s equal to 12. Flrm 1 shifts income out of country A, and firm 3 shifts income into country A. In the absence of trade mispricing, the tax base in country A would be the same. The tax revenue loss of country A because of mispricing is equal to O. A method that only takes lnto account firm 1 and neglects the implications of mispricing by firm 3 is clearly misleading. The same applies to the impact of income shifting on country B. Far lustrative purposes, one m·1ght, far instance, consider a developing country with a weak political system and a low corporate tax rate. While. sorne firms may be w·11ling to shift profits into that country to exploit the low corporate tax rate, others may consider it beneficia! to transfer profits out of the country to hedge against expropriation risks. This might glve rlse to the heterogeneous transfer price distortions laid out above. While we do not.necessarily want to suggest that income is, in reality, shifted into developing countries, we nonetheless consider that an empirical
  identificaüon approach should allow far the possibility that this might take place. This hypothesis could then be rejected as a result of the
  s.
  analysi 139
  
  Fuest and Riedel's conclusion leads one to think that determining the real price of a false price is a complicated task, and that depending on the selected method there are sorne particular concerns that need to be taken into account. Specifically, they worry about the outcome of considering income flight in only one way, and not in a global manner.
  
  139 lbJrJ.
  1 /bkf.
  
  61
  
  -- ---·----·--- --.•. ·- -·- --.--- -·---,--.
  
  They assume !ha! this type of analysis may be misleading and inappropriate.140
3. Harm
  
  As has been clearly established by Orce and Trovato, !he
  - distinctive element of any fraud is the reduction of the properly of the victim as a result of the deception caused.141 ln the case of mispricing, the state sees its capacity to callee!laxes diminished due to the misrepresentation of the price in the commercial invo·1ces of the exporter, far example, when!he goods traded are underpriced.
  The harm that mispriced transactions cause cannot be accurately estimated in the abstrae!. Nevertheless, and to illustrate with an example, we can imagine that A exports goods to B in one year far 40 mil!ion dollars, and that A and B underinvoice the total amount by 20%. That means!ha.!the real total amount exchanged between A and B is worth, ·1n fact, 48 million dollars. Thus, A will state 8 million dollars less in income than the real transaction would have eamed. Therefore, the state's collection oflaxes will be reduced by the conduct adopted by A and B, causing harm to the state coffers.
  lf the state alsolaxes the exports142 with a price rate (20% of the
  stated price of the exports), then !he state will also be affected by !he action of A and 8 since the tax burden will have been reduced by 20º/o
  
  140 /bid.
  141 [Orce & Trovato] Sr;pra note 38, at 24.
  142 [stlgl!tz& Chartton] at 27-28. They argue there that
  (!]he need fQr gmment revenue can also,In soma cirGl.lmstances, provide a rationale for trade taxes.
  One oorollary of the classic Oiamond-Min'lees pr(lduction efficiency theorem (1971) is that 11 is optimal in a small open economy fof the government to ralse revenue from tax on the net dernand of householdS rather!han li'om bordar laxes (sea Dbdt and Norma 1980). But tha condltlons under which this is troo are
  vary restrictiva, and especially do not hold in most developinsJ courdñes (Oasgupta and Stigrotz 1972) In many developing countries, moreollflr, tarlffs are the maln source of government revenue, and whera this is the case, the optima larlff structura may not be Ul'liforrn (Dasgupta ar1d Stiglitz 1974). Ma.x Carden (1974) argues that, partlcularty in developing countes, the collection cosf>l assoolated wlth trade laxes are likaty to be much smal!er than thosa of inoome and commod!t¡I taxes. Where this is true, trade laxes mlght be the best revenue-ralslng device.
  
  62
  ó3
  
  through the misrepresented prtce on the invoice presented to the authorities. Therefore, as Orce and Trovato maintain, the distinctive element of any tax fraud is that the taxpayer pays less than he should. The taxpayer pays less according to the real price structure; and, thus, the harm is confimied by the reduction in the state's tax collection. lt is importan\ to acknowledge that despite the effects on tax collection, the state is also affected when its citizens make untruthful declarations to the tax authorities.
  Finally, Orce and Trovato are right when they state that it makes no difference how the harm is done. In the end, it is the same if harm is produced by the victim's property dispossession triggered by the deception or by the victim·s reduction in the collection of revenue. Orce and Trovato illustrate this with an example: A sells gold ingots to B. The
  price agreed is $1000 for 100 kg of gold. A offers 100 kg of gold and the weight is certified in a document presented by A. However, the real weight
  of the gold is 95 kg. Orce and Trovato wonder whether the harm is caused
  because: 1) B paid more than it should ($1000 instead of $950); or 2) B received less than it should (95 kg instead of 100 kg).143 The central issue here is that the state has the right to collect more laxes than those that
  were actually collected in consequence of the misrepresentation of the
  pr"1ce on the commercial invoices.
  There is also a secondary or residual effect of trade mispnc1ng, which impacts the financia! system, specifically the money multiplier phenomenon, which cannot be neglected. Chad Ralston clarifies how the money multiplier phenomenon works with a simple example:
  
  Suppose an individual, Ashley, deposits $1000 in a federally insured bank. The U.S. Federal Reserve sets a reserve requirement far the bank-in this example, 10°/o of reserves. This reserve means that the bank must keep 10º/o of ali of its customers' deposits in the bank. Thus, the bank will be able to lend out a maximum of $900 of Asley·s money to Bloom. The barik, attempting to maximize '1ts profit, lends out ttie entlre $900 to Bloom. Bloom in tum buys a moped frorn
  
  143 [Oroe & Troa.to] Supra rLOte 36, at 2G.
  
  Caulfield for $900. Caulfield then deposits the $900 with another bank, which can then lend out $81O to Darl, according to the 1Oo/o reserve requirement. The cycle thus continues until the sum deposited is so negligible that the depository bank cannot effeclively lend the money. Ali told, given the 10°/o reserve requirement and a
  $1000 initial deposit by Ashley, domestic banks' credit increases by ninefold, to $9000. Thus, ceteris paribus, the multiplier effect in the
  example generated $8000 in additional wealth within the country.144
  
  Even when it may be difficult to ascertain the exact amount of harm caused by mispricing practicas, the effect on the financia! system cannot be diminished. As Ralston maintains, this practica may well affect wealth creation since the money that is channelled out of the country could no longer be lent by the domestic banks; and, therefore, the money multiplier effect would be frustrated.
4. Corporate engineering
  
  Trade mispricing cannot be considered solely as the misrepresentation of the price of the exports/imports of goods or services as a means to transfer wealth.
  For instance, McSkimming fails to describe precisely the complete structure of trade mispricing. 145 In his explanation and illustration, McSkimming simplifies the scenario by saying that in the case of underinvoicing of trade goods, the exportar sells for $1000 and the
  importar remits for $2000. McSkimming avoids further explanation of such a transaction, such as how is it done, where the money is transferred. This failure is not a minar issue. What would be the interest of any exporter in underinvoicing exports to then receive the price difference in the same account where it will receive the outstanding invoice? lt makes no sense if it is assumed that the additional price is returned to the exporting country since the controls on the exporter will easily realize that the exporters
  
  144 Chad P Ralston, "Going it Alone: a Pragmatie Approach To Comhat;ng foreign-Effected Tax Evasion" (2010) 24 Emory lnt'I LRev
  873, at 8!32. [Rslston]
  145 (MCSkimmin¡¡J Supra note !19, at 45.
  
  64
  
  receive more money !han the one it was invoiced. As McSkimming well recognizes, countries under the threat of expropriation, fiscal deficit, currency devaluation, economic uncertainty and política! risk and
  insecurity146 are more likely to shift capital through trade mispricing. Thus,
  it is, at least, incoherent to argue that people would underinvoice exports to then bring back capital to a country with !hose characieristics.
  On the contrary, trade mispricing consists of the agreement between the parties within a commercial exchange. The key componen!of the agreement is that!he parties settle on a price that differs from the one declared in the commercial invoice related to that transaction. The difference, ar spread, is, therefore, somehow transferred to a foreign account of the exporter, which remains hidden from the authorities of state of the exporter. This means that the exporter creates or owns a corporate structure abroad, usually located in a tax haven, which would keep the information safe from disclosure. This sophistication is a distinctive element of trade mispricing. In order to make use of the profits generated from this practice, the parties ne<ed a foreign corporation to disguise the proceeds. The creation, control and directian of corporate structures in
  - arder to receive the funds and profit of mispricing invoices demonstrates a knowledge of the phenomenon and its consequences and, therefore, dispels doubt about the awareness of the parties involved in these practices.
  The main idea behind the corporate structuring is to facilitate the disguising of the proceeds of trade mispricing. This means creating the possibility of transferring wealth through the scheme of a commercial transaction to a foreign account. What makes trade mispricing a complicated phenomenon to analyse, precisely, is that the !egitimate business behind the scheme misleads and generates difficulties in distinguishing between the proceeds from a crime and the profits from a legal transaction.
  
  146 /bid, at :>6.
  
  As will be explained with the hypothetical scenarios later on this thesis, there are multiple ways to ascertain the legal implications of a mispriced transaction. Thus, depending on how we understand it legally, the in eracflon of!he different legal perspectives of the transaction may vary. For instance, consider the example given above of!he football player who was transferred from one team to another. lf the parties agree to misprice the transaction in arder to reduce the declarad income of the club, which is owner of the rights on!he football player, then, how should the "money" generated by this transaction be legally considered? The conduct of the ind'1viduals andlor financia! institutions that help to transfer that "money" abroad -into a foreign bank account-, how should be legally considerad? And why are these quesflons relevant?
  One could argue that the misrepresentation of the price in a commercial transaction should be construed as a "scheme to defraud" the tax authorities !ha! would laler levy taxes on the transaction; thus, the money hidden from the authorities cannot be cons'1dered as anything other
  !han the proceeds of fraud. 11 that is !he case, there will be a cascade
  effect starting with !he false statement ev1denced in the commercial invoice, which will establish a price that differs from the real and fair markel price for the transaction. Then, the income declared by the seller who misprices the transaction will be reduced in the amount shifted abroad. This situaflon will affect no! only the tax related to the income declared, but also !he trustworthiness of the tax file, making it subject to falsehood: At the same time, part of the money shifted abroad and which remains hidden from the authorities should be subject tolaxes; thus, if we consider this money to be the proceeds of a crime, what happens to 'it later is also legally relevan!. This is so because the financia! institutions that receive this money are somehow helping to conserve and make use of it.
  In United States v. Yusuf147 the United Stales Court of Appeals for the Third Circuit established that "[s]imply because funds are originally
  
  147 Unlted States v YUslJf. 536 F.3d 178, 189-90 (3cl Cir. 2008) clting Pasquanlino v UnfU!d Sietes, 544 u.s. 349 (2005).
  
  66
  
  procured through lawful activity does not mean that one cannot thereafter convert those same funds into proceeds ol an unlawful activity, as required to support a money laundering conviction." 148 This ruling is
  interesting since it defines clear!y the term "proceeds" as the "criminal profit [...] derived from a specifled unlawful activity;" 149 and this equalization ol proceeds and profits helps to understand how !he profits generated by a mispriced transaction should be considered. 11 this
  interpretation is true, financia! institutions should re-evaluate the assistance and services they may be providing at present to businesses involved in mispriced transactions. Essentially, this is because it is not possible to separate such financia! activities rom the fact that the money they generate is the proceeds of a crime.
  In Yusuf it was established that "[u]n paid taxes which were unlawfully disguised and retained by means ol fllling ol false !ax retums through U.S. mail constitted 'proceed' ol mail fraud or purposes ol
  supporting a charge of federal money laundering."150 The Court elaborates
  that:
  
  [T]he use of the mail to file fraudulent tax returns and faH to pay all taxes owed was not only incident to an essential part of the scheme because such mailing were the defendant"s way to concealing the scheme itself by making the fraudulently reported gross receípts seem !egitimate.151
  
  Even if this case belongs to the US legislation, and specifically to the mail fraud statute, it is possible to compare the way both conducts relate to each other. In this way, whether there is an established link between a false statement, fraud, and tax evasion, it is complicated to neglect the legal consequences olsuch a determination in regard to proceeds rom
  !hose crimes. 11this link can be made evident. !he legal consideration ol
  
  148 lbid. 14$ !bid. 150 !bid.
  151 /bid.
  
  this practica will not end with the parties of the transaction, but may well affect any financia! institutions that receive and deal with the proceeds of criminal activity.
  The United States Court of Appeals of the Nine Circuit in United States v. Mirza Ali, asserted the following:
  
  '-·- ,
  
  In order to show money laundering, 18 use § 1956 (a) (1} requires the Government to prove that a defendant parftcipated in a financia! transactíon using the "proceeds of an unlawful activity. "Proceeds"
  generally means "that which is obtained... by any transaction."152
  
  This reasoning yields the idea that there might be unexpected effects of trade mispricing transactions, whether ar not we acknowledge them as criminal.
5. Trust
  
  Trade mispricing is a phenomenon that, as stated above, takes place within the exchange of goods or services between non-relatad entities. That is, an agreement between two non-related entities for whatever reason (tax evasion, laundering money, shift capital abroad, etc.) that implies the underinvoicing of exports ar the overinvoicing of imports. Such an agreement would not be free of lisks. In the case of overinvoicing imports, the exporter will beneflt from said transaction by being able to c!aim a more valuable transaction than the real one. In the case of underinvoicing exports, the ímporter will have conceded the benefit of diminishing the value of the transaction, in case of a hypothetical litigation.
  This type of relational behaviour, which has certain effects linked to it, or possible effects in case of litigation, needs to be explained through the notions of trust and being trustworthy. According to Carol A. Heimer, the idea of trust is linked to social interactions and vulnerability. She maintains that:
  
  152 United S/al.f¡S v Mirza Ali, 620 F.3d 1062, at 11 (9th C"ir 2010).
  
  68
  
  In all social life actors are vulnerable to each other. Although sorne social interactions yield rewards far ali participants, many involve rewards far sorne at a cost to others. To the extent that the interests of ali parties do not coincide perfectly (and social norms are unable to correct the rnisalignment), people may be motivated, both consciously and unconsciously, to take advantage of each other. Social interaction is risky, and people have ample cau_se to be uncertain about each other·s intentions and the probable outcome of their encounters. Beyond sorne ·irreducible minimal leve\, however,
  interaction is optional. When it is not possible to trust others, those who have no effective way to reduce uncertainty or vulnerability may
  conclude that the costs of interaction outweigh the benefits.153
  
  Heimer then explains that
  
  By uncertainty [she] mean[s] the inability of an actor to predict the outcome of an event because he or she lacks infonnation about the intentions and competence of another actor who directly controls this outcome. Vulnerability has to do with the amount of risk an actor incurs by engaging in a particular interaction and is a function (nonlinear and increasing) of the proportion of the actar·s total assets
  that- are at stake in the interaction.154
  
  The ways in which the parties behave in transactions that involve misinvoicing prices requires a certain degree of trust among the parties in arder to ignore the risks implicit in the transaction. Seeking an explanation for the existence of such transactions in spite of the risks, Robert Gibbons maintains that the key is to consider the "economic motivation" of future transactions between the parties involved. Gibbons, quoting Mark Granovetter, argues that:
  
  lndividuals with whom one has a continuing relation have an economic motivation to be trustworthy, so as not to discourage future transactions; and departing from pure economic motives, contínuing economic relations often become overlaid with social content that carries stron expectations of trust and abstention from
  opportunism. 1 5
  
  153 Carol A. Heimer, "Solving!he Problem of Trusr ln Trust In Socie!y, (New York: Russel Sage Foundation, 2001), at 43.
  154 lbiá,at 43-44.
  155 R.o'oett Gibbons, 'Trust in Social Structures: Hobbes ami Coa Mee! Repeated Gamas·,ln TrustIn SocJe!y, (RIJ$Sel Saga Foundation, New York, 2001), al 332.
  
  ---- ---- ·--··------" - · -"·"·-----
  
  Gibbons draws a line between formal contracts and relational contracts. The main difference between them, according to Gibbons, is that formal contracts "must be specified ex ante in terms that can be verified ex post by a third party (such as a court}, while a relational contrae!can be based on outcomes that cannot be verified ex post, and also on outcomes that are prohibitively costly to specify ex ante." Gibbons maintains that third parties (such as a court} cannot apply relational contracts and that these
  types of contracts are self-enforcing, since the parties do not want to "lose their reputation by reneging".156 The key in Gibbons' analysis is that the "relational" structure implies that the parties will "continue to interact for the foreseeable future" .157
  The incentives to misprice exports ar imports are, evidently, greater than the risks involved in the transaction. However, adopting Gibbons' explanation on relational ·social structures makes it possible to understand why someone would agree to establish this type of commercial relation.
  Gibbons' analysis finds support in what Macaulay said much earlier about non-contractual relationships in business. Macaulay discusses how businesses rely, in various ways, on non-contractual relations. This idea adopts the behavioural conceptua!ization of relations in business. Essentially, what Macaulay argues isihat businessmen tend to behave properly wi h their counterparts in arder to continue the relationship or increase their business with!he orders from the other party. He says:
  
  Both business units involved in the exchange desire to continue successfully in business and will avoid conduct which might interfere with attaining this goal. One is concemed with both the reaction of the other party in the particular exchange and with his own general business reputation. Obviousfy, the buyer gains sanctíons insofar as the seller wants payments until se!lers have performed to their satisfaction. lf a seller has a great deal of money tied up in his performance whích he must recover quickly, he will go a long way to please the buyer in arder to be paid. Moreover, buyers who are dissatisfied may cancel and cause sellers to lose the cost of what they have done up to cancellation. Furthermore, sel!ers hope to
  
  156 lblo', at 340.
  157 !bid, at 341.
  
  70
  
  repeat far orders, and one gets few of these from untiappy customers. [...] Not only do the particular business units in a given exchange want to deal with each other again, they also want to deal wlth other business units in the future. And the way one behaves in a particular transaction, ar a series of transactions, will color his general business reputation. Btacklisting can be formal or iriformal. Buyers who fail to pay their bilis on time risk a bad report in credit rating services sucti as Dun and Bradstreet. Sellers who do not satisfy their customers become the subject of discussion in the gossip exchanged by purchasing agents and salesmen, at meetings of purchasing agerits' associations and trade associations, or even at country clubs ar soclal gatheríngs where members of top
  management meet 158
  
  lt is worth noting that mispricing practices need to be based on these kinds of relationships among businessmen since, as thus far, there has been a small r1sk of detection and significan!profits al stake.
6. lntent vs. Motive

lt is known that trade mispricing is based on the mlsrepresentation of the price stated on a commercial invoice. lt is also known that such a practice requires a previous agreement between non-related parties in arder to preserve the profits generated from the commercial trarisaction from tax controls. Generally, these types of agreements involve establishing corporate structures abroad that are prepared to channel the profits and disguise their origin. Therefore, everyone would agree that such an act could only be committed purposely. Bu!what does it mean legally to act purposely?

Since this section is devoted to describing the main elements of trade mispricing, there is no attempt to link!he definitions to any particular legislation. And even if the definitions of acting purposefully or recklessly can vary from country to country, it is important to review sorne definitions that may help us understand more clearly what acting purposely involves. In this sense, and according to!he American·s Law lnstitute Mode/ Penal

158 Stewart.Macaulay, "Non-Contractual Relations in Business:"A f'relimfnaryStudy", American Soclologk:sl Review, Vol. 28, No. 1.

(1963), al 15.

Code:

A person acts purposely with respect to a material element of an offense when:

rr the element involves the nature of his conduct or a result thereof, it ís his conscious object to engage in conduct of that nature or to cause such a result; and

if the element involves the attendant circumstances, he is aware of

the existence of such circumstances or he be!ieves or hopes that they exist.159

The Model Penal Code distinguishes acting purposely from acting knowingly by stating that:

A person acts knowingly with respect to a material element of an offense when:

if the element involves the nature of his conduct or the attendant

circumstances he is aware that his conduct is of that nature or that

such circumstances exist; and,

if the element involves a result of his conduct, he is aware that it is

practically certain that his conduct will cause such a result.160

Finally, the Model Penal Code defines recklessly:

A person acts recklessly with respect to a material element of an offense when he consciously disregards a substantial and unjustifiable risk that the material element exists or will r'esult from his conduct. The risk must be of such a nature and degree that, considering the nature and purpose of the actor's conduct and the circumstances known to him, its disregard involves a gross deviation from the standard of conduct that a law-ablding person would

observe in the actor·s situation. 161

The Mode/ Penal Code, then, stipulates that "when the culpabiltty sufficient to establish a material element of an offense is not prescribed by law, such element is established if a person acts purposely, knowingly or recklessly with respect thereto." 162 Logically, the Model concludes that if acting recklessly is sufficient to establish an element of crime, that element is

159 American Law lnstltute, Mor!eJ Pfi!nfl/ Code, (Phlladel ph1a, Pa.: The lnstituta, 1960-198!;\}, at Z1.

160 lbid at 21_ 161 lbid at 21.

182 /bid at 22.

established whether the person acts purposely or knowingly. This relation does not work the other way around. 11 to establish an element is required to act purposely, acting knowingly ar recklessly is not enough to establish that element as a crime.

Since mispriced transactions require a kind of certain sophistication, which may involve agreements between non-related entities, misrepresentations or false statements, corporate structures created or wire-transfers, it is difficult to assume that orchestrating this kind alplot could be done otherwise than purposely. Most of the legislation concerning tax evasion or money laundering, however, requires at least reckless conduct.

The question that still remains open is whether special consideration should be given when a particular motive lies behind a mispriced transaction. That is, far example, whether it should be considered equally when an individua! or corporation misprices export/import transactians to shift money abroad or when an individual or corporation misprices export/import transactions to reduce its tax burden. Far instance, it is possible to imagine a scenario in which an exportar, A, is looking forward to shifting money abroad to a safer financia! market because of economic and political issues in the country w ere A' s business is established. To do so, A agrees to underprtce by 10 per cent ali the goods exported to B. Now, at the end of the year the total amount exponed from A to B is around US$100 million, but the total amount invoiced is around $US90 million. A obtains as a result of the scheme a profit of approximately $US1O million, which is transferred to a foreign account in a tax haven and is not subject to anylaxes.

Such a scenario could indicate the commission of offences such as aggravated tax fraud, false statements, etc, under the legislation of P.:s country. However, A was not anticipating committing that felony; A was, .on the contrary, merely shifting his profit abroad. Does this example allow far a difieren!interpretation of the conduct of mispricing the exports? lt is not

merely that it would be difficult to ascertain the particular motive behind trade mispricing that tt would not be recommended to expand \he argument in that direction. The truth is that the particular motives that may lead a party to misprice a transaction do not contribute to a better understanding of the phenomenon, nor do they change the legal responsibilities that may be entailed in it. The motive should not be considerad as an element of the conduct. lt has long be a matter of principie that:

In ordinary parlance, the words intenr and "motive" are frequently used interchangeably, but in the criminal law they are distinct. In most criminal trials, the mental element, the mens rea with which the Court is concerned, relates to intent", i.e., the exercíse of a free will to use particular means to produce a particular result, rather than with "motive'', i.e., that which precedes and induces the exercise of the wilL The mental elernent of a crime ordinarily involves no

motive.

reference to 163

Therefore, what is relevan!far understanding trade mispricing is that the parties involved in the conduct understand the risks entailed and disregard them. The motive is irrelevant to the analysis of the criminal responsibilities that may derive from trade mispricing. This is particularly important when considering the situation, for example, of the importer in

\he case of underinvoicing exports. The tax revenue affected by a mispriced transaction will be the one of the exporter country; and, therefore, the importar may well consider that there is no duty to preven! or avoid a fraud that affects a foreign country. The importar may well be indifferent to such conduct.

