Según el informe Justicia para Todos del Grupo de Trabajo sobre la Justicia, 4.500 millones de personas en todo el mundo sufren de necesidades jurídicas insatisfechas. Preocupados por este diagnóstico, representantes de gobiernos y sociedad civil de todo el mundo se reunieron en La Haya en febrero de 2019 bajo el lema #JusticeForAll: 2019 Year of Justice (#Justicia para todos: 2019 Año de la Justicia), donde se comprometieron a fortalecer el acceso a la justicia en sus respectivos países, con el objetivo de cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16.
Los gobiernos y los poderes judiciales en América Latina están innovando a través de la implementación de políticas de gobierno abierto como la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en el sector justicia. Esto implica un nuevo enfoque centrado en las personas: priorizar los problemas de justicia que más les importan a las personas, crear más oportunidades para estas que se involucren en sus sociedades y economías e invertir en aquello que funciona para satisfacer sus necesidades legales.
Varias instituciones del sector justicia como ministerios de justicia, poderes judiciales, ministerios públicos fiscales y de la defensa, tribunales administrativos, oficinas de derechos humanos y otros, consideran que contar con sistemas de justicia más abiertos puede contribuir a superar la actual brecha de justicia que existe en la región.
El próximo mes de octubre, mi país, la Argentina, asumirá la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, y fomentar la agenda de Justicia Abierta será una prioridad. En estos últimos cuatro años, Argentina se comprometió con una política de Justicia Abierta. En la actualidad lidero desde el Ministerio de Justicia la primera iniciativa de datos judiciales abiertos del país: el Programa de Justicia Abierta. Nuestro Portal de Datos Abiertos es una iniciativa sin precedentes, a través de la cual las bases de datos del Ministerio y de más de 50 instituciones de justicia de todo el país se publican en formatos abiertos, brindando por primera vez acceso a datos judiciales primarios de alta calidad. Asimismo, las principales políticas del sector son debatidas y co-creadas con la sociedad civil a través de la plataforma participativa Justicia 2020, que ya cuenta con más de 60.000 miembros activos. Creemos que nuestra experiencia puede ser útil a otros países que también desean avanzar hacia una Justicia Abierta.
En Costa Rica, el poder judicial implementa en la actualidad de manera exitosa una política de Justicia Abierta, que incluye un modelo de base participativo y la apertura de datos judiciales. Allí, el poder judicial decidió institucionalizar esta iniciativa a través de un plan de acción sistemático que fue creado de manera conjunta con la sociedad civil.
Colombia es otro ejemplo regional de Justicia Abierta. Desde 2015, el Consejo de Estado, máxima autoridad para casos administrativos, ha co-creado compromisos de políticas públicas junto con la sociedad civil. Estos compromisos abarcan temas como rendición de cuentas, divulgación de estados financieros por parte de los magistrados, participación cívica en la elección de servidores públicos o uso de datos abiertos.
Desde México también nos llegan noticias. Allí, el Tribunal Administrativo del Estado de Guanajuato se sumó recientemente al Tribunal Electoral en el camino hacia una Justicia Abierta. Este tribunal administrativo, clave para proteger los derechos de las personas, celebró recientemente su 32° aniversario con una conferencia sobre Justicia Abierta, en lo que significó su primer paso hacia la adopción de esta visión.
El Poder Judicial de Guatemala, con el apoyo de la organización cívica Red Ciudadana, debate en la actualidad el borrador para una política de Justicia Abierta, que luego será evaluado por la sociedad civil. Se espera su aprobación para finales de este año.
Ecuador también avanza en esta agenda. La sociedad civil, liderada por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, co-creó una hoja de ruta para la reforma judicial basada en los principios de Justicia Abierta, cuya implementación es ahora debatida con las autoridades de las principales instituciones de justicia del país.
Los países de América Latina están usando a la Alianza para el Gobierno Abierta como plataforma para impulsar una Justicia Abierta: al día de hoy, unos 15 gobiernos en la región emitieron un total de 69 compromisos relacionados esta temática. La experiencia de países como la Argentina, Colombia o Costa Rica, muestra el rol fundamental de la Alianza en tanto plataforma para recabar apoyos internos y externos que permiten impulsar reformas inspiradas en la visión de Justicia Abierta.
Todavía queda un largo camino por delante y los desafíos pendientes son enormes. Varias preguntas quedan por resolver. ¿Cómo funciona la gobernanza en un modelo de Justicia Abierta? ¿Cuáles son sus componentes principales? ¿Deberíamos priorizar los portales de datos abiertos de justicia, las plataformas de participación o los mecanismos de acceso a la justicia? ¿Son suficientes las iniciativas aisladas, o es necesario un enfoque de política integral? ¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales en el fortalecimiento de las políticas nacionales de Justicia Abierta? ¿Cuál es la forma más efectiva de avanzar en estrategias de innovación abierta de justicia?
La Alianza, en tanto plataforma para el intercambio y la co-creación, desempeñará un papel clave en ayudarnos a encontrar las respuestas que buscamos. Hoy, la visualizamos como una instancia que permitirá seguir comparando las acciones transformadoras que se llevan a cabo en distintos países, como un espacio para compartir experiencias entre todas las regiones que la componen y como un espacio de referencia para proveer de facilitadores expertos que fomentemos la Justicia Abierta y ayudemos a construir una coalición global.
