Por Germán Garavano y Joe Powell *
En el mundo, cinco mil millones de personas no tienen acceso a la justicia, lo que significa que carecen de las herramientas que necesitan para resolver disputas o buscar resarcimiento a través del sistema de justicia. El futuro de la justicia y su capacidad para satisfacer las necesidades más básicas de la población mundial requieren el diseño y la implementación de un nuevo enfoque, que promueva el acceso a la justicia para todos. El nuevo paradigma de Justicia Abierta se basa en una idea simple pero poderosa: asegurarse de que las personas puedan obtener la ayuda legal que necesitan y acceder a sus derechos, mediante un sistema que sea de fácil acceso, asequible y justo.
Con frecuencia, las personas no saben cómo actuar cuando tienen que solicitar a su gobierno que aborde una injusticia. Lo que hemos visto a través del movimiento mundial de Gobierno Abierto es que un gobierno es mejor y mucho más efectivo si es transparente sobre sus actividades, crea sistemas de justicia accesibles, fomenta la participación pública de manera proactiva, responde a las demandas de los ciudadanos y se responsabiliza tanto por sus éxitos como por sus fracasos. A través de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), un número creciente de países está desarrollando e implementando compromisos para mejorar la transparencia, la participación y el acceso a la justicia. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas incluyeron este tema entre los objetivos que todos los países deben alcanzar para 2030, lo que significa que a la comunidad global le restan sólo 11 años para encontrar nuevos métodos que le permitan avanzar hacia sociedades más inclusivas, justas y abiertas.
Para avanzar en esta Agenda 2030 de la ONU, las instituciones de justicia deben seguir implementando compromisos sólidos a nivel nacional y local a fin de satisfacer las expectativas de sus ciudadanos.
En primer lugar, las personas deben saber cómo acceder a asistencia legal, por ejemplo, cómo obtener documentos que acrediten la propiedad de un bien inmueble o registrar un nacimiento. En Argentina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos administra 90 Centros de Acceso a la Justicia que, desde 2017, ayudaron a 535.187 personas a satisfacer sus necesidades legales en 903.089 casos. El Ministerio también creó el primer Portal de Datos Abiertos de Justicia (datos.jus.gob.ar), que proporciona información confiable y de calidad sobre cuestiones tales como el registro de sociedades o los procesos de nombramiento de magistrados. Este portal también proporciona datos e información sobre casos y causas iniciados por las instituciones superiores de justicia provinciales.
En segundo lugar, la policía, los abogados, los trabajadores sociales y los asistentes legales necesitan herramientas y recursos para hacer su trabajo de forma adecuada. En Sudáfrica, por ejemplo, el gobierno abrió oficinas de asesoría comunitaria para garantizar el acceso a servicios legales a ese nivel. Existen programas similares en Indonesia y en Sierra Leona. A fin de garantizar que las oficinas tengan los recursos necesarios para sostener este trabajo, es fundamental que los gobiernos institucionalicen el apoyo que brindan para su funcionamiento.
En tercer lugar, resulta imperativo que los foros de justicia, incluidos los tribunales, sean abiertos, justos y sensibles a las necesidades de las diferentes comunidades. En Sri Lanka, tras la aprobación de un nuevo proyecto de ley de Derecho a la Información (RTI), el gobierno lanzó una campaña para que los ciudadanos conozcan más sobre cómo esto podría afectarlos. La campaña se dirigió específicamente a las personas vulnerables, en especial beneficiarios de asistencia social y mujeres. Esto permitió que las personas del ámbito rural, incluso en áreas remotas, recibiesen asistencia para solicitar los beneficios económicos que el mismo gobierno les adeudaba, haciendo efectiva la justicia largamente postergada. En Uruguay se implementa un enfoque que toma en cuenta cómo la justicia afecta a las personas con discapacidad. En Afganistán el gobierno está estableciendo tribunales especiales para abordar casos de violencia contra las mujeres.
Las nuevas políticas gubernamentales deben ser más efectivas en hacer valer los derechos de las personas, pero también deben reducir las barreras existentes. Deben ser más responsables y transparentes. Es crucial que el sistema de justicia esté más abierto a la sociedad y que, al mismo tiempo, brinde un mejor acceso, especialmente para aquellos grupos vulnerables que se ven afectados de manera desproporcionada por la falta de justicia en temas como los derechos sobre la tierra, los delitos violentos o la corrupción.
Estamos decididos a acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 en el ámbito de la justicia. Por este motivo, estamos lanzando una coalición de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y otros socios internacionales sobre Justicia Abierta dentro de la OGP. Esta coalición proporcionará un marco para la cooperación, el intercambio y el debate internacionales, centrado en cerrar la brecha de justicia mediante la implementación de reformas de Gobierno Abierto y Justicia Abierta. Mediante esta coalición, buscaremos asegurar que la OGP sea un socio principal para el logro de sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Invitamos a quienes compartan esta visión a unirse a nosotros.
*Subdirector ejecutivo de la Alianza para el Gobierno Abierto
Fuente www.devex.com/news/opinion-meeting-the-sdgs-means-working-toward-open-government-95327