In relation to purpose, \he Suprema Court of Ganada had the opportunity to discuss the meaning of "purpose" in R. v Hibbert.164 There, Justice Lamer stated that:

163 lewls v The Queen, [1979] 2 SCR: B21 a.t 631.

164R. v Hlbbert, [1995] 2 SCR 973.

lt is impossible to ascribe a single fixed meaning to the term "purpose", In ordinary usage, the word is employed in two distínct senses. One can speak of an actor doing something "on purpose" (as opposed to by accident) thereby equating purpose with "irnmediate intention", The term is also used, however, to indicate the ultimate ends an actor seeks to achieve, which imports the idea of "desire" into the definition. This dual sense is apparent in the word's dictionary definition. For instance, the Oxford English Dictionary (2nd ed. 1989) defines "purpose" alternatively as "[t]hat which one sets before oneself as a thing to be done or attained; the object which one has in view" and as "[t]he action ar fact of in1ending or meaning to do sortiethíng; intention, resolution, determination". The first of these definitions reflects the notion of one's "purpose" as relatíng to one's ultimate object or desire, while the latter conveys the notion of "purpose" as be·1ng synonymous with

"intention",165

Justice Lamer finds that to equate "purpose" as "desire" is problemat'1c. To make his point Lamer, following Colvin, 166 considers that no one could be guilty of aiding the commission of a crime when the aider is intemally opposed or indifferent to the crime. As Lamer acknowledges, adopting an example of Mewett and Manning,167 it would be absurd to reject the responsibility of the aider because of his interna! reasons. As Lamer recal!s, Mewett and Manning sustain that:

[llhe distinction between purpose/intent and knowledge/íntent does not work, because if there is, given an awareness of the consequences of an- act, a freedom of choice as to whether one acts or not, by choosing to act those consequences have been chosen. lf intent is the choosing of consequences, it does not make any difference to the existence of the intent whether the accused wants those consequences to follow ar merely knows that they will follow, without necessarily desiring them to do so.

"lntent", is not a ver¡ descriptive word. Mens rea connotes volition on the part of the accused, that is to say, given an awareness that certain consequences will follow {or will probably follow) if he acts, an accused who chooses to act when he has the alternative of

165 lbfri at 27.

/bid, at 26. See Er\c Colvin,Prinr;iple-s o{ Crimina! Law, 2nd ed. (Scarborough, Ont.:Thomson Professkinal P\Jbllshing Canada, 1991). Colllin malntalns that '[t]he terrns "direci inlention·and 'desire' are sometimes used lnstead of purpose. The latter terrn, however, bes! describesthe relevan\ state of mind. In ord1nary language descriptlons of aciion, the ooneept al purpaie l!Sually refers to an actm's reasons for doing what he did."
lbicf, at 32. Alan W Mewett and Morris Mann1ng, Criminal Law, 2nd ed. {TorontQ: BIJtte!'W()rths, 1985). "lf a man is approacl1ed by a

frierd wha tells hlm that he is going to rob a bank arel wold ltke to use hls car as a getaway veh'1cle for whlch he will pay hlm $100, when that perse>nis chafíled unders.21 for do1ng some!hing for the purpose ofaiding h\s fi"lend to commit the affenoo, can he say"My purpose was not to aid the robbery but to make $100'"'? His argument would be that whlle he l<new that he was helping the robbery, his desire was to obtaln the $100 and he did ne>t care e>ne way or the other whether the robbery was succi:ssful or not"

--·-- -->'- "- . - --· --------

not acting "intends" those consequences in the sense of choosing to_ bring them about. lt seems not only unnecessary but also positively misleading to attempt to distinguish between purpose/intent and

knowledgelintent. (Criminal Law (2nd ed. 1985), at p. 113.)168

That being said, what is relevan!for the analysis is the choice that actors make to act and to make certain consequences occur. This idea applies to ali the parties involved in a mispriced transaction, and it makes no difference whether the harm of the conduct affects only the country of one of the parties. Whether the other party in the transaction is aware of the possible ·consequences of the transaction, the fact of being intemally opposed or indifferent to !he outcome makes no difference to the criminal law analysis.

"---

168 /bid, at 29.

Chapter 111: Hypothetical Scenarios159

3.1 lntroduction

This chapter seeks to describe different hypothetical scenarios in order to clarify how trade mispricing works. 170 The point here is ·to demonstrate how trade mlspricing can be done. The examples are not intended as a recipe for businessmen to explain how they can engage in a

questionable practica, but as a description of the phenomenon that would eventually help to find the best approach for a solution.

First, this chapter offers an example of a legitimate or ideal transaction, that is, a typical commercial transaction between non-related entities. Then, it provides an example of mispricing by way of underpricing exports. Therefore, the deception in the example relates to the price at which the goods are traded. There is a divergence between the real price and the one declarad in the supporting documentation of the transaction. The' third example shows how transportation can be mispriced as well, and the fourth example reveals how this phenomenon can differ depending on whether the transaction is setiled under FOB (Free On Board) or CIF (Cost, lnsurance and Freight) conditions.

Then, this chapter provides an example of a random organizational structure to describe the different areas of a corporation involved and the responsibilities of the people who belong to !hose areas. This will help in understanding the complexity and sophistication of these schemes, and it will probably help in further analyses seeking to understand different levels of responsibilities and involvement.

All the illustrallons arid dlagrams offered tn this sectron were created by the present author.
These examples are offered as an anecdole from !he prnciice ofthe aL.thor, and !'lave OOen canflnned as fam\f1arthrough oonversatlons wlth l:!uslnessmen and researohersonthe topic. The prnctice of the author, sieally, oons!sted in worllin¡¡ ciuring for four yearsas the sales manager for a corporotionthat growsand exports apples and pean; from Argentina to morathan forty oountrias around the worlci. Dung thls tlme, the alJ!,hor was able to sea how the oorporntions amang!he industry worked, and to talk about this phenomenon of trade mlspticing several tlmes with agricultural l:!usinessmen. This prnctice, though, was prior to my grnduate studies at McGill.

77

·1 -··
.. '

------------- ----

Finally, this chapter will provide a description of how communications could possibly be established following the examples described. The goal of this description is to reveal the complexity of the communications sphere, which is tied to the business transactions and also to the scheme. The inevitable level of ''formalization" of communications will help to distinguish the different levels of knowlédge in regard to the components of the mispriced transaction.

3.2 An example of a legitimate export transaction between an Argentinian
corporation and a US corporation

What follows is an example of a commercial trans·action betvveen two parties, A and B. This is a legttimate commercial transaction. This means that A is a corporation registered under the Argentinian legislation before the Public Registry of Commerce and the Federal Revenue Administration. A has apples to sel! and is legally authorized to export them. B is a corporation registered under the US legislation and is interested in importing apples. B is legally authorized to import. A and B are not related companies.
In Argentina, A will be subject to various taxes. However, the relevan!laxes for the sake of the argument will be the lncome Tax and the Export Tax. The first establishes that A has to pay lncome Tax on ali the income obtained in certain period of time, Le. the fiscal year.171 This tax is detenmined by applying a 35% rate on the net income obtained by A. 172 Moreover, A is responsible far the determination and payment of the tax by preparing and filing a tax retum.173 lncome Tax has to be paid in a
The assessmerrt ot the jncometax he re follows the report made by Beccar Varela callad 'Oolng Business in Argenuna· [200EI}, Onlir1!l" World Service Group, ava!lable at http://WWW .vrorld<>ervlcesgroup.comfguides/Ooing%20Elui;iness%201n%20Argentina.pdf (last llisited 12/Aug/2013) at 14.

The goal here isto e:«1mpllfy haw cert:ain income could work tn the snario proposed In the example. The author is aware of slighl differonces tllat can arisewhen comparing wlththe actual i11COmetax regime inArgenllna. Howewr, mora detalle<! analsis of the Argentine legal frarnewotk is not needed hare.

//Jiri.
!bid.

78
\,/

twelve-month advanced payment and one more payment far the remaining balance of the corresponding lncome Tax, which may still be pending alter the payment of such advances.174
A must also pay the Export Tax175 (also known as Rights to Export
or Trade Tax) on ali export transactions made by the corporation. The Export Tax is deterrnined by applying a rate (%) on the FOB price declared by A to the Public Revenue Federal Administration (AFIP) for the export transaction. For instance, for apples and pears the rate is set at So/o of the FOB price, although it varíes far other commodities; far example, far
soybeans it is set at 45º/o of the price.176
This example concerns the export of apples from Argentina to the US. The authorities would trust that the price declared by the exporter on the commercial invoice is corree!. Thus, the system is supported by the expected trust and confidence that parties will behave honestly. In any case, the Argentinian -government imposes an obligation on ali exporters to bring into the country, through the financia! instltutions, the total amount of money invoiced for the export transaction. Therefore, the payments to cancel the invoices issued by exporters mus! be done through the Argentinian banks with which the exporter has an account. Jf alter one year the exporter has not entered the total amount of money invoiced far an export transaction, the exporter may be criminally Hable under
lbj/j.

175 US, Uniled Slates Trade Commisslon, at 2, online; US Trade Commlsslon:

<http://www.usc.gov/publioationsl332/journalsl export_raxes_model_soybeans. pdf> {last visiléd 12/Aug/2013). Export taxes are deflned

there as:

ElqJort taxes aie laxes that Uomestlc govemments 1mpose on produots destinad íor sale abroad; they are appl1ed either as a percentage of prod¡,¡ct value (an ad valorem tax) or as a fo(ed rate per physical únit of product (a spadfic tax) (OECD 2005, 4; Kazei 2006) Export \axes are Slmletimes referred to as expmt duties, export charges, axport fees, o¡,¡stoms duties on export:ation, export tarifís,, r e:i:port levies (Kazeki 2005, 178-179). l"requently clted )ustlfiCMions lilr imposing export laxes include generatlng government revenues, promoting downstream processing industries, and more recently protecting the erwlronment and preservlng nawr.il resouroes. Othe:r objectlves are prlce stabilization, domestio food security, resource allocation, end lncome distribution (Piennartinl UIC>4, 7-15). Developín9 oountries are !he prlmary users of axportlaxes becaooe they are slmpleto apply and poterrtially produce slgnificarrtrewnue.

176 The ratas vary with commod;ty and from yearto year; thus, consider the enes merrtioned above as illlJSlrative, and not lis the real enes. The truth of the argumerrt is oot tied to !he rate amount, bu! to !he exlstence of such export t¡u;ei;, The on!y thing that cou\d change whether we cons<der any dlfferent rate of the export tax is the ultimate harm caused by trade mispricing. However, thls thesis does not aim to measuretrade mispricing, but to show that is a plal.lslble phenomanan among busil'leS$e$,

Argentinean law.

Communications between A and B are done via e-mail exchange. 1 n the exchange, the parties set out the details of the goods to be purchased and the transaction conditions. Thus, the parties will describe the type of product, the amount of product, the freight options, the ruling incoterm, the quality of the product-if there is more than one available

the packaging, etc. The parties will also stipulate the agreed price. Generally, !he parties will fix!he price (including!he method in arder to fix

!he price, either consignment or firm final price), the payment currency.!he amount of money, !he payment conditions and !he bank account details, interest rate, etc. All this information is clearly described in the purchase arder (PO) and in!he confirmation of the PO issued by the seller. Take!he example of the parties agreeing to purchase one container of apples far a firm price of $20,000 usd to be paid in advance of loading. A would issue a commercial invoice far!he total amount agreed (i.e. $20,000 usd).

Once !he deal is agreed, the parties would proceed to carry out the contrae! to mee! their commitment: A would make available !he goods in their facilities, would take !he goods to !he port ar ship the goods according to the transpartation agreement; B would issue an arder to the bank where B has an account to transfer the amount of money agreed on as !he price to the account given by A.

1 container of apples: price invoiced $20,000 usd

• P_r_ic_e_a_g_re_ed $2_0_,o_o_o_u_s_d --•11 B

Wire-transfer of $20,000 usd

Argentina

An example of a non-legitimate export transaction between an Argentinian corporation and a US corporation: Mispricing by underinvoicing the export of commodities

80

Ali the information given above regarding A and B is applicable to this example. There is a transaction between them, which can be described as follows. The parties agree to purchase one container of apples far a firm price of $20,000 usd to be paid in advance of loading, but it would be better to deposit part of the payment in a foreign account. Thus, instead of issuing a commercial invoice far the amount agreed (i.e.
$20,000 usd), A would issue an invoice for $15,000 usd, which is 25% less than !he price agreed. B would send the outstanding balance ($5,000 usd) to a foreign account that A has in a tax haven (Panamá, Uruguay, etc). Once the deal is agreed upon, the parties would perform the contrae! to meet their commitment: A would make available the goods in their facilities, would take !he goods to the port or ship!he goods according to the transportation agreement; B would issue an order to!he bank where B has an account to transfer !he amount of money agreed as!he price to !he account in Argentina given by A.
Following !he payment structure created by the exportar and
importer, B would cancel!he payment of!he invoice issued by the exportar authorizing a payment for the total amount of the invoice to the account that the exporter has in an Argentinian financia! institution. Then, B would arder his Banl< to pay the remaining amount to the foreign account of A. The account where the outstanding balance of !he price is transferred is not formally linked with A. There is no formal relationship between A and the owner of !he account where the money is transferred, and there is little to no chance of the customs authorities of A's country relating them.
e owns the account where B transfers the balance. C is a shell
corporation established in a tax haven; as such it has no commercial operations or assets. Probably, certain directors and/or employees of A created C in order to disguise the real stakeholders. Neither C nor C's account in the tax haven is declarad to the authorities in Argentina.

8
container of apples invoiced $20,000 usd (FOB)

Price of $20,ooo usd

us
Wrre-Transfer of 15,000 usd to an
Argetina Argentinean Bank

Wire-Transfer of $5,ooo usdto an
Uruguayan/Panamanian Eank
e
Uruguay / Panama
An example of a non-legitimate transportation transaction between an Argentinian corporation and a US corporation: Mispricing by overinvoicing the freight

This example begins once the deal between A and B has been agreed and the parties wish to perforrn the contrae! to mee! their commitment. Therefore, A makes the goods available in their facilities, takes the goods to !he port or ships the goods according to the transportation agreement; B issues an arder to the ' bank where B has an account to transfer the amounl of money agreed as !he price to the account given by A. According to !he lncoterrn ruling the transaction, either A or B needs to deal with the freight costs. To negoliate better rates, A creates a group of corporalions that have the same transportation needs (A2, A3, etc.) and a new related corporation, D. D Is a corporation (SA) registered under Argentinian law before!he Publ'lc Reg'1stry of Commerce and !he Federal Revenue Administration. The main goal of D is to group

the exportar companies in order to build up leverage in!he negotialion of . freight rates and volume contracts wtth E, the carrier. E, a branch of a multinational corporation, is registered under Argentinian law befare the

Public Registry of Commerce and!he Federal Revenue Administration. E provides!he transportation for!he goods that A (A2, A3, etc.) ship to B. To facilitate and organize the contractual relationship with E, O uses an intermediary ·corporation, F.

F is a Dutch corporation, structured as a Besloten Vennootschap (BV), that is a private limited liability company. F is created to act as .an intermediary in freight transactions. This means that when freight rates and volume contracts are agreed between D and E, F receives the payments for the invoiced freights (from A or B) to then pay E for!he real freight charges. F has an account in a Dutch bank where F receives the money for the freight invoices and from where F later pays the carrier. F would charge a small commission on every transaction done through its bank account. Therefore, O and E negotiate the price for the freight and then they agree to declare a higher price than the one agreed. F invoices the higher price to the individual corporations that comprise O (i.e. A, A2., A3).

The difference between the price agreed between O and E and the

price that F invoices to A, A2 or A3 is later distributed by F to C (C2 or C3).

.. , ,

C is a shell corporation established in a tax haven; as such it has

no commercial operations or assets. C is registered in a tax haven such as Uruguay or Panama. C owns the account where F transfers the balance or difference between the real price far freight and the invoiced price. As in the prior example, certain direclors or employees of A created C. Neither the existence of C nor the account of C in the tax haven is declared to the authorities in Argentina.

The table below shows how the freight can be mispriced and how the difference between the real and the invoiced price can be transferred to C. As will be explained later, the following illustration reflects information that O, F, E and A need to know in detall to work together. Thus, this information has somehow to be shared, which would demonstrate the

i - --·-.-----·---··e·-·- -- -- -- - -, - - ,

levels of shared knowledge of!he scheme among the parties involved.

F will :

PORT OF ORIGIN

PORT OF DESTINY

TO INVOICE

A or B

REAL PRICE TO PAY to E

TO TRANSFER

to e

BUENOS AIRES

ROTTERDAM

5000

3500

1500

BUENOS AIRES

BARCELONA

4000

3000

1000

BUENOS AIRES

HELSINKI

4500

4000

500

BUENOS AIRES

TILBURY

3500

2500

1000

BUENOS AIRES

FOS SUR MER

3500

2000

1500

BUENOS AIRES

PHILADELPHIA

5500

4000

1500

BUENOS AIRES

QUEBEC

6000

4000

2000

The figure below shows D.!he corporation in charge of negotiating freight rates with E, and!he participation of F in arder to disguise !he proceeds of the profits of the transaction. F appears as an intermediary that collects the money invoiced for freight from A ar B and then transfers the difference between!he real price and the invoiced price lo C.

Argentina

·-"·

Spread of $i,500 usd (per

container)

Real Freight rate $4,000 usd

Carrier

FOB vs. CFRICIF

According to the lncoterm ruling the commercial transaction, the scheme described above could have different outcomes.
Assuming that A and B work on an FOB basis (Free On Board), B will pay F far the freight that E will transport. F will mark up the price that B is going to pay, and then the difference or spread will be transferred by F to C. B does not know or care about the mark up. B works on the basis of the freight price structure that A declared.
lt is importan!to distinguish that here B is paying more than he should far the freight; he does not know or care about this since, probably, the total cost far the transaction is still interesting far B. Businessmen would probably use this opportunity to negotiate the price in a different way since they could reduce the price of the goods and make B feel that he is winning, but they would still be making a profrt from the mark-up on the freight. This strategy is known as the simultaneously equivalen!offers, and it allows A to offer a reduced price on the goods, but to realize the

- -·-·------------ - ---- .. _ _,,
-·--

same final price by marking up the freight cost.
lt could be argued that B is globally interested in the transaction, and that there is therefore a certain consent on the final number. However, it could also be argued that the misrepresentation of the price of the freight is a sort of fraud against B, who is paying more that he should far the same serv"ice (freight). This possible analysis is interesting since E is somehow participating in a scheme that A, O and F arranged.

Argentina
D
By the Importer: FOB

us
The Netherlands
Freight invoice $s500 usd !ul
-<------LJ
Real Freight rate $4,000 usd

Spread of $i,500 usd (per
container)

Assuming that A and B are working under CFR (Cost and Freight) or CIF (Cost, lnsurance and Freight) conditions, A would be responsible far paying F the marked-up price. The scheme depicted above will help A shifl money abroad and reduce his lncome Tax burden at the same time by deducting the freight charges that were marked up by F. This example also affects B since B is paying more than he should in terms of price; but as noted befare, the global cost is still interesting to B; and he is, therefore, still willing to do the exchange. However, A is being dishonest with B and provides B with defectiva information regarding the cost of the

86
fS

freight. The fact that B is still interested in going ahead with the transaction does not change the fact that B has received detective information.
This example offers a scenario whereby B is not the only one affected, since the tax authorities of A will not only be reducing the tax burden with!he increased invoice cost of freight, but also will be shifting
!he spread elsewhere abroad.

Argentina
D
By the Exporter: CFR or CIF

Freight invoice $s500 usd
The Netherlands us

Real Freight rate $4,000 usd

Spread of $1,500 usd (per container)
Organizational structure

Whether we think of a small/medium corporation or a large multinational corporation, any mispricing scheme will necessarily involve certain kinds of conduct that need to be described in order to completely understand !he examples above. The following is a description of a possible, but necessary organizational scenario. This does not means that the description follows any legal categorization of the structure of any corporation under a given legal regime (e.g. the Argentinian legislation on corporations, the Dutch legislation on corporations,. etc.). lnstead, the

description reflects only !he roles that are necessarily played in

misprtced transaction, no matter what the legislation under which a corporation is registered. Here, again, we are not trying to assess the legal responsibility of a given case, but to reveal the areas, departments, and people that are necessarily part of this mispriced practice. This is relevan!

since, as will be explained !ater, mispricing in cross-border transactions is

a collaborative event that requires from more than one person.

Essentially, the organization of any corporation dealing with cross border transactions consists, at least, of a presiden! on the top the structure of the corporation. The presiden! is the head of the administration. Generally, the presiden!of any corporation deals with the general strategy and manages the organization.

Below the president there are different managers who deal with clearly defined tasks. Far instance, corporations have managers in charge of sales, administration, finance, logistics, and production, among many others.

President

D-D-D-D-D

Production Manager Sales Manager Finance Mansger Administratlon Manager logistics Manager

lf we consider a legitimate transaction like the one presented in 3.2 above, we notice that the agreement on the transaction is held, basically, by two sales managers: on from A and one from B.

According to the interna! organization of the corporation, both sales managers need to be accountable to a higher level of govemance of the

corporation. Assuming that there is such a hierarchy, the sales manager would report to the sales VP or to the presiden!himself, depending on the size of the corporation. The kinds of decisions that would require supervisian ar final approva! from the higher governance relevant to this

thesis are those related to pricing structures. Therefore, the final price far

a transaction will be a matter of discussion at this !evel of the organization.

In the example of a legitimate transaction, the price agreed by A and B is the fair market price for the goods reflected in the supporting documentation of the transaction, but it also has to have the consent of the higher leve! of governance of the sales manager who made the arrangement.

lf we examine the example of a non-legitimate transaction between an Argentinian corporation and a US corporation presentad in 3.3, we realize that now A and B are not the only corporations involved. In fact, C also plays a key role in the scheme since it is the shell corporation that receives the difference between the real price and the price reported on the invoice. As noted above, A and B will agree on the details of the purchase, bul they will also agree on how to misrepresent certain components of the transactions far further ends. The misrepresentation that is of interest to this thesis is the one that affects the declared price of the transaction. Here, again, the sales managers of A and B play a key role. They deal with the complicated task of agreeing, on the one hand, on a fair price far the goods; but, also, on the misrepresentation of certain components of the transaction in the supporting documentation and on the particular details and procedures to deal with the scheme.

lt is importan!to understand that according to the example in 3.3, A agrees with B on the price ($US20,000), but only part of the price will be sent to the A's account in its country (Argentina), while part of it will be sen!abroad to C (Uruguay). Thus, A needs to be sure that B will follow the steps 11greed upan and that ali the money will be collected at the end of

the day. B also needs to get a clear understanding of how to proceed to avoid mistakes.

The example reveals something else. Both A and B would require

the involvement of other managers than those in charge of sales. At least,

the administration and the finance managers need to be aware of such an agreement. This is so for many reasons, but basically because, first, A is

interested in having control of its

sales

manager. Secondly, the

administration of A needs to be aware of the pricing structure to ensure such control, bu!also to avoid the price structure falling under the scrutiny of the authorities.1n Finally, the finance manager needs to be aware of the agreement since he usually controls and provides the bank details of C to the sales manag.er, who then provides the details to B. The same process applies to B since the sales manager needs to inform, ?t least, his finance manager to which accounts and what amounts to pay· to A and C.

Therefore, even when !he base trade agreement is settled by the sales managers,!he content of the agreement needs to be shared with the other managers in arder to complete the operation successfully and to have control over the people involved in the transactlons.

The question whether the level or knowledge that is supplied stays only on the manager level, goes up to the Presiden! or, eventually, goes to

!he VP of each department of the corporation cannot be answered here. This could vary from case to case.

However, it would be rare that such a procedure could be done effectively without the knowledge of the head of the administration. lt is possible to imagine schemes arranged without the knowledge of the head of the administration with the purpose of embezzling from the corporation, but it would be unusual to identify them since they would involve the cooperation of different areas or departments of the corporation. An example would be a sales manager who agrees to sell al a lower price the

1n lnterms ofprk:íng, if the spraad betweenthe real prlce agreed and the price reported in the supporting documentatlon of the transaction is to big, !he a_,¡horltles could be susplc1ous abo_,¡ the transaction. That iswhy, gerier<!lly, the plices go tllrmigh the assessment of the admlnlstratlon managerlQ be surethat the agrnement wlll not attract tlle attention oftlle authoritie".

goods to be exchanged and receives a bribe from his counterpart in the transaction. These kinds of practicas may occur in \he sales world, bu\ they are no\ really worth noting for \he argument of this thesis.

According to the example of a non-!egitimate transaction between an Argentinian corporation and a US corporation through mispricing freight (3.4), the commercial transaction between A and B is already set. In this example, D appears as the structure from which A, A2, and A3 negotiate together freight rates. The organizational structure of D is, for the purposes of this thesis, similar or comparable to what was said ear!ier regarding A and B. The main difference to be remarked is that D, even when it is created under the law of \he country and has a role to play in the negotiation of freight rates, has as its main task to work as an intermediary to misprice the freight invoices.

Therefore, the organizational structure of D is small and simple because the main concern of O is only to negotiate freight rates. Thus, there is no need to have a big structure. The sales manager here is the key player since he is the one leading the agreements and the one who will settle the particular conditions under which freight rates will be agreed upan and invoiced. In this· example, F appears as an essential corporation. The organizational structure of F is similar to D's since F is an intermediary in th transaction and therefore does not need to have a big structure. Generally, this type of corporation has a head and severa! employees who help with the administration. This is so since, in fact, the service that F provides might well be considered illegal, and that is why F needs to be small and controllable. D and F are fully aware of the scheme, and they wor1< as the disguisers of the proceeds.

The analysis of the organizational structure of E is even more interesting. Generally, the corporations behind freight, the freight providers, are large multinational companies. They have, therefore, well def1ned departments in charge of different tasks. The sales managers of E

., .,

---------------

are!he ones who negotiate freight rates with D and who accept involving F

in the transaction.

What needs to be pointed out here is that E knows who and what D and F are, and also that they are involved in the transaction. lt does not matter whether E accepts D and F's purposes. E may or may not know D and F's purposes, but in any case E does no! care about them. The role of E is not neutral, though. Accepf1ng the involvement of D and F does no! free E of further legal analysis.

3.7 Communications

The above examples explain how trade mispricing can be done in cross-b·order transactions. lt is worth noting that even whenlhis practice is based on trust between the parties involved, it is not possible to imagine such a scenario as being free of any kind of explicit communicatiqn. Especially, businessmen would like to have any written confirmation that acknowledges !he terms of the agreement. Thus, even when the parties would try to avoid creating explicit evidence of an agreement that may well not be legal, there is also a concrete need of sorne supporting documentation.

lt is importan!to point out that behind trade mispricing there is a commercial transaction, which is not free from commercial discussions, claims, and even litigation. Thus, the parties involved need to deal with a complicated task of establishing the terms of trade, the terms of the misrepresentation, and the terms of the execution of the plan so that the authorities cannot easily ascertain what is happening.

In the past, communications were not as efficient as the ones we have today. Mail changed to phones, and phones later changed to electronic mail. Offers and counteroffers, confirmations and refusa!s, and claims, among others, are now conveyed in emails. Small, medium and especially large corporations establish in various ways their means of

communication while negotiating cross-border transactions. To assume that trade misprtcing is based solely on the trust among the parties involved in the transaction and on non-written agreements seems, at least, na·ive. Behind trade mispricing there are individuals or corporations that run a legitimate business. Therefore, it is not reasonable to assume that these individuals or corporations will conduct their business with !evels of informality more propitious far criminal agreements. For instance, it would be not logical to expect finding a written contract between a gang of crtminals in which it is defined clearly that the proceeds of each robbery committed will be divided in equal parts among the members of the gang. Criminals may have problems in distinguishing moral choices, but they are not stupid. Nor are businessmen. The formality of cross-border transactions and the self-preservation instinct of businessmen demand fixing in writing certain clauses in their agreements. Therefore, following the examples above, sales managers would need to engage in their

communication exchanges with their counterparts, on the whole, by email.

According to their leve! of improvisation, sales managers would use the oficial email of the corporation they represen! or they would use a different or perhaps personal account in order to avoid Jeaving traces on the official communications.

The interna! communication among the difieren! managers of a corporation in these types of transactions. a!so needs to be somehow orchestrated in writing. Such is · the case even when the agreement between A and B, or better between the sales manager of A and the sales manager of B, is not cancretlzed in the official channels af cammunication of the corporation. The control of the transactions by the administration manager or the instructions and information of the bank account details given by the finance manager need to be sen!through email. The same applies to D and F in the examples above. In the case of F, the intermediary Dutch corporation, F wou!d require instructions in arder t6 transfer money to the foreign accounts of A, A2, and A3. Thus, even when

the parties involved would like to reduce the levels of communication to the minimum, they could never reach zero. F would require a certain degree of formality in orders far receiving or sending money. lt would not be logical to assume that a phone arder would be enough since we are talking about millions of dollars that move from one place to another. This also applies to D when thinking about how to deal with two freight rates, the real price and the invoiced price. 11 D agrees with E that the rates to be invoiced to F will be difieren!from the real ones, D needs to ofler certain supporting documentation to A, A2, A3 so that they can complete their

business. This supporting documentation, such as a list of difieren!ports and the rates and costs agreed, needs to be communicated from D to A, A2, A3. Likewise, the same thing happens in the agreement between F and E. They need to proceed with a certain degree of fonmality to establish the obligations of both parties. This is especially so since E is a large multinational corporation that has many administrativa controls and in which most of the departments are accountable to higher levels al govemance.

11 is also interestirig how A communicates with C or with the bank that C deals with abroad to understand that even in the best disguised scenario, there are certain communications that cannot be avoided. From the official channels of communications of A, ar from an alternativa channel, A needs to send instructions to C or the bank where C has an account in arder to control and transfer the money that is deposited there. The instructions need to be channelized in writing or, at least, by email. JI is not possible to imagine a bank dealing with money owned by their customers that is transferred w·1thaut an explicit arder.

One may ask why the way businessmen communicate is· re!evant to this thesis. The answer to found in the knowledge of the elements of this practica, the different areas or departments that are necessarily involved in it, and the trail that trade mispricing leaves which cannot be erased.

Chapter IV: Shaping Corporate Behaviour: More Questions

lntroduction

This chapter will assess !he basic questions and dislinctions that are tied to !he phenomenon of trade mispricing. Only alter being clearly identified can these questions and distinctions lead to further and better research and analysis on the bes! approach to a solution of this problem. This chapter, however, is not intended to provide a solution to the problem introduced in this thesis, namely, the legal analysis thalis missing in regard to trade mispricing. lnstead, this chapter deals with certain intricate questions, such as defining whether or not trade mispricing is crime; or if it is considerad a crime, whether ar not it should be punished harshly, along with other questions.
First, this chapter will discuss!he dichotomy between tax avoidance and tax evasion. Why? The answer is simple. To establish such a distinction is relevan!for the purposes of this thesis since trade mispricing could be considered to be either, but if trade mispricing is considerad to be tax evasion, the consequences of such conduct are dramaf1cally different
!han if it is considerad to be a non-punishable activity. Therefore, setting a standard or criterion is needed to define where trade mispricing should be categorized.
Then, this chapter will argue!he difference between the size of punishment and the probability of detection as a means of reducing trade mispricing. The assessment of this dichotomy is based on !he economic theory of crime, which provides a theoretical framework far understanding
!he possible responses to crime and the logical effects of such responses. Later, this chapter will analyse certain particular approaches to reduce tax evasion adoptad by sorne countries, such as !he US and Genmany, that will illustrate how the use of certain incentives shapes the behaviour of the
members of this global society. This brief descrip ion exemplifies ce n

'9
\
'

----------------- --

practica! approaches used to light tax evasion. Finally, this chapter will provide an analysis of a leading case of the Supreme Court of Justice of the United States, which established sorne distinctions that cannot be neglected when trying to assess trade mispricing, such as delimiting the concept of property, tax collection, the harm in tax fraud, and the
enforcement of the law as a means of reducing the amount of tax evasion. The decision occurs in Pasquantino v. United States178 and reveals the expected behaviour of neighbouring countries in the control, prosecution
and convictions of crimes that mutually affect the countries.
Tax Avoidance and Tax Evasion

The conceptualization of trade mispricing triggers the question of whether it should be considered a means of tax avoidance or a means of tax evasion. The distinction between both categories has been widely discussed within legal academia, and that is why reviewing what has already been said will help to understand under which category mispricing should be encompassed.
In this line of thought, Chad Ralston analyses this distinction in the United States and concludes that:

[w]hile tax avoidance is the "act of taking advantage of legally available tax-planning opportunities in arder to minimize one's tax liability," tax evasion is the "willful attempt to defeat or circumvent the tax law [af the United States] in arder to illegally reduce one's tax liability." Both criminal and civil prosecutions are available in tax
evasion cases.179

Ralston believes that to get a conviction in a tax evasion case in the United States, the evidence needs to revea! "a tax discrepancy", an "act showing the individual's attempt to evade, ar actual evasion of, taxes",

11e Pasquantioo v Uní/ed States, (03-725) 544 us 349 (200S).
179 [Ralstcm] Supra note 144, ai S7S.

98

and that 'he individual willfully committed \he act" .180 The key componen! of tax evasion is \he act that reveals the attempt to evade or \he evasion of taxes taking place. Unfortunately, Ralston does not offer more. tools to determine how to assess the act that reveals the attempt. lf we think about the examples in Chapter 111, we are no! able to determine which of them, ar ali them, provides evidence of an evasion attempt that would distinguish it from tax avoidance.
In \he United States, as Orce and Trovato acknowledge, what distinguishes tax avoidance from tax evasion is, essentially, that the latter is criminally punished. 181 On the contrary, tax avoidance constitutes a legally permitted conduct. Orce and Trovato opt far a black-arid-whtte
distinction: \he conduct is either a crime ar it is no\. Whether we call \he latter, tax avoidance or a permitted conduct makes no sense to them. lt is worth noting that the criterion here is essentially!he criminal law, and they do no! see any other componen\ of conduct as relevan\ to the analysis.
They understand that !he US Supreme Court, in 1873, when deciding the case known as lsham, was the first to ·draw the distinction.182 The Court
considered there that any performance within!he legal form of an action was not fraudulent. 183 The discussion in the case concemed the issuance of two checks far the amount of 1O dollars to avoid paying the tax that had been established far checks of 20 dollars or more. 184 The Court considered that this performance was no\ fraudulent within the legal form
of !he action; and that, therefore, there was no need to ascertain the purpose behind the.act.185
On the other hand, Carlos A. Leite finds that the distinction between tax avoidance and tax fraud was clearly stated by the British House of

1&0 !Cf'1, et ere. There Ralston maintain5 that •[l]n 1976, \he Supreme Court [of the Urtited States] made clear that the element of willfi.Jlness does not rec¡uire a showing of 'bad purpose'; lt lnstead merely raquires 'an intentloml violation of a known legal dut)". Unite(i
Sietes v Pompwr /o, 429 U.S. 10, 11-12 (1976)."
181 [Orce & Trovato] Supra note 36, at 73
1. /bid.
2. lbf
184 lbirJ.
185 /birJ.

Lords in /RC v. Duke of Weslminsler. 186 That case concerned the rernuneration made by a taxpayer to his domestic employees in the form of "deeds ol covenant".187 The House al Lords supported the principie that anyone can arange his or her affairs in the most efficient way. 188 As Leite
recalls, Lord Tomlin stated that "[e]very man is entitled, if he can, to arder his affairs so that the tax attaching under the appropriate Acts is less!han it othervvise would be." 189 Leite considers that tax evasion involves something else, a componen!alillegality that makes tax evasion morally
worse than tax avoidance. The central issue here is how to identify and describe the "componen! of illegali!Y'. In this regard, Leite fails to explain how to ascertain the distinctive element he mentions.
Orce and Trovato, instead, resort to what Justice Oliver Wendell
Holmes ruled in Bullen v. State of Wisconsin to draw the line between tax avoidance and tax evasion.190 Holmes argued that

We do not speak of evasion, beca.use, when the law draws a line, a case is on one side of it or the other, and if on the safe side, it is nene the worse legally that a party has availed himself to the ful! of what the law permits. When an act is condemned as an evasion, what is meant is that it is on the wrong side of the llne indicated by the polícy if not by the mere tetter of the law.

Orce and Trovato understand that after Holmes's decision the discussion related to the distinction be ween tax evasion and tax avoidance shifted to the question whether ar not the legal transaction should be taxed as the
taxpayer wants. 191 The propasa! they made, following Holmes's
argumentation, seems to be right. However, acknowledging the possibility to tax otherwise than what the taxpayer wants because of the election af a
1. Canos A. Laite, "The F'l.ole of Transfer Pnc;ng ;n lllicit Finar>elal Flows'', in PeterReuter ed., Orsining oeveJopment'l CMlrOffíng F/ows
  of fnll! Funds from Oe11eloping CounlrieS, (Washington: The World Bank, 2012), ¡¡\ 235, onllne: World B0tnk
  .:https:l openknowledge.worldMnk.orglbitstre0tmJh0tn clle/1oes0n242/6681 50PUBOl:PI0067848B097S0821 368693.pdP (last 111sited
  12/A ¡¡g/2013).
2. /bid.
1. /bid_
2. /bid_
190 [On::e & Tm11ato] Supra note 35, Ot1. 73 citing Bullen v Stateo!Wlsconsin, 240 US 625.
191 //Ji;J.

;. _./

100
f 02-

particular form far the legal transaction does no! help to distinguish when,
i.e. under what circumstances, tax authorities should re-tax!he transaction
and when they should initiate a criminal prosecution.
Nevertheless, Orce and Trovato consider that !he essential distlnction is based on!he fact that tax avoidance is legitimate whereas tax evasion is not. They argue that "ali the conducts that purposely look forward to reducing tax burden are not criminal, unless these conducts
violate the information duty to !he state regarding the legal transaction that is taking place."192 They emphasize that the performance of this duty, i.e.
!he information duty, is the relevant criterion to distinguish tax evasion from tax avoidance. They believe that the duty should be considered satisfied when the authorities are informad about the form of the legal transaction.193 Thus, under this assumption, there is no need to inform the authorities about the motives behind a particular choice of form that
individuals and corporations may make. They maintain that there is no legal duty to inform about the motives behind a legal transaction, and that there is no fraud against the state when the motives behind a legal transaction differ from the enes that are normally expected from that
transaction.194 The key for Orce and Trovato is that the information that is
no! disclosed to the authorities by the parties in the transaction is not subject to a legal obligation of disclosure to the authorities. The argumentation is simple and can be elucidated as follows: !ax fraud will only occur when the taxpayer violates the information duty to the state. The duty is accomplish by informing about!he legal form al!he transaction being carried out. There is, however, no duty to inform about the motives behind the legal transaction.
When one tries to apply this model to the phenomenon of trade mispricing, problems arise. Far instance, everyone would agree that trade mispricing '1s, generally, based on a legitimate transaction, which conceals

192 !bid, at7S. ¡transfated by author].
193 /bid, at 76.
194 /bid_

a deception in regard to the price at which the transaction is carried out. This means that the parties in a mispriced transaction will report to !he authorities the legal farm of the transaction, which would include the supporting documentation, far example, the commercial invoice that reflects the terms of the operation. The question Orce and Trovato do not answer is whether such a leve! of information is enough to establish the distinction?
In a hypothetica! mispriced trnsaction, the information regarding the terms of the transaction would be available and duly presented to the authorities, who would be able to check it. Therefare, the question has, at least, two possible answers. One way to approach the question would be to consider that if the information is available far the authorities, the authorities would be able to control the infarmation, and they could disagree with the taxation sought by the taxpayer to re-determine the taxes if such were the case. This altemative would thus consider trade mispricing as legitimate conduct and not subject to criminal liability. Another way to analyse this issue is to consider that when a deception involves the information given to the authorities, there ·1s no need far further analysis since a deception affecting .the infanmation given to the authorities de facto involves a crime. There is no need to distinguish whether the information given concerns the legal farm ar the purpose of the transaction. This second a!temative allows one to consider that any false statement related to the inforrnation given to the authorities would be enough to categorize the conduct as tax evasion.
Beyond the empirical difficulties concerning the assessment of false statements that affect prices, which were mentioned above, fallowing the criterion that Orce and Trovato propase, acknowledging a price as a false price could be crucial far the next leve! of analysis. lf Orce and Trovato are light, obtaining a false price could have elimina! consequences in regard to the legal understanding of the transaction and i s proceeds. Businessmen might reconsider resorting to pricing structures orientated to

102

r" ---
shift wealth abroad if they understood that a. false price could be considered a failure of the duty of information to the authortties and, therefore, a crime.
When we understand trade mispricing as a scheme that reveals the failure of the taxpayer in the duty of information to the state's authorities, the problem that arises is how to shape the behaviour of individuals and corporations that are used to dealing with commercial transactions that may or may not involve a misrepresentation of price.
Detection vs. severity of punishment

One could argue that acknowledging trade mispricing as a common phenomenon within the global exchange of goods and services, even when it mlght cause harm to the society, it is not sufficient reason to resort to the criminal law as a valid response to this phenomenon. lt is far this reason that discussing what the criminal law seeks in general is an inevitable step for anyone who claims that the enforcement of the criminal law could be useful in order to deter trade mispricing,

The criminal law is to be applied as the ultimate response of the state, after having tried and instrumented other altematives through state channels that were unsuccessful. In particular, the framework within which it is relevant to analyse criminal law, as is .the purpose of this thesis, is the economlc analysis of criminal law. This theory considers the criminal !aw sanctions as incentives that guide social behaviour. In this respect, Gary Becker argues that "crtme is an economically importan! activity or

industry",195 and that is why he devotas his study the cost of crimes as well

as to esf1mating the cost of enforcement of the law ("precautions agaínst críme). Becker discusses how there is a close link between the probability of conviction ar punishment and a decrease in the number of offences. To

.. ---

195 (Secker] Supra note 10e, et 3.

--------------

support this general assumption Becker recalls to what Lord Shawness once said:

"Sorne judges preoccupy themselves with methods of punishment. This is their job. But in preventing crime it is·of less significance than they like to think. Certainty of detection ls far more important than

severity of punishment." 196

This argument supports !he idea of !he importance of facusing on monitoring, controlling, and prosecuting the cases that involve trade mispricing structures, in stark contrast to focusing mainly on the size of the legal sanctions far cases that involve trade mispricing. People do no!care

if !he punishment established far a !ax fraud is 1O, 20 or 30 years; they tend to look al the rates of detection since that will be!he only variable that might change their actual behaviour. Therefore, regardless of the lack of consensus on how to measure effectively trade mispricing's detrimental effects on society, the state should develop agencies and tools to reinfarce the controls on business transactions.

Moreover, traditional criminal law sanctions are considered to be retribution far an agent's previous behaviour, the payback from the community to!hose who behave contrary to the rules of the state. In sharp contrast to these ideas, an economic analysis of criminal law understands the punishment as an incentive far the future behaviour of the agent. That

tt is a way '1o influence future behaviour (typically by deterring and also

incapacitaf1ng criminals)".197 Therefare, it is possible to argue that the behaviour of individuals and corporations can be shaped through the influence generated by criminal punishment, assuming criminal punishment is an incentive to avoid certain conducts previously and clearly defined.

lbid, at 9.
Alon Harel, "Ecooomíc Anal)ffiisof Cminal Law: A Survey",inAlon Harel S. Kelth N. Hy!ton, Research Handbook on the Ecooomics

of Criminal Law (Chekenham, UK: 2012), at 10.

104

Trying to delimit the uses that the criminal law might or might not

have, Harel observes:

The classical criminal law doctrine is based on retributive values. The tradltional legal theorist believes that the criminal law sanction ought to be imposed only on the guilty and that its severity ought to reflect the degree of wrongfulness of the act and the culpability of the actor. Furthermore, sorne retributivists oppose the use of criminal

!aw far the sake of deterrence, as such a use violates the basic Kantian principie under which one ought not use a person as a

means (not even as a means to deter crimes).198

When tocusing on trade mispricing, the main concern encompasses both the retribution far what was done and the deterrence of such business practices that cause harm to the society. Thus, considering trade mispricing as a crime and suitable for punishment could well affect a decision maker to avoid such conduct. That is why the goal of defining the legal perspectives on trade mispricing becomes relevan! not only for scholars, but also for the people dealing with this type of transaction who do not have a clear framework to understand what this phenomenon means. Essentially, following the economic analysis of the criminal law could be of use as a framework for understanding the role that it can play in arder to shape the behaviour of individuals and corporations; that is, in other words, to see how trade mispricing can be punished when detected (past), and how it can be deterred or reduced (future). This statement might seem intuitive or too simplistic; but considering the analysis given of trade mispricing by legal academia so far, "it should not be considered such. lt is obvious that if any conduct is considered a crime, it should be punished. However, the problem here is that there is no consensus on whether trade mispricing may involve a crime. Thus, if the phenomenon of trade mispricing can be legally categorized as a crime, the criminal response to it could be of use to shape future behaviour.

So far, the understanding of trade mispricing allows accepting the idea that corporations could cause harm to society even through profitable

19a /bid.

--- -------------

acts, such aS mispriced business transactions. The problem that arises is how to increase the levels of detection, and thus how to approach the conduct of corporations, unlike the conduct of individuals, especially within the global exchange of goods and services that might involve actions taking place in· different countries, among different corporations, and involving complex transactions. There are certain studies that propase involving the corporations in the fight for a solution to trade mispricing, basically because the corporations are the ones closer to the possible

problems, and consequently they may be closer to solving them. 199 lt is

worth noting that this does not deny what was said previously about the need for enhancing controls and prosecution of trade mispricing. On the contrary, involving the corporations in thelight can align perfectly well with such a goal, offering the opportunity to corporations to enable mechan·1sms to monitor and control themselves.

These theories put special emphasis on the possibility of preventing harm through corporate investment in preventive measures, such as enharicing intemal controls, eslablishing codes of conduct, and even reporting suspicious conduct. lnvo!ving corporations in the monitoring or control of their own c:tctivity is something to promote, and it can never be wrong. As said befare, trade-mispricing transactions involve the coordination of many departments of any corporation, such as the sales department, the legal department, the administrative department, and the financia! department, among others that may play a role in cross-border transactions. Thus, many people from different areas of the corporation are somehow related to the transactions that the corporation carries out. Therefore, enhancing controls can help to build global awareness of the effects of such a practice; and the decisions involving mispricing structures would go not only through the admínistrative heads of sales managers, but also through other members of !he corporations, such as the

199 Jenniíer Aen, 'Corporate Uability: Theory and Evidence", in A Ion Harel & Keith N. Hylton e<:l.. Reseamh Nanrlbook on th&

Economics of Crlm/nel Law(Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2012), at 144.

106

'tos

administration manager, who might rethink aiding the corporation in conducts that might well have non-desirable legal consequences.

Far this reason, invo1v·1ng corporations in the control and monitoring of their own activity helps to create a general consensus regarding "good practicas" and, probably, would reduce wrongdoing in direct relation to the intensity and seriousness of the investment made by the corporation on this matter. The problem that arises is what to do with the corporations that are basing their core business on illegal practicas, like trade mispric·1ng, that is, corporations that habitually misprice transactions. Far these kinds of corporations, expecting collaboration from their employees would be, at leas!, na·ve. However, developing knowledge about the consequences that trade mispricing has, insofar as this would involve the corporations in monitoring or controlling what they do, would help to create greater consciousness of how corporations have acted to prevent such practices, and how the employees of such corporations have behaved when they knew about such practicas.

In the same line of thought, Jenifer Arlen propases another serious

altemative. She believes that "[i]n arder to optimally deter corporate crime,

the state generally needs to impose both individual and corporate criminal liability."20º This idea implies punishing no! only the individuals behind a corporation, but punishing the corporation as well. This idea, however,

needs to be understood in light of the possible punishments that could be applicable to practicas like trade mispricing (fines, suspension, reputation punishments, etc.), but, especially, according to Becker's doctrine regard·1ng!he greater effect created by the probability of punishment than the amount of punishment. Analysing the essentials of crime, Arlen argues that:

Pure individual crimes generally involve an individual seeking to benefit from lmposing harm on a third party. The central goal of individual líability is to deter all crimes which impose social costs

200 Jbid, a t44.

- -·---- --------------.--·-·--·· -----

greater than the benefit of the crime. Individual criminal liability can ach'1eve th'rs goal by imposlng sanctions d·1rectly on the individual wrongdoer whose expected cost equals the social cost of crime. When Individual actors have limited asseis, the state may need to spend resources on detection or on non-monetary sanctíons such as

· prison (Becker, 1968) 201

However, in regard to the idea of corporate Jiability and the role that a corporation can play befare and after a crime is committed through the corporation, she says,

Corporate crimes differ from these simple individual crimes because they involve an additlonal actor, the firm, which can intervene to deter (or encourage) crime both ex ante and ex post. Firms can deter crime ex ante by adopting measures that lower the expected benefit of crime to employees ar increase the direct costs of its commission. Corporations have direct control over the expected benefit of crime control that even the state does not have-because the wrongdoers generally benefit from corporate crimes indirectly, through the compensation and other benefits they obtain from actions that increase the firm 's profits. Firms thus are uníquely positioned to intervene eX ante to deter cr'1me .through their ability to structure compensation and promotion policies so as to make críme less profitable. Firms also can intervene ex ante in other ways that

increase the direct cost Of commítting crimes, interventions we refer to as prevention measures" (Arlen and Kraakman 1997). Corporations also can help deter crime by Jntervening to increase the probability that the government detects and sanctions wrongdoers.

Firms can do this by undertaking ex ante monítoring, ex post investigatlon, and cooperation to increase the probabillty that the

government detects the wrong, identifies the individuals responsible, and obtains the evidence needed to convict them. 202

Aen appears to be right when she maintains that the corporations are in a better position to help the authorities to prevent crimes. However, this idea does not fil well with the problem that arises when !he whole corporation is structured to m_isprice transactions. lt is important to think of the example given in Chapter 111 regarding the intermediaries in the freight rate transactions. These intermediaries have no role to play in the commercial chain, but they provide a tool to misprice the freight rate and to shift money abroad. Therefore, even if Arlen is right that those types of

2.01 /bid, 111 144.

202 /bid.

.,_ ,

108

corporations are the ones clase to !he problem, and !he ones that can work ex ante (to preven!) or ex post (to cooperate) to deter trade mispricing, it seems at least narve to expect this to happen when a corporation is created solely far the means of mispricing transactions.

This thesis does not propase any special way to tackle the phenomenon of trade mispricing. However, bringing attention to the issues that are tied to this phenomenon will, probably, contribute to a better understanding and, perhaps, to better approach to the problem.

4.4 l ncentives

Raymond Baker correctly states that !he only way to reduce trade mispriclng without regulating prices simply requires honesty in pricing.203 The problem is that, sometimes, the incentive to act otherwise is exfremely

tempting. In countries that have established severe controls on !he exchange of currency, like Argentina204 and Venezuela, 205 businessmen can find within cross-border transactions the financia! tools to circumvent

the controls on currency exchange established by the authorities. Imagine, for example, what happens in Argentina, where the official exchange rate between the Argentinian peso and the US dallar is fixed al approximately 5,575 pesos = 1 dollarw 6 All!he exports from Argentina that are agreed in foreign currency, far instance a container of apples for $25,000, are

203 [Baker] Supra note 116, at 346.

&.e also The Econamist, onllne: Tue Economist <httv/Avww.ecgnomist cornlbloqs/amgricasyíew/201 11, 11/arpentlna';:currency= contrnls> (last visitad 12/Aug/2013). Thi$ artlde is from November 2011 and st<rtes tllat 1 peso bollght 24American cellt$. Today, accordingtn the Barieode la Naciiln Argen6na, 1 peso buys 17 Amelican cents. See aloo Banco <:le !a Nación Argentina, online: Banco de la Nación Argentina: <ht!p:llWWW.bíla oom.ar> (last visite<:! 12/Aug/2013). However, thesE! figures only tell about the offlclal marnel On the unoffic'1al marnet, the black market or, as !tls called ln 6uenos Aires, the "blue market" 1pesu bus 11 American cents. When the author of this thesls arrived in na<:la, on September 2012, in tlle blue marnet 1 peso bought 22 Americaricants.
See also The EcOllOmls/., onllne: Tha Economist ""1lttp;llwww.economisl-com/blOgslamericasview/201 3JOVvene:ruela's-currency.>
{last vislte<:l 12/Aug/2013). TfleECOllomdexplains about Venazuela that
In?Oro t!'ª govemment tned ta stem capital ftightby Jmposlng stringerrt exchenge controls, Since then, ordinary Venezuelan citizens and businesses have faced \lmits on the amount of foreign currency they can acqu!re(f at the heavily subsidlsed offic!al rate, whila the well·
.connecied haVfl mede fortunes byexploiting !he system. To meet the rest af thefr forelgn-<.:urrency needs, many Venewelaos ha,,., had to
tum to a ourl!;hing black marlo;et where the bolivarhestraded at a fraotion of lts official valllE!. These restr!ctions have conbibuted to ever-W<Jrsening shortages clessentlal goods.
Sanco de la Nación Argentina, online: Banco de la Nación Argentina: <htlp;J/www.bna.com ae (last visiled 12/Augf2013).

109

changed to pesos when paid. The exchange will be done considering the offlcial rate of exchange (5,575 pesos 11 Amelican dallar). However, the black market ar, as the Argentines call it, the "blue market" pays much more (8,92 pesos/1 American dallar). Exporters, then, have a strong · incentive to misprice exports and deposit the fareign currency abroad.

When these incentives are signiflcant to the economic and financia! stabilily of the business behind the export, Baker's honesty claim is revised under different standards, which are not exc!usively moral or legal. That is why the balance between Baker's honesty in pricing and the incenf1ve that individuals and corporations have· to misprice transactions makes the choice easier far !hose who, at the end althe day, seek only an increase in their profits. Baker's claim is not wrong. On the contrary, he is perfectly right when he asks far more honesty from businessmen. The problem is that the appeal far honesty seems not to be enough.

Baker is also right when he considers that tax efflciency should not be a deterrnining factor in price structures "[p]rices should be based on costs, commercial opportunities, and uncertainties". 207 The problem then is how to gel the legal and moral questions conceming mispriced transactions on the businessmen's agenda. lt is not reasonable to expect that someone in the business world would ever suspect that manipulating prices could be considered a crime, especially since there is not enough academic worl< to clear!y demonstrate the legal imp!ications of this practice. Thus, education about the legal implications that trade mispricing can have may be a good way to start creaflng consciousness about the consequences of this practice. Eventually, increasing understanding of what trade m·1spricing encompasses, it is hoped, wi11 help -to reduce or deter this practice. This educational process cou!d also be increased through making public the investigations, prosecutions and convictions that states achieve in this area.

..•

2.07 [Baker] Supra note 11S, at 349.

110

The lead·1ng step, in this respect, was made. by the US, which has demonstrated a strong interest in reducing the amount of tax evasion at any cost. In 2010, the US Justice Department, which is targeting taxpayers who fail to declared foreign accounts, informed the public that:

In April 2009, Robert Moran pleaded guilty to filing a false income tax return and admitted to concealing more than $3 million in a secret bank account at UBS. He was sentenced to two months in prison.

In July 2009, Jeffrey Chernick, of Stanfordville, N.Y., pleaded guilty to filing a false tax return, and was sentenced to three months in prison, six months of house arrest, and six months of probation

In August 2009, former UBS banker Bradley Birkenfeld was sentenced to 40 months in prison far helping an American blllionaire real estate developer evade taxes.

In January 201O, Juergen Homann, of Saddle River, N.J., was sentenced to five years probation for failure to file a Report of Foreign Bank ar Financia! Accounts (FBAR). Homann conce8.led more than $6.1 million in Swiss bank accounts.

In January 201O, Roberto Cittadini, of Bellevue, Washington, was sentenced to six months of home confinement for failing to report income frorn secret UBS bank accounts under his control.

ln February 2010, Dr. Andrew Silva of Sterling, Va., pleaded guilty to conspiracy to defraud the United States and making a false

statement regarding an undeclared foreign 2 8

bank.

These examples can be read as, merely, a few cases in which the US prosecutors achieved convictions. However, what we can leam from these examples is much deeper. Failing to be truthful in one's declaration to the authortties will be punished, al least ·1n the US. Connecting the above idea with Baker's claim for honesty, the legal consequences of being untruthful with authorities (false statement), and considering false prices as a failure of the information duty, as Orce and Trovato argue, could lead one to think that trade mispricing can be approached differently, namely, as a crime with a real punishment.

Furthermore, as stated earlier, detection appears to be more importan\ than the "severity" al punishment. lndividuals and corporations consider more the possibilities of being detected rather the size of the

208 US. Unlled States Jusf1ce. Departmen "Justice Departmeht Hl<¡ihllghts Tax Enfurcemen\ ReSl.llts", online: US Justii;e Department:

<httpJIWww.)ustice.govltaWclv1037S.htm> (las! visite<! 121Aug/201 ).

punishment. lf the possibilities are low, they are more likely to disregard the law. Sorne of the Department of Justice's examples can be interpreted as mlld punishments, for instance, spending two months in prison. However, !he message this kind of punishment sends to society will probably affect !he future behaviour not only of !hose who are punished. but also of others who see that detection works. Finally, if people acknowledge that deceit of the authorities can result in time in prison, this is a very eloquent way to discourage practices such as trade mispricing: This lesson can be applied to both pricing structures and mispricing structures. lf individuals or corporations understand that the authorities are able to detect manipulated prices, they have a stronger ·incentive to avoid such practices. The key, then, is to develop tools in arder to control and monitor the information that ·1s given to the authorities, and to prosecute and punish !hose cases that involve criminal conduct affecting the country in which the investigation takes place or any other country that might be affected as a result of this practice.

In!he following section, this thesis will assess !he approach taken by!he US Supreme Court in a case of tax fraud committed within the US that affected tax collection of Ganada. Even though it does not strictly concem trade mispricing, the US Supreme Court's decision establishes sorne guide!ines that are worth reviewing when analysing the phenomenon of trade mispricing.

4.5 Pasquantino

In Pasquantino v. United States209 the Supreme Court of United States had the opportunity to discuss a case concerning the extratenitorial effects of a tax fraud committed within the US. The irnportance of this case cannot be underestimated. Pasquantino is usually presentad as a case in

209 PasqLJantloo 11 Unked States, {03-725) 544 US 349 {2005). [Pasquantino]

112

which the application and extent of the revenue rule210 were discussed. However, sorne sustain that the revenue rule is not the essential matter of discussion in Pasquantino.211 This thesis will not argue that aspect, since much has already been said on the subject. Moreover, focusing on the

revenue rule in Pasquantino wou!d diminish Pasquantino's true relevance. As will be explained below, Pasquantino has, perhaps accidentally, established the bases from which the effects of trade mispricing should be considered.

The facts of the case can be summarized as follows: The US citizens Carl J. Pasquantino, David B. Pasquantino and Arthur H"ilts were accused and sentenced under the wire fraud statute for canying out a scheme to smuggle large quantities of liquor into Ganada from the United States.212 Essentially, the scheme was orchestrated to avoid paying duty

laxes in Ganada. The question that the Supreme Court answered in Pasquantino was not whether a scheme, in general, can affect the tax revenue of a foreign country, but whether Pasquantino's scheme, in the concrete, was committed as a crime completely within the territory of the

us.

The Court faced difficult questions in this respect. First, there was the issue of whether the conduct fell under the wire fraud statute. The pefüioners claimed that there was no "scheme or artifice to defraud" nor was there an "object of the fraud ... be [money or] property". The Court understood that both elements were probed, and they explained that:

210 The revenue rule refers ta, as the Court established In Pasquan no, the prohlbitio;¡of the enfon:ement of "ta:< liabilíties oforie sovereign in the courts of another soverelgn."

See also Brerida Mamnak, 'The Re11enue Rule: A. Common Law Doctrine forthe Twenty-firstCentury" (1006), 16 Ouke J. Comp. &
inl'L L. 79, SS-92, at 114. Malllnak maintains there that
[i]n Pasquantino, the Coll!t four.d that a WÍ'll fraud prosecuLion dld not impllcate the revenue rule's c:oncern thet courts will beoome involved ln intemati<mal relaLions best left to the other bíanches of government. that courts w\11 be placed 'in the pos"rtion of malting public pollcy decisions about foreign
revenue laws at the sk of offending forelgn govemments, or that c:ourts wlll have to ex.haust excessive
judicial resources Jn comprehending foreign revenue laW$. A crimlnal fraud that occurra<I partially within the United States ln violatlon of a federal slatute was not allowed to 9Sl:ape ¡JToseoutjon because the hami intended was almed at a foreign govemment and .lis publlc law for the oolleciion of revenue. The Courfs decisicm did not place new limíts on the revenue rule. Neher did !he opinion express\y state the ful! scope
ofthe revenue rule.
[P<isquantlno] Supra note 208, at l.

113

·-······ ··· ·-·---···'-- ·r --

Taking the latter element first, Canada's right to uncollected excise taxes on the liquor petitioners imported into Canada is "property" in its hands. This right is an entitlement to collect money from petitioners, the possession of which is usomething of value" to the
Canada.
Government of 213

The proposition of the Gourt is relevan! since what was established was that the right of a foreign country to collect itslaxes can satisfy the element of "property" required by the wire fraud statute. The Gourt establ"lshed that "tax evasion deprived Ganada of that money, inflicting an economic injury"; and that the conduct of the petitioner was directed, prec·1sely, to deprive Ganada of the "money legally due".
Regarding the second complaint of the petitioners, the Gourt established that they could be convicted under the wire fraud statute since their conduct could be considered "defraud by representations ... and,
therefore, a scheme or artífice to defraud Ganada of taxes due on the smuggled goods."214 This is interesting because the petitioners were trying to conv'1nce the Court that there were treaties or even statutes better
suited to the facts of the case; and, therefore, that the application of the w'ire fraud statute was, at leas!, wrong. The Gourt, in the leading vote of Justice Thomas, established with no hesitation that

Unlike the treaties and the antismuggling statute, the wire fraud statute punishes fraudulent use of domestic wires, whether or not such conduct constitutes smuggling, occurs aboard a vessel, or
evades foreign taxes.215

lnterestingly, the Gourt considerad that from the moment the pefüioners executed the scheme within the United States, the offence was completed, and that the ruling in Pasquantino did not give an extraterritorial effect to the wire fraud statute. This is not the same as saying that the fraud committed had no extraterritorial effects since the Gourt recognized the right of the Ganadian govemment to collectlaxes, which was affected by
/bid, at 4. 214 /bid, at S. 215 /bíd, at 7.

114

the conduct completed in the US. The Court acknowledged that !he wire fraud statute punishes !he execution of a scheme and not its success; therefore, the conduct punished under!he US legislalion was deemed completed. The Court recognized thal the nuling in Pasquantino in a certain manner enforced the tax revenue laws of Ganada, but this enforcement was indirect since the Court was only punishing a crime committed within !he terri ory of the US. The Court made a curious acknowledgment in their ruling when they stated that,
lt may seem an odd use of the Federal Government·s resources to prosecute a US citizen for smuggling cheap liquor lnto Ganada. But the broad language of the wire fraud statute authorizes it to do so and no canon of statutory constructlon permits us to read the statute
more narrowly.216

Even though Pasquantino was mean!to be!he starting point for further prosecutions of criminal fraud connected in sorne way with the US but affecting the revenue of other countries, there were not many follow-ups. At leas , there were not as many as expected. lt may be that !he discussion regarding the effects of!he doctrine of Pasquantino as a way to challenge indirectly the revenue rule is why there were not many more prosecutions following !he guidelines set.
For instance, the United States Court of Appeal far the Second Circuit had the opportunity to decide a case with a different factual background but one which still allowed the comparison since it was based on what was decided in Pasquantíno. This case was Uníted States v. Bengief 17 and concerned a restitution award in favour of the Republic of South Africa alter a guilty plea in a case of illegal harvesting in South African waters of lobsters that were later exportad to the United States. Fundamentally, the discussion in United States v. Bengis was about !he legal categorization of the lobsters, namely, whether they were "property' of the Republic of South Africa, and whether the guilty plea, if such were
1. Jbid. at 21.
2. Uníf.er:i Sta/es "Amold MauriGe Bengis, 631 F.3d 33.

the case, would allow a restitution award to South Africa. The Court established that:

Like the defendants in Pasquantino, Arnold Bengis, Jeffrey Noll, and David Bengis' conspiracy to conceal their iHegal trade 'tn lobster deprived South Africa of money it was due. Had the defendants not undertaken efforts to conceal their overharvesting, including off loading overharvested lobsters at night and under-reporting the amounts of their. catch to South African authorities, those lobsters caught in excess of the legal limits would have been seized and sold by the government. As a consequence, the defendants' conduct deprived South Africa of proceeds from the sale of the illegally harvested lobsters, i.e., "rnoney to which lt was entitled by law." Id. Just as in Pasquantino, "had [deferidants] complied with [their] legal obligation, they would have paid money to [South Africa]. Like Canada's entitlement to its uncollected excise tax revenue in Pasquantino, South Africa's entitlement to the revenue from the lobsters that were taken illegally does constitute property." The defendants' conduct in depriving South Africa of that revenue is,

property.

therefore, an offense against 218

The equalization of property and the South African lobsters can be extended to tax collection, and to the right on the par! of other states to collect revenue. The Supreme Court of the United States in Pasquantino carefully established that the case was about the enforcement of domestic law, and not about the revenue rule. However, the legal interpretation of the facts either in Pasquantino, or in Bengis would help other states to accomplish their collection of revenue.

What ·Pasquantino or Bengis maintains, at the end of the day, is that conducts that fall under domestic criminal law, but which affect foreign states can be prosecuted and convicted under the domestic law of the couhtry where they take place. This scenario is not minar since it opens the door far the indirect cooperation of states that prosecute certain crimes even when they affect other states.

The United States Court of Appeals in Bengis established also that the Republic of South Africa; following the reasoning in regard to the conceptualizalion of "property'' mentioned above, could be considered a "victim", that is, the person harmed by the crime. This is again an

218 //Jld.

116

1 o

importan!statement since, with Pasquantino, Bengis reinforces the idea that the right to the tax collection is assimilated to property for!hose states whose taxes have been evaded, and that there is no limitation on prosecuting such rights of foreign states affected by conduct subject to domestic criminal law.

The liquor in Pasquantino and the lobsters in Bengis are only two examples of how trade can lead to criminal activity which may well affect a state's property_ Thus, establishing a link ar connection between trade mispr'1cing and taxlraud, the guidel'lnes set by the Supreme Court ol the US would be applicable to mispricing schemes. In particular, this applies to the considerations of the Court regarding the conceptualization al the collection oflaxes as property, in the hands ol the state, which could be affected by mispriced transactions_ The path that Pasquantino offers is not complicated. States should enforce their own domestic criminal law, even when the effects ol the criminal conduct affect foreign countries. Achieving this goal would eventually help to the mutual cooperation al states in the prosecution of crimes with transnational effects. Any state should be interested in prosecuting criminal conduct that affects the tax collection of its neighbours, as in Pasquantino, because doing so would probably be mirrored by other states in the future.

The low levels ol detection and the evident carelessness of

countries about crimes that affect foreign countries have so far sent an unclear message to the businessmen who were sure that would never be subject to the justice systems ol Zambia, Argentina ar Zimbabwe. However, 'ilsuch businessmen acknowledge that the criminal justice of their own country might be interested in prosecution schemes that affect the countries from or with which they build business relations, their conduct might change.

117

Conclusion

This thesis has aimed to explore a business practice--trade mispricing

that is a concrete and sometimes complicated phenomenon occurr·1ng in

!he real world, and that has so far been ignored by legal academia, though it has been evaluated by sorne economists (Baker, Freitas, de Boyrie, Pak, Zdanowicz, Buenh and Eichler, among other). The standpoint from which this exploration started was that such a phenomenon could be of hanm to the public good; that, eventually, it might undermine the economic development of !he affected countries; and that, therefore, there was a need to examine the phenomenon of trade mispricing and to assess its legal implicat"lons.

The methodology of this thesis follows the legal realism approach, as Macaulay conceives it, far many reasons, but essentially because this thesis is based on a social phenomenon, on a fact; trade mispricing is occurring in the real world of business, but in "the shadow of !he law". Thus, the idea of building theory from !he given facts or hypothetical scenarios chal!enges the formalities sometimes required to select certa·1n facts as objects of study. The key, however, is that this thesis confirms that something is happening and that there is a need to assess how the law operates in regard to what is happening. The social and economic contexts in which trade mispricing operates become relevant in arder to assess this phenomenon under this approach.

The review of what has been said so far in regard to trade mispricing in this thesis ratifies the need far more and better research on the conceptualization and legal consequences of trade mispricing. This thesis reveals that most of the definitions discussed regarding trade misplicing are incompleta (McSkimming), or that they only partially comprehend the phenomenon (Hollingshead). The evaluation that economists (Freitas, Hollingshead, Buehn and Eichler, de Boyrie, Pak and Zdanowicz, Baker) give to !he phenomenon lacks !he legal perspectiva

118

and tends to demonstrate that what is empilically proven (!he trade mispricing phenomenon, e.g. !he China-Norway mutual exchange) will no! be solved or reduced unless it is property addressed by legal scholars. This is so since the appropriate way to approach !he issue of trade mispricing will follow from !he full ccmprehension of what this phenomenon involves, not the other way around.

As a result of !he demonstralion of !he plausibility of trade mispricing, basic principies that are universally accepted, such as !he economic advantages of increasing cross-border exchange from any country, were challenged because of the effects of carrying out transaclions that do no! revea! their real tenms. This means that there are multiple and diversa effects tied to trade mispricing, Which could be correctly assessed once the understanding of the phenomenon is deepened and awareness of it created.

The thesis has scnutinized the ccncepts of state,laxes, and duties following the connections that Christians, da Vita, Murphy and Nagel have_ established among them. 11 has also maintained !he understanding that Orce and Trovato give to !he duty to support !he state economically, and it has supported Nozick's counterarguments against the state and the compulsory tax ccllection system. To do so, this thesis has drawn a line between Nozick's claim far autonomy or free choice versus the need to support !he state in order to ensure everybody"s rights. Finally, the thesis discusses indirectly the egalitarian or distributive tax purpose that may also be affecled by trade mispricing.

The empirical issue affecting the collecting of!he kind of information that generally remains secretive was solved in this thesis through the assessment of hypothetical examples that revea! scenarios in which trade mispriced operations might have operated or could possibly operate. These examples show through factual and hypothetical scenarios that trade mispricing is a plausible phenomenon.

The assessment of the harm caused by trade mispricing follows Orce and Trovato's understanding of !he reduction of property, and the definitions relatad to property and harm given by the United States Supreme Court in Pasquantino. Both tend to confinm that the entttlement of collecting taxes can be assimilated to property in!he hands of the state. In this way, this thesis tends to confinm that the relatadlaxes affected by trade mispricing practices can affect the state's property and therefore fulfil!he conditions of fraud under each state's definition of the crime.

The essential distinction between tax avoidance and tax evasion in this thesis follows Orce and Trovato, and this ·1nterpretation leads one to think that the discrepancy in price, the false statement, confirms that mispricing transactions exceed what is legally penmitted, and that they could be, eventually, criminally punished. Orce and Trovato's understanding af !he information duty clarifies any possible doubt regarding the behaviour expected from the citizens of!he state.

Finally, !he assessment of Gary Becker's economic theory of criminal law helps to define possible lines of thought to approach trade mispr"1c·1ng in order to reduce it_ The dichotomy between detection and size of punishment is not new; however, in the field of trade mispricing and the lack of infonnation involved with it, increasing the levels of detection seems to be a possible approach. The decision in Pasquantino, apart from defining many components of trade mispr"1cing that suit perfectly well with

criminal fraud in the US, tend to confirm that detection and enforcing domestic law, even in crimes with transnational elements, seems to be the bes! approach to reduce this practice.

Something is going on in the way business is done nowadays, and what is going on deserves the attention of legal academia far the many reasons given throughout this thesis. However, it cannot be neglected that trade mispricing concems tax collection, the enforcement of the . criminal law, and the economic development the state. This thesis should therefore be considered as an invitation to devote more attention to the

120

analysls of trade mispricing and to the assessment of how "law works" in regard to a phenomenon that takes place ·1n law's shadow.

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The phenomenon of trade mispricing: unty... - PDF

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Title The phenomenon of trade mispricing: untying the knot for a legal analysis Creator

Contributor Allison Christians (lnlernalfSupeivisor)

Date 2014

Abstract This thesis evaluates the phenomenon of trade mispricing from a criminal law perspectiva. In particular, this research explores trade mispriclng as a business practica performed within the international exchange of goods and services. The main contribution is to understand whether trade mispricing is a plausible phenomenon in the world of business; then, to discover whether it has been legally categorized lncorrectly, that is, whether trade misprícing could involve criminal conduct and, consequently, a need for a different

approach to propose an effeclive sofution to deter this practica. The thesis propases the analysis of hypothetical scenarlos to illustrate how trade mispricing can be carried out and to discuss whether it can be

conceptualized as a crlme. The eva!uatlon will, firs1, involve reviewing the previous academic work on 1he topic to assess the conceptualization of the phenomenon. Then, the thesis will explain how trade míspricing can hypothetically be done. This example will illustrate not only what mispricing exports involves, but also how transportation rates, as an accessory transaction, can be mispriced. The anatysis of these examples will reveal trade misprícing as a business practice that causes harm to the public interesL Therefore, the thesis will descrtbe the negative effects of trade mispricing, which may have been, thus far. unduly ignorad in legal scholarship. The difficulties to monitor or control trade mispricing may have shlfted attention away from íts legal considerations. However, the relevance of this study cannot be neglected, especiafly regarding the crimlnal law perspectiva. This thesís illustrates how complex but curren! !he issue of trade mispricing is and, by doing so, demonstrates why is importan! to consider ít seríously. This thesis assesses the ímplications that trade mispricing has in the fields of tax evasion, fraud, perjury and money laundering. These multiple perspectivas need to be scrut!nized, since most of the work already done on trade mlspricing focuses on the economic effects or the way to measure trade misplicing, bullhere has been no legal conceptualization of trade mispricing.

Abstract (French) Cette thése propase d'apprécier !e phénoméne de falsiñcation des prix de transaction depuis un poirrt de vue juridtque. Plus particuliérement, ce proje de recherche envisage l'étude de la falsffication comme étant une pratique commerciale effectuée dans le cadre des échanges fnternationaux de blens

et services. L'apport principal de la recherche porte sur la question de

savoir si la falsification des prix de transaction est admíssible dans la sphére \ commerciale. Pour cela, la question es! posée de savoir si cette notion n'est

pas légalement mal 1nterprétée, c'est-é.-dire, qu'elle semblerait impliquer un comportement crimine!, et qu'ainsi, il faille approcher la notion d'

maniere alternativa afin de proposer une solution efficace pour dissder ce 1. genre de pratlque.Cette thése propase d'analyser plusieurs scénarios ; hypothétiques. afin d'il!ustrer la mise a exéculion de la falsification des pr1 , \

http:/fdigitool.library.mcgil !.ca!R/?func=dbin-jump-full&object_id=121598&1ocal_base=GEN01·MCG02 1/2

41712018 DigiTool - Results .Full

puis d'argumenter si cette pratique peut étre conceptualisée comme étant un crime. Pour cela, l'étude impliquera premiérement la revue des travaux académiques précédemment effectués sur le sujet, afín d'évaluer la conceptualisation de ce phénomene. Par la suite, la thése proposera une explication sur l'hypothése de réalisation de la falsification des prix de

1ransaction. Cet exemple illustrera, non seulement ce que la falsification des

prix sur les exportatlons implique, mais également la falsification des taux de transport, en tan! qu'accessoire a la transaction. L'analyse de ces

exemples révélera que la falsification des prix de transaction, en tant que pratique commerciale, est préjudiciabfe a l'intérét public. Ainsi, cette th&se décrira les effets négatifs de la falsification des prix de transaction, qui ont été, jusqu'a maintenant, excessivement ignores par la doctrine juridique. La difficulté pour détecter et contr6fer Ja falsification des prix de transaction a

probablement élé a !'origine de l'absence d'étudé juridique sur le sujet

Cependant, la pertinence d'une!elle étude ne doit pas étre laissée a l'abandon, spécialement du point de vue du droit pénal.Cette these

démontrera a quel po!nt le probléme de falsifícation des prix de transaction

est complexa et actuel a la fois. Elle démontrera a quel point il est important d'examlner ce probléme sérleus,;iment.Enfin, cette these mesure les c:onséquences de la falsification des prix de transaclion en matiére

d'évasion 'flscale, de fraude, de parjure et de blanchiment d'argent. Ces multiples idées doivent Afre examinées minutieusement. En effet, pour le moment, la majorité des études effécluées sur la falsification des prix de

lransaction s'est orientée sur les effets économiques de cette pratiqu,;i, ainsi que les méthodes pour la quantífier, mais aucune ne porte sur une conceptualisation de cette pratique depuís un point de vue juridique.

Subject Social Sciences - Law

Degree Master of aws

Department Faculty of Law

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UNIVERSIDAD 1

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Maestría en Derecho y Economía

Página 1 / 1

Buenos Aires, 03 de Julio del 2018

Apellido y nombre

Arg1bay Malina, Juan Agustín

Registro

CólQO>·,,:;, , .· '.·f.·;.;Matti.'; ;,,>,·J;.,.;;;,''\::;;;...:.;-; > ;·:>'. .,;·:,\:;;, ·.'· ·:'.,:."};,..,·,:fgi :.:::·;;,can.ffCióii;c;_;0,:, :>, s::;;:'A't;t?0:;';:?::;. :'..c ;,;;:·¡:e·i::Ji'a'··\: ,.,:. •'.'<;';;?' "
DE20	Microeconomia	A Sobresaliente 13030 04/0812014
DE03	Análisis Financiero	e Satisfactorio 13094 11/0812014
DE01	AnáHsis Económico del Derecho Civil y Comercial	B Muy BLleno 13349 15/1012014
DE15	Economia de la Regulación	A· Sobresaliente menos 13548 01/1212014
DE129	Seminario de Derecho, Economía y Pollticas de Innovación	AP Aprobado 13625 16/1V2014
DE25	Debates sobre el Análisis Económico del Derecho	A Sobresalíerlte 13996 07/04/2015
DE37	Concursos y Quiebras	Muy BLJeno menos 14143 26105/2015
DE110	Aspectos Legales de los Derivados	B Muy Bueno 14303 01/0612015
PP75	Gestión y Transparencia en las Organizaciones Públicas	B Muy Bueno 14364 15/0612015
DE118	Lectura y Análisis de Mercados Financieros	,.. menos 14981 2110912015 A- Sobresaliente menos 14822 07/0812015
PP77	Politícas de Seguridad y Justicia	Sobresaliente
DE84	Futuros, Opciones y Swaps	A· Sobresaliente merios 15252 1811112015
PP91	La Agenda de Política Económica en América Latina	A· Sobresaliente menos 15339 091121:2015
DE100	Derecllo Societario	e Muy Bueno 17080 0111112016
DE79	La responsabilidad penal tributaria de la empresa como sujeto 1-nlectivo	A Sobresaliente 17484 01/0V2017
DE103	Taller de Trabajo Firial	AP Aprobado 17839 2210512017
OE66	Contabilidad Gererlcia.1

14C1810

Documento

DNI 30141774

.. Muy Sueno mel'lOS 18029 03/0712017

Para Ja obtención del Título correspondiente, debera completar todos los requisitos de la Carrera

Escala de Calíficac1ones.

B..

A••

C•

Sobresaílente Sobresaliente menos Muy Bueno máS

Muy Bueno

Muy Bueno menos Satisfactorio más

Satisfactorio Insuficiente Reprobado Ausente

Algunas actividades curriculares se califican sólo como: Aprobado(AP o X) y Desaprobado(D).

rUNIVEFí1lSIOAO 4

iJiil

euenos

Finna

EUGENIA BARRI 1

1 1

Reg1stco de Alumnos

Secretana Acadérmca

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M1'541ll 51f6970f00 l'> F1goer "r 7350 J1

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Universidad Torcuato Di Tella

Reglamente de la Maestría en Derecho y Economía

-Marzo 2010-

Indice General

Característícas...................................................•...•..art. 1

Carga Horaria................•...•.......................................art. 2

Graduación................................................................art.3

Ciclo de Estudios Fundamenrales ................................................art. 3.1

Casos de eximición de cursos de nivel.ación...........•......................art.3.I .1

Cielo de Estudios Específicos.... .......................... ........art. 3.2 Orientaciones de la Maestrfa en Derecho y Economía .......art. 4 Requisitos de admisión.................................................art.5

Forma de admisión..................................•...•...............art. 6

Cursos.........................• ...•.........................................art. 7

Aprobación ................................................................art. 8

Códigos de pa1ticipanus... .............................................. .....o.rt. 8.1

Fechas de evaluaciones....................... . ... ..................art.8.2

Regularidad ......................................•...•.....................art. 9

Reprobación de una rnateria: efectos. ............ ...............arr..9.1

Reprobación de dos o nuís materias: efectos.. .............. .. ............art.9.2

Disciplina y Honestidad Acadé1nica ............................ ...art.10 Gobierno de la Maestría ...•...........................................art. 11 Atribuciones del Decano de la Escuela de Derecho ...........art. 12 Funciones del Director .........................• ...•...................art. 13

Funciones del Coordinador...........................................art. 14

Co1nité Académico .................................................•....art. 15

Funciones del Comité Académico ..................................art. 16 Inserción laboral de los estudiantes y graduados

y control de su desempeño profesional. ..........................a11. 17 Investigación lndependiente.........................................ar1. 18 Estudios en Universidades Extranjeras ..........................arl. 19

Siste1na de modificacWn de este reglamento....................arl. 20

Art. 1- Características: La Maestría en Derecho y Economía es Llna carrera de posgrado de dos años de duración a tiempo parcial.

Art .2 - Carga Horaria. El plan de estudios de la Maestría en Derecho y Economía comprende dos ciclos (Estudios Fundamentales y Estudios Específicos), con un total de 34 créditos que equivalen a 544 horas reales de clase. Los estudiantes pueden orientar sus estudios durante el Ciclo de Estudios Específicos en tres campos temáticos diferentes, a saber: a) Derecho Empresarial y Finanzas, b) Derecho y Políticas Públicas. c) Derecho Tributario

Art. 3 - Graduación. Para obtener el título de Magister en Derecho y Economía. con orientación en Derecho Empresarial y Finanzas, Derecho y Políticas Públicas o Derecho Tributario los estudiantes deben (1) reunir 18 créditos en el Ciclo de Estudios Fundamentales y 16 créditos en el Ciclo de Estudios Específicos y (2) reunir al menos 12 de los créditos del Ciclo de Estudios Específicos aprobando cursos o seminarios correspondientes a una sola orientación, a elección del estudiante. También deben aprobar el Trabajo Final según el sistema previsto en el Reglamento de Trabajos Fi11ales.

Art. 3.l - Ciclo de Estudios Fundamentales: En el Ciclo de Estudios Fundamentales los participantes deben cursar nueve materias de dos créditos cada una. Se prevén cuatro materias de nivelación de las cuales los estudiantes deberán cursar dos, según cuál sea su formación de grado; las otras siete materias son obligatorias para todos los alullUlos. En su conjunto, las asígnaturas de este ciclo tienen por objetivo dar a los estudiantes las herramíent.as centrales en el área interdisciplinaria derecho-economía, que les permita orientarse durante el Ciclo de Estudios Específicos con una sólida base teórica.

Art. 3.1.1- Aquellos participantes que simult.áneamente sean abogados y contadores se encuentran eximidos de realizar las materias de nivelación previstas en el Ciclo de Estudios Fundamentales. Corno mecanismo compensatorio, t.ales participantes tendrán derecho a realizar materias en el Ciclo de Estudios Específicos por un total de cuatro créditos. Estos créditos se suman a los créditos previstos en el anículo 3.2 de este reglamento.

Art. 3.2 - Ciclo de Esntdios Espec(ficos: En este ciclo los estudiantes deben reunir no menos de 16 y no más de 18 créditos, de los cuales 12 deben ser obtenidos en materias pertenecientes a una de las tres orientaciones ofrecidas. Todas las materias de este ciclo son electiva; cada una tiene asignada m1a cantidad de créditos en función de su extensión. Cada materia podrá tener hasta un máximo de cuatro créditos (64 horas). En el diploma de la Magíster en Derecho y Economía se indicará la orientación aprobada.

Al menos una vez por año el Comité Académico de la Maestría debe preparar tres listas de materias optativas asignadas a cada una de las orientaciones. Las materias podrán figurar en más de una orientación y en principio serán ofrecidas por la Escuela de Derecho, la Maestría en Economía (Orientación en Economía y Políticas Públicas) y la Maestría en Finanzas.

En el Ciclo de Estudios Específicos se pueden obtener hasta 4 créditos por iri vestigación independiente según el régin1en previsto en el artículo 18 de este reglamento. Es .(X)sible cursar materias del Ciclo de Estudios Específicos en escuelas de derecho extranjeras con las cuales existen convenios de intercambio fmnados; este sistema se encuentra establecido en el artículo 19 de este reglamento.

Art. 4 - Orientaciones de la Maestría en Derecho y Ecoiwmía: El Ciclo de Estudios Específicos ofrece cuatro orientaciones que se esbozan a continuación.

La 01ientación Derecho Empresadal se dedíca a estudiar el marco legal de la empresa en el entorno local e internacional. El men ú de materias optativas trata de cubrir diferentes aspectos

jurídiCüs de las decisiones empresariales y de satisfacer las necesidades profesionales de abogado:> de empresas y de abogados dedicados al asesoramiento legal de empresas. En todos los casos se pone énfasis, al analizar la normativa nacional o internacional, en su perspectiva económica o funcional.

La orientación Derecho y Políticas Públicas adopta una perspectiva de lege jérenda o institucional El estudiante puede optar entre diversas materias económicas, jurídicas, sociales y filosóficas para profundizar su conocimiento acerca de los fundamentos y efectos de diversas instituciones juñdicas en la consecución de objetivos de interés público. Se exploran propuestas alternativas a los regímenes legales vigen1es, combinando el análisis funcional con el análisis jurídico comparado. Se incluyen como asignaturas optativas algunos cursos ofrecidos en la Maestría en Economía (Orientación Econorrúa y Políticas Públicas) los demás cursos son ofrecidos por la Escuela de Derecho.

La orientación Derecho y Finan7.as tiene por objetivo profundizar el estudio del marco legal de los mercados financieros. Se analiz.a el impacto de diversos mecanismos jurídicos en las decisiones de empresas, administradores e inversores. En esta orientación se incluyen como asignaturas optativas algunos cursos ofrecidos en la Maestría en Finanzas (Escuela de Economía Empresarial); los demás cursos son ofrecidos por la Escuela de Derecho.

La orientación Derecho Tributario tiene por objetivo el estudio de aspectos centrales del derecho tributario federal de Argentina y su impacto en las decisiones de las empresas y los individuos. Busca brindar un sólido marco teórico mediante la resolución de problemas tributarios de creciente complejidad. El abordaje de tales problemas es interdisciplinario: se exan1inan sus aspectos administrativos, económicos y jurídicos. Se ofrecen cursos optativos de contabilidad, econon1fa y filosofia que tienen el objetivo de facilitar la comprensión de problemas que enfrentan las regulaciones de carácter tributario.

Art. 5 - Requisitos de admisión: Los requisitos están fijados en la Reglamentación de Programas de Posgrado de la Escuela de Derecho.

Art. 6 - Forma de admisión: Los aspirantes deberán rendir un examen de ingreso que consistirá en la preparación de un ensayo sobre un tema dado y/o ralizar ejercicios o responder preguntas de carácter jurídico o económico, según el título que posea el candidato. EJ Comité de Admisión, integrado por tres profesores de la Maestría y un profesor externo a la Maestría., seleccionará a los estudiantes que hayan satisfecho las condiciones de adntlsión.

En los casos en que el sistema de evaluación previsto en el artículo 6 de este reglamento no fuera suficiente, a juicio del Comité de Admisión, para determinar las condiciones de ingreso a esta carrera. dicho comité podrá aplicar el régimen de admisión condicional.

En el supuesto de admisión condícional el aspirante podrá cursar las dos primeras materias de la carrera. Si las calificaciones que obtuviera en cada una de tales materias se encontraran dentro del rango fijado por el Comité de Admisión (en función de las calificaciones obtenidas por sus compafieros), su admísión a la carrera será definitiva. Si, en cambio, sus calificaciones no satisficieran tal exigencia, el aspirante deberá abandonar la carrera y ello implicará la pérdida de la reserva de vacante y la primera cuota de esta carrera.

Art. 7 - Cursos: Los cursos y seminarios ofrecidos por la Escuela de Derecho se dictan en principio dos veces por semana, por ejemplo, los viernes de 14,30 a 19,30 y sábados de 9 a 13.

Art. 8 - Aprobación: Los cursos se aprobarán con la calificación de C o superior, de acuerdo con el sistema general de calificaciones de la Universidad. En casos de absolución de cursos, el certificado pertinente deberá estar suscrito por el director y dos profesores de la Maestría., incluyendo aquel que dicta la materia absuelta.

Art. 8.1- Códigos de alumnos: En las evaluaciones de cada materia los alumnos no deben registrar sus nombres sino sus respectivos códigos. Al comienzo del primer año de la maestría, cada alumno recibirá un código que se mantendrá vigente durante el cursado de esta carrera.

Art. 8.2- Fechas de evaluaciones: En principio los alumnos de cada materia deben ser evaluados en la misma fe.cha (en adelante la "fecha ordinaria de evaluación"), salvo aquellos casos de grave enfermedad ajuicio del director de la maestría.

Si hubiera estudiantes que no pudieran ser evaluados en la fecha ordinaria de evaluación por razones fundadas ajuicio del profesor a cargo de la materia, dicho profesor puede establecer una fecha extraordinaria de evaluación que debe ser anterior a la mencionada fecha ordinaria de evaluación. En principio los alumnos que no se presenten a ninguna de tales fechas de evaluación deben cursar nuevamente la materia en cuestión.

El propósito central de esta claúsula es el de asegurar condiciones de equidad horizontal entre los estudiantes al momento de ser evaluados.

Art. 8.3- Modelos de Evaluaciones: Se recomienda a los profesores entregar a sus estudiantes modelos de evaluaciones con el fin de pemútir que ellos puedan determinar las metodologías de evaluaci611 que serán utilizadas en sus cursos.

Art. 9 - Regulnridad. Para conservar la condición de alumno regular los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos: aprobar el 75% de los cursos fijados para el ciclo lectivo respectivo, no ser reprobado en dos o más cursos durante el mismo ciclo lectivo, abonar los aranceles respectivos, y presentar la tesis dentro del plazo previsto en el Reglamento de la Tesis de Maestría.

Art. 9.1- Reprobación de una materia. En caso de que un estudiante repruebe el examen final de nna materia. el profesor debe tomar por única vez un examen recuperatorio en la fecha que él decida. Si el examen recuperatorio ta.mbién fuera reprobado, el estudiante debe cursar nuevamente dicha materia.

El deber de re.cursar la materia reprobada no impide que el estudiante continúe cursando las restantes materias de la Maestría, excepto que se configure la sitl1ación prevista en el artículo

9.2 de este reglamento.

Art 9.1.1- Reprobación de exaJ'IU!n final y ausencia en examen recuperatorio

En el caso de que un alumno sea reprobado en el examen final de una materia y luego no se presente en el examen uperatorio, debe cursar nuevamente la materia en cuestión. Asimismo, debe registrarse la calificación que obtuvo el mencionado alumno al cursar por primera vez la aludida materia. Esta nonna rige a partir de las materias que se cursen desde el ciclo lectivo 2004.

Art. 9.2- Reprobación de dos o nuís n1aterias: Si se reprobaran dos o más materias en un mismo ciclo lectivo, el estudiante deberá cursar nuevan1ente todas las materias de la Maestría para mantener su condición de alumno regular en los ténninos del artículo 9 de este reglamento.

Art. 9.3 Ciclo lectivo. La expresión ciclo lectivo alude, a los fmes de este reglamento, al lapso comprendido entre marzo y diciembre de cada año.

Art. 10 Disciplina y Honestid.ad Acadénzica: Se aplicará el Código de Honestidad Académica de la Universidad.

ArL 11 - Gobíerrw de la Maestría: La Maestría en Derecho y Econorrúa será gobernada por: ( l) el Decano de la Escuela de Derecho, (2) el Director de la Maestría, (3) un Comité Académico y

un Coordinador.

Art. 12 - Atribuciones del Decano de la Escuela de Derecho. Son las siguientes: (a) designar Jos miembros del Comité Académico conjuntamente con el Rector de la Universidad, (b) proponer la designación de profesores de tiempo completo al Comité Académíco, (c) designar los profesores de dedicación simple de la carrera, (d) establecer, en coordinación con el Rector de la Universidad y el Comité Académico, los objetivos y políticas académicas, (e) aprobar el reglamento de exámenes, equivalencias y correlatividades y (i) celebrar convenios de cooperación con otras universidades e instituciones.

Art. l 3 - Fwiciones del Director: Son las siguientes: (a) proponer al decano la designación de profesores de dedicación simple de la carrera, (b) proponer al decano el reglamento de exámenes, correlatividades y equivalencias, (c) controlar el desempeño de los profesores de la Maestría, (d) diseñar y dirigir proyectos de investigación en el área., (e) dirigir el funcionamiento de la carrera en Jos aspectos administrativos, (f) promover la formación de recursos humanos en el área mediante becas y convenios con universidades del exterior, (g) designar a los miembros del Comité de Admisión y a los tutores de las Tesis de Maestría y (h) implementar las políticas académicas de la Maestría.

Art. 14 - Funciones del Coordiruuior: Son las siguientes: {a) establecer los horarios y fechas de dictado de los cursos, (b) uniformar programas y bibliografías, (c) colaborar con el Director de la Maestría en la ejecución de las políticas académicas de la Maestría, {d) infonnar al Director de la Maestría sobre el cun1plimiento de los reglamentos de la Maestria, (e) atender problemas administrativos y pedagógicos, (f) fijar el cronograma de exámenes y evaluaciones y (g) preparar informes de prensa sobre actividades de la Maestría

Art.15 - Conlité Académico: El Decano de la Escuela de Derecho designará, coujuntamente con el Rector de la Universidad, a los miembros del Comité Académico, quienes deberán cumplir las siguientes condiciones: (1) Poseer título doctoral en Economía o Derecho, (2) Ser profesor/investigador de tiempo completo en universidad argentina o extranjera y (3) Tener publicaciones en Derecho o Economía de nivel académico internacional.

Art. 16 - Fu:nciones del Comüé Acadérnico: Serán funciones del Comité Acadé1nico las siguientes: (a) Aprobar la designación de los profesores de tiempo completo, (b) Buscar apoyo financiero para el programa de becas de la Maestría, (c) Establecer la política de admisión de aspirantes y de becas, (d) Preparar el proyecto de doctorado en Ciencias Jurídicas, (e) Preparar las listas de materias electivas en las tres orientaciones pertenecientes al Ciclo de Estudios Específicos de la Maestría y (f) Supervisar el funcionamiento de la Maestría en sus aspectos docentes y de investigación.

Art. 17 · lnserción !.aboral de !.os estudiantes y graduados y control de su desenipeño profesional: Exístirán tres tipos de pasantías: (a) pasantías de investigación, (b) pasantías de interés público, y {e) pasantías profesionales.
1. La Dirección de la Maestña coordinará con el Departamento de Desarrollo Profesional de la Universidad la convocatoria a pasantías de investigación en la Universidad, en instituciones académicas o gubernamentales con las cuales existan convenios firmados.

(b) La Dirección de la Maestría coordinará con la Escuela de Derecho la convocatoria a pasantías de interés público en la Escuela de Derecho o en instituciones que tengan tal propósito. En el primer caso, los pasantes actuarán como abogados voluntarios en la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho, cuyo objetivo es brindar asistencia o patrocinio legal gratuito a personas de escasos recursos, particularmente en casos de interés público.

(c) En el caso de pasantías profesionales en estudios jurídicos, empresas, bancos y organismos gubernamentales, la Dirección de la Maestría actuará en forma coordinada con el Departamento de Desarrollo Profesional de la Universidad y el Consejo Consultivo de la Escuela de Derecho. La selección de los pasantes se realizará mediante el procedimiento de licitación utilizado por el Departamento de Desarrollo Profesional de la Universidad.

El Departamento de Desarrollo Profesional de la Universidad brindará a los estudiantes y graduados de la Maestría el apoyo necesario para facilitar su inserción en el mercado laboral.

El Departamento de Desarrollo Profesional de la Universidad con la colaboración del Consejo Consultivo de la Escuela de Derecho producirán una base de datos que registre información que permita controlar el desempeño profesional de los estudiantes y graduados de la Maestría en Derecho y Economía. El Comité Académico de la Maestría y el Director de la Maestría periódicamente estudiarán dicha base de datos con el fin de determinar si es ne.cesario introducir mejoras en la Maestn'.a.

Art. 18 - Investigación Independiente: Los estudiantes del Ciclo de Estudios Específicos pueden realizar una investigación independiente sobre un tema de carácter interdisciplinario (económico-jurídico).

El director de la Maestña designará un jurado unipersonal que tendrá el papel de aprobar el proyecto de investigación y de evaluar la investigacion. La evaluación se efectuará a la luz de los est.ándares establecidos en el artículo 7º del Reglamento de la Tesis de Maestña.

Se asignru:án cuatro créditos a las investigaciones independientes de 8000 palabras de extensión, tres créditos a las de 6000 palabras y dos créditos a las de 4000 palabras.

Son aplicables a la investigación independiente los artículos 4° y 8º del Reglamento de la Tesis

de Maestría.

Art. 19 - Estudios en Untversidndes Extranjeras: Los estudiantes del Ciclo de Estudios Específicos que deseen realizar cursos y/o investigaciones en universidades extranjeras con las que existen convenios de intercambio fumados deben presentar al Director de la Maestría un memorandum. En dicho memorandum se debe precisar el nombre y el contenido de los cursos y/o el proyecto de la investigación que se desee realizar en la universidad extranjera. Además se debe detallar cualquier otra información que pueda ser útil para evaluar tal memorandum.

El director aprobará el mencionado memorandum si el proyecto del estudiante es consistente, desde un punto de vista temático, con las materias realizadas en el Ciclo de Estudios Fundamentales, las restantes materias de la orientación elegida en el Ciclo de Estudios Específicos. la tesis de maestría y, en su caso, la investigación independiente. El director, con el acuerdo del Comité Académico, puede establecer requisitos adicionales para aprobar el mencionado memorandum.

Los estudiantes que se inscriban en programas de intercambio con universidades extranjeras en principio deben realizar, en la Universidad Torcuato Di Tella o en la universidad extranjera de que se trate, un curso de nivelación sobre "Introducción al Derecho Comparado" o similar (dos créditos). Además, deberán cumplir con los requisitos fijados en el respectivo convenio de intercambio.

Art. 20 - Sistema de nwdificoción de este reglamento: Este reglamento y el de la Tesis de Maestria pueden ser modificados por el Comité Académico a propuesta del Director de la Maestría con el fin de perfeccionar su funcionamiento.

Art. 1- Características: La Maestría en Derecho y Eco11omía es una carrera de posgrado de dos años de duración a tiempo parcial.

Att .2 - Carga Horaria. El plan de estudios de la Maestría en Derecho y Economía comprende dos ciclos (Estudios Fundamentales y Estudios Específicos), con un total de 34 crédilos que equi vaJen a 544 horas reales de clase. Los estudiantes pueden orientar sus estudios durante el Ciclo de Estudios Específicos en tres campos temáticos diferentes, a saber: a) Derecho Empresarial, b) Derecho y Políticas Públicas, e) Derecho y Finanzas.

Art. 3 - Graduación. Para obtener el título de Magíster en Derecho y Economía, con orientación en Derecho Empresarial, Derecho y Políticas Públ icas o Derecho y Fll1anzas los estudiantes deben (1) reunir 18 créditos en el Ciclo de Estudios Fundamentales y 16 créditos en el Ciclo de Estudios Específicos y (2) reunir al menos 12 de los créditos del Ciclo de Estudios Específicos aprobando cursos o seminarios correspondientes a una sola orientación, a elección del estudiante. También deben aprobar la Tesis de l\.1.aestría según el sistema previsto en el Reglamento de la Tesis de Maestría.

Art. 3.1 - Ciclo de Estudios Fundamentales: En el Ciclo de Estudios Fundamentales los participantes deben cursar nueve materias de dos créditos cada una. Se prevén cuatro materias de nivelación de las cuaJes los estudiantes deberán cursar dos, según cuál sea su formación de grado; las otras siete 1naterias son obligatorias para todos los alumnos. En su coajunto, las asignaturas de este ciclo tienen por objetivo dar a los estudiantes las herramientas centrales en el área interdisciplinaria derecho-economía, que les permita orientarse durante el Ciclo de Estudios Específicos con una sólida base teórica.

Arl. 3.1.1- Aquellos participantes que simultáneamente sean abogados y contadores se encuentran eximidos de realiZfil' las materias de nivelación previstas en el Ciclo de Estudios Fundamentales. Como mecanismo compensatorio, tales participantes tendrán derecho a realizar materias en el Ciclo de Estudios Específicos por un total de cuatro créditos. Estos créditos se suman a los créditos previstos en el artículo 3.2 de este reglamento.

Art. 3.2 - Ciclo de Estudios Especificos: En este ciclo los estudiantes deben reunir no menos de 16 y no más de 18 créditos, de los cuales 12 deben ser obtenidos en materias pertenecientes a una de las tres orientaciones ofrecidas. Todas las materias de este ciclo son electivas; cada una tiene asignada una cantidad de créditos en funcíón de su extensión. Cada materia podrá tener hasta un máximo de cuatro créditos (64 horas). En el diploma de la Magíster en Derecho y Economía se indicará la orientación aprobada.

En el Ciclo de Estudios Específicos se pueden obtener hasta 4 créditos por investigación independiente según el régimen previsto en el artículo 18 de este reglamento. Es posible cursar materias del Ciclo de Estudios Específicos en escuelas de derecho extranjeras con las cuales existen convenios de intercambio -fmnados; este sistema se encuentra establecido en el artículo 19 de este reglamento.

Art. 4 - Orientaciones de la Maestría en Dereclw y Econo1nía: El Ciclo de Estudios Específicos ofrece tres orientaciones que se esbozan a continuación.

La orientación Derecho Empresarial se dedica a estudiar el marco legal de la empresa en el entorno local e internacional. El menú de materias optativas trata de cubri r diferentes aspectos jurídicos de las decisiones empresariales y de satisfacer las necesidades profesionales de abogados de empresas y de abogados dedicados al asesoramiento legal de empresas. En todos los casos se pone énfasis, al analizar la normativa nacional o internacional, en su perspectiva económica o funcional.

La orientación Derecho y Políticas Públicas adopta una perspectiva de lege ferenda o institucional. El estudiante puede optar entre diversas mateiias económicas, jurídicas, sociales y filosóficas para profundizar su conocimiento acerca de los fundamentos y efectos de diversas instituciones jurídicas en la consecución de objetivos de interés público. Se exploran propuestas alternativas a los regímenes legales vigentes, combinando el análisis funcional con el análisis jurídico comparado. Se incluyen como asignaturas optati vas algunos cursos ofrecidos en la Maestría en Economía (Orientación Economía y Políticas Públicas); los demás cursos son ofrecidos por la Escuela de Derecho.

La orientación Derecho y Finanzas tiene por objetivo profwidiza.r el estudío del marco legal de los mercados financieros. Se analíza el impacto de diversos mecanismos jurídicos en las decisiones de empresas, administradores e inversores. En esta orientación se incluyen como asignaturas optativas algunos cursos ofrecidos en la Maestría en Finanzas (Escuela de Economía Empresarial); los demás cursos son ofrecidos por la Escuela de Derecho.

Art. 5 - Requisitos de admisión: Los requisitos est.án fijados en la Reglamentación de Programas de Posgrado de la Escuela de Derecho.

Art. 6 - Fonna de admisión: Los aspirantes deberán rendir un examen de ingreso que consistirá en la preparación de un ensayo sobre un tema dado y/o ralizar ejercicios o responder preguntas de carácter juódico o económico, según el título que posea el candidato. El Comité de Admisión, integrado por tres profesores de la Maestría y wi profesor exlerno a la Maestría, seleccionará a los estudiantes que hayan satisfecho las condicíones de admisión.

En los casos en que el sistema de evaluación previsto en el artículo 6 de este reglamento no fuera suficiente, a juicio del Comité de Admisión, para determinar las condiciones de ingreso a esta carrera, dicho comité podrá aplicar el régimen de admisión condicional.

En el supuesto de admisión condicional el aspirante podrá cursar las dos primeras materias de la can-era. Si las calificaciones que obtuviera en cada una de tales materias se encontraran dentro del rango fijado por el Comité de Admisión (en función de las calificaciones obtenidas por sus con1pañeros), su admisión a la carrera será definitiva. Si, en cambio, sus calificaciones no satisficieran tal exigencia, el aspirante deberá abandonar la cam:ra y ello implicará la pérdida de Ja reserva de vacante y la primera cuota de esta carrera."

Art. 7 - Cursos: Los cursos y seminarios ofrecidos por la .Escuela de Derecho se dictan en principio dos veces por semana. por ejemplo, los viernes de 14,30 a 19 y sábados de 9 a 13.

Art. 8 - Aprobación: Los cursos se aprobarán con la calificación de C o superior, de acuerdo con el sistema general de calificaciones de la Universidad. En casos de absolución de cursos, el certificado pertinente deberá estar suscrito por el director y dos profesores de la Maestría, incluyendo aquel que dicta la materia absuelta.

Art. 8.2- Fechas de evaluaciones: En principio los alumnos de cada materia deben ser evaluados en la misma fecha (en ndelante la "fecha ordinaria de evaluaci6n"), salvo aquellos casos de grave enfennedad ajuicio del director de la maestría.

Sí hubiera estudiantes que no pudieran ser evaluados en la fecha ordinaria de evaluación por razones fundadas a juicio del profesor a cargo de Ja materia, dicho profesor puede establecer una fecha extraordinaria de evaluación que debe ser anterior a la mencionada fecha ordinaria de evaluación. En principio los alumnos que no se presenten a ninguna de tales fechas de evaluación deben cursar nuevamente la materia en cuestión.

El propósito central de esta claúsula es el de asegurar condiciones de equidad horizontal entre los estudiantes al momento de ser evaluados.

Art. 8.3 Modelos de Evaluaciones: Se recomienda a los profesores entregar a sus estudiantes modelos de evaluaciones con el fi n de permitir que ellos puedan determinar las metodologías de evaluación que serán utilizadas en sus cursos.

Art. 9 - Regularidad. Para conservar la condición de alumno regular los estudiantes deben cumplir los siguientes requisitos: aprobar el 75% de los cursos fijados para el ciclo lectivo respe.ctivo, no ser reprobado en dos o más cursos durante el mismo ciclo lectivo, abonar los aranceles respectivos, y presentar la tesis dentro del plazo previsto en el Reglamento de la Tesis de Maestría.

Art. 9.1- Reprobación de una 1nateria. En caso de que un estudiante repruebe el examen final de una materia, el profesor debe tomar por única vez un examen recuperatorio en la fecha que él decida. Si el examen recuperatorio ta1nbién fuera reprobado, el estudiante debe cursar nuevamente dicha materia.

El deber de recursar Ja materia reprobada no impide que el estudiante continúe cursando las restantes materias de Ja Maestría. excepto que se configure la situación prevista en el artículo

9.2 de este reglamento.

Art. 9.2- Reprobación de dos o niús materias: Si se reprobaran dos o más materias en un mismo ciclo lectivo, el estudiante deberá cursar nuevamente todas las materias de la Maestóa para mantener su condición de alumno regular en los ténninos del artículo 9 de este reglamento.

Art. 9.3- Ciclo lectivo. La expresión ciclo lectivo alude, a los fines de este reglamento, al lapso comprendido entre marzo y diciembre de cada aí'io.

Art. l O - Disciplina y Honestidad Acadé1nica: Se aplicará el Código de Honestidad Académica de la Universidad.

Art. 11- Gobierno de la Maestría: La Maestría en Derecho y Economía será gobernada por: (1)

el .Decano de la Escuela de Derecho, (2) el Director de la Maestría, (3) un Comité Académico y

un Coordinador.

Art. 12 - Atribuciones del Decano de la Escuela de Derecho. Son las siguientes: (a) designar los miembros del Comité Académico conjuntamente con el Rector de la Universidad, (b) proponer la designaci6n de profesores de tiempo completo al Comité Académico, (c) designar los profesores de dedicación simple de la carrera, (d) establecer, en coordinación con el Rector de la Universidad y el Comité Académico, los objetivos y políticas académicas, (e) aprobar el reglamento de exámenes, equivalencias y correlatividades y (f) celebrar convenios de cooperación con otras universidades e instituciones.

Art. 13 - Funcíones del Dírector. Son las siguíentes: (a) proponer al decano la designación de profesores de dedicación simple de la carrera, (b) proponer al decano el reglamento de

exámenes, correlatividades y equivalencias, (c) controlar el desempeño de los profesores de la Maestría, (d) diseñar y dirigir proyectos de investigación en el área, (e) dirigir el funcionamiento de la carrera en los aspectos administrativos, (f) promover la fonnación de recursos humanos en el área medíante becas y convenios con uni.versidades del exterior, (g) designar a los mien1bros del Comité de Admisión y a los tutores de las Tesis de Maestría y (h) ilnplementar las políticas académicas de la Maestría.

Art. 14 Funciones del Coordinador: Son las siguientes: (a) establecer los horarios y fe.chas de dictado de los cursos, {b) uniformar programas y bibliografías, (c) colaborar con el Director de la Maestría en la ejecución de las políticas académicas de la Maestría, (d) informar al Director de la Maestría sobre el cumplimiento de los reglamentos de la Maestría.. (e) atender problemas administrativos y pedagógicos, (f") fijar el cronograma de exámenes y evaluaciones y (g) preparar informes de prensa sobre actividades de la Maestría.

Art.15 Co1nité Acadéniico: El Decano de la Escuela de Derecho designará, conjuntamente con el Rector de la Universidad, a los miembros del Comité Académico, quienes deberán cumplir las siguientes condiciones: (1) Poseer titulo doctoral en Economía o Derecho, (2) Ser profesor/investigador de tiempo completo en universidad argentina o extranjera y (3) Tener publicaciones en Derecho o Econorrúa de nivel académico internacional.

Art 16 - Funciones del Coniité Académico: Serán funciones del Comité Académico las siguientes: (a) Aprobar la designación de los profesores de tiempo completo, (b) Buscar apoyo financiero para el programa de becas de la Maestría, (e) Establecer la política de admisión de aspirantes y de becas, (d) Preparar el proyecto de doctorado en Ciencias Juódicas, (e) Preparar las listas de materias electivas en las tres orientaciones pertenecientes al Ciclo de Estudios Específicos de la Maestria y (f") Supervisar el funcionamiento de la Maestría en sus aspectos docentes y de investigación.

Art. 17 Inserción laboral de los estudiantes y grad1iados y control de su dese1npeño profesional: Exlstirán tres tipos de pasantías: (a) pasantías de investigación, (b) pasantías de interés público, y (c) pasantías profesionales.
1. La Dirección de la Maestría coordinará con el Departamento de Desarrollo Profesional de la Universidad la convocatoria a pasantías de investigación en la Universidad, en instituciones académicas o gubernamentales con las cuales existan convenios firmados.
2. La Dirección de la Maestría coordinará con la Escuela de Derecho la convocatoria a pasantías de interés público en la Escuela de Derecho o en instituciones que tengan tal propósito. En el primer caso, Jos pasantes actuarán como abogados voluntarios en la Clínica Ju rídica de la Escuela de Derecho, (.'.Uyo objetivo es brindar asistencia o patrocinio legal gratuito a personas de escasos recursos, particularmente en casos de interés público.
3. En el caso de pasantías profesionales en estudios jurídicos, empresas, bancos y organismos gubernamentales, la Dirección de la Maestría actuará en forma coordinada con el Departamento de Desarrollo Profesional de la Universidad y el Consejo Consultivo de la Escuela de Derecho. La selección de los pasantes se realizará mediante el procedimiento de licitación utilizado por el Departamento de Desarrollo Profesional de la Universidad.

El Departamento de Desarrollo Profesional de la Universidad brindará a los estudiantes y

graduados de la Maestría el apoyo necesario para facilitar su inserción en el mercado laboral.

El Departamento de Desarrollo Profesional de la Universidad con la colaboración del Consejo Consultivo de la Escuela de Derecho producirán una base de datos que registre información que permita controlar el desempeño profesional de los estudiantes y graduados de la Maestría en Derecho y Econorrúa. El Comité Académico de la Maestria y el Director de la Maestría perió.dicamente estudiarán dicha base de datos con el fin de determinar si es ne.cesario introducir mejoras en la Maestría.

Art. 18 - Investigación Independiente: Los estudiantes del Ciclo de Estudios Específicos pueden realizar una investigación independiente sobre un tema de carácter interdisciplínario (económico-jurídico).

El director de la Maestría designará un jurado unipersonal que tendrá el papel de aprobar el proyecto de investigacíón y de evaluar la investigacion. La evaluación se efectuará a Ja luz de los estándares establecidos en el artículo 7° del Reglamento de la Tesis de Maestría.

Se asignarán cuatro créditos a las investigaciones independientes de 8000 palabras de extensión,

tres créditos a las de 6000 palabras y dos créditos a las de 4000 palabras.

Son aplicables a la in vestigación independiente los artículos 4° y 8" del Reglamento de la Tesis de Maestría.

Art. 19 - Estudios en Universidades Extranjeras: Los estudiantes del Ciclo de Estudios Específicos que deseen realizar cursos y/o investigaciones en universidades extranjeras con las que existen convenios de intercambio finnados deben presentar al Director de la Maestría un memorandum. En dicho 1nemorandum se debe precisar el nombre y el contenido de los cursos y/o el proyecto de la investigación que se desee realizar en la universidad extranjera. Además se debe detallar cualquier otra infonnación que pueda ser útil para evaluar tal memorandum.

El director aprobará el mencionado memorandum si el proyecto del estudiante es consistente, desde un punto de vista temático, con las materias realizadas en el Cíclo de Estudios Fundamentales, las restantes ma.teria8 de la orientación elegida en el Ciclo de Estudios Específicos, la tesis de maestría y. en su caso, la investigación independiente. El director, con el acuerdo del Comité Académico, puede establecer requisitos adicionales para aprobar el mencionado memorandum.

Los estudiantes que se inscriban en programas de intercambio con universidades extranjeras en principio deben realizar, en la Universidad Torcuato Di Tella o en la universidad extranjera de que se trate, un curso de nivelación sobre "Introducción al Derecho Comparado'' o similar (dos créditos). Además, deberán cumplir con los requisitos fijados en el respectivo convenio de intercambio.

Arr. 20 - Sistenia de 1nodificacíón de este reglamento: Este reglamento y el de la Tesis de

:M:aestría pueden ser modificados por el Comité Académico a propuesta del Director de la

Maestría con el fin de perfeccionar su funcionamiento.

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UnJted Nations

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'9i1Counter-Terrorism Centre

Unidadde Información Finandera

ARGENTINA

Certifican que

Juan Argibay

Participó en el

Juicio Simulado en Financiatjón del Terrorismo

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Acñvidad de capaciraáón llevada a cabo dur3.nte-CJ._:2_9151"-_0l_.6- -uénos Aires, Argentina con una intensidad horaria

PICSellcia! ae"-t ó4noras

Fedet:ici Presidente

Uoídad de Información Financiera·UIF

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Tax and Good Governance in Africa

This is to certify that:

Mr Juan Agusti n Argibay Molina

successfully participated in the High-Level Conference on:

High Net-Worth Individuals: The Challenge They Pose far Tax Administrations, FIUs and Law Enforcement Agencies

held from 21'" to 23'" February 2018 in Vienna, Austria

organized in cooperation with the United Nations Office on Drugs and Crime, with the support of the World Bank.

This event was organised as part of the Tax and Good Governance project of theInstitute for Austrian and nternational Tax Law of the WU (Vienna University of Economics and Business) and the African Tax nstitute (ATI) at the University of Pretoria.

Rick McDonell Project Co-Director

Jeffrey Owens Project Ca-Director

Riel Franzsen Project Ca-Director

UNODC !

@WORLDBANKGROUJ>

•

The Multi-Stakehold er Initiative on Tax and Good Governance in Africa

ANNOTATE D AGENDA

21 - 23 February 2018

Vienna, Austria

Hosted by the Institute for Au strian and International Tax Lavv at WU (Vienn a Un iversity of Economics an d Business), organised in coop eration with the United Natio ns Office on

Drugs and Crime (UN ODC) and with the support of the World Bank Group

'''"""""'''''"''""'-"""'"'""''"""' UNODC

High Net - W ort hIndividu a ls : The Cha llenge They Pose f o r Ta x A d ministrat ions, FIUs a nd

la w Enforce ment Age ncies

Vienna, 21-23 February, 2018

Chair: Prof. leffrey Owens (Co -Director,Tax and Good Governance Project, WUInstitute far Austrian andInternational Tax aw)

11:30 - 12:30 Registration

12:30 - 14:00 Lunch at Mensa (WU Campus)

' Welcome Address:
14:00 - 14:15 i - Prof. Jeffrey Owens, Co -Director,Tax and Good Governance
! Project, WUlnstitute for Austrian andlnternational Tax Law

3

1
UNODC ¡•
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! Sessioti I: Outcomes from the Tax and Good .·
- Governance Ptoject
  - Tax and Good Governance Project: A brief review.

. • What has been achieved over the lastthree years?

• How has the project helped Afrkan governments deal with IFFs? (testimonials from countries). · ··.·. . ····
- How has the project.complemented qther.illitiatives?
- Th.e transitional phase of the project.

Speakers:

14:15 - 15:00

- Mr. Jean"Luc .Lemahieu;
! fairs, UNODC .· .

Director, Policy Analysis and Public Af-
. - Prof. Riel Franzsen, ca-Director,Tax and Good .Govemance Pro- i
: ject,¡md Director, African Tax nstitute (ATI) at the Universíty of
: Pretoria
! - Mr Rick McDonell, CocDirector, Tax and Good Governance Proc
. ject,WU nstitute for Austrian and nternational Tax Law ' Open Discussion
- Documentation:

Communiques from pre'l/ious meetings;project R.eport 2015-2018;.

. Staternents from African Commissioners. ·

The session will provide an opportunity to take stock of what has been achieved over
- the three-year Tax a nd Good Governance Project to date, and consider how it can be adapted to the rapidly changing economic environment to better meet the needs of
  . competent authorities in Africa and other regions.
  
  4
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  UNOOC
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  •!
  
  . Session II: The changing environment Vlfith-
  . in which HNWis operate: How have African countries adapted to the challenges posed by
  . these changes?
  - Understandíng the changing envíronment within which Net-WorthIndividuals (HNW!s) operate.
    
    High- :
    •
    i • Examining how African tax and customs administrations and · FIUs have adapted to thís changing environment.
    - Desígning effective voluntary compliance programs far HNWis.
    - Improving the effectiveness of financia! investigations, prose- j
    cutions and ímposition of sanctions in case of failure of volun- :
    tary compliance programs for HNWis. ·
    - • Examining how better access to beneficia! ownership can help ' FIUs and Tax and Customs Departments in their. investiga- ¡
    tions. · ·
    - Speakers:
    - - Mr Leigh H. Winchell, Deputy Director, Complia nce a nd En- i
      . forc:ement, World Customs Organization (WCO)
      15:00 - 15:45 • - Hon. Nnamdi Dimgba, J udge, Federal High Court, Nigeria
      - Mr Kosie Louw, Ex-Chair of the Board, Global Forum on Trans- ; parency and Exchange of nformation for Tax Purposes, OECD
      - Mr Duncan Onduru, Secreta ry Genera l,Co mmonw ealth A s- . sociation of Tax Administrators (CATA)
      - Mr Bernd Schlenther, Technica l Ad visor, African Tax Admin- • istration Forum (ATAF)
      - Ms Varsha Singh, Deputy Head of Globa l Relations a nd De- ·
        . velopment Division,Centre for Tax Policy and Administration, OECD
      - Hon. Samuel Kawale, Chairperson, Media a ndICT Commit- : tee of Parliament, Malawi National Assembly
    - - Ms Rita Julien, Teaching a nd Research Associate, W UInsti- ·
    - tute for Austrian and nternational Tax Law
      Documentation:
      Summary of recent reports; Article on Beneficia! Ownership by Jef- ,
      . frey Owens & Rick McDonell; Working Paper on "Unexplained ·
    - wealth orders (UWOs) under the UK's Criminal Finances Act 2017: The role of tax laws and tax authorities in its successful implemen
    . tation" by Rita Julien.
    
    5
    
    A, ,,,r,., @WOR.l.DBANKGROUP UNODC
- HNW!s are high-wealth and high-income individuals. Their activities pose significant
- challenges for governments due to the complexity of their affairs and the opportunity for offshore and aggressive tax planning which, potentially, can have a negative impact on revenue collection and overall integrity of the tax system. HNW!s may . also engage in criminal activities such as money laundering and bribery.
  ¡This session brings together officials from tax and customs administrations, financia!
  i intelligence units (F!Us), justice departments, law enfarcement agencies (LEAs), a nd
  : the judiciary. It will examine how competent authorities can leverage the tax and
- financia! transparency initiatives of the G20, the outcomes from the OECD Global
  : Forum on Tax Transparency, the FATF and the EU to encourage HNW!s to regularise
their affairs.
- t is intended that this session will enable government officials to effectively prepare i
far the subsequent sessions that will provide a platform for open discussion with
business as well as advisors to HNW!s.
·Issues of likely interest to participants:
- l. What are the current regulatory frameworks that seek to ensure compliance by HNW!s?
2. How have African Tax Administrations and F!Us reacted to the recent leaks (e.g. "Mossack Fonseca Leaks" a nd "Paradise Papers" and the increased pressure ¡ from civil society and calls far more transparency to ensure compliance by 1. HNW!s? .
1. Are there any new regulatory frameworks proposed?
2. What is the role of voluntary compliance programs (VCPs) far HNWis in enforcing compliance?
i S. How should a VCP be designed far maximum impact? Should it include any . incentives? Far how long should it run? What are the skill sets needed to run a · VCP?
6. How can VCPs support efforts by F!Us to counter cross-border crimes, particularly by politically exposed persons? •

¡ 7. How can we eva luate whether a VCP has been effective?If they have not been effective, what are the alternatives far ensuring compliance?
- 8. Can better access to beneficia! ownership information help F!Us and Tax and Customs Departments in their investigations of HNW!s?
  ------ ------------ ---"---------
  ! 15:45 - 16:15 Coffee Break
  • .... ·······- -····-···-··---- =-=-::.-::=-=-...-::-=c:----.co----=--.---'---'-----j
  Session .II(Co11tinuation): The changing
  environment within which liNWis operate:
  16:1s - 1s:oo .·How have Afric¡:in countries adapted to th.e challenges posed by these changes? 1
  Open Discussion
  
  A' " $T tD'' O '!' O
  
  ® WORLDBANKGROUP
  
  -
  (
  UNODC
  
  Chair: Mr Rick McDonell ( Ca-Director,Tax and Good Governance Project, WUInstitute for Austrian andInternational Tax Law)
  
  ; os:oo - 09:oo Registration
  
  . Session Í I: Recent clÍanges in the
  - envil'onment in which HNWis and their
    : advisors operate and the role of Designated
    i Non-Financia! Businesses and .Professions
    ; (DNFBPs)
    ' Speakers:
    
    1 09:00 - 10:30
    , - Mr James Githii Mburu, Commiss.ioner of Intelligence & !
    : Strategic Operations, Kenya ReVenÜe Authority ·
    - - Mr. Christoph Kampit:sch, Head of f'rivate Ba nking .W ealth !
      : Management, Erste Bank '
      l - Ms Laure Brillaud, Senior Policy Officer, AML, Transparency i
- nternational · '
- - Prof Olateju Abiola Somorin, Head, Assodation of African '
TaxInstitutes (AATI) & · Head of Taxation Department, CALEB :
University, Nigeria . ·
- Open Oiscussion
- Documentation:
Article on "Designated non-financia! businesses and professions: !
- The weak link in Australia's AML/CTF regime", Journal of Money ·
Laundering Control, by Michael Newbury, (2017); FATF ··
Recommenda:tions Related to DNFBPs.

UNODC

@WORIJ)BANKGROUP

The past decade has seen significant cha nges in the economic and political environment in which HNWis a nd their professional advisors operate, with the G20's call far countries to adopt higher sta ndards of transpa rency and information

exchange in tax matters leading to the creation of the OECD Global Forum on !
Transparency and Exchange ofInformation for Tax Purposes and, ultimately, to the •
global shift towards the Automatic Exchange ofInformation (AEol) and the adoption i
of the Common Reporting Standa rd (CRS). Governments have recognized that for •
. these efforts to succeed, better access to information on the ultimate owners of ¡
i trusts, foundations and other opaque vehicles will be required. This focus on HNWis
! has been encouraged by the "Mossack Fonseca Leak" and the "Paradise" papers, the number of high profile investigations into the misuse of prívate bank accounts, including by politicia ns, and the general blurring of the acceptability between tax evasion and avoida nce. The FATF has also been supportive of moves towards better
. transpa rency as a way to counter illicit activities.
: This session will provide a brief overview of these initiatives a nd examine the ·
impact that this changed environment has had on competent a uthorities, HNW!s,
!. and their advisors. This session will finally look at the role of Designated Non-
Financia! Businesses a nd Professions (DNFBPs), such as casinos, real estate agents [ and dealers in precious metals, dealers in precious stones, legal practitioners,
notaries and other lawyers, accountants, and trust and company service providers. • In the past years, money launderers have found in the non-fina ncia! sector an •
•• innovative way to conceal the proceeds of their crimes. The role of the DNFBPs is •
.· thus one of the major issues contributing to the changes in the environment in : which HNW!s and their advisors operate, and it is in this light that this session will i
- also address and examine the different ways to deal with DNFBPs. 1
  !
Issues of likely interest to participants:

• 1.

',. 2 .

Why are Designated Non-Financia! Businesses and Professions (DNFBPs) : important to HNW!s? What is the role of professional associations? •

What are the existing standards, rules and regulations that provide oversight !

over DNFBPs in particular in ensuring that HW!s comply with the law? •

, 3. What are the barriers to effective implementation to the existing standards? ¡

4. Should new requirements be introduced to regulate the role of DNFBPs? 1
11:00 1 Gro up Photo & Coffee Break --
!• sessloncxv: ··whafaré tfie-coíicéríiS'of · -¡
( HNWls in this environmel'lt? · '
.· speakers:
: - Mr Philip Marcpvici, Offices of Philip Marcovici,Hong Kong
! - Mr Paolo Ludovici, Partner, Ludovici Piccone & Partners
11:00 - 12:30
. - Mr Arjo van Eijsden, Partner, Tax Policy & Controversy
! Group, EY . . · ·.
Open DiscussiOIJ Documentation:
- Developments in Global Tax Transparency and the Needfor Effective Dialogue, Part Iand Part II,by Philip Marcovici.
  
  8
  
  Ar!
  ' " '' " " '
  
  ® WORLDBANKGROUP
  (A'\
  UNODC
  
  : This session will be used to facilitate and encourage a frank and open discussion ·
  : between competent authorities, HNWis, FIUs and their advisors on the most '
  : significant issues and concerns that have arisen in adjusting to this cha nging .
  ; environment.
  
  :Issues of likely interest to participants:
  '
  i 1.
  What are the key concerns of HNW!s in the new environment that calls far i
  more transparency a nd accountability far their affairs/activities?
  
  : 2. What are their expectations from the tax and customs administrations, F!Us : and other law enforcement authorities with oversight over their affairs? ·
  - 3. What are the expectations of the tax and customs administrations, F!Us and !
    other law enforcement authorities? ·
    , 4. What sort of access will HNWI have to Mutual Agreement Procedure (MAP) to resolve potential issues of double taxation?
    
    12:30 - 14:30 : Lunch Break at Mensa (WU Campus}
    -----
    Chair: Prof. Jeffrey Owens ( Ca -Director,Tax and Good Governance Project, WUInstitute for Austrian andInternational Tax Law)
    
    14:30 - 16:00
    ¡ Session V: How do you ·aesign voluntary ----!
    : compliance programs that would encourage
    : HNWis to regularise their. past áffairs?
    ! Speakers:
    : - Mr Jonathan Leigh•PerTlberton, Director, Cooperative
    1 Compliance and Tax and Technology Projects, WUInstítute far
    ·. Austrian andInternationalTax Law
    i • Mr Marcio Ferreira Verdi, Executive Secretary, I.nter
    : American Center of Tax Admínistrations (CIAT)
    : - Ms ·· Susan Nakato, Supervisor Corporate Performance
- Reporting, Monitoring and Evaluation, Uganda Revenue Authoríty
  , (U RA)
  ' . .
  Open Discussion Documentation:
  A summary paper of the OECD report on voluntary disclosure programs.
  
  9
  
  "''"'""''
  ",.,",.",,".,",,"._"•.""'""'' @WORLDBANKGROOP UNODC
  
  1 This session will examine the most important issues that competent authorities, HNW!s, and their advisors should consider
  : that would facilitate the design of successful voluntary complia nce
  - programs.
  Issues of likely interest to participants:
  
  l.
  2.
  
  [ 4.
  What are the key issues that should be addressed in a VCP?
  
  What role should incentives play in persuading HNW!s to regularise their past affairs and what form should the incentive take?
  
  What time period should a VCP cover and for how long should it run?
  
  How can we assess a nd measure whether a VCP has been effective?
  How to ensure consistency between the a nti-money i
  laundering rules and voluntary disclosure provisions? ·
  
  16:00 - 16:30
  Coff ee Break
  1 approach for Af rican tax administrations,
  , Session VI: What are the implications of this
  ¡.FIUs, and the judicia ry? ·
  
  16:30 - 18:00
  Panel Debate: ·
  
  ¡- Hon.Justice Nnamdi Dimgba,)udge of the Federal High
  : Court,Nigeria ·
  ! - Ms.Yana Bugrimova Advisor to tlle Minister of Finance,
- Ukraine · · ·
  
  -------
  i Open Discussion
  --- ·------ --- -----·-
  
  .' This session will exa mine the policy, revenue, and criminal justice implications of : implementing voluntary compliance programs for HNW!s. ·
  - ssues of likely interest to participants:
    
    . l. What are the implications of adopting a voluntary compliance programme by a tax administration?
    i
  - 2. Ca n a VCP, which provides incentives far HNW!s, affect the morale of other i segments of the taxpayer population? Can it be challenged by other segments · of taxpayers?
    
    @iwoRLDBANKGROUP
    UNODC
    - Session VI ·-Taking the debaté forward: ' Exploring the capacity-building needs of ' .emerging and developing countries
      . PanelCJ ebate: . ·•
      130
      
      : 18:00 - 18:30
      - • Mr Duncan Onduru, Secreta ry General, Comrnonw ealth
        ! Association of Tax Administrators (CATA)
      - - Ms Varsha Singh, Deputy Hed of Global Relatio.ns and · ' Development Division, Centre for Tax Policy and Administration, •
  - OECD .
    - Mr Philip Marcoyici¡ Offices of' Philip Marcovici, Hong ; Kong . . ·
    . - Mr Jeffrey OWens, Ce-Director, Tax and Good Governance ' Project, WUInstitute fer Austrian and ntyrnational Tax Law
    ! Open Discussion Documentation:
  - The Platforrrí for Collaboration on Tax - Discussion Draft: Report
  - on Effectíve Capacity Building on Tax Matters in Developing Countries; Enhancing the Effectiveness of Externa! 51.lpport in
- Building Tax Capacity in ·Developing Countries; .ECOSOC:
  i Strengthening Tax Capacity Development Support to Developing
  i Countries; How Can We .Build· Tax Capaclty in .Developing
  •. Countríes? By the World Bank Group.
  
  ' Issues of likely interest to participants:
  ' l. What are the skills set needed to effectively investigate the affairs of HNW!s?
  - 2. What role can civil society play?
    1. What role can the prívate sector play?
      
      19:00 - 21:30
      Dinner at a typical Austrian wine tavern (Heuriger Wolff)
      
      Bus pick-up fr.om WU Campus at..18:30 Hs.
      
      11
      
      @woRLOBANKGROUi'
      UNODC
      
      . Cha ir: Mr Rick McDonell ( Ca-Director,Tax and Good Governance Pro- ject, WUInstitute for Austrian andInternational Tax Law)
      i session .VIII: The role. playe9 by Financia! Technology (Fi nTech) / Regulatory Tech nology (RegTech) ·
      
      ; spe<lkers: ·.
      ' ,','
      
      : - Ms Julia efelong, Researcher, WU nstitute for Aust.rian
      - andInternationarTax Law

09:00 - 10:15 • Mr Jerome Duperrut, Associate Director - Economic Anal

: ysis ?< nternati.onal Affairs, S CPA SA, Switzerland. ·

Open. Discussion. Documen..tation.:

101 Blockc!Jain paper; Article on Blockchainand Beneficia! ownership .by Jeffr.ey Owens and JuHa de Jong .

! This session will examine the potentia l roles to be played by emerging Financia! Technology (FinTech) a nd Regulatory Technology (RegTech) initiatives (including,

e.g. blockchain) in enhancing the global agenda far greater financia! transparency . and more effective and efficient exchange of information. ·

Issues of likely interest to participants:

1. Can emerging FinTech a nd RegTech initiatives (for example, blockchain) have i a role in enhancing compliance by HNW!s with regulatory requirements e.g. · providing information on beneficia! ownership?
: 2. Can these technologies facilitate more tra nsparency and enhancing information i
exchange between competent a uthorities domestically and internationally?

10:15 - 10:30 • Completion of Evaluation Forms by Participants

12

U NODC

_1_0:_3_0_-_1_1_'º-- - -----·· . -· -- -·------ - - -- ----···,·-'
.. SessionIX: The challenges posed by legal
, proféssional privilege when trying to get ac-
1 céss to beneficial ownership information
•i Moderator:
1. - Mrlean-Pierre Brun, StA R Initia.tive, W orld Bank/UNODC
- Speakers:

- Mr Morten Eriksen,Senior .P ublíc Prosecutor, 0KOKRIM,

11:00 - 12:00 Nbrwegian Judiciary

¡ - Mr Juan Agustín Argibay Molina, .Coordinator, Procelae

i (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lav.ado de. Activos), Ar

¡ gentina

' - fllr ames GithiiMburu1. Commissi()ner ofintelligence &

:. Strategic Operations, Kenya .Revejlue Authority

: Open Discussion

i Documentation: .Art i cl e ''P rivilige A w orld tour".

Recent leaks like the "Mossack Fonseca Leak" and the "Paradise Papers" as well as , the European Parliament's Committee ofInquiry into Money Laundering, Tax Avoid- :

. a nee a nd Tax Evasion (PANA) have highlighted the significant role of lawyers in ¡

i providing service to HNW!s. The PANA Report highlighted that: "in many Member :

: States, lawyers cannot be sanctioned for advising non-residents on how to evade ¡

: tax or launder money in another jurisdiction as per the territoriality principie;" and ;

:. noted that "legal advisors have excluded themselves from legal obligations by in- :

: voking 'professional secrecy' in order to avoid performing CDD, even when they :

have not been acting as lawyers but as providers of financia! services.

Legal professional privilege or client-attorney privilege has a nd can be used to · frustrate access to crucial information that facilitate investigations into the activities : of HNW!s. This session will analyse the challenges posed by legal professional privi- : lege when trying to get access to beneficia! ownership information.

, Issues of likely interest to participants:

: 4.

What are the practica! consequences for FIU and tax administrations of exces- •· sively strict legal professional privilege? ·

What is the scope and what are the limitations of the legal professional privi- • lege? ·

What challenges does it pose to competent authorities trying to access benefi- : cial ownership information?

Should we impose restrictions to unlimited legal secrecy? Should we have dis- i closure and waiver standa rds? Should we impose criminal sanctions against • lawyers? ·

How can we strike the right balance between the movement towards greater ' transparency, the right to confidentiality and legal professional privilege?

----

"'""."""""

_,,, .., ... N O

"""'"''·''·'''""'

@ WORLD BANKGROUP

UNODC

12:00 - 13:30

¡ SessionX: Transitional phas·e of the Tax .·

: and Good Governance Project

j speakers:

i • Dr Dela Heloo, Assistant Commissjoner, Ghana Revenue

. Authority

,Ms Susan Nakato, Supervisor Corporate Perfor rriance R;e.

! porting, Monitoring and Evaluation, Uganda Revenue Authorlty'

·. (URA) . .

: • Mrlean Pierre Brun, Senior Financia! Sector Specialist, , ··

: W.orld Bnk Group

. • Prof Jeffrey Owens, Ca -Director, Tax and Good Governance '.

; Project,WU nstitute for Austrian .ilnd .nternational Tax Law .:

. -- ----------------··----- ----4

¡ This session will examine the tra nsitional phase of the project with a view to build- •

; ing upon the network established under the project and initiating an extension of ;

¡ the programme to other Africa n countries.

: ssues to be considered by participants:

i l. Would African countries support the extension of the program for another 3 years?

i 2. If so, what issues should be examined and how can such a program be fi

nanced?

13:30 - 1s:oo : Lunch at Mensa (WU Campus)

··

Address and Contacts

ADDRESS

WU Global Tax Policy Center at the

Institute fer Austrian andInternationa l Tax Law

WU (Vienna University of Economics and Business)

CONTACTS

Website: https :/ / w w w .w u.ac.at/ taxla w / institute/ gtp c/ Email: globa ltaxpolic ycenter@w u.ac.at

Phone:+43 131335 5055 / +43 131335 5045

L erni

'EQUIS

Conference Materials:

https://short.wu.ac.at/February20 18

This is a password protected link. Please contact us at

globaltaxpol icycenter@wu. ac.at for assista nce.

ITEP -

Por cuanto

Juan Argibay Molína

Ha sido expositor en las Jornadas de: "Introducción de Delitos contra la administración pública y lavado de activos" desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires los dias 4, 5 y 6 de diciembre de 2017.

Se extiende la presente constancia en la Ciudad de Buenos Aies ·a-los

7 dias

del mes de diciembre de 201(. .-6--------

DR. ALEJANDRO CATA IA

PrtJidente ITEPSUR

·1crina Danlela Basso

Secretaria

Coordinadora

\.34

INSTITUTO

CONJUNTO

...... :::

ESTRATÉGICA

DE CONDU.C!C!IÓ!NlflJllllll'

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2017

Por medio de !a presente dejo constancia que el Dr. Juan ARG I BAY MOUNA, ha participado como expositor el día 11de octubre en el Cu rso: "Gestión Estratégica de Respuesta a l Delito Complejo" destinado a Oficiales de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

Dr. Hernán Flom

Director - ICCE

,:.:._ '•

,,;...- _,

''-".; .-·- 3

Marina Daniela

Secretaria

Coordinadora

asso

Buenos Aires, 22 de noviem bre de 2017

Por medio de la presente dejo consta ncia que el Dr. Juan ARGIBAY MOLI NA, ha pa rtici pado como expositor el d ía 14 de noviem bre en el Curso: "La Investigación Criminal y los delitos complejos en Ja formación policial: uno oportunidad para lo problematización, un desafío para su enseñanza" destinad o a: Instructores de !as escuelas de formación de Oficiales de la GNA, PFA, PNA y PSA a cargo de los espacios de enseñanza de la práctica profesiona l, integrantes de los Eq ui pos Pedagógicos, docentes y/o coordinadores de eje a cargo de los espacios curricula res claves.

Dr. Hernán Flom Di rector - lCCE

•

Marina Danie/a Ba

Secretaria

Coordinadora

Se certifica que

Secretaría de Seguridad

Ministerio de Seguridad

Presidencia de la Nación

ARGIBAY MOLINA,JUAN

ha participado en carácter de disertante del "Curso Avanzado en la Lucha. contra. el Narcot:cificon llevado a cabo por la Subsecretaria de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de Abril de 2017

UC.BRDNO D.ANEL0N

DÍR'.CIDr Nacionalde1Cc:aico

y.i:.ucm.Con1:r.1.d Narmm&o

LIC.MARTÍNVERRIER

Snb;,:=rio ikLudmC.Ontmd N

·,-

;-- ,

.,-.

,,.;_e·

>'·

'. . .

Se certifica que

Secretaría de Seguridad

Ministerio de Seguridad

Presidencia de la Nación

ARGIBAY MOLINA,JUAN

ha participado en catácter de disertante del "Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcottáfico" llevado a cabo por la Subsecretaria de Lucha contra el Narcottáfico del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ciudad de Mendoza, 30 de Marzo de 2017

LIC. BRUNO DANELON

DW:aor Nacionzl de Artiliris TCcnko y LIKÍla Contn. elN:ucocdñco

LIC. MARTÍN VERRIER

Suhscamrio de Lucha Con=d Narcottifioo

DI P.ECClÓK: G EN E;/..L DE CAP.i\C!TAC!O N Y ESCU E L"'· DEL MINISTERIO PÚBLICO i:;scAL DE LA N,!\C] ÓN

Por 1nedio de la presente y en mi carácter de ttuhr de la Dirección. General de Capacitación y Escuela del :Ministerio Público Fiscal de la Nación, CERTIFICO que el Dr. Juan Argibay lVIolina la brindado en carácter de DOCENTE las siguientes capacitaciones:

1;. "Fraudes concurSales: articulaciones en-::re el derecho comercial y penal" llevada adelante bajo modalidad a distancia durante cuarro se1nanas dutante el primer seii-:1estre de 2015.

"Discusiones acerca del 1nercado de capitales" llevada adelante bajo lnodalidad a distancia durante cuatro setnanas durai:.te el primer semestre de 2015.
Jo1nada "El rol del Ivlinisterio Público Fiscal en materia de concursos y qmebi-as", llevada adelante b:;ijo la modalidad presenciaL en un encuentro de dos horas durante el primer semestre de 2015.
"La investigación de los delitos concursales" llevada adelante bajo la 1nodalidad presencial con una duración de tres encuentros de hora y inedia cada uno, dw:ante el primer semestre de 2016.
"Detección e investigación de fraudes concursales" llevada adelante bajo la modalidad presencial con una duración de dos encuentros de dos horas cada uno, durante ei priiner semestre de 2016.
"Tipologías de lavado de activos. Casos prácticos" llevada adelante bajo la 1nodalidad presencial con una duración de tres encuentros de una hora y media cada uno, durante el prime.r semestre de 2016.
"Bitcoins y lavado de activos. Cripto1no11edas y delitos infonnáticos" llevada adelante bajo la modalidad presencial con una Curación de un encuentro de dos horas, durante el pt:imer seinestre de 2016.
"Detección e investigación de fraudes concw:sales", llevada adelante bajo 1nodalidad a distancia du1>tnte cuatro semanas durru1te el pciJ.11.eJ: semestre de 2016.
"El delito de lavado de a·ctivos de origen ilícito y los Bitcoins", llevada adelante bajo la modalidad presencial con una duración de tres encuentros de una hora y media cada uno, durante el segundo seinestte de 2016.
"Ctiminalidad económica y procesos no penales", llevada adelante baío la 1nodalidad presencial con una duración de un encuentro de dos horas, durante el segundo semestre de 2016.
"Herrarruentas para investigar casos con Bitcoins", llevada adelante bajo la modalidad presencial con una duración de un encuentro de tres horas durante el primer semestre de 2017.
"Persecución penal del transporte y tenencia injustificada de instrmnentos monetarios y dinel."o en efectivo. Relación con el lavado de acti:ros'', llevada adelante bajo modalidad a distancia durante dos semanas durante el primer semestre de 2017.
"Financiamiento de terrorismo: casos, investigación y Evaluación Nacional del Riesgo del FT", llevada adelante bajo la modalidad presencial con una drn:ación de un encuentro de dos loras durante el segundo semestre de 2017.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017.

'"\

N DlA ESPINA .

DIRECTO GRAL. DE CAf'A.CITAC\OH

y ESCUELA. OELMINISTERIC! PÚBLICO FISCAL DE LA NACION

asso

Marina Daniela 8

Secretaria Coordinad'ora

cu e e

MINISTERIO PÚBLICO

FISCAL

?RO(\.O>,OC(IN li.l:tfl·¡nl.. ""''°"

( • V O l l .- ... • f> <; C !l f l ""'

DIRECCIÓN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN

(")'

"cCu

"(,)'

-Por cuanto -

Juan A. Ar gibay Malina

ha participado en carácter de docente del curso "El dellto de lavado de activos de origen ilícito y los bitcolns", real izado los días 2, 9 y 23 de noviem bre del afio en curso, bajo la modalidad presencial y, orga nizado por la Dirección General de

Capacitación y scuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Por ta nto: se le Otorga el presente cert ificad o que así l o acred ita.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de diciembre de 2016.

Daniel SchurJln Almenar Dirección Gral.de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación

Ministerio de

Seguridad

... .. Presidencia de la Nación 1

MENCION ESPECIAL

Para el Dr.Juan A. Argibay Mclina

En agradecimiento a la colaboración y compromiso en la disertación del seminario "]amada de Capscibtción ""Maieda de lnvestigacíórt Criminal de !.avado de .AotiYod y lYturnciamienlo al Terrorismo' dictado en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina el día 22 de noviembre de 2016.-

Buenos Aires, 22 de noviemhte de 2016

llc.RWl¡oGastón !lonlnl

OllW:TOR NACIONAL DE INllESm;ACIQNOS

Lle. tupr¡Jo sur:cao:o

stc:RE.TAIUO De SEG'IJRlDAO

··.;;_,

Scanned by CamScanner

-- ---··--·--·---- ------·----------- ·-·----

FISCAL

MtNISTERIO PÚBLICO

' -···-·'"" ..'"...""""-

DIRECCJóN GENERAL DE CAPACITACIÓN Y ESCUELA DEL MINISTERIO PÜBLICO FISCAL DE LA NACIÓN

-Por cuanto -

Juan ARGIBAY MOL/NA

ha participado en carácter de disertante en el curso "Bitcoins y lavado de activos. Criptomonedas y delitos

lnformátlcosn, realizado el día 7de junio del año 2016, bajo la modalidad presencial y, organizado por la Dirección

General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

e<::

Por tanto; se le otorga el presente certificado que as! lo acredita.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de junio de 2016.

Danlel Schurjln Almenar Dirección Gral. de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de la Nación

amSc nner

Conferencias • Seminarios · Foros de Negocios

Certificamos que

Juan Agustín Argibay Molina

Ha participado en

6" CONGRESO SUDAMERICANO SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTNOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

En calidad de Disertante

carga horaria

Celebrado en la Ciudad de Buenos Aires,

17 y 18 de Marzo, 2016

Alberto Rabinstei.n

ExpertoInternacional en Pt.AIFT

- .

lELl.A

ETARJO

CamScanner

• ••••••

Unidad de Información Financiera

ARGENTINA

VNIVERSIDAD NAClONALDE VILLA MARIA

Certificamos por medio del presente que

JuanJl, Jl rgi6ay 914.ouna

ha participado en calldad de expositor del

"DIPLOMA DO EN PREVE NCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINA NCIAMI ENTO DEL TE RRORISMO "

Dictado por el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de

la Universidad Nacional de Villa María y la Unidad de Información Financiera.

Ciudad de Córdoba7 27 de marzo de 2015.

Q-:::3 Lic. José A. Sbattetla

lnstituto AP.de Ciencias Sociales de la UNVM

Presidente

Unidad d& lnfomiación Financiera

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MINISTERIO PÜBUOO

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CAPACJTAC.IÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES

FISCAL FISCAlÍA GENERAL DE FORMAt:IÓN,

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Por cuanto

JUAN AGUSTÍN ARGIBAY MOUNA

ha participado en carácter de expositor al Seminario en materia de "Autorregulación regulada, actividad empresarial y delito de lavado de activos" (Resolución PGN Nro. 1471/14) organizado por la Procuraduria de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en forma conjunta con la Fiscalía General de Formación, Capacitación y Estudios Superiores, y llevado a cabo el dia 22 de agosto de 2014, se extiende el presente certificado que as! lo acredita.

Buenos Aires, 4 de Septiembre de 2014.

.Carlos Emst

Fiscaf General

C o n s t r u i m o s

TRANSPARENCIA

QUE SE PUEDE VER

Confiere el presente

CERTIFICADO

a: JUAN AGUST ÍN ARG IBAY MOLI NA

Por haber participado coino expositor en el Panel Intcrnaci9nal Experiencias y Buenas Prácticas de P..articipación Ciudadana,

1'ransparencili y Lucha-contra la Corrupción en Latinoamérica

Al./,._.,..a., Ce.teiw lti-mw.n.........

PRESIDENTE DEL CONSl'JO DE PAitT!CrPACIÓN

OUDADANA Y COITTROLSOCIAL

FTCSO

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MINISTERIO P'ÓBUCO

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-F··ISCA"·"·L'···

DIRECClÓN GENERAL DE

CAPACITA.C!ÓN Y ESCUEl-6.

CEL MINISTERIO PÜBLICO

F'ISCAL DELA NACIÓN

Por cuanto

Juan Agustín ARGIBAY MOLINA

ha participado en carácter de DOCENTE en el curso "Lavado de activos desde un enfoque regionaln, realizado durante el primer semestre del afio 2016 bajo la modalidad presencial en la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz y, organizado por la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal de Ja Nación.

Por tanto: se le otorga el presente certificado que así lo acredita.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de septiembre de 2016 ,

Dra. Nadla Espina

Dirección Gral. de Capacitación y Escuela del Ministerio Püblico Ftseal de la Nación

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SUPEfilNTENDEJllCIA .

DE BANCA, SEGUROS Y AFP

Repüblia dI PerU

UNIÓN EUROPEA

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - GAFILAT, certifica que:

Juan Agustin Argibay Malina

participó en el "XV Seminario de Evaluadores - Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFlLAT", desarrollado del 31 de agosto al 4 de setiembre de 2015.

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Caso 3

Desafíos para la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en contextos de corrupción

Juan Agustín Argibay Molina

1.Introducción

En los últimos meses,1 razones de oportunídad y coyuntura políti ca han motivado un intenso debate respecto al modelo de organización :.' del Ministerio Público Fisca1 de la Nación (MPF) que nuestro país mere- \ ce y pretende. Más allá de las distintas perspectivas desde las que puede _ abordarse tal discusión, varias voces se unieron para evitar que nuestras instituciones se vean nuevamente afectadas por la (¿inevitable?) tensión que existe entre el ejercicio del poder por parte del gobierno de turno y el_ respeto por la organización del Estado. En paralelo, distintos escándalos de corrupción nacional e internacional invitan a reflexionar sobre la efica cia del diseño vigente. En ese contexto, voy a aprovechar esta oportunidad para destacar los rasgos distintivos de la Procuraduría de Crimínalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), sus logros más significati

vos y los desafíos institucionales que enfrenta.

l.Diciembre 2016.

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C orrupción y Transparencia • Informe 2016 -2017 135

¿Qué es y qué hace la PROCELAC?

A fin de elevar los índices de eficacia del sistema de administración t..o:'Jnsticia en lo que respecta a la investigación. y sanción de hechos de trascendencia institucional e impacto socioeconómico en materia de cri minalidad económica, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, creó en 2012 la PROCELAC.2 Así, con un marcado intento por re significar la estrategia del MPF frente a la criminalidad económica, se re formuló parte del diseño institucional de la Procuración en lo que respecta a la organización y funciones de diversas unidades temáticas de investiga ción creadas con anterioridad. Este organismo asumió, además, compe tencia respecto de otras problemáticas que no habían sido consideradas hasta ese entonces como particularmente relevantes para el MPF como, por ejemplo, los delitos en el mercado de capitales, los fraudes concursales, y los fraudes económicos y financieros.
En lo que respecta a su organización, cumplen funciones como co titulares de la Procuraduría Gabriel Pérez Barberá, Fiscal General ante la Cámara en lo Penal Económico y Laura Roteta, Fiscal Federal de Primera lp<-Tancia de·La Plata. Bajo su dirección trabaja un plantel de setenta per s" ,,A aproximadamente, divididos en equipos de trabajo agrupados por las distintas temáticas que se atienden en la Procuraduría. Cada uno de estos equipos de trabajo se encuentra liderado por un Coordinador/ a.
La estructura dela PROCELAC cuenta con seis áreas operativas divi das por lamateria de su competencia: Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, Delitos Tributarios y Aduaneros, Fraudes Económicos y Bancarios, Delitos contra la Administración Pública, Concursos y Quiebras, y Mercado de Capitales. La PROCELAC cuenta con un área de asistencia técnica, principalmente, en cuestiones económicas y contables responsa ble de asesorar a los fiscales, coordinadores y a las áreas operativas me diante él aporte de su conocimiento especifico.
En términos generales, la PROCELA.e interviene en los casos que versen sobre hechos de la competencia de sus áreas operativas, en todas las instancias, siempre y cuando los fiscales que trabajan en los casos así lo
1. Resolución PGN N" 914/12.
  
  136 PODER CIUDADANO
  
  requieran. En este sentido, la PROCELAC está ideada para facilitar la im plementación de la política criminal auspiciada por la Procuración General de la Nación (PGN) en todo el territorio del país. Así, coopera y coordina acciones con las fiscalías que intervienen en los casos planificando estrate gias procesales, sugiriendo lineas de investigación y construyendo imputa ciones. La dimensión espacial de la intervención de la Procuradurla cobra relevancia pues le permite combinar el entendimiento de los fenómenos, desde enfoques multidísciplinarios, contextualizando las características particulares que estos fenómenos presentan en cadajurisdicción.
  1. ¿Qué es lo que diferencia a la PROCELAC respecto de otros diSeños institucionales?
    Suele señalarse que lo que diferencia a esta Procuraduría es su nove doso diseño organizacional. Ello es cierto, pero sólo parcialmente. A la luz de la experiencia adquirida, entiendo que lo que verdaderamente distingue a la PROCELAC es la forma en que atraviesa al fenómeno de la criminali dad económica pues rompe con la lógica de compartimientos estancos que marcaba la forma en que, durante muchos años, se desenvolvían la unida des de investigación del MPF. La PROCELAC analiza los problemas que plantea cada caso contemplando las distintas aristas que estos presentan con el propósito de dar una respuesta institucional más completa, eficien te y, cuando fuere posible, más rápida. Su valor agregado más ostensible surge de la propuesta de evitar que los casos sean analizados con visión de anteojeras y, en consecuencia, poder abordar ·al fenómeno criminal de manera integral.
    Esta propuesta de abordaje le permite a la PROCEIAC, a su vez, re lacionarse e intervenir conjuntamente conlas otras Procuradurías especia lizadas .-la Procuraduria de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), Procuradurla de Investigaciones Administrativas (PIA), Procuraduria de Narcocriminalidad (PROCUNAR), etc-.
  2. ¿Qué hizo la PROCEL.AC hasta el momento?
  La PROCELAC sintetizó la cultura organizacional propia de la fu sión de las anteriores unidades fiscales con las nuevas áreas operativas. Este proceso permitió amalgamar y aprender de la experiencia adquirida
  
  Corrupción y Transp arencia • Informe 2016-2017 137
  
  r las unidades fiscales preexistentes, integrando sus conocimientos con "uevas energías y dinámicas orientadas altrabajo en equipo, a la colabora
  ,11permanente, al abordaje ínterdisciplinario de los problemas, a asignar ór a las soluciones proactivas y a evitar juzgar los errores que se corne en ese intento·.
  Asimisino, esto hizo_ posible la formación de un cuerpo de especia en materias espe_cíficas bajo la premisa de que esa preparación es única manera de equiparar la batalla entre el Estado y los ejércitos de
  ogados y contadores al servicio del poder económico.
  :.¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la PROCELAC? La PROCELAC se encuentra facultada para instruir investigaciones
  - preliminares y formular denuncias por los delitos comprendidos en su
  , petencia especializada, en función del Artículo 120 de la Constitución
  - Nacional reglamentado por las Leyes N° 24946/98 y 27147/15, y por las Resoluciones PGN Nº 121/06 y 914/12. Esas normas fijan límites claros y precisos respecto del alcance de las facultades de investigación autónoma
  --de la Procuraduría. Sin embargo, ese marco limitado de actuación se redu-
  - jn más a raíz de la impos_ibilidad, durante una investigación prelimi-
  nar, de obtener información alcanzada por algún tipo de secreto -sea este bancario, fiscal, o bursátil-.
  No es posible desarrollar aquí los argumentos que ponen ei:t Crisis la
  interpretación tradicional respecto del alcance de estos secretos.3 Sin em bargo, apelando a la intuición más elemental, no resulta lógico establecer una procuraduría especializada para perseguir delitos económicos que, en los hechos, no se encuentre facultada para acceder a su ínsumo de trabajo esencial. Es un contra sentido.
  
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2. Sin embargo, por ejemplo, el Procurador del Tesoro de la Nación expresó que: "...el secreto fiscal deja de tener vigencia en los procesos criminales cuando las informaciones se hallan directamente relacionadas con los hechos que seinvestigan, o cuando otras reparticiones que
  ejerzan funciones del Estado como poder públioo lo requieran (Dictámenes 132:319). Ver '",
  también el dictamen del entonces Procurador General de la Nación, de fecha 2 de junio de
  2009, en S.C. D 676, L XLN; "D. B., Gustavo s/ causa nº 9003".
  138 PODER CIUDADANO
  
  El costo que se paga con una interpretación restrictiva del alcance dela facultad para acceder a información básica en una pesquisa instruida por el MPF, es la necesidad de apresurar la judicialización de casos para obtener la información que se niega en la etapa preliminar. Ello significa aceptar que se omita considerar elementos que, eventualmente, podrían ayudar a concretar una imputación o también a desecharla. Así, la infor mación que se niega podría evitar el daño que genera una denuncia que, aun cuando supere el estándar de mérito suficiente, de considerar oportu namente la información relevante negada, podría tornar la judicialización del caso innecesaria.
  Por otro lado, el modelo que propone la PROCELAC para abordar al fenómeno criminal integralmente exige, a su vez, de una verdadera re lación de colaboración entre los diversos organismos del Estado. Ello se sustenta esencialmente en que la posibilidad de ver un fenómeno integral mente exige, como contracara, la necesidad de acceder a la información que se encuentra diseminada, en los distintos estamentos del Estado, res pecto de ese mismo fenómeno.
  La estrategia que eligió la PROCELAC para avanzar en este campo fue la de celebrar convenios con distintos organismos, de forma tal de en- 1
  marcar los intercambios de información en acuerdos que fijen las pautas para hacer posíbles esos flujos. Así, la PROCELAC celebró convenio con la Unidad de Información Financiera,4 la Cámara Nacional en lo Electoral,5 el Banco Central de la República Argentina, 6 la Comisión Nacional de Valores,' la Superintendencia de Seguros de la Nación/'l el Ministerio de
3. Resolución PGN Nº 1177/13.
4. Resolución PGN N" 593/15.

Resolución PGN Nº 794/15.
Resolución PGN N" 2174/14.

8. Resolución PGN Nº 1956/15. ,j

Directa		Por Concurso
Efectivo	X	Interino
Contratado		Ad-Hoc
Ad-Honorem		Adjunto
Subrogante		Otro (describir):

Wfl?OTV;; .JL:ZACI ON CHA: .iJÁ.L..

	FRANCISCO SECFIETAlll AAOCORACIOH	OSE U LET l OE LA

16:00 - 16:30	Coff ee Break

1 approach for Af rican tax administrations,